EL REPUBLICANO LIBERAL II - DIARIO DE OPINIÓN - NACIONALES – INTERNACIONALES -EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS, TWITTER Y/O PAGINAS WEB QUE SEGUIMOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, - ACOMPAÑAMOS LA GESTIÓN DE LAS FUERZAS OPOSITORAS Y DISIDENTES EN EL PROCESO DE LOGRAR UNA DEMOCRACIA REAL MEDIANTE LA UNIDAD CIUDADANA Y SU ORGANIZACIÓN EN UNA NUEVA MAYORÍA EN LUCHA CON MORAL DE VICTORIA.
lunes, 22 de febrero de 2021
BEATRIZ DE MAJO, ¿ES ESTA LA MEJOR HORA DE MIRAFLORES?, SOBREDOSIS
Los Estados Unidos se retiraron del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2018, bajo la presidencia de
Donald Trump, con el argumento de que este órgano mantenía una posición sesgada
en cuanto a Israel. Sin embargo Washington dejó claro, en esa ocasión, otra
seria reserva de su parte en relación al Consejo, que tenía que ver con la
presencia en su seno de países violadores irredentos de Derechos Humanos como
China, Cuba y Venezuela.
Hace unos días el Secretario de Estado de la nueva
administración de Joe Biden anunció el retorno de su país, en calidad de
observador, a este Consejo que se reúne anualmente, argumentando la decisión
estadounidense de retomar una política exterior centrada en democracia,
derechos humanos e igualdad. Explayándose más en el tema, el responsable de la
diplomacia de la primera potencia mundial aseguró que el retiro de los Estados
Unidos de este órgano generó “un vacío que países con agendas autoritarias han
usado en su favor. Estados Unidos deben sentarse en esa mesa y utilizar el peso
completo de su liderazgo diplomático para atender la deficiencias del Consejo y
para asegurarse el cumplimiento de su mandato”.
En los corrillos de la organización mundial ya es un
hecho comentado que los Estados Unidos tienen como objetivo comenzar a formar
parte de los 47 países que integran el Consejo a raíz de la Asamblea General de
Naciones Unidas que tendrá lugar en otoño de este 2021. Organizaciones
temáticas privadas de ese país se han manifestado con receptividad en torno a esta
buena nueva y organizaciones globales independientes por igual, para secundar
la iniciativa del Departamento de Estado de provocar una transformación
profunda del órgano multilateral. Human Rights Watch y The Heritage Foundation
así lo han hecho saber, por ejemplo. Esta pareciera ser, pues, una de las
primeras acciones de la política externa de la nueva administración de los
Estados Unidos y uno de sus pilares fundamentales a los que se prestará
atención en una primera etapa, a pesar de que la gran potencia tiene fuegos
prendidos en buena cantidad de regiones del planeta.
La próxima reunión anual del Consejo comenzó ayer y
estará sesionando durante un mes. El plato fuerte de este año será, como es
sensato pensar, es el tema relacionado con los derechos de los individuos en la
situación de pandemia que aqueja al planeta, sin olvidar las crisis
humanitarias preexistentes y sin dejar de lado los temas centrales de este
órgano defensor de los derechos humanos. Michelle Bachellet, la alta
comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el primer día de sesiones,
hará un repaso a la situación global de las libertades fundamentales.
A ninguno de las delegaciones allí presentes se le
escapa la letra de los informes presentados por esta comisionada en los que Venezuela
y su régimen salen muy mal parados. Y de
seguro Humans Right Watch – organización no gubernamental e independiente- se habrá encargado de que en cada carpeta de
los participantes se incluya una copia de su reporte 2021 sobre la Venezuela
madurista en el que textualmente se lee lo siguiente : “ hay una preocupación
persistente relacionada con la brutalidad en las prácticas policiales,
condiciones inhumanas de encarcelamiento, impunidad por la violación de los
derechos humanos, falta de independencia judicial, persecución a los defensores de derechos
humanos y de los medios independientes”.
También los asistentes tendrán acceso al informe de
octubre pasado del Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el que
se da cuenta de los 5,5 millones de venezolanos que han dejado el país
atribuyéndole el éxodo a la “crisis política, económica, humanitaria y de
derechos humanos” que experimenta Venezuela.
