Así incumplen las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet, las presentadas por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
En marzo de 2018 el Consejo de Administración de la OIT estableció una Comisión de Encuesta, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la OIT, para examinar una queja presentada en junio de 2015 por 33 delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). La Comisión de Encuesta estuvo integrada por tres miembros independientes designados en junio de 2018 por el Consejo de Administración de la OIT.
El 30.09.19, la Comisión de Encuesta emite el informe denominado “Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela” en el cual evalúa la observancia por parte del Gobierno de Venezuela del Convenio N° 26, sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928; del Convenio N° 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y del Convenio N° 144, sobre la consulta tripartita (Normas Internacionales del Trabajo), 1976, ya que se han verificado situaciones irregulares en cuanto a su cumplimento.
En el marco del examen por el Consejo de Administración de la respuesta del Gobierno de Venezuela al informe de la comisión de encuesta nombrada en su reunión de marzo de 2021: deploró la respuesta de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 10 de agosto de 2020 en la que indicó que no acepta las recomendaciones de la comisión de encuesta. Acordó se evaluaría la situación en noviembre del presente año. Así efectivamente se realizó.
En pasado seis de noviembre el Consejo de Administración de la OIT concluyó: “deplora que el Gobierno no haya hecho ningún progreso con miras a aceptar las recomendaciones del informe de la comisión de encuesta, dos años después de su adopción”
La actitud contumaz del gobierno reafirma su actitud de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En este caso, un empeño en violar derechos fundamentales del trabajo que afectan no solo a las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores, sino también a la población.
Buena parte de las recomendaciones tienen que ver con el salario de los trabajadores, lo cual no afecta solo al trabajador sino a la familia de éste. El convenio Nro. 26 de la OIT establece la necesidad de la consulta tripartita para fijar los salarios mínimos. La práctica del gobierno ha sido fijar los salarios de manera unilateral. La consecuencia es que hoy millones de trabajadores y trabajadores sufren un salario mínimo de menos de tres dólares mensuales.
Por ello, el asunto del incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta no es un problema de confrontación entre el gobierno y algunos sindicalistas y empresarios. No. Afecta a millones. Tiene un impacto negativo en millones de familias.
Si el gobierno cumpliera con su obligación de convocar un diálogo con empresarios y trabajadores para establecer los salarios mínimos, muy posiblemente el ingreso familiar sería mucho mejor.
Esto también, está relacionado con la libertad sindical. Si el gobierno respetara el derecho de los trabajadores a organizarse y además discutiera y respetara las convenciones colectivas, los trabajadores y sus familias pudieran beneficiarse de cláusulas relacionadas no solo a temas salariales sino de salud, recreación, apoyos económicos para los hijos de los trabajadores y otros beneficios sociales.
De tal manera, que el incumplimiento de las recomendaciones de la OIT por parte del gobierno no solo es un acto de mala fe en cuanto a la obligación de cumplir los tratados internacionales, sino un acto de indolencia que perjudica a millones de familias en el país, contribuye a que mantengan una baja calidad de vida.
Marino Alvarado Betancourt
@ElUniversal
@marinoalvarado
Venezuela
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