El término lealtad, expresa un sentimiento de respeto
y fidelidad a los compromisos, y a los principios morales, es por tanto un
adjetivo utilizado para identificar como fiel a un individuo con base a sus
acciones o comportamiento; siendo un sinónimo de rectitud, honradez,
honestidad, entre otros valores morales y éticos. Es de resaltar, la postura de
algunos filósofos en cuanto a que únicamente se es leal a otra persona habida
cuenta que el termino atañe exclusivamente a relaciones interpersonales, y por
ende no identificable con ideas o cosas.
Por otra parte, en julio del 2013, el hoy usurpador
Nicolás Maduro, ordenó (suponemos que convencido de su debilidad de origen) la
creación de una “poderosa Zona Económica Militar Socialista” vinculada con la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el marco de una sólida industria
militar; con rasgos similares (o iguales) al modelo cubano denominado Grupo de
Administración Empresarial (GAESA) mediante el cual las fuerzas armadas cubanas
se reservan la gestión de la casi totalidad de los ingresos del Estado, bajo la
coordinación de militares con la más alta graduación en aras, sostienen, de
“disciplinar la economía”.
Vale referenciar, que de 1956 a 1998 la actividad
económica de la fuerza armada venezolana se centró en apenas ¡tres empresas!
dedicadas a la elaboración e importación de armamento, municiones, explosivos,
maquinaria, equipos y desarrollo tecnológico por intermedio de: (1) Compañía
Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) fundada en 1975 teniendo
como Misión gestionar todas las unidades y procesos relacionados con el sector
de seguridad y defensa nacional; (2) Inversora Ipsfa en el sector de productos
y servicios; y (3) Viajes Ifamil en servicios de viajes. En lo especifico de
CAVIM, su Misión fue extendida durante el mandato de Hugo Chávez al crearse una
constructora (Constructora IPSFA) y una ensambladora de vehículos blindados
(EMSOVEN); mientras que en el periodo del actual usurpador (que ya culmina) se
fundaron ¡14 compañías militares en áreas clave! en pro de conformar lo que
denominaron el motor industrial militar, en un esquema donde las empresas de la
FANB establecieron alianzas con el sector privado, con el añadido de asumir la
administración de los dólares preferenciales, así como el control de la
producción y distribución de los rubros básicos y manejo de los alimentos;
complementado con la extracción de crudo, minería y gasíferia orientado
fundamentalmente a la rehabilitación y mantenimiento de pozos, administración
de taladros, apoyo logístico a las instalaciones petroleras, importación y
distribución de productos para la industria minera, petroquímica, petrolera y
gasífera, prestación de servicios de transporte, construcción y mantenimiento
de obras y almacenamiento, y a la prestación de servicios conexos con procesos
mineros y actividades de oro y gas. De igual modo, en 2017 CAVIM consolidó
acuerdos en materia de cooperación técnico-militar con empresas rusas en las
áreas de construcción de edificaciones, adquisición de tecnologías para la
fabricación y montajes de plantas de producción de suministros militares,
equipos de prueba, evaluación y control de tecnologías militares, y en planes
de formación de profesionales militares y civiles (¡!).
El militarismo asumido por la agonizante usurpación,
se caracterizó por un centralismo ineficaz ante un crecimiento del Estado que
asfixió la iniciativa empresarial privada en favor de las empresas militares,
al punto de constituir un “gobierno militar sobrecargado” altamente
disfuncional que igualmente los condujo a un escenario de competencia con las
organizaciones con fines partidistas en aras de alcanzar el poder político; una
realidad que anticipó Nicolás Maduro al momento de anunciar en 2013 la creación
de la Zona Económica Militar Socialista al expresar: “los militares no se entienden
con la economía”, cuya intención soterrada, inferimos, era regular la economía
y mantener el “orden político”. En tal contexto, el Estado se vio obligado a
cargar con un porcentaje muy importante de los costos de producción así como de
los gastos sociales ante la institucionalización de un centralismo-paternalismo
que propició una crisis fiscal recurrente en conjunto con una hiperinflación
devastadora hasta perfilar una “crisis de la administración racional” con la
consecuente aparición de los conflictos sociales que impulsaron la
instauración de un “Estado poderoso” sustentado en el apoyo de la estructura
económica militar (¿dictadura militar-cívica?) en pro de un control autoritario
de los reclamos del pueblo, con la consiguiente represión política que
evidenciaba el deterioro del régimen totalitario en su rol de ductor de la
sociedad al extremo de impulsar la aparición de un tipo de “sociedad sin
gobierno” a la luz de un proceso de transferencia de competencias
(descentralización) desde el gobierno central hacia el ámbito militar. De igual
modo, para finales del 2018 de unas 576 empresas estatales al menos 60 contaban
con un militar como máxima autoridad (Transparencia Venezuela); escenario que
en conjunto con la información que antecede facilita darle crédito al
señalamiento según el cual Nicolás Maduro otorgó beneficios a los militares a
cambio de lealtad u obediencia ciega (H. Navarro, exministro de Educación de
Hugo Chávez).
Como información complementaria, resulta pertinente
señalar que según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación
de la Paz (Sipri), Venezuela destinó para la adquisición de armamento, equipos
militares y material antimotin en el lapso 1999-2016 US$ 5.657 millones, de los
cuales el usurpador gastó unos US$ 1.535 millones (27,1% del total).
Reflexión final: Resulta de manifiesta obviedad
suponer, que habida cuenta del mayúsculo crecimiento del ámbito militar y de su
zona económica socialista en el desenvolvimiento cotidiano del gobierno, los
hechos de corrupción (que no son de la exclusividad de los civiles) del
personal militar en sus distintos rangos han debido estar presente; siendo que
afortunadamente la ley que rige la materia declara la no prescripción de las
acciones judiciales por delitos contra el patrimonio público, al tiempo de ser
juzgados en la jurisdicción ordinaria penal en el caso de los militares (tal
como a los civiles). Así expresado, hemos de suponer que la lealtad del Alto
Mando Militar es con Nicolás Maduro aun siendo usurpador, en razón, como
mencionamos anteriormente, a que la lealtad atañe exclusivamente a relaciones
interpersonales y no sobre ideas o cosas como la Constitución.
Jesús Alexis González
@jesusalexis_gon
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