Con todos estos elementos en el decorado de este
importantísimo encuentro, Nicolás Maduro ha encontrado que ha llegado su
momento para dirigirse a los miembros del Consejo. No es posible encontrar una
explicación razonable para tal desmesura, como no sea el deseo de hacer causa
común con países socios que acaban de iniciarse el 1 de enero como miembros del
Consejo: México Cuba, China y Rusia, todo ello en la espera que ello pueda
servir de contrapeso a la pro-actividad que los Estados Unidos van
indefectiblemente a mostrar en contra de la barbarie venezolana.
La guinda de la
torta acaba de ser agregada por el Consejo de la Unión Europea quien ha dado a
conocer, hace apenas horas, las sanciones decididas por los 27 del Viejo
Continente a 19 líderes del gobierno de Nicolás Maduro. Los motivos están
relacionados con “irrespeto de los derechos electorales de la oposición y el
funcionamiento democrático de la Asamblea General, además de serias violaciones
a los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales”. Josep
Borrel, Canciller de la Unión Europea estará presente igualmente en este
importante Consejo de la Comisión de Derechos Humanos y tendrá una palabra que
pronunciar en torno a estos temas.
No pareciera ser esta, pues, la mejor hora de
Miraflores.
bdemajo@gmail.com
@BeatrizdeMajo1
España- Venezuela
JEAN PASQUALI, VENEZUELA: ATENDIENDO AL LLAMADO, LA ALTERNATIVA, SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE
La elección de las autoridades de un nuevo gobierno
que pueda ser capaz de mantenerse en el orden constitucional, iniciar la
recuperación de la economía y mantener la aprobación de la población, debe
tener presente y evitar las circunstancias que — a través de los años— han
podido contribuir al desarrollo de la presente crisis.
De las tres capacidades mencionadas en el párrafo
anterior la más exigente es la aprobación del Pueblo. Por esta razón me voy a
apoyar y concentrar mayormente en ella. Si ésta se consigue, las otras
probablemente serán conjuntamente satisfechas. La aprobación del Pueblo puede
derivarse de las opiniones que ha expresado en el pasado, de manera libre; es
decir, no “movilizado” por alguna organización política. Las encuestas han sido
una forma de averiguar que opina sobre ciertos temas un determinado grupo de
personas, en un determinado momento o periodo. Para Venezuela existen
resultados de múltiples encuestas sobre temas políticos a nivel nacional. A los
efectos del tema bajo consideración y, por razones de brevedad, voy a referirme
a los resultados de una de ellas, que fue realizada por la empresa Datanálisis,
publicada en abril de 2019 y su resumen anexado en la figura adjunta.
En relación al orden en que deberían realizarse las
elecciones, es conveniente que comience por el presidente de la República,
quién es Jefe del Estado y es quién puede negociar los empréstitos
indispensables para la recuperación económica. En segundo lugar, es necesario
que tenga lugar la elección de los miembros de la Asamblea Nacional, ya que
dicha asamblea debe aprobar los contratos de interés público. En tercer lugar,
le corresponde la determinación de los miembros del resto de los poderes, según
los procedimientos establecidos (TSJ, CNE etcétera).
Para la elección presidencial y tomando en cuenta los
resultados de la encuesta mencionada, el Pueblo mayoritariamente no apoya, ni
se siente representado, por ningún partido político. Sobre esa base, preferiría
que los precandidatos a ser Presidente —quizás unos cuatro— no hayan sido miembros
de los nueve partidos que han dominado el panorama político del país en los
últimos quince años. Las personas que se sientan con los deseos y la calidad
presidenciable, pudieran probar su aceptación popular recabando firmas o
señales de apoyo de por o menos 10.000 personas; éstos serían los precandidatos
(as).
Si en total
hubiese 20 precandidatos, los 4 con mayor apoyo resultarían ser los candidatos.
Los candidatos prepararían un par de páginas de presentación que incluyan sus
principales logros e ideas, harían dos o tres presentaciones públicas, donde
contestarían preguntas de los otros tres, lo que ayudaría a los ciudadanos (as)
en la determinación de sus preferencias. En las elecciones, los que alcancen el
primer y segundo lugar serán declarados, respectivamente, Presidente y
Vicepresidente. Este tipo de arreglo tiene la intención de evitar que, en esta
ocasión, el Presidente no haya sido miembro de partido alguno porque, al
pertenecer a un partido, podría llegar dispuesto a seleccionar los ministros,
no entre los más preparados del país, sino entre sus compañeros de partido.
