1.- Entre la elección de la Asamblea Nacional del año 2015 y la expiración de su período constitucional el pasado 5 de enero de 2021, se sucedieron eventos y produjeron determinaciones, dentro y fuera del país, que han incidido en la configuración actual de la crisis venezolana: elección de magistrados express; declaración de desacato de la Asamblea Nacional e inhabilitación de sus funciones; declaración de abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro; activación ciudadana del procedimiento de restablecimiento constitucional el 1º de junio de 2017; protestas; crímenes de lesa humanidad; designación de magistrados legítimos; lesiones a la soberanía popular mediante proceso constituyente y elecciones espurias de cargos; diálogos; Resoluciones de la OEA y Unión Europea; decisiones diplomáticas y económicas de diferentes gobiernos; denuncias formales de diferentes gobiernos al régimen que detenta el poder en Venezuela ante la Corte Penal Internacional; ejecución de Oscar Pérez y sus acompañantes; sucesos del 30 de abril de 2019; Operación Gedeón; entre tantos eventos y episodios traducidos en un incuantificable saldo de fallecidos, torturados, encarcelados, desaparecidos, enfermos sin esperanza, lesionados, expropiados, exiliados y forzados caminantes. Una nación sumergida en el caos, la tragedia, el hambre, el dolor y la abyección de unos usurpadores del poder y de nuestras vidas. Y de un liderazgo opositor que todos estos años solo ha dado como justificación que “luchamos contra criminales”.
Al final de 2021, observamos -con el diálogo de México, las decisiones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el evento del 21N de por medio- que las acciones de quienes han representado hasta ahora a la oposición democrática –y, obviamente, la de los cabecillas del régimen- no pueden estar más separadas de las aspiraciones y de los objetivos de los venezolanos. Desde lo cumplido por la Asamblea Nacional que se eligió en el año 2015, pasando por cada una las soluciones antidemocráticas impuestas por el régimen que detenta el poder en Venezuela, hasta las salidas auspiciadas –vía resoluciones, diálogos, negociaciones o sanciones- por la comunidad internacional, la realidad venezolana y los venezolanos hemos registrado –con asombro y justa preocupación- una imperdonable ausencia de participación real y atención efectiva de la ciudadanía en la resolución de “un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce” (Carta de Bolívar a Santander, octubre de 1826).
2.- La problemática constitucional, democrática e institucional de Venezuela, desde lo interno e internacional, ha sido abordada con diversas iniciativas, todas tendentes a cumplir una hoja de ruta viable para superar una crisis con consecuencias supranacionales, más allá de los componentes geopolíticos presentes. Así, luego del 10 de enero de 2019 (finalización del período presidencial), se reconoció como Presidente Interino al Presidente de la Asamblea Nacional, el entonces diputado Juan Guaidó Márquez, por parte de diferentes e importantes gobiernos del mundo; se sancionó el denominado “Estatuto para la Transición”, por parte de la Asamblea Nacional; el Departamento de Estado de los EEUU presentó el denominado “Marco para la Transición Democrática en Venezuela”, el cual, ofrecía una solución a las sanciones impuestas por este gobierno a las actividades desplegadas por quienes detentan el poder en nuestro país, a cambio de la verificación paulatina de medidas políticas, a cumplirse con las debidas garantías, para así superar el conflicto con el estado venezolano. El 23 de Junio de 2021, la Conferencia Episcopal Venezolana presentó al país su idea de Refundar la Nación, lo que muy sabiamente desentrañó nuestro Obispo Emérito, Ovidio Pérez Morales, al hablar de la Refundación Constituyente. Hace dos días, en el evento auspiciado por el gobierno de EE.UU. y denominado “Cumbre Mundial por la Democracia”, el reconocido Presidente Interino, Juan Guaidó Márquez, presentó sus cinco (5) líneas para salvar la democracia en Venezuela, siendo una de ellas el “comprometerse con una solución política inclusiva y negociada, que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad”.
