miércoles, 20 de marzo de 2019

EL PARTIDO SOLUCIONES PARA VENEZUELA (S.P.V.) ANTE LA CRISIS NACIONAL:


Caracas, 28 de febrero de 2019.

El Partido SOLUCIONES PARA VENEZUELA (S.P.V.) ante la crisis nacional:

El modelo político-económico chavista  colapsó. Así queda demostrado en las proyecciones de diversos organismos económicos multinacionales  como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las de agencias calculadoras de “riesgo país”,  así como en las de otras organizaciones internacionales dedicadas al estudio de los índices de desarrollo y crecimiento nacionales, todas coincidentes en que la hiperinflación venezolana podría superar los diez millones por ciento (10.000.000%) y la recesión llegar al menos a quince por ciento (15%) a finales de 2019. También coinciden en que la caída del producto interno bruto (PIB) en el año 2018 fue del 18,2%.

A todo ello hay que agregar factores agravantes como las sanciones impuestas al gobierno venezolano por el gobierno de los Estados Unidos de América y  por  algunas  naciones de la Unión Europea, consistentes en la congelación de fondos del estado venezolano colocados en entidades financieras de esos países, así como medidas preventivas impuestas por el Departamento del  Tesoro de  los Estados Unidos para evitar operaciones que pongan en riesgo bienes de la República de Venezuela radicados en ese país mediante su retención provisional como ocurrió con la filial petrolera CITGO, al igual que la prohibición de pago directo al gobierno venezolano por concepto de venta de petróleo y otros minerales y la incitación hecha por la administración de los Estados Unidos a la comunidad internacional para que adopte similares medidas, dejándole al régimen de Nicolás Maduro poco margen de maniobra  para romper esta modalidad de embargo económico que se le ha impuesto.

Esa grave realidad económica se evidencia en lo social con  las cifras que aportan la ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho de la Salud y la Vida  (CODEVIDA), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y la Encuesta sobre Condiciones de Vida de los Venezolanos  (ENCOVI) realizada por la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Universidad Católica Andrés Bello, según la cual la  pobreza general  afecta a más del ochenta y siete  por ciento (87%) de nuestra población y la pobreza extrema a poco más del sesenta y uno por ciento (61,2%). Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF) en relación a  los índices de mortalidad infantil y neo-natal Venezuela aparece  en el lugar noventa (90) del ranking mundial y en el puesto quince (15) en la región, lo cual pone al descubierto la grave situación de salud del país, colocándolo en los  niveles de las naciones más pobres y atrasadas del mundo.

A este escenario hay que añadir que por negligencia, ineptitud, corrupción y por falta de nuevas inversiones, se han desmantelado, entre otros,  los servicios públicos de salud, agua, electricidad, transporte, educación, seguridad, telecomunicaciones y gas doméstico, con trágico impacto en el nivel de desarrollo humano y  calidad de vida de la ciudadanía.
Todas las cifras y señalamientos anteriores se hacen evidentes en la tragedia que se observa  en las calles: colas ante los mercados para disputarse los escasos bienes en los estantes; en  los hospitales para ser atendidos ante la escasez de médicos, de insumos para la atención de los pacientes y de medicinas;  y las de varias horas  para tomar el escaso y destartalado transporte público. Indignación y vergüenza mayor las colas de una población famélica y enferma  ante los botes de basura con la ilusión de conseguir algo para comer.

Todo ocurre paradójicamente en el momento histórico cuando los gobiernos chavistas han obtenido los mayores ingresos por concepto de la renta petrolera.

Otro aspecto de la crisis es el desplome político del régimen y diversas manifestaciones de un Estado fallido. El Estado es un caos. Se ha constituido una duplicidad de poderes públicos y cada uno reclama para sí la legalidad y la legitimidad, factura peligrosa en tanto que prefigura violencia e indeseables escenarios bélicos.

