lunes, 7 de enero de 2019

ELINOR MONTES, ES HORA


Como todo, los socialismos totalitarios también evolucionan, adaptan a los nuevos tiempos las tácticas para quebrar la voluntad y el espíritu del enemigo -quien aspire ser libre-, los surgidos en el Siglo XXI adoptan una apariencia de democracia, no necesitan crear guetos amurallados custodiados por guardias, basta dejar a la oposición algunas alcaldías y gobernaciones que, vaciadas de presupuesto y competencias, son incapaces de mantener la calidad de vida y brindar seguridad a sus habitantes quienes son controlados mediante el Estado policial conformado por los servicios de inteligencia y los cuerpos armados oficiales y paramilitares del régimen, que incluyen la delincuencia común; apoyados por los fiscales, los defensores públicos y los tribunales. Tampoco necesitan bombardear las ciudades para destruirlas junto con su población, basta con crear una hecatombe económica mediante el control total de la economía, -divisa, importación, exportación, producción, precios, otros-; expropiar-expoliar bienes de la población; desmantelar el servicio de salud pública y ahogar el de salud privada; arruinar las vías de comunicación y la infraestructura de servicios básicos por falta de mantenimiento o mantenimiento con materiales de la peor calidad, otros; para sumir a la población en la incertidumbre, el abatimiento y la desesperanza, por la carencia de seguridad, recursos económicos, alimentos, medicinas, agua, electricidad, transporte público y privado, empleos no relacionados con el régimen, otros.

La guerra convencional es sustituida por una que, no por ser no convencional, es menos cruenta que aquélla, los relatos de las innumerables personas encarceladas, torturadas, perseguidas, discriminadas, arruinadas o sus familiares asesinados por el régimen o fallecido por inanición, o por ausencia de medicinas o falta de atención médica adecuada no son menos aterradoras que los ocurridos durante la II Guerra Mundial, solo que, no se conocen en su dimensión real por haber sido la libertad de expresión aplastada por el miedo, la desaparición de medios de comunicación independientes y la propaganda del régimen que crea una realidad virtual, donde el odio y la mentira dan paso al pensamiento único. En la medida en que se incrementa el espionaje-delación-represión y se profundiza la miseria moral y material se intensifica el éxodo.

La legitimidad del régimen se sustenta en las sistemáticas elecciones no democráticas, la arbitrariedad y el poder represivo del Estado-partido que lo ejerce con extrema crueldad para anular cualquier disidencia o intento de restituir la democracia. En caso de que algún Órgano del Poder Público estuviere en manos de la oposición, sería un Poder sin poder, sin capacidad de que sus actos sean acatados y ejecutados por las instituciones del Estado-partido, construido con el adoctrinamiento y la corrupción que aseguran la lealtad de sus integrantes, que sólo atienden a la nomenclatura totalitaria que sin límites ni moral exhibe su poder de fuego, en especial cuando se siente amenazado. A lo anterior se adiciona el narcotráfico y las relaciones con grupos terroristas.

En un contexto como el descrito pretender el restablecimiento de la democracia por medios democráticos, exhortaciones al régimen a respetar el Estado de Derecho, o la aplicación de sanciones que contribuyan a depauperar más la población que no se libera, no porque no quiere sino porque no puede, es una utopía. Es hora de que los criterios y mecanismos para garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana también evolucionen y que la comunidad internacional democrática, para detener la expansión totalitaria del Siglo XXI que amenaza la democracia en el mundo entero, en vez de pretender que la población sojuzgada se inmole inútilmente, enfrenten el poder totalitario con un poder capaz de derrotarlo. 

Elinor Montes
@Elinormontes

JOSÉ RAFAEL AVENDAÑO TIMAURY, ESPEJO


     Comenzamos la cotidianidad del nuevo año con elección de nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. De igual modo el próximo jueves se juramentará el ilegítimo ante la ilegítima asamblea nacional constituyente. Dos actos políticos írritos que tendrán consecuencias en el desarrollo y culminación de la Crisis Nacional. Los dados (¿cargados?) están rodando y veremos ineluctablemente los primeros resultados.

