El anuncio de que el gobierno de Joe Biden aliviaría algunas sanciones que pesan sobre el gobierno de Venezuela ha generado, desde el pasado martes 17 de mayo, una gran polémica entre partidarios y detractores de la medida aplicada desde 2017 por el entonces presidente Donald Trump. Según trascendió, la intención de Estados Unidos ha sido ofrecer un “gesto de buena voluntad” a Maduro para que el gobierno regrese a la mesa de negociaciones iniciada en México el año pasado y fue suspendida por la representación oficialista en octubre pasado, con la excusa de la extradición de Alex Saab.
Por ahora, los gestos de buena voluntad de parte del gobierno de Biden se han limitado a la promesa de retirar de la lista de sancionados a Carlos Malpica Flores, exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa y sobrino de Cilia Flores, aunque hasta ahora formalmente no se ha ratificado tal decisión.
Es así como en el presente momento hay movimientos y conversaciones permanentes entre los delegados del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno venezolano y los representantes de la oposición para retomar la negociación en México bajo las mismas condiciones con las que se inició, o sea, sin el “reseteo” de agendas y partes que el gobierno pretendía. Si bien es cierto que Maduro no logró “resetear” el diálogo, resulta inevitable que mantenga en paralelo conversaciones internas -fuera de la mesa- con otros actores políticos y sociales, en un intento por continuar con su estrategia de dividir para vencer. El interés del gobierno norteamericano es que si Maduro quiere avanzar en el levantamiento de las sanciones, tiene que aceptar las condiciones establecidas previamente en la capital mexicana, que son las que Gerardo Blyde, quien encabeza las negociaciones en representación de la oposición, ha defendido. Si el gobierno se negara a avanzar bajo tales condiciones, el gobierno venezolano estaría renunciando a la oportunidad que se le abre para alcanzar algunos acuerdos con los Estados Unidos, porque es al equipo que representa a Guaidó con el que las autoridades norteamericanas tienen conexión y continúan apoyando en este proceso. Asimismo, el régimen sabe que el tiempo apremia porque en noviembre se realizarán las elecciones de medio término en la potencia del norte, las cuales seguramente ganarán los republicanos y la situación será más complicada para lograr alguna relajación de las sanciones.
Bajo esa circunstancia pareciera que el diálogo está próximo a reactivarse, aunque hay ciertas contradicciones por parte de la representación oficialista que insiste en reclamar la presencia de Saab, lo que indica que su situación sigue importando al gobierno, o al menos, seguirá manteniéndose como la excusa para levantarse nuevamente de la mesa cuando el proceso alcance la etapa en que se hace ineludible concretar acuerdos.
En todo caso, las expectativas sobre México son limitadas, toda vez que fuera de la mesa el gobierno ha demostrado con creces que no está dispuesto a negociar su control del poder a través de la reinstitucionalización, como quedó demostrado en la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y más recientemente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El gobierno hasta ahora pareciera centrase en fortalecer su posición de cara a la elección de 2024, y no en tomar ningún riesgo que implique avanzar en cualquier posibilidad de transición, y si se viese obligado a ceder algo en ese sentido, por lo menos tiene el control de esos organismos que son clave para evitar que un proceso de este tipo pueda avanzar.
La deuda electoral del CNE
En medio de esta situación, donde el foco debería centrarse en el objetivo fundamental que es apuntar hacia la democratización del país mediante un proceso de elecciones libres, transparentes y justas, uno de los temas que ha destacado en los últimos días es el de la necesidad de garantizar el derecho al voto a aquellos venezolanos que viven en el exterior.
Recientemente sorprendieron unas declaraciones del rector Enrique Márquez, quien declaró la imposibilidad de generar mecanismos para que los venezolanos puedan votar en el exterior si no se alcanza un acuerdo entre el gobierno y la oposición; aunque se trata de un derecho consagrado en la Constitución, cuyo ejercicio corresponde garantizar al CNE.
La posición del gobierno en la actualidad es mantener el bloqueo contra el voto en el exterior, considerando que la gran mayoría de los que se fueron de Venezuela se oponen al oficialismo, y por ello es predecible que mantengan la misma posición, y mucho más si, como dice Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, están saliendo del país unas 1.400 personas al día, lo cual se traduciría en una importante migración del voto opositor. Esa podría ser la explicación. Además, el reciente anuncio del SAIME según el cual en agosto estarán entregando los pasaportes a las horas de ser solicitado, en parte, demuestra que les conviene facilitar la salida de la gente que no está de acuerdo con el gobierno.
Paralelamente, el otro rector de la oposición, Roberto Picón, también se habría mostrado contrario al voto en el exterior porque la mayoría no tiene residencia permanente en los países donde se ha radicado, sino permisos de temporalidad, lo que en nada debería afectar los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos que residen de manera temporal o permanente en el exterior.
