JOSÉ TORO HARDY, ¡QUÉ GUERRA ECONÓMICA NI QUE OCHO CUARTOS!

No hay precedentes en tiempos de paz del nivel de escasez, angustia e incertidumbre que se vive actualmente en Venezuela. Tampoco hay precedentes de semejante destrucción de la economía. Lo más doloroso es que toda esta tragedia ocurre poco después de haber vivido la etapa de mayor afluencia petrolera que hayamos conocido.

La dirigencia oficialista no cesa de repetir que se trata de una "guerra económica".

Dede luego que hay una guerra económica. Es una guerra salvaje que el dogmatismo y la ignorancia le han declarado a la racionalidad. Se trata de enfrentar todos los conocimientos que la ciencia económica ha logrado formular, con el salvajismo de un modelo que no ha hecho otra cosa que provocar destrucción y hambre en todos los sitios donde se ha intentado aplicar. El modelo marxistoide fracasó rotundamente en todas las sociedades donde se intentó. En pocos países todavía impera en medio de un denominador común: la presencia de estados  policiales y gobiernos autoritarios que en nada tienen en cuenta los deseos de la población de vivir en libertad y mejorar su nivel de vida.

Durante los últimos 17 años, el oficialismo ha destruido las bases fundamentales de nuestra economía. Ha expropiado infinidad de empresas que en manos del sector privado eran exitosas, pero que una vez estatizadas se han hundido en un marasmo de ineficiencia, improductividad y corrupción. La mayoría de ellas ya no producen nada, excepto pérdidas. En el sector agrícola cerca de 6 millones de hectáreas que antes eran productivas le han sido robadas por distintas vías a quienes en ellas laboraban, para pasar a manos de un aparataje de indolentes que han resultado incapaces de aportar nada a la sociedad. También a PDVSA la destruyeron los rojo rojitos.

En el sector industrial ha ocurrido lo mismo. La inseguridad jurídica campea por sus fueros. Ya nadie se atreve a invertir porque un presidente ya fallecido  los convenció de que la propiedad privada era indeseable. Parado en una esquina del centro de Caracas y transmitiendo en cadena nacional, comenzó a descargar con furia su obsesión expropiadora señalando edificios y comercios y profiriendo instrucciones de forma maníaca: "¡Exprópiese! ¡Exprópiese! ¡Exprópiese!"

Cualquiera que tuviese los más mínimos conocimientos de cómo funciona una economía hubiese comprendido que bajo aquel esquema el único camino que cabía esperar era el de un deterioro insostenible en los niveles de  producción. Y que en la medida en que disminuía la oferta de bienes, sus precios aumentarían. Ese es el efecto de la escasez. Si la cantidad de dinero que circula aumenta y la oferta de bienes disminuye, los precios irremediablemente aumentan.

Pero por supuesto, bajo la óptica revolucionaria, la única explicación aceptable era la especulación a manos de unos capitalistas explotadores. Recurren entonces a la aplicación de precios regulados, que inevitablemente desestimulan el aparato productivo. Nadie se atreve a invertir si el fruto de su esfuerzo va a depender de la fijación discrecional por parte de algún funcionario dogmático de un precio de venta que no guarda relación con la estructura de costos de la empresa.

Todo lo anterior ocurre en un ambiente de incertidumbre generado por un control de cambios en el cual los empresarios no tienen garantizadas las divisas para  importar las materias primas ni los insumos que requieren. Tampoco, en el caso de los inversionistas extranjeros, se les permite  la repatriación de dividendos que al fin y al cabo es el objetivo que persiguen al realizar una inversión. Muchos de ellos están simplemente borrando de sus balances las inversiones que tienen en Venezuela.

Además el gobierno actúa en materia fiscal con la mayor irresponsabilidad imaginable. Sus gastos no guardan ya ninguna relación con sus ingresos. El déficit fiscal, que supera  el 20% del PIB, lo cubren simplemente obligando al Banco Central a imprimir dinero sin respaldo. Por esa vía, la liquidez se duplicó en el 2015, provocando una indetenible arremetida inflacionaria. Ya nuestra inflación es la más alta del mundo; sin embargo el FMI estima que en el 2016 alcanzará a un 720%.

Temeroso de que la Asamblea Nacional lo prive de ese irracional mecanismo de financiar su déficit fiscal, el gobierno da al traste con cualquier ilusión de respeto institucional recurriendo al TSJ para declarar inconstitucional la reforma aprobada de la Ley del BCV, que no hacía otra cosa que restituir los mecanismos de control que sobre esa institución existían hasta diciembre del 2015, cuando habiendo ya perdido la elecciones, el oficialismo se lanzó en una alocada carrera de desconocimiento de la voluntad del soberano.

¡Qué guerra económica ni que ocho cuartos!

Jose Toro Hardy

petoha@gmail.com

@josetorohardy

Miranda - Venezuela