     He citado en muchas oportunidades que los hechos históricos significan (por lo menos) un antecedente que es necesario tomar en cuenta en las coyunturas políticas que se presentan. Se trata de una referencia importantísima para ponderarla con sindéresis.

     El año 2002 fue testigo inédito de la inusitada presencia popular en las calles de Venezuela donde se testimoniaba la protesta activa por parte de la ciudadanía ante los potenciales ataques totalitarios emprendidos por el gobierno. Potenciales porque significaron el inicio de lo que sería conducta habitual de la dictadura emergente.

     En aquel año la toma de la calle de manera protestataria no tenía ningún parangón en la historia política. Lo más parecido sucedió con las manifestaciones callejeras presentadas en el primer semestre de 1936 a raíz de la muerte del dictador de entonces. En aquellos primeros meses naufragaron las legítimas pretensiones del pueblo venezolano de obtener un auténtico régimen republicano y democrático a carta cabal y sin eufemismos. Naufragó (como lo señaláramos en el artículo de la semana anterior) como consecuencia del diálogo y negociación política emprendida entre los emergentes dirigentes políticos jóvenes con la cabeza del poder ejecutivo. Aquella inútil e infructuosa negociación significo que el gobierno ganara tiempo para solidificarse a cabalidad. La oscura transición duró diez años.
  
      Los críticos al proceso iniciado el 18 de octubre de 1945 señalan que el golpe militar, o “revolución”, impidió que la transición (mediante el voto popular) se realizase en 1950. Es decir, quince años después de la desaparición física de Gómez. Esta pretendida transición defendida por los áulicos defensores del régimen derrocado no está verdaderamente documentada. Se trata de simples suposiciones. Lo cierto fue que en 1945 se fraguó la implementación constitucional del voto global y republicano para los mayores de 18 años; hombres y mujeres, independientemente de que supieran leer y escribir. El primer gobierno producto de ésta inequívoca voluntad popular apenas duró 8 meses. El gobierno fue derrocado por muchos milicos que tuvieron actividad importante a partir de octubre de 1945. La dictadura militar emergente duró casi diez años. Fue, a su vez, derrocada por el pueblo y las Fuerzas Armadas Nacionales actuando al alimón y en concordancia plena.
     
     Todos sabemos que los espejos tienen como función principalisima la de reflejar el rostro de quien da la cara. Los compatriotas tenemos en este importante y esperanzador mes de enero nuevas expectativas para afrontar la insostenible crisis económica, política y social que nos mantiene sumidos en el pantanoso “hábitat” de miseria y mal vivir.

     Cuando concluyo estas líneas no se ha manifestado ninguna opción o propuesta política concreta emanada por partidos u organizaciones opositoras para enfrentar la conocida juramentación del inefable dictador. Cuyo continuismo (por ahora) deberá finalizar en enero de 2025. Me parece que más que una insensatez –por parte de la oposición organizada- es una auténtica irresponsabilidad de quienes se auto arrogan la condición de líderes populares. Esta irresponsabilidad no es otra cosa que la reiteración de continuos errores políticos cometidos. Realizados por causa y falta de idoneidad, conformismo o de mera y simple cobardía. En cualesquiera de sus formas. Bien sea por acción, u omisión.

     Nos encontramos entonces a apenas tres días para la coronación de la ignominia. He venido, de manera recurrente, planteando la necesidad de ejercer una acción política viable. El llamamiento o declaratoria de una Huelga General y/o Paro General de veinticuatro horas para hacer patente el profundo desagrado de la ciudadanía. La oposición al continuismo madurista se encuentra tan generalizada que no hace falta rebuscar sesudas argumentaciones para promover la huelga. Las “condiciones objetivas” –ya lo hemos reiterado en innumerables ocasiones- están dadas. No es necesario lucubrar ni exprimir la “sesera” con la finalidad de parir exquisitas argumentaciones.

