A estas alturas de la
vida, con casi diecisiete años de chavismo, pensé que mi capacidad de asombro
estaba ya agotada. Craso error de juicio, esta semana –con la insólita
sentencia numero 9 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 1° de los
corrientes– aprendí que la capacidad de asombro nunca se agota, y también me
estoy dando cuenta de que el equilibrio y ponderación necesarios para poder
analizar el entorno ya se me está agotando para dar paso a la indignación y la
rabia en perjuicio de la prudencia y el análisis que en mis cinco décadas de
docencia universitaria en la rama del derecho se habían convertido en
herramientas de preferencia para el ejercicio profesional.
Estas líneas no
pretenden en absoluto hacer una disección
jurídica del contenido de la “histórica” sentencia numero 9 emanada de
la Sala Constitucional por la cual se reescribe la Constitución, se da
certificado de defunción a la independencia de los poderes del Estado, se bota
por la poceta el capítulo de la facultad de control que ejerce la Asamblea
Nacional, etc. Montesquieu debe estar revolviéndose en su tumba y los
constitucionalistas aún vivos seguramente se preparan para entrar en terapia
intensiva. Ha nacido un nuevo constitucionalismo parido por
“constitucionalistas” cuya designación fue inconstitucional. ¿Cantinflas? No:
Venezuela hoy. Además ya han circulado algunas argumentaciones jurídicas
(Brewer-Carías, Rocha, etc.) dando cuenta del “constitucidio” perpetrado por
los “juristas del horror”* contemporáneos dedicados a la justificación a como
dé lugar de las más demenciales instrucciones del chavismo en desbandada.
Ahora resulta que la
Asamblea Nacional no puede citar ni interpelar a los funcionarios sino a placer
del ciudadano vicepresidente de la República, las Fuerzas Armadas solo declaran
a través de su comandante en jefe (Maduro) quien cumple con tal obligación al
comparecer ante la Asamblea anualmente para rendir su memoria y cuenta. Los
demás poderes quedan eximidos de dar cuenta de sus actuaciones y de paso todo
lo actuado por la Asamblea en materia de revisión de credenciales de los
postulados al TSJ –tanto lo ya hecho como lo que se haga en el futuro– es nulo.
Vale la pena resaltar
el hecho jamás acaecido antes que refleja aquello de “zamuros cuidando carne”,
siendo que tres de los siete magistrados de la Sala Constitucional cuya
continuidad en sus cargos dependía de la sentencia, son precisamente aquellos
cuya designación era puesta en tela de juicio (Calixto Ortega, Luis Damiani
Bustillos y Lourdes Suárez Anderson). Ellos no quisieron ni inhibirse ni estar
presentes en la discusión “por motivos justificados” pero avalaron la grotesca
sentencia absteniéndose de firmar en lugar de ofrecer voto en disidencia. Un
cuarto magistrado (Juan José Mendoza) quien en 2014 también fue designado
irregularmente (hasta el día anterior había sido diputado por el PSUV) sí
estuvo presente y sí firmó.
Ante esto se
comprenderá que ya no queda más nada que esperar ni de qué asombrarse. Así lo
ha entendido y expresado el mundo entero comenzando por el hoy “enemigo
injerencista” Luis Almagro, secretario general de la OEA. Se ha dado un golpe
mortal a la democracia y por eso ya alguien ha calificado el hecho como un
“fujimorazo” en alusión al autogolpe que en abril de 1992 dio el entonces
presidente de aquel país.
Si el lector desea
constatar las inconsistencias de la sentencia que hoy comentamos puede acceder
a ella íntegra en el link http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/TSJ-fija-limites-a-poderes-contralores-de-la-Asamblea-Nacional-20160301-0063.html.
Allí encontrará la perlita de cómo la Sala Constitucional explica
abundantemente que un poder del Estado no puede citar a otro mientras que en el
párrafo final de la histórica pieza termina citando al presidente de la
Asamblea Nacional.
Si bien es cierto que
la presión de la comunidad internacional no puede sustituir gobiernos, no es
menos cierto que sin ella es difícil conseguir rectificaciones que no se
quieren hacer. Es esa la situación en la que estamos y es por eso que el Senado
de Brasil acordó solicitar al Ejecutivo de ese país que invoque la Cláusula
Democrática contenida tanto en la OEA como en los instrumentos de Mercosur de los que Venezuela
es parte y es por eso que en su momento el gobierno de Macri amenazó con traer
el tema a colación en la reunión de Unasur, aunque después decidió posponer la
iniciativa, no archivarla.
Mientras tanto, amigo
lector, mantenga algún lugar libre en su alforja para las nuevas sorpresas que
la “institucionalidad venezolana” pueda ofrecerle.
*En alusión al
jurista nazi Carl Schmitt quien suministró el piso jurídico para la
justificación de los excesos de la época
hitlerista.
Adolfo P. Salgueiro
apsalgueiro1@gmail.com
@apsalgueiro1
Internacionalista
Miranda - Venezuela
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