Las elecciones no podrán ser organizadas por el
Consejo Nacional Electoral actual debido a que su actuación podría despertar
desconfianza en el electorado, por haber sido elegido éste durante el Gobierno
No Constitucional. El Presidente y el Vicepresidente, determinados por el
Pueblo, deben pedir ayuda internacional (OEA, Naciones Unidas, otros países
etcétera) para que las elecciones cumplan con todas las características que las
hagan libres, transparentes y observables por los países, organizaciones y
personas que así lo deseen. En estas elecciones podrán votar todos los que
tengan Cédula de Identidad de venezolano (a), o Pasaporte o Partida de
Nacimiento. Se utilizarán los métodos que permitan la votación en presencia o a
distancia, para que todos los venezolanos de dieciocho o más años puedan
expresar sus preferencias.
Las elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional
presentan una situación más difícil de resolver, en términos de ser capaz de
mantener la aprobación de los ciudadanos del estado que los han elegido. En
este caso, los asambleístas o diputados no tienen la potestad de nombrar a
personas para cargos y sería injusto no incluir miembros de partidos políticos.
Sin embargo, para esta situación he visualizado un sistema un poco más complejo
que lo usual, que envuelve votos positivos y votos negativos. Los precandidatos
a asambleístas deben probar su aceptación popular con 2.000 firmas o apoyos,
para ser considerados. Una condición adicional propuesta es que cada ciudadano
solo puede dar apoyo a un precandidato. Otra condición adicional es que cada
ciudadano tiene derecho a dos votos; un voto positivo para su candidato de
preferencia (entre los 20 precandidatos, si fuere el caso) y un voto negativo
para el candidato que considere el menos deseable. El total final de votos para
cada precandidato es la suma de votos positivos menos los votos negativos. Los
votos totales determinan quiénes son los diputados ganadores. Esta variante se
introduce para facilitar que el Pueblo propicie la derrota de aquellos que
tienen un historial de mal comportamiento.
Las elecciones de gobernadores y alcaldes pudiesen
llevarse a cabo al mismo tiempo que las de los asambleístas y seguir este mismo
método; ajustando el número de firmas o apoyos populares requeridos para ser
precandidato (a) y permitiendo la participación de gobernadores y alcaldes en
funciones.
Conclusión
Están dadas las condiciones para que el Pueblo y el
presente Gobierno allanen el camino de retorno al orden Constitucional que se
había perdido y hagan posible organizar elecciones libres para la designación
de nuevas autoridades. Las dos partes, con sinergia, pueden contribuir a un fin
superior que favorezca a ambos.
Referencia
Covey, S.R., 2011, The 3rd
Alternative: Solving life’s most difficult problems: New York, Free Press, 513
p.
38jcaj@gmail.com
@JeanPasquali1
Venezuela
CARLOS E. AGUILERA A., LA IRRACIONAL XENOFOBIA ENTRE PUEBLOS BOLIVARIANOS
Los dolorosos sucesos acontecidos en días pasados en
Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina, en los que perdieron la vida
jóvenes venezolan@s, lacera profundamente el alma y corazón de los hijos de la
patria de Bolívar, el hombre que justamente libertó a dichas naciones a
excepción de éstos dos últimos países, tierra de los Próceres San Martín y
O’Learry, respectivamente.
¿Por qué lacera el sentimiento venezolano dichos
sucesos? Pues sencillamente porque se produjeron en el marco de una ignorante
xenofobia, nunca antes vista en América Latina en muchos años, lo cual tiñe las
brillantes páginas de nuestra historia común, en la que hombres y mujeres
lucharon por los ideales de paz, justicia y libertad, esa misma libertad de la
que hoy disfrutan en sus respectivos países, cuyo máximo líder fue Simón
Bolívar,
En Latinoamérica ha comenzado a aparecer la xenofobia,
influida tal vez por la intolerancia en el escenario global y la confrontación
ideológica capitalismo-comunismo, eje de la alineación, que adquieren mayor
presencia y fuerza en estos últimos tiempos, que no es el caso que nos ocupa.
La CEPAl, en una serie de publicaciones referentes a
las Políticas Sociales, refiere que “si bien puede parecer excesiva la
hipótesis de que hemos pasado del conflicto político al conflicto cultural a
escala planetaria (Huntington, 1993), lo cierto es que una vez que tras la
caída del muro de Berlín emergieron conflictos que no son nuevos, pero que
yacían atenuados. Nacionalismos xenofóbicos, fundamentalismos religiosos y
conflictos étnicos pasan hoy a primer plano en la noticia, en la política
nacional e internacional, y en la preocupación de los pueblos. Por un lado se
hacen visibles y, por el otro, recrudecen, como es el tema del presente
artículo.