3.- El 7 de septiembre de 2020, en el marco del “Pacto Unitario” de las fuerzas democráticas, se estimuló la presentación de propuestas de todos los sectores de la vida nacional para superar la crisis. ANCO, expresión de la sociedad civil organizada venezolana, dio forma y contenido a la propuesta denominada Consulta Popular 2020, la cual, se llevó a cabo entre el 7 al 12 de diciembre del pasado año. En dicho evento, de manera clara, bajo organización y participación ciudadana, se determinó: "el cese de la usurpación de los poderes públicos", "el rechazo al fraude electoral del 6 de diciembre de 2020", y el "apoyo de la comunidad internacional para la celebración de elecciones libres". Específicamente, respecto de esta determinación ciudadana, mediante Acuerdo Legislativo de fecha 3 de enero de 2021, la Asamblea Nacional se atribuyó la potestad de ejecutar las acciones derivadas de la misma. Esto también ocurrió de cara a la Consulta Popular del 16 de julio de 2017, cuando la ciudadanía advirtió nítidamente que se requería "la reorganización de los poderes públicos" para la realización de "elecciones libres", y la AN, mediante Acuerdo Legislativo de fecha 18 de julio de 2017, asumió las “tareas de restablecimiento constitucional ordenadas por el pueblo”. En cuanto a la organización ciudadana y masiva participación, estas experiencias fueron un rotundo éxito; más, en cuanto a la sujeción del liderazgo a estas determinaciones, un evidente fracaso.
La desatención de ambas iniciativas constitucionales, propias de la soberanía popular -y las primeras realizadas en ejercicio protagónico del poder originario (Art.1, 5, 62, 70 y 333 constitucionales)-, por parte del liderazgo político de los últimos años, da cuenta, más allá de ideologías y colores partidistas, de un empeño en controlar la ejecución de las acciones, antes que estructurar de manera atinada y secuencial las actividades necesarias para la deposición de un régimen abyecto, sin parangón ni antecedentes en nuestra historia. Los venezolanos no podemos seguir dejando en reducidas ni extrañas manos la gestión de un asunto en el que todos tenemos nuestras vidas absolutamente comprometidas.
4.- La “Refundación de la Nación”, la “Refundación Constituyente” y la “solución política inclusiva que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad”, son nociones e iniciativas que sólo son posibles en una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, asunto en el que ha venido insistiendo ANCO de manera inveterada.
Esta instancia, aparte de encarar con fuerza constitucional y con cabal representación de todos los sectores (Bases Comiciales plurales), los asuntos relativos a la usurpación y el desconocimiento de las instituciones venezolanas en el ámbito de la comunidad internacional -por citar algunas de las bondades de la tesis constituyente (Arts. 347, 348 y 349 constitucionales), que no se aprecian en otras iniciativas de solución-, puede sortear dos obstáculos fundamentales para tramitar una solución incruenta en Venezuela:
a) La designación -conforme al poder constituido (usurpado)- de un árbitro electoral confiable.
Siendo innegable, bajo la vigente Constitución, el derecho del pueblo a desatar y ejercer sus poderes creadores y originarios, ANCO ha venido planteando que la vía electoral, desprovista de tal carácter originario, participativo, protagónico y restablecedor (Preámbulo; Arts. 1, 5, 62, 70 y 333 constitucionales), que requiere cualquier iniciativa afincada en la soberanía popular y que deba ser ejecutada en la Venezuela de hoy, puede verse desvanecida, como se han desvanecido todas y cada una de las fórmulas que han tenido como organizador al régimen, vía CNE.
Quienes, más allá de la retórica interna e internacional, desean producir una auténtica y rápida solución a la crisis venezolana, deben apoyar, firmemente y sin ambages, el ejercicio de nuestra autodeterminación, en un proceso desatado, impulsado, organizado y llevado a cabo por el liderazgo colectivo (voluntad general de la nación), sin que medie para ello la intervención del Consejo Nacional Electoral, salvo en condición de auxiliar. Estos principios jurídicos se encuentran recogidos en dos (2) Leyes vigentes: La Ley Orgánica de la Justicia de Paz y la Ley de Consejos Comunales, textos normativos que plantean la elección de autoridades electorales ciudadanas, para que a su vez, ellas, puedan organizar la elección de jueces de paz y voceros de consejos comunales, y así poder ejercer derechos constitucionales vinculados a la participación ciudadana: impartir justicia en el ámbito local y desarrollar actividades de gobierno comunal. Ambas iniciativas de participación ciudadana y protagonismo del pueblo (Art. 62 y 70 constitucionales), como se conoce en la práctica común, están excluidas de las directrices del CNE.
b) El financiamiento de las actividades electorales y refrendarias, siendo que la Constitución vigente prohíbe el financiamiento público de estas actividades.