La población se está desintegrando vertiginosamente. Algunas proyecciones estiman que para finales de 2019 la diáspora será superior al quince por ciento (15%) de la población total. El territorio  se encuentra amenazado y atenazado por vecinos con  quienes, por una parte, mantenemos litigios territoriales históricos y por otra, nos han penetrado desde el estado Amazonas hasta la Serranía de Perijá en el estado Zulia por grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano, la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los paramilitares y el narcotráfico, factores estos que  ejercen control real sobre parte de esos territorios, prevalidos de  complicidad y omisión, tanto de funcionarios civiles y militares, como de los mandos del partido de gobierno.  Esto ocurre  mientras buena parte de la dirección política del país protagoniza  un debate anti-nacional y sumiso en torno a cuales factores exógenos vendrán a liberarnos del régimen o a consolidarlo, cuando lo que se impone ante este conmovedor escenario, como la vía más racional y humana, es un  diálogo franco y sin segundas intenciones, como no ha ocurrido hasta ahora, con el fin de construir consensos y entendimientos que permitan el retorno a la democracia y conjurar el fantasma de una confrontación fratricida.

En el análisis de la crisis no podemos obviar el elemento ético. La profundización de la descomposición moral del país tiene su origen en esa suerte de orgía corruptora que se montó en una multiplicidad de hechos como la designación de funcionarios dóciles al frente de la Contraloría General de República; la inconstitucional anulación del poder legislativo nacional y en consecuencia de su función contralora; la liquidación de la independencia funcional del Banco Central de Venezuela (BCV);  la aprobación y prórroga indefinida, violando el artículo 338 de la Constitución Nacional,  de un estado de emergencia económica, que ha permitido al gobierno actuar discrecionalmente en la celebración de contratos de interés nacional y en operaciones financieras y de crédito público que por su monto y naturaleza afectan gravemente la vida económica del país; el control centralizado de nuestra principal industria, Petróleos de Venezuela (PDVSA),  la desnaturalización de su objeto social y su utilización como caja chica de toda la administración pública y de su aparataje político; la irrupción en el llamado arco minero para entregar y negociar sus riquezas en minerales preciosos y estratégicos sin planificación ni control y sin reparar en los daños ecológicos causados en Guayana y en toda la Amazonía; el otorgamiento de contratos mil millonarios para la ejecución de obras públicas y la prestación de servicios a empresas sin capacidad técnica ni financiera acreditada conforme a la ley, propiedad de amigos y familiares de altos jerarcas del gobierno, lo cual se tradujo en una danza de comisiones y coimas, así como en compromisos contractuales incumplidos y en un cementerio de obras no concluidas; la asignación de millones de divisas preferenciales a empresas de maletín que luego vendían esos dólares en el mercado paralelo en el que obtenían groseras ganancias que permitieron amasar grandes fortunas.

El control de cambio, la emisión de dinero inorgánico sin  ningún orden y manejado discrecionalmente;  el  control de precios y una desatada  política expropiatoria, destinada a asfixiar a empresarios privados cuyos negocios, industrias y fincas les fueron arrebatados y puestos en manos de burócratas corruptos que luego de enriquecerse las quebraron, son acciones que perfeccionan la estrategia que ha destruido la economía, acabado con los servicios públicos y empobrecido a Venezuela hasta hundirla en la ruina.

Nunca antes se habían esquilmado las riquezas de un país como ha ocurrido con las de Venezuela en estos últimos cuatro lustros. Recomponer  los valores éticos de nuestra sociedad y del Estado requerirá grandes e ingeniosos esfuerzos legislativos y pedagógicos para rescatarlos y así reconstruir el talente moral del país.