Entendemos que la xenofobia y los prejuicios raciales
en los países receptores, se ha exacerbado últimamente, con el argumento de que
aumenta el desempleo y se hacen más deficitarios los servicios sociales básicos
provistos por el Estado receptor, lo cual genera contingentes de jóvenes
desocupados y dependientes de la subvención estatal, que con este pretexto
tienden a responsabilizar de su propia situación a los extranjeros que disputan
puestos de trabajo y los beneficios sociales. Pero el fin no justifica los
medios, en esta ocasión, porque los sucesos a que hacemos referencia en párrafo
anterior, tiene otro cariz, y es social, por cuanto los autores de estos
crímenes son delincuentes comunes que
pretenden justificar sus perversos fines y propósitos, con un malévolo pretexto
nacionalista.
Estos dolorosos y sangrientos hechos ha llevado el
tema de la xenofobia al centro de la preocupación, pues la xenofobia ha sido un
vehículo permanente para justificar acciones –bélicas y diplomáticas—y lograr
adhesiones populares frente a conflictos de frontera o soberanía. Las disputas
territoriales, la lucha por la soberanía, la patria y el terruño suelen
confundirse con la xenofobia.
Es importante que los gobiernos, y el sistema político
en general, emitan mensajes claros que aboguen por la tolerancia y la
fraternidad entre países, y por la buena disposición de las autoridades de
Estado, frente a ciudadanos que provienen de otros países con el ánimo de
trabajar y aportar a la diversidad cultural dentro de las fronteras del país
receptor. Los Estados están obligados en estos casos, a informar objetivamente
a la opinión pública con criterios definidos mediante
mensajes centrados primeramente en la promoción de la diversidad cultural y con
ello el potencial aporte de ciudadanos de otros países a la densidad cultural y
del potencial aporte de ciudadanos de otras naciones y latitudes a la densidad
cultural del país. Es necesario que los gobiernos expliquen sobre la
significación de la globalización, entendida como una apertura de fronteras,
integración al mundo y la inter culturización que se genera en consecuencia.
En estos últimos días Venezuela se mantiene
expectante, ante los dolorosos sucesos en los que han perdido la vida
ciudadanos nacidos en su suelo, por la xenofobia irracional que ha encaminado
al odio, desconfianza, hostilidad y rechazo que se manifiesta a diario en el
Perú, llegando al extremo inaudito no solo de la agresión verbal y físico, sino
también al homicidio.
Los gobiernos deben asegurar que sus respuestas no
contribuyan a la xenofobia y a la discriminación racial y deben erradicar la
xenofobia en todas sus políticas y mensajes estatales, como lo afirma E.
Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo,
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.
En este propósito juegan preponderante papel los
medios de comunicación, evitando cuando tocan el tema migratorio, de no crear
un clima psicosocial con el cual los peruanos temen la violencia venezolana y
los migrantes temen ataques xenofóbicos como los que recientemente han ocupado
espacio en sus páginas y en radio y televisión.. No deben olvidar que su papel
preponderante además obviamente de informar, es: formar, educar y orientar. El
amarillismo es pernicioso y en este caso un arma letal que lesiona a la
sociedad.
Carlos E. Aguilera A.,
careduagui@gmail.com
@_toquedediana
Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP-122)
Venezuela
NOEL ÁLVAREZ, ¿GOBIERNO LEGÍTIMO O ILEGÍTIMO?
A lo largo de la historia de la humanidad, las grandes
sociedades se han preocupado por tener una forma de gobierno que esté en
sintonía con sus necesidades. Esto se manifestaba con mucha frecuencia en el
mundo antiguo, con Aristóteles y sus formas puras e impuras de gobierno, como
un ejemplo de lo importante que ha sido el sistema de gobierno desde
monarquías, repúblicas, dictaduras de derecha o de izquierda, democracias,
etc., y sus distintas derivaciones. Cada una de estas formas de gobierno, ha
sido aplicada en distintos países, por distintas circunstancias, ya sea por
cuestiones de tipo religioso, idiosincrático, crisis económicas, vacíos de
poder, falta de liderazgo o guerras. De una u otra manera, la forma de gobierno
adoptada siempre tiende a procurar el beneficio de la sociedad.
