Toda gestión, sea empresarial privada o pública, debe ser objeto de medición. Un tanto para estimar sus resultados de cara a los objetivos trazados en un principio. Asimismo, ha de suceder con una gestión de gobierno. Sobre todo, porque la necesidad de tener pleno conocimiento del alcance de las capacidades en curso, al igual que dar cuenta del hecho administrativo y los procesos que comprometen recursos financieros, económicos y organizacionales, es ineludible. De esa forma, es posible asegurar la continuidad del desempeño. Así como garantizar y justificar las erogaciones, adquisiciones y contrataciones que habrán de asentir y afianzar la gestión de gobierno. Habida cuenta que su incidencia, tanto política como social y económica en el ámbito de la institucionalidad, configura y califica su incidencia y presencia en el abanico administrativo-gubernamental.
Al igual que un proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de la evaluación que mide el nivel de conocimiento adquirido, asimismo sucede con las instancias empresariales y gubernamentales. Más, por cuanto es la manera expedita que la organización puede demostrar su unidad de trabajo o razón de productividad lo cual ha de permitirle competir con base en el manejo inteligente de lo que sus capacidades pueden evidenciar.
Por eso la inminente necesidad de evaluar la gestión pública. Ello ha llevado a la construcción de medidores capaces de indicar los niveles de respuestas de un gobierno cuya condición social y económica se erige en la capacidad de atender un cuadro de requerimientos que hablan de cuánto puede dicho gobierno, justificar la administración de la economía toda vez que le insufla recursos financieros al gobierno.
Así que con la intención de buscar el adelanto de la gestión gubernamental y por tanto, evidenciar el manejo de la administración de gobierno según algún modelo económico debidamente expuesto ante la sociedad que respaldó la ascensión al gobierno de quienes actúan desde el más alto estrado de poder como gobernantes, el gobierno en cuestión debe someterse a los resultados de la evaluación realizada. Es cuando destaca la aplicación de indicadores de gestión dirigidos a medir la competitividad para entonces atender y entender la variación respecto al resto de gobiernos o de países.
Vale la anterior explicación para así establecer una referencia que bien permita tener una idea algo precisa del grado de avance o atraso de lo que considera el desarrollo económico, político y social de una nación.
Acá resulta vergonzoso reconocer el rezago que vive Venezuela a consecuencia de la mediocridad que implantó el régimen político bajo la engañosa y grotesca protección del “socialismo del siglo XXI”. Ha sido tal el comportamiento gubernamental la causa que arrastró a Venezuela, según el Índice de Competitividad Global, recién publicado, que logró escalar el límite de desvergüenza colocándola entre los diez peores países del mundo en tan delicada e importante materia. Aunque luego de entender que dicho indicador se establece considerando información sobre educación, salud, infraestructura, instituciones públicas, cuidado del medio ambiente, funcionamiento de los mercados, puede advertirse todo lo que desdice del pésimo desempeño que está padeciendo Venezuela. Y ello, sin que el régimen oprobioso y usurpador venezolano haya realizado alguna diligencia con vista a evitar o reducir tan devastadora gestión gubernamental.
Así que a juzgar por la metodología seguida para obtener los penosos y vulgares datos que caracterizan al país, la cual emplea información del PIB al igual que de la grosera inflación sostenida, de las pírricas inversiones medianamente alcanzadas, del desempleo, pero también procedente de la corrupción, de la opacidad e inseguridad pública, bien se demuestra que el país descendió “a paso de vencedores”. Según el Foro Económico Mundial, institución ésta que anualmente prepara dicho estudio, la economía venezolana para 2019, había caído al puesto 133 entre 141 economías revisadas a nivel mundial.
A escasos ocho puestos del último, se situó el país cuya mentada “revolución” logró tal convulsión. Sólo en la región, supera a Haití. Por consiguiente puede concluirse que Venezuela continúa su racha negativa retrocediendo cada vez más. Aunque debe hacerse ver que las áreas peor calificadas para Venezuela, fueron las relacionadas con “calidad institucional” y “estabilidad macroeconómica”. En ambas quedó de último. De forma tal que no hay duda al reconocer que Venezuela, en tanto que país político y económico, es hoy día, tristemente, “el último después del último”.
Antonio José Monagas
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@ajmonagas
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