Las recientes palabras pronunciadas por Nicolás
Maduro, en un acto de la trascendencia
institucional del inicio del año judicial, no pueden ser tomadas a la ligera
por los venezolanos. Definitivamente, en ellas se señalan los elementos
fundamentales de la estrategia que él ha
diseñado para enfrentar la creciente exigencia de su salida de la presidencia de la República
ante su incapacidad y falta de voluntad para resolver los graves problemas
creados por el estruendoso fracaso de su gobierno. Hay tres frases que me impactaron por la
aviesa manipulación que ellas envuelven:
“el sistema judicial debe estar construido desde un sentido humanista,
acompañando a la Revolución, que lo convierte en un verdadero poder
independiente del imperialismo americano”; “Venezuela es un país sometido a
todas las formas de guerra no convencional”; “con la nueva AN surgió una
tensión que se extendió del carácter político al constitucional. A nadie le tiemble el pulso para defender el
derecho a la paz y a la constitución.
Hay un solo árbitro, un único poder supremo: el
Tribunal Supremo de Justicia””.
Esta estrategia conduce a un permanente conflicto entre los distintos poderes
públicos, como ya se manifestó en la decisión tomada por el TSJ de desconocer
la elección de los diputados por el estado Amazonas. En conclusión, al ser el
TSJ el único poder reconocido por el
régimen, se desconoce expresamente la
voluntad popular, manifestada masivamente en las elecciones del 6 de diciembre,
las cuales dieron origen a la Asamblea Nacional. Los hechos ya se empiezan a observar:
los funcionarios públicos incumplen sus obligaciones constitucionales no asistiendo a la
convocatoria que le hacen las distintas comisiones. Esta situación se agravará mucho más cuando la Asamblea
Nacional considere que, ante la inmanejable
crisis política, económica y social, se requiera consultar a la voluntad
popular para determinar si la mayoría de los venezolanos considera conveniente
un cambio de gobierno a través de la aplicación de alguno de los medios establecidos en la
Constitución Nacional de 1999.
La utilización indebida del desprestigiado y
partidizado TSJ le permitirá al gobierno de Maduro obstaculizar cualquier
posibilidad cierta de poder revocar su mandato mediante cualquier medio
constitucional utilizando amañadas e
inaceptables maniobras judiciales, impidiendo así la aplicación del artículo 5
de los principios fundamentales de la Constitución Nacional de 1999: “La
soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente
en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del
Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. No se requiere
tener una profunda formación jurídica para interpretar este artículo.
Claramente, se establece que los poderes del Estado están sometidos a la
voluntad popular, incluyendo el TSJ, el cual no puede transformarse en un
obstáculo a cualquier decisión de la Asamblea Nacional de convocar a una consulta popular para
decidir el destino nacional.
Si esa estrategia, claramente definida en las
palabras de Nicolás Maduro, se continúa utilizando, el gobierno nacional perderá, de manera definitiva, su legalidad y
legitimidad, transformándose en un gobierno inconstitucional. Esta situación se
hará inmanejable ante la compleja situación que enfrenta Venezuela. La escasez,
la inflación, la corrupción, y la
inseguridad personal han alcanzado niveles de tal magnitud que los venezolanos claman por un cambio de
gobierno. Definitivamente, el régimen chavista ha conducido a nuestro país a una de las más graves crisis de nuestra
vida republicana. La responsabilidad
histórica de Nicolás Maduro es inmensa e ineludible. Fue factor
fundamental en el desastroso gobierno de
Hugo Chávez, y al asumir la presidencia
de la República no sólo no fue capaz de rectificar los muy graves errores
cometidos por el régimen revolucionario
desde 1998, sino que los profundizó
conduciendo al país a esta
lamentable situación.
Las consecuencias empezaron a manifestarse con
rapidez: escasez, inflación, desempleo, corrupción y hambre. Contra ese
terrible estado de cosas, los venezolanos votaron masivamente el 6 de
diciembre. Creyeron, de buena fe, que ese triunfo sería el primer paso para lograr
un nuevo gobierno capaz de revertir la
crítica situación política, económica y
social de Venezuela. Lamentablemente,
pareciera que Maduro, como ocurre casi siempre con los presidentes enceguecidos
por el poder, no es capaz de interpretar
la realidad de manera acertada. En lugar de renunciar, ante el fracaso
electoral que acaba de sufrir su gobierno, cree que está en condiciones de
doblegar la voluntad popular a través de la violencia. Está equivocado. En ese
sentido considero oportuno recordar a mis compañeros de la Fuerza Armada
Nacional que su misión no es la de reprimir a los venezolanos que
legítimamente exigen un cambio político:
Lo prudente es acatar lo pautado en la
Constitución Nacional, respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y asesorar
leal y profesionalmente al presidente para encontrar una solución a la
creciente crisis política a través de medios constitucionales, electorales y
pacíficos. ¡Presidente Maduro, no se equivoque, usted puede sufrir una amarga
sorpresa¡
Fernando Ochoa Antich
fochoaantich@gmail.com
@FOchoaAntich.
Caracas - Venezuela
No hay comentarios:
Publicar un comentario