Las actividades que deben cumplirse desde el inicio de la designación de las autoridades electorales ciudadanas, hasta la extensión de las credenciales de los constituyentistas por parte de la Autoridad Electoral Nacional previamente seleccionada -según idéntico requerimientos para designar Rectores conforme a la Constitución-, deben ser financiadas con cargo a la disposición de recursos venezolanos retenidos por gobiernos extranjeros. En cuanto al necesario financiamiento de la autodeterminación venezolana, lo que no debe pasar es, que de manera subrepticia y desde la usurpación, se financien estas actividades, generándose sospechas y denuncias como las que hemos conocido en ocasión de los gastos de “campañas” de eventos electorales sin garantías en los últimos años, en una nación cuyos empresarios y habitantes se quejan de la deplorable, profunda y prolongada crisis económica que aflige y padece nuestro país. Debe quedar claro, que sólo tenemos la opción de refundarnos bajo un proceso que sea referente y modelo de verdadero compromiso, valores y principios éticos y morales, de garantías evidentes, de contraloría del ciudadano en la administración de los recursos financiados, y bajo escrutinio y observación internacional.
5.- ANCO ha preparado esta versión más actualizada de su propuesta constituyente desde el sano, pero firme y absoluto, rechazo a tres consideraciones que surgen del análisis de experimentados y menos experimentados dirigentes: a) Debemos prolongar nuestro sufrimiento hasta 2024; b) Sólo es posible la opción sangrienta para superar la crisis; y, c) Nuestra nación carece actualmente del pueblo y del liderazgo para salvarse a sí misma.
Venezuela posee una tradición libertaria, republicana y democrática suficiente para saber fijar el objetivo que la conduzca a su salvación. Desde ANCO deseamos que este planteamiento ocupe la atención de todos, y que su fundamento, sus bases comiciales y su cronograma, sean discutidos y enriquecidos en los próximos días, ya que, nuestra propuesta solo plantea como condición sine qua non su ejecución entre todos, bajo participación protagónica de la ciudadanía, conscientes de que, juntos, llegaremos más lejos.
A pesar de que podemos presentar, en las actuales circunstancias históricas, un déficit de desarrollo ciudadano y de liderazgo transformacional, propiciado con saña por todos aquellos que han medrado de la desviación representativa de las últimas décadas, dicho déficit podemos superarlo -y lo vamos a superar- por el bien de nuestra nación. En este sentido, resulta importante destacar que las naciones en el mundo actual, ante retos tan complejos, novedosos, que requieren alta capacidad técnica, científica y organizacional, para superarlos apelan a sus ciudadanos, a su compromiso, preparación, visión y patriotismo. De allí, que la sobrevivencia de las naciones se encuentre atada en el futuro a una alta y desarrollada institucionalidad ciudadana y de su liderazgo, capaz de asegurar el ejercicio responsable (bajo reglas) y compartido (controlado) del poder. ¡Los venezolanos podemos hacerlo!
Sabemos que existe una gran demanda de solución en todos los órdenes de la vida de los venezolanos, y que esa demanda debe ser satisfecha “para ayer”. Allí tenemos nuestros ojos, nuestro compromiso y nuestra fe puestos. Nos ha guiado a lo largo de estos años la convicción de que debe existir absoluta congruencia entre la entidad del mal que padecemos y las acciones que deben verificarse para su superación. Por eso, invocando a Dios Todopoderoso y pidiéndole aliento, sabiduría y desprendimiento para todos los venezolanos, presentamos a la nación, y a los hombres y mujeres de bien de la Comunidad Internacional, esta solución, cimentada en el “punto de apoyo común” (nuestra Constitución vigente), con la intención de iniciar un EFICAZ MOVIMIENTO DE CAMBIO que pueda impedir que transcurra un año más sin acometer las tareas que demanda la urgencia del pueblo venezolano; y, sin dejar espacio para la duda, comenzar de inmediato a liderar, entre todos, el digno y honroso PROCESO DE REFUNDACIÓN CONSTITUYENTE que reclama la historia y el futuro de Venezuela.
¡QUE EL PUEBLO DECIDA!
“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.” Simón Bolívar (Carta dirigida a Santander, octubre de 1826)
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