Todo está trastocado y en grado
superlativo las instituciones públicas. Este gobierno, revolucionario, ha
penetrado de tal forma la institucionalidad que Fiscalía, Contraloría y
Tribunales de Justicia, que están al servicio del Poder Ejecutivo. En esta línea
de combate el día de la apertura del año judicial 2016, sus magistrados
cerraron filas con el ejecutivo, volvieron a vitorear ¡¡¡Uh Ah Chávez no se
va!!! Y además dejaron muy claro que lo que haga la Asamblea Nacional está bajo
el control de la Sala Constitucional, que es el intérprete de la Constitución y
las leyes, con lo cual siempre tendrán la última palabra, ergo: ley aprobada,
ley inconstitucional.
El gobierno en pie de
guerra por todo, en especial por la Ley de Amnistía, cuya exposición de motivos
hace eco de la confrontación polarizante, por lo que plantea necesario un clima
que fortalezca la convivencia, la diversidad y el pluralismo. Recomponer el tejido social y el sentido de
pertenencia de la comunidad política, para sentar las bases de la reconciliación,
dice el proyecto. La amnistía, como un término de paz, permitiría poner fin a
determinados delitos con la finalidad de cerrar heridas que dificultan la
convivencia y crear condiciones para la participación de todos los sectores.
Con ello sentar las bases para la reconciliación nacional y paz social, de
hechos considerados delitos y relacionados con manifestaciones, protestas,
ideas o pronunciamientos con fines políticos, desde 01 de Enero de 1999 hasta
la entrada en vigencia de la ley. Pero el gobierno no quiere dar su brazo a
torcer y no es amnistía sino impunidad. Es el mismo perdón que recibieron los
guerrilleros cuando Caldera, lo recibió Chávez por un golpe de estado, donde
hubo miles de muertos, pero ¡NO! ahora es ¡IMPUNIDAD! Por la Ley de
Otorgamiento de títulos de propiedad a
beneficiarios de la Gran Misión Vivienda. La Asamblea Nacional, luego de
reconocer que fue oportuno iniciar este programa para los damnificados de
catástrofes naturales, que dejaron a familias en barracas y ranchos, considera
que hay que darles la propiedad y legisla en ese sentido. Sin embargo, el
gobierno dice que se quiere mercantilizar el programa, para poner en práctica,
modalidades de intercambio de bienes y servicios e instrumentos financieros. El
proyecto de ley no dice que los beneficiarios deban pagar el valor de la
vivienda, pero voceros del ente legislativo sí lo han dicho. Hay que hacer un
esfuerzo y aclarar este punto, no creo que la idea sea cobrarle a personas en
extrema pobreza (yo también lo rechazaría), pero ¡NO! se niega y se sataniza la
propuesta.
Mientras esta
diatriba continúa los problemas de los venezolanos se agravan. Ahora a la
escasez de alimentos y medicinas, está la de agua y el racionamiento de luz anunciado en varia partes del país. ¿Hasta
cuándo el pueblo aguantará horas de cola, bajo el sol, en medio del abuso de
los bachaqueros y coleadores alzados? el ¿aumento de los precios al mil por
mil? ¿Los centros de salud sin atención? Urge darle solución a los problemas,
es importante la amnistía, los títulos de propiedad… pero también fórmulas que
impliquen gobernabilidad y eso sólo mediante la negociación entre todos los
sectores del país: gobierno, partidos políticos, iglesia, empresarios, obreros,
consumidores, comunidades organizadas... Para luego es tarde.
Carlota Salazar
Calderón
carlotasc@gmail.com
@carlotasalazar
Anzoategui - Venezuela
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