Parte protuberante de la crisis es el carácter autoritario y represivo del gobierno, la violación sistemática de los derechos humanos, la tortura en sus diversas formas, los tratos crueles y degradantes en la persona de los secuestrados por razones políticas ha sido una práctica recurrente de los organismos de seguridad.  La liquidación de las libertades de expresión y de prensa, también de las  libertades sindicales y gremiales, la ilegalización de  partidos políticos democráticos, la limitación del derecho a la protesta pacífica, la estigmatización y la destrucción moral de la disidencia, el uso de los  recursos jurisdiccionales y de seguridad del Estado para intimidar,  inhibir y anular a la oposición, el asesinato político y la partidización de las Fuerzas Armadas Nacionales, el allanamiento domiciliario, las deportaciones, la intimidación, persecución y agresiones por parte de grupos hamponiles afectos al régimen (colectivos) contra diversos opositores, son prácticas de la cotidianidad.
Los hechos señalados anteriormente son las causas fundamentales de la acelerada deslegitimación del gobierno y de su eventual derrumbamiento, empujado por la indignación popular y explican además el sacudón anímico que ha conducido a las masas empobrecidas a las  multitudinarias manifestaciones de protestas que con violencia, destrucción de pueblos y represión sostenida no serán acalladas.  Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad, en los primeros dos meses del año 2019 se elevaron tales protestas a 12.175, lo que nos lleva a afirmar, sin  negar otras contribuciones, que los principales convocantes del pueblo en la calle son el hambre, las  enfermedades y la opresión.

El descontento luce indetenible ante la incapacidad de tomar las urgentes medidas políticas y económicas para conjurar esta crisis que hunde cada vez más a Venezuela en la pobreza, la impotencia, el descontento y la desesperanza.

Todo el país debe hacerse presente en esta hora histórica cuando todos los venezolanos hacemos falta. Los factores en quienes el torbellino polarizador ha puesto la carga del protagonismo no deben sobre-estimarse ni navegar en fantasías y ofertas engañosas. El gobierno debe cesar su frenesí propagandístico y represivo. Debe reconocer la crisis, parar en seco el dogmatismo y la soberbia para mirar a entendimientos nacionales que saquen al país de un absurdo y ya prolongado conflicto político que trata como traidores a la patria a sectores e individualidades que levantan sus voces y acciones para que cese la destrucción nacional. Por otra parte, sectores de oposición que han propuesto ya en otras ocasiones salidas improvisadas, ahogadas en la inmediatez que se ceba en la fuerte presión popular por el cambio, deben abrirse a la realidad y a la conveniencia de Venezuela. No es por acciones de fuerza, no es por la violencia ni por un golpe de estado o por repugnantes intervenciones militares de potencias extranjeras como resolveremos nuestros problemas. Por lo contrario, acciones de esta naturaleza los agravarían en grado sumo. Esa no es la solución.

Vale la pena recordar los hechos de abril del año 2002. Una élite ensoberbecida se apropió de la protesta de un  pueblo que ya sentía los rigores del autoritarismo y de una crisis económica que tres lustros después ha alcanzado niveles trágicos.  Esa jefatura mesiánica surgida  de la antipolítica fundó su acción en un infame decreto que permitió no solo la  auto-juramentación de Pedro Carmona como Presidente de la República, sino hasta el cambio de nombre del país. Horas después retornaba al poder Hugo Chávez y continuaba el desarrollo del modelo que tiene hoy a Venezuela al borde de la destrucción.

Finalmente, advertimos que la fragilidad constitucional del gobierno y su ignorancia de la Constitución y las leyes lo convierte en un poder de facto y el repudio popular, así como la condena y el desconocimiento de buena parte de la comunidad internacional, lo colocan en una situación de inviabilidad. La gobernabilidad se ha perdido. Igualmente ratificamos nuestro reconocimiento a la Asamblea Nacional como  poder constituido dotado de plena legalidad y legitimidad emanadas de la manifestación  de voluntad popular, con motivo del proceso electoral efectuado el 6 de diciembre del año 2015.  De la misma forma reconocemos a su actual Junta Directiva, presidida por el ingeniero Juan Guaidó y electa conforme a lo establecido en su reglamento interno. Pero llamamos la atención sobre una realidad conflictiva y peligrosa que requiere ser abordada con racionalidad y sentido patriótico para evitarle mayores sufrimientos al pueblo venezolano. 