Una de esas formas de gobierno, es la democracia, que
etimológicamente significa “el gobierno del pueblo para el pueblo” la que más
se interesa por el bienestar de la sociedad. En el pensamiento político clásico
se consideraba que todo gobierno, no solo debía acceder y permanecer en el
poder mediante procedimientos legales, sino que además era exigible que
concurrieran otros requisitos. El engaño, la mentira o la manifiesta
incompetencia para gestionar el bien común no estaban legalmente tipificados
como circunstancias que permitían ilegalizar a un gobierno. Pero el hecho de
que el engaño, la mentira o el daño irresponsable al bien común no hayan sido
legalmente inadmisibles ¿significa que deben ser políticamente admisibles?
Ante lo citado anteriormente, se me antoja una frase
del escritor portugués José Saramago: “Todo se discute en este mundo excepto
una cosa: la democracia. Pero, ¿Cómo podemos hablar de democracia si aquellos
que realmente gobiernan el mundo no son elegidos por el pueblo?”, se preguntaba
el poeta lusitano. ¿Son ilegítimos? Me interrogo yo. En el pensamiento político
clásico son considerados dos tipos de legitimidad: la legitimidad de origen y
la legitimidad de ejercicio. Algunos gobernantes que conocemos, no tienen ni la
una, ni la otra. Los gobiernos se tornan ilegítimos cuando no hacen las cosas
necesarias para la buena marcha de una democracia.
Un gobernante con legitimidad de origen es aquel
ciudadano que fue elegido por sus conciudadanos para administrar los bienes del
Estado, que pertenecen a toda la comunidad y que tiene la obligación de
garantizar el bien común y velar por el bienestar, la prosperidad y la
felicidad del pueblo. Esa es la única función que legitima el ejercicio de un
gobernante. Según Jean-Jacques Rousseau la legitimidad la otorga la voluntad
general de los sometidos al poder.
La legitimidad de desempeño tiene que ver con la mayor o menor capacidad de un gobernante para respetar las normas, las leyes, la Constitución, es decir, los modos democráticos. Podemos determinar que la legitimidad de ejercicio se atribuye a la legitimidad de cualquier funcionario derivada de sus actuaciones, durante el tiempo destinado al ejercicio de su cargo, ya sea en ejercicio de dichas funciones o en otros ámbitos, por lo tanto, un gobernante puede asumir un cargo público con base en la legitimidad de origen, pero puede no tener necesariamente legitimidad de ejercicio o desempeño.
San Agustín, en su obra, La Ciudad de Dios, apuntaba:
“Sin la virtud de la justicia, ¿Qué son los reinos sino unos execrables
latrocinios? Y éstos, ¿Qué son sino unos reducidos reinos? Estos son
ciertamente una junta de hombres gobernada por su príncipe la que está unida
entre sí con pacto de sociedad, distribuyendo el botín y las conquistas
conforme a las leyes y condiciones que mutuamente establecieron. Una vez,
teniendo preso a un corsario Alejandro Magno le preguntó ¿Qué te parece como
tienes inquieto y turbado el mar? El corsario le respondió con gracia y
arrogante libertad: “¿Qué te parece a ti cómo tienes conmovido y turbado todo
el mundo? Mas porque yo ejecuto mis piraterías con un pequeño bajel me llaman
ladrón, y a ti, porque las haces con formidables ejércitos, te llaman rey”.
Pensando en problemas más domésticos, que atañen al
poco interés por resolver dificultades, la manera de actuar de un gobierno
legítimo o ilegítimo, la resumió impecablemente el viejo zorro de la política
Jean-Claude Juncker, ex-primer ministro de Luxemburgo y más tarde presidente
del Eurogrupo: “sabemos exactamente lo que debemos hacer; lo que no sabemos es
cómo ser reelegidos si lo hacemos”. Tal y como es el material humano que
sostiene a nuestras sociedades, pareciera que estamos abocados a un triste
dilema entre ignorar y agravar los problemas manteniendo la decoración
democrática o hacerles frente y olvidarnos de cualquier atisbo de democracia y
hasta de libertad.