      Si en definitiva la actual dirigencia política opositora se abstiene de promover alguna actividad combativa y cívica para enfrentar la tiranía. Cediéndole la iniciativa (tal como ha ocurrido en los últimos 18 años) a las huestes gobierneras; no le quedará otra opción, a la ciudadanía, que la de promover y alentar nuevos liderazgos. Contentivos de capacidad política a todo evento. Con resolución para confrontar al miedo a través de la gozosa audacia de vencerlo. Perder el miedo significa -entre otras cosas- enfrentar la asesina y cotidiana represión gubernamental. Con el agravante -en ciernes- de ser profundizada. Pero también significa señalar con valentía que la actividad de los opositores que promueven el diálogo y la negociación política con el gobierno (en esta etapa) como única vía para enfrentar al despotismo; no es otra cosa, que una docilidad vergonzante ante el dictador. Un craso error político (por acción u omisión) cuya adjetivación no puede ser otra que la de “colaboracionismo” pura y simple. Muy similar, (el término y las consecuencias) a la asumida por el gobierno francés del Mariscal Pétain, ante los nazis, una vez ocupada y vencida Francia por la tropas del Tercer Reich en la II Guerra Mundial.

     Es tan lóbrega la situación venezolana que ha pasado “bajo la mesa” una noticia que no ha merecido comentario alguno por parte de la opinión pública. Se trata de una información suministrada por el representante de la Defensa del Reino Unido. Donde señala que el gobierno de ese país está estudiando la factibilidad de procurar e instaurar –nuevamente- la presencia de la Flota Inglesa en diversas áreas del mundo. En Particular en el Caribe. En una especie de rediviva acción geopolítica tendente a resucitar el caduco imperialismo inglés luego de su desaparición casi forzosa aunque natural por obsoleta. Señala que la presencia en “el Caribe” sería en territorio guyanés. No sé si el vocero de la “Pérfida Albión” sabe que Guyana no está propiamente en el Caribe. Sino en costa atlántica. Aunque esa pretendida base militar -de constituirse- podría actuar  de manera jaquetona en el área del Caribe. Apuntala, de paso, la usurpación de soberanía que mantiene en las Islas Malvinas y cuya legitimidad corresponde a la Argentina. En todo caso, es un propósito que no puede pasar desapercibido por parte de los venezolanos y del gobierno -cualesquiera que sea- que nos represente como Estado.

     Esta hipótesis está indisolublemente consustanciada con el rol asignado a la Fuerza Armada Nacional. Si el gobierno guyanés accede a permitir la construcción de una base militar inglesa en su territorio; sería, en principio, un tema susceptible a ser ponderado por Venezuela. Si la construcción de la precitada Base, por lo contrario, se hace en el Esequibo; entonces, este si sería un acto no solamente inamistoso; sino de guerra tácita subyacente. La única opción para Venezuela sería la de ocupar militarmente el Esequibo para impedir el inaceptable despropósito. Cuyas consecuencias son perfectamente predecibles. Por lo demás sería, de igual modo, un craso desconocimiento a lo aceptado por el gobierno inglés en las clausulas contentivas del Laudo Arbitral suscrito el pasado siglo con motivo a la independencia de Guyana.

     La inclusión de los dos últimos párrafos anteriores en el artículo fue debidamente ponderada. Aparentemente constituiría un error señalar en este escrito dos aspectos importantes pero no recomendables por razones de “conveniencia política”. Decidí hacerlo -sin embargo- por la sencilla razón de que se trata de dos amenazas gravísimas. Una –hay que reiterarlo- se encuentra en pleno desarrollo. El comienzo del fin será formalmente dentro de tres días. Es decir el 10 de enero. La resolución definitiva del problema habrá de acontecer en el transcurso del año. El segundo aspecto podría también producirse en este lapso. Ambos poseen una intimidación que incide de manera global sobre la Soberanía Nacional. El primero abarca la “soberanía republicana”. Donde está en juego la concepción del Estado como está pautado en la Constitución Nacional (Artículos 333 y 350). El segundo vulnera la “soberanía territorial”. En ambos le corresponde al Estado actuar en consecuencia (Título VII. De la seguridad de la Nación. Capítulos I, II, III y IV. Artículos 322 al 332. Constitución Nacional)… En la resolución de estos cometidos juega un importante rol la Fuerza Armada Nacional.

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