No es con salidas improvisadas ni apelando a transgresiones mayores inaceptables, entre ellas intervenciones militares de potencias extranjeras, como recuperaremos la institucionalidad y la necesaria y deseada convivencia entre los venezolanos. El camino es otro. Consideramos urgente un diálogo plural que atienda el interés nacional y cuyas bases sean: la liberación de los presos por razones políticas; el respeto y la restitución de todos los derechos y garantías conforme lo establecido en el título III del texto constitucional vigente; la aceptación de ayuda humanitaria, la cual, para evitar conflictos internos o internacionales debería estar manejada por la Organización  de Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, Cáritas y otras instituciones internacionales comprobadamente neutrales; la adopción de urgentes medidas económicas destinadas a combatir los efectos demoledores de la hiperinflación; la designación de un Consejo Nacional Electoral neutral y el establecimiento de una fecha perentoria para la elección de todas las autoridades nacionales, regionales y municipales, en la búsqueda de resolver mediante la voluntad popular graves conflictos institucionales como la dualidad que hoy funciona dada la existencia de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente, como también el pesado y nublado debate sobre las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Es la consulta popular, no las armas, ni la violencia, ni el desgaste del contrario que sólo prolongaría sin sentido la tragedia que hoy padecemos, lo que disipará el conflicto que padecemos.
Estamos conscientes que a pesar de la pertinencia del diálogo propuesto, la polarización ha llegado a extremos de intolerancia radical que pueden hacerlo  inviable. Por esta razón, “Soluciones para Venezuela” propone como una alternativa para resolver la crisis pacífica, electoral y constitucionalmente, la convocatoria de un referéndum consultivo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 71 de la Constitución vigente y por la vía de la iniciativa popular, la cual implica la recolección del 10% de las firmas de los electores inscritos en el registro electoral y civil.  La pregunta que se le formularía al pueblo será;  ¿Está de acuerdo con  la convocatoria de elecciones generales en la que se escojan la totalidad de las Autoridades Nacionales, regionales y municipales, proceso que sería organizado, dirigido y supervisado por los órganos especializados en materia electoral de la Organización de las Naciones Unidas, con el apoyo  logístico y técnico de instituciones internacionales de indudable imparcialidad? Por esta vía la decisión estaría fuera tanto del campo oficialista como del opositor ya polarizado,  e igualmente ajeno a factores exógenos distintos de la Organización  de Naciones Unidas  (ONU).  Quedaría así la solución en manos de la ciudadanía, de nosotros los venezolanos. Si el pronunciamiento es favorable a las referidas elecciones generales, se podría comenzar de inmediato con  las mismas organizaciones internacionales neutrales a organizarlas. Elevamos con este documento esta   propuesta, de igual manera, a la comunidad internacional por la vía de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al cuerpo diplomático acreditado en el país, a  las instituciones económicas, sociales, académicas y religiosas existentes en el país, a los partidos políticos y tanto al gobierno como a las distintas manifestaciones de la oposición democrática, para su consideración y eventual aceptación. Pero si no llegare a ser aceptada por las partes, procederemos con el concurso de todos los sectores coincidentes a la recolección de firmas requeridas y a la promoción del referéndum en el ánimo  de construir una vía racional y pacífica que dé inicio a un nuevo y promisor tiempo histórico.

Con todo nuestro empeño puesto en aportar a la reconstrucción de la Democracia venezolana y a trabajar por la prosperidad de la nación hacemos votos por la unidad y el entendimiento entre los venezolanos. ¡POR VENEZUELA!


               La Dirección Nacional del Partido “Soluciones para Venezuel




Claudio Fermín 
Presidente
@spvsoluciones
@claudioefermin