En la Gaceta Oficial
N° 40.845, del 10 de febrero de 2016, Nicolás Maduro sorprendió a la opinión
pública al crear una súper empresa petrolera dependiente del ministerio de la
Defensa, cuyas competencias incluyen: la rehabilitación y mantenimiento de
pozos petroleros, administración de taladros; importar, exportar, comercializar
y distribuir productos químicos para el sector minero, transporte marítimo y
construcción de infraestructura civil entre otros negocios. La empresa, cuyas
siglas son Caminpeg, y ha sido constituida como compañía anónima, cuyo
presupuesto lo administrará el ministerio de la Defensa Nacional, sin
dependencia alguna del ministerio de Petróleo y Minería, y sin tener que
coordinar sus actividades con PDVSA. El primer aspecto sorprendente, de esta
trascendente e incomprensible decisión, es que el gobierno nacional no haya
dado ninguna explicación que justifique haber decidido desconocer el principio
fundamental de nuestra política petrolera: la centralización de las políticas
en el ministerio de Petróleo y Minería y las operaciones en Petróleos de
Venezuela.
Como era de esperarse, inmediatamente
surgieron las críticas a tan descabellada decisión, por parte de expertos
petroleros de distintas tendencias ideológicas. Buenos ejemplos de esta
realidad son, entre otros: el comunicado de Gente del Petróleo en el cual,
justificadamente se alertó que “quienes
podrían estar al frente de la responsabilidad de dicha empresa son personas
formadas para la defensa del territorio y no para administrar y operar una
organización dedicada a prestar servicios en materia petrolera y minera”.
Igualmente, la página web “Aporrea” publicó un crítico artículo de la
periodista Rosa Natalia, en el cual sostiene que “Padrino López dio un golpe de
Estado y ahora es presidente paralelo sin que mediase rueda de prensa,
tanquetas en Miraflores, buques yankees en las costas de Curazao. Nada. Un
golpe de Estado silente y leguleyo. Una Gaceta y un decreto 40.845 y 2.231”.
Ésta justificada
polémica es la expresión del rechazo a una decisión que ha irrespetado a la
opinión pública venezolana, al no dar una detallada explicación y mucho menos
realizar una consulta lo suficientemente amplia sobre un asunto tan delicado.
Los venezolanos siguen esperando que Nicolás Maduro justifique con razones de gran peso las
razones que tuvo para tomar esa importante decisión. Además, es mucho menos
aceptable esa posición cuando, inmediatamente después de la derrota electoral
del pasado 6 de diciembre, ordenó el regreso de los cientos de militares que
desempeñaban cargos civiles a sus funciones específicas dentro de la Fuerza Armada, insinuando que eran los
responsables de la aplastante derrota electoral. Esa decisión, fue recibida con
escepticismo, pero también con esperanza por los demás miembros de la Fuerza
Armada dedicados al cumplimiento de sus obligaciones castrenses y en general
por todos los venezolanos. La participación militar en los asuntos de gobierno,
nunca ha sido beneficiosa para Venezuela, ni para la Institución Armada. Fue un
gran acierto de la generación militar de 1958 y de todas las demás que mantuvieron el
apoliticismo militar durante los gobiernos democráticos hasta 1989.
Lamentablemente, la
trampa chavista de la alianza cívico militar y la falta de sentido y visión
institucionalista, así como las desmedidas ambiciones de quienes han ejercido
los altos mandos, ha traído como consecuencia que durante estos diecisiete
años, se hayan confundido las funciones militares con las de gobierno, haciendo
a la Fuerza Armada corresponsable de la debacle en la cual se encuentra sumida
Venezuela. Ante este cuadro de cosas, desearía hacerle muchas preguntas al
General Padrino, pero por razones de espacio, le haré solo algunas: de acuerdo
a su dilatada experiencia, ¿cree usted que la Fuerza Armada está cabalmente
capacitada para asumir las competencias de Caminpeg?; ¿le fue requerida su
opinión y al resto del Alto Mando para la toma de esa decisión y qué
respondieron; ¿no cree usted que cuando se le asigna una misión totalmente
ajena a la Fuerza Armada, se le irrespeta y se duda de su competencia para cumplir
la misión constitucional que tiene asignada?; ¿cree usted que hoy día, la
Fuerza Armada ostenta el prestigio, reconocimiento y respeto de la opinión
pública, tal como otrora lo ostentó?; ¿no cree usted, que sería injusto
responsabilizar ante la historia, a las nuevas generaciones militares del
estruendoso fracaso ocasionado por las ambiciones de Hugo Chávez y de sus
seguidores? Ojalá estas preguntas lo hagan reflexionar y le permitan, adoptar
las decisiones más convenientes, en el difícil momento histórico que enfrenta
la República, para beneficio de Venezuela y de la Institución Armada.
Fernando Ochoa Antich
fochoaantich@gmail.com
@FOchoaAntich
Caracas- Venezuela.
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