Según alertó Súmate, organización no gubernamental especializada en temas electorales, alrededor de 10 millones de venezolanos están impedidos de votar por tres razones fundamentales: la diáspora, el retraso en la inscripción de ciudadanos mayores de 18 años y migraciones hechas por el CNE de manera inconsulta y arbitraria en 2020. El voto en el exterior podría representar entre 15% y 18% de la población electoral, un porcentaje que sin duda repercutiría en cualquier proceso electoral.
Primarias: ¿Con o sin CNE?
Para la dispersa oposición venezolana, ir a un proceso de primarias luce inevitable. Es parte de lo que se discutió en el cónclave opositor recientemente efectuado en Panamá, donde la Plataforma Unitaria consideró la necesidad de aumentar la decena de partidos que la conforman a unos treinta, que incluyen a los partidos minoritarios de oposición, pero no a los partidos paralelos producto de la intervención judicial de Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática.
Uno de los aspectos clave es quién organizará las Primarias, y el otro, es que se haga una sola jornada, en lugar de varias como pareciera ser hoy la intención de algunos actores políticos. Tomando en cuenta el bajo nivel de confianza en el CNE, si este las organiza es muy probable que se produzca una muy alta abstención, sobre todo entre la oposición dura que es la que participaría mayoritariamente en este tipo de evento, porque se percibiría que es el gobierno el que está eligiendo a su candidato. Sería una primaria pobre. Y seguramente habrá múltiples actores que, al no reconocer al organismo electoral, lanzarían su candidatura por fuera de la primaria, aunque es predecible que esto también ocurra con una primaria organizada fuera del CNE, con menos probabilidades de éxito para quienes quieran inscribir su candidatura sin pasar por una primaria cuyo objetivo debe ser el de generar un candidato con legitimidad que polarice la elección con Maduro. Al parecer, en el presente momento, Henrique Capriles, Henri Falcón, Manuel Rosales, Antonio Ecarri, además de los miembros de Fuerza Vecinal y la Alianza Democrática, estarían entre los actores alineados con que sea el CNE quien organice la primaria.
Pero, si no es el CNE, la pregunta es qué organismo podría encargarse de una tarea tan complicada. No existe un organismo de la sociedad con capacidad para montar la estructura necesaria por sí sola, pero sí podrían hacerlo si suman esfuerzos.
En cuanto al momento ideal para la realización de las primarias, se habla de hacerlas entre el primer y segundo trimestre de 2023, ante el hecho de que no hay garantía de que la elección presidencial se haga a finales de 2024, como sucedió en la última elección presidencial celebrada en mayo de 2018. Normalmente, un candidato -para organizar comando y campaña con sentido-, necesita entre 8 y 12 meses; menos puede ser poco. A esto se suma el hecho de que, a pesar de lo que muchos claman de que primero hay que organizar a la oposición, la realidad nos ha enseñado que la oposición no funciona así, y la organización para lo electoral se emprende a partir del momento en que alguien se convierte en el referente, en el centro de gravedad, y eso no va a ocurrir hasta que no exista un candidato que goce del apoyo inequívoco de la mayoría.
Como consecuencia del gesto de “buena voluntad” por parte del gobierno de Biden que autorizaría a la petrolera Chevron para que inicie conversaciones con PDVSA con miras a actividades futuras, el gobierno venezolano habría accedido a regresar a la mesa de negociación en México con mediación internacional.
Conclusiones
Maduro no logró resetear el diálogo como se lo había planteado, es decir, cambiar la agenda y los actores alrededor de la mesa, pero mantiene su proceso de conversaciones en casa con lo que él llama las otras oposiciones y algunos actores económicos y de la sociedad civil. Con ello mantiene su estrategia de fraccionamiento de los sectores que le adversan.
En todo caso, está por verse si efectivamente se reanudan las conversaciones facilitadas por Noruega, aunque las expectativas de eventuales resultados no son muy altas. El gobierno sigue buscando el alivio y eliminación de sanciones, pero con menos presión porque ha venido sorteándolas a través de distintos mecanismos y la mejora en la producción y cotización petrolera. Uno de los aspectos que le ha ayudado han sido las alianzas con países amigos, como es el caso de Irán.
Mientras tanto, la oposición comienza a reagruparse y se plantea ahora impulsar un mecanismo de legitimación de un liderazgo unitario a través de una elección primaria, que podría ser exitosa o no dependiendo de factores como la entidad que se encargará de organizarlas, el método que se use, las reglas de participación y el momento en que se realizarán. Es, sin duda, una definición estratégica, de la cual depende que la dirigencia opositora retome agenda y pueda conducir iniciativas que saquen al país del letargo político.
Benigno Alarcón Deza
Benigno Alarcón
@benalarcon
@centrogumilla
Venezuela
Director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.
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