Noel Álvarez
Noelalvarez10@gmail.com
@alvareznv Noel Álvarez
Noelalvarez10@gmail.com
@alvareznv
Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE
Venezuela
RAFAEL RODRÍGUEZ MUDARRA, CENTRAL UNITARIA DE OPOSICIÓN
Con el mejor de los ánimos: Con voluntad puesta en el
propósito colectivo: dado el momento estelar para el logró del objetivo
propuesto, discutido en Cabildo con consenso unánime del parlamento electo en
2015, reconocido en su funcionamiento continuo, contra la maniobra que fraguó
la elección de un parlamento fraudulento ,milito junto a los que creen: que las
condiciones para revertir las normas de la marcha institucional nos apremia,
por disposición de la voluntad resuelta del pueblo de Venezuela: así como el
deseo de las grandes naciones del mundo, de organismos internacionales cansados
de violaciones de los derechos humanos: De la apreciación de delitos de Lesa
Humanidad comprobados con informes apreciado tangibles, haya motivado: que el
Fiscal de la Corte Penal Internacional llegue a concebir: de que en el caso de
Venezuela existen pruebas suficiente para abrir un investigación, con reserva
de presentar a la Sala de Cuestiones Preliminares de esa instancia, una
petición de autorización, acompañada de la documentación probatoria:dejando a
salvo las que podrían ser presentadas por las víctimas.
Todo esto, tiene que conducirnos: de manera decidida y
franca a buscar las condiciones reales: ponerla a nuestra disposición en el decidido
empeño por hacer necesario; que la actuación del poder originario, sin
discriminación; sin rezago de violencia fraudulenta, mediante el ejercicio del
voto universal y secreto. Sin contaminación añadida que haga vigente los
principios constitucionales del debido proceso: como la garantía de manos
“limpias” con debida transparencia en toda actividad del Estado: como también
por ser reclamo urgido llevar a su final el enjuiciamiento de los funcionarios
que han hecho de los paraísos fiscales el habitad de sus riquezas mal habidas,
disponiendo sin castigo, por ser elite de impunidad, de los fondos públicos.
Se nos impone por conducta ciudadana: por respeto a la
moral política, entender con sustento de convicción irreversible: que la
voluntad constitucional, la cual por más de 20 años se ha opuesto al régimen de fuerza, tiene la obligación de acatar: Que el poder
constitucional no puede ser el que se niegue a admitir sus principios. Que el
Poder constitucional es aquél que tiene al soberano como pueblo, pertinente
para dar por sabido qué son los ciudadanos los que deciden con quien quieren
vivir, cómo quieren ser gobernados: bajo que normas se van a regir: lo que da
por obvio: Que Nicolás Maduro haciendo aspaviento de solidaridad castrense
dispone de la FA con manifiesta intención de continuar en el poder pretendiendo
revivir una conducta de atraso feudal sepultada en 1958, dado el advenimiento
de una democracia, que nos impulsó como una nación en pleno desarrollo, que
dejó de pertenecer al tercer mundo, con capacidad para lograrlo: antítesis de
la actual ruindad económica que hoy padecemos.
¿Cuál es el drama sin pausa que hoy crispa la voluntad
del venezolano? Está a la vista. Lo confirma con claridad, entre otros, un
testigo de excepción: ex ministro de la economía en el Gobierno del comandante
fallecido. Se trata del profesor de la universidad del Zulia Rodríguez Cabeza:
Guardó silencio de no reparo al saqueo que le fuere hecho a PDVSA: empresa
puente, mediante la cual millonarias sumas de dinero, provenientes de la
producción del crudo petróleo hallaran depósito en los paraísos fiscales e
ignoró también sin actitud de denuncia la corrupción acaecida con los bonos y
papeles de la deuda exterior adjudicados a dedos: Hoy el ex diputado, ex
ministro, ex profesor y militante del PSUV, informa sobre el desastre País.
Dice: “Desde 2014 militares inexpertos ha conducido las empresas del Estado”
Tal denuncia no nos puede sorprender: la presencia de militares de alto grado
en los gabinetes de la revolución: Ha sido ostensible. Mantenerlos enchufados,
rotarlos en los ministerios e institutos de Estado no constituye primicia.
Venezuela vive una situación que causa rechazo
colectivo. Victima de un régimen incompetente y abusivo, infectado a la vista
de todo por un alto grado de corrupción, que se niega el llevar a cabo un
proceso electoral que mediante el ejercicio del sufragio rehabilite la paz, nos
devuelva la independencia institucional y permita el trabajo productivo,
recupere la economía. El gobierno carece de fuerza popular. Se mantiene con
argucias. El repudio colectivo contra su continuación se le ha enfrentado. Fue
derrotado sin empleo bélico: El pueblo lo derrotó mediante el
arma cívica de la abstención. Le dio a esta contenido de fuerza. No legalizo el
fraude parlamentario fraguado por la ANC espuria. Sin duda una victoria Cívica.
Los que manejan el disfrute totalitario del poder son “muertos no enterrados”;
pero con cupos apartados con exoneración de pago. La extremaunción esta a la
vista. El pueblo se encuentra harto de dictadura.
Salir de Maduro; es criterio multitudinario, anidado
en el pensamiento colectivo de la Nación, cuya población lo urge, convencida de
que su estado calamitoso de “miseria” es el resultado de un gobierno ineficaz,
irregular, corrupto e inadecuado en cualesquiera de los aspectos.
¿Pero como salir de un régimen totalitario que alardea
de fuerza, sostenido mediante maniobras nutridas con las “tetas” del
presupuesto de la Nación? La respuesta está más que dada en un principio
dialéctico que nos ha enseñado la lucha política. No puede ser con exhibiciones
subjetivas, envueltas en juego de palabras. Tiene que ser producto de la unidad
del pueblo, en constituir una Central Unitaria de Oposición que recoja a todas
las fuerza que en forma espontanea salen diariamente a plantear su
reivindicaciones, sin estar asistido por los que se dicen ductores de la
oposición. Tiene que conformarse una dirección coherente que ayude a GUAIDÖ,
que lo asista. No que lo abandone: Que le impida actuar como dirigente político
de un partido o un jefe. Que le enseñe lo que es elemental: “Para que haya
revolución: tiene que haber acción unificada”
A los partidos políticos no le es dado agitar banderas
del heroísmo como supremo, lo años de cárcel de un dirigente, no se puede usar
como moda actual para alborotar el laberinto de la contradicciones e imponer a
contrapelo de la Central Unitaria de Oposición una jerarquía de imprescindibles
paladines .Pretender que la nueva plataforma es la fachada de la MUD, no es
admisible, nos llevaría hacerle el juego a Maduro. La forma unitaria de
conformar una Central aglutinante, nos indica que basta de jerarquías nonatas:
Debemos entender que lo inmediato es ESTRTEGIA
Rafael Rodríguez Mudarra
1rodriguezmudarra@gmail.com
@Ramudarra
Presidente de Unión Republicana Democrática
Venezuela
1rodriguezmudarra@gmail.com
@Ramudarra
Presidente de Unión Republicana Democrática
Venezuela
ENRIQUE PRIETO SILVA, COMPRENDER LA JUSTICIA MILITAR VENEZOLANA
En fecha reciente aparece la información del reclamo
de la defensa de varios ciudadanos por la “aplicación de la justicia militar a
civiles”. Es un acto repetitivo, que requiere insistir en aclarar la situación
jurídica involucrada en el asunto, y que pareciera no ser entendida por muchos
abogados, quienes sin malicia tratan de imponer su criterio errado ante
tribunales de alzada, toda vez que en tribunales de su causa revierten sus
aspiraciones defensivas.
Para muchos, causó extrañeza, la “Sentencia de la Sala
Constitucional que establece, con carácter vinculante, que la condición civil
ostentada por un ciudadano detenido obliga a los Tribunales en Funciones de
Control Penal Militar a motivar su competencia, sin que se requiera solicitud
de parte interesada”. Es una decisión extraña para algunos, sin embargo, lo
consideramos un acto conveniente en la situación planteada, ya que el hecho en
sí, aparte de ser de necesidad procesal, intuye la precisión de conocer la
novedosa materia militar surgida con la aparición del artículo 261 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; materia desconocida por
muchos y por otros mal interpretada, lo que ha dado origen a asombros tanto en
procesados como en sus defensores; y, pareciera ser un tema difícil de engullir
por versados juristas.
En el caso que comentamos y que da origen a este
escrito, la defensa de varios ciudadanos expone: “(…) a mis defendido (sic) se
les imputa la comisión de delitos militares sin ser militares,…”. Aquí, cabe
comentar el equívoco de creer que solo el sujeto militar (ciudadano
perteneciente a la FAN) puede cometer un delito militar, confundiéndolo con una
infracción del derecho disciplinario militar, que si es una normativa exclusiva
para militares en servicio activo y personal de reserva activada.
Igualmente, para el Código de Justicia Militar, hoy en
discusión por su vetustez y retardo en su reforma, en el artículo 123 se
calificaban de delitos militares, los delitos comunes cometidos por militares,
en instalaciones militares, o con motivo de comisiones del servicio militar; es
decir, se institucionalizaba con fuerza el fuero militar en decadencia; de aquí
la práctica de enjuiciar siempre a un militar por los tribunales militares;
situación que cambió radicalmente con el referido artículo 261, toda vez que
éste establece que la jurisdicción penal militar es exclusiva para enjuiciar
los delitos de naturaleza militar, y que, los delitos comunes, las violaciones
de los derecho humanos y los crímenes de lesa humanidad serán enjuiciados por
los tribunales ordinarios; pero a pesar de la claridad de este artículo, han
surgido dudas y equívocos, como el querer entender, que esta justicia es solo
para militares, y en contrario, los tribunales militares han creído que pueden
juzgar a cualquier persona por la comisión de delitos supuestamente militares,
que figuran en el código de justicia militar, pero que, a tenor del contenido del artículo 261 y la doctrina, no son
atribuibles a la naturaleza militar. Es este el principal motivo de la
confusión en materia de justicia militar.
Nosotros, desde hace tiempo venimos ilustrando sobre
el tema, tanto a nivel de cátedra, como en el ejercicio y en la publicación
mediática. En este sentido, hemos dicho, que debemos entender, que la justicia
militar es una parte del derecho que no puede ser internacionalizada, toda vez
que ella se fundamenta en el delito militar, que no puede tener acciones
extraterritoriales, debido a que el delito militar es tal vez la expresión más
nacionalista de un delito, que surge de la radical ficción jurídica que lo
crea.
El delito militar es la infracción contra los
principios, valores y normas morales surgidas del nacionalismo de un Estado, que
si lo analizamos, muchas veces es contradictorio contra los principios, valores
y normas morales de otro Estado. Esto es fácil de comprender, si entendemos que
lo militar es el fundamento de la guerra y la guerra la normaliza cada Estado
para su conveniencia, que obviamente es contraria a la norma de otros Estados,
que pudieran ser contendores.
No obstante, no debemos confundirnos con el llamado
Derecho de Guerra o Leyes de la Guerra, que son normas que regularizan los
procedimientos y las armas a usarse en la guerra, para evitar la barbarie,
surgiendo así el Derecho Humanitario de Guerra.
De esta circunstancia nacionalista del derecho
militar, surge el tratamiento interno del derecho penal militar venezolano o
justicia militar, que si bien ha adolecido de muchas interpretaciones y usos
inconstitucionales no apegados al derecho, desde 1999 con su inclusión en el
artículo 261 de la Constitución, que no ha sido claramente interpretado por muchos,
se definen y estatuyen normas que antes estaban dispersas o con concepciones
sesgadas en el hoy vetusto código de justicia militar.
En el caso que comentamos, la argumentación de la
defensa entra en desacuerdo con la doctrina cuando expone: “…muy respetuosamente
solicité al Tribunal declararse incompetente por la materia, so pena de
incurrir en violación al derecho de mis defendidos de ser juzgados por su juez
natural y al debido proceso conforme a lo establecido en el artículo 49.4 y
49.1 de la Carta Magna, es decir, que si no declinaba estaba juzgando unos
ciudadanos sin ser su juez que natural;…”. Yerra la defensa, por cuanto
confunde la doctrina del juez natural, que conforme al texto constitucional es
el juez competente en la jurisdicción ordinaria o especial según el delito.
En este caso, tratándose de un delito militar el juez
especial competente es el juez militar. Aquí es oportuno referir, que tiende a
confundirse la jurisdicción especial penal militar, con la jurisdicción
disciplinaria militar, hoy contenida en la Ley de Disciplina Militar. Un delito
militar puede ser cometido por cualquier ciudadano, no debe confundirse con la
infracción disciplinaria militar que solo puede cometerla un militar en
servicio activo.
A pesar del conocimiento que se tiene de la materia,
al Derecho militar y al ejercicio de la Justicia Militar no se les ha dado la
importancia que requieren. Desde 1999, se produjo un complejo anárquico
jurídico, al cual no se le ha prestado el interés que requieren dentro de las
Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), no por desinterés, sino por ignorancia y
equivocación científica, donde priva el empirismo fáctico y la viveza criolla,
propia del “toderismo militar”, y duele decirlo, la generalidad militar
conviene en entender el derecho militar a su manera, acumulando notas y
repeticiones doctrinarias que se propugnan en los centros de estudio militares,
generalmente desfasadas de la realidad, promovidas por mandos incipientes que
comulgan con la tradición y la costumbre.
Es de conocerse, que es ahora cuando se están creando
e implementando en el país cátedras de Derecho que capaciten a