domingo, 24 de enero de 2016

HUMAN RIGHTS FOUNDATION, HRF CONDENA LOS VEJÁMENES CONTRA LA MADRE Y LA ESPOSA DE LEOPOLDO LÓPEZ, CASO VENEZUELA, DESDE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

NUEVA YORK (21 de enero de 2016) — Human Rights Foundation (HRF) condena los vejámenes perpetrados por militares venezolanas contra Lilian Tintori y Antonieta Mendoza, esposa y madre del prisionero de conciencia Leopoldo López Mendoza. Los vejámenes consistieron en el desnudamiento completo de ambas mujeres por separado —a Mendoza en frente de sus nietos de 3 y 6 años— acompañado de agresiones verbales destinadas a castigarlas y humillarlas. Los actos fueron perpetrados el día domingo 17 de enero de 2016 en la cárcel de Ramo Verde por dos mujeres guardias militares bajo la supervisión del coronel José Viloria Sosa, director de esa prisión militar, a la que los familiares de López habían acudido junto a sus dos pequeños hijos para visitar al preso de conciencia.

“Ninguna persona debería pasar por esta indignidad. Lo ocurrido contra estas señoras ha provocado una fuerte reacción dentro y fuera de Venezuela: enojo, frustración, pena y la confirmación de que Venezuela necesita una transición pacífica a la democracia”, dijo Garry Kasparov, presidente del Consejo Internacional de HRF. “Esta es la verdadera cara del régimen venezolano. Debe notarse que incidentes como este ocurren todos los días en las prisiones de Maduro, donde hay más de 70 prisioneros de consciencia y donde la gran mayoría de la población carcelaria ni siquiera ha sido enjuiciada ni sentenciada”, dijo Kasparov.

Lilian Tintori denunció que fue víctima junto a sus dos hijos y suegra de abusos por parte de las guardias militares del centro de reclusión. Tintori manifestó en su cuenta de Twitter que “[el domingo] en Ramo Verde me metieron en un cuartico, me quitaron toda la ropa: sostén, pantaleta y el modes que tenía” y “[me desnudaron] completamente [pidiendo] que abriera las piernas varias veces y revisa[ndo] hasta el modes que me quitaron”. Además de los vejámenes perpetrados en su contra, Tintori denunció que el coronel Viloria amenazó con quitarle el derecho de visitar a López por seis meses.

Asimismo, Antonieta Mendoza de López fue víctima de los mismos abusos perpetrados por las guardias frente a sus nietos. “Me hicieron entrar, habían dos sargentas, cosa que no había pasado nunca, me obligaron a entrar con los niños; los niños no tenían que entrar […] Me pidieron lo mismo que a Lilian, ‘quítese los zapatos, quítese las medias, quítese el pantalón’”, relató en una entrevista para NTN24.  “Me desnudaron, me desnudaron completa. Yo tenía a mi amada Manuela a mi lado y ella no podía creer lo que estaba pasando a su abuela […] es una imagen que yo se la quiero borrar a Manuela […] no quiero que Manuela recuerde que a su abuela la desnudaron, le mandaron a abrir sus piernas y me dijeron ‘¡Abra más las piernas, más las piernas!’”, expresó la señora Mendoza.

López lleva casi dos años recluido en la prisión militar de Ramo Verde y ha pasado más de la mitad del tiempo bajo un régimen de aislamiento con visitas limitadas y sin contacto con los demás presos. López fue detenido arbitrariamente el 18 de febrero de 2014 en Caracas, tras liderar una marcha pacífica exigiendo la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Posteriormente, en agosto de 2014, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que la detención de López era en efecto arbitraria y recomendó al gobierno que disponga su liberación inmediata. El gobierno venezolano ignoró la recomendación de la ONU y, en septiembre de 2015, condenó a López a 13 años y 9 meses cárcel, por la supuesta comisión de los delitos de incendio, daños a la propiedad pública, instigación a delinquir y asociación para delinquir.

“Las acciones perpetradas contra las familiares de Leopoldo López violan la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambos tratados ratificados por el Estado venezolano en 1991”, señaló Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció ya en 2008 que los registros corporales a familiares de presos deben obedecer ‘a los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad’, que deben ser ‘compatibles con la dignidad humana’, y que, por tanto, ‘los registros vaginales y anales deben estar prohibidos por la ley’. Con estos actos deleznables, queda claro que el régimen venezolano sigue violando impúnemente el derecho internacional. Este tipo de prácticas inhumanas y degradantes tienen que acabar y los responsables deben ser sancionados”, concluyó El-Hage.

HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial, con énfasis en sociedades cerradas.

Contacto:
Human Rights Foundation
Human_Rights_Foundation@mail.vresp.com
Noemi Gonzalo-Bilbao,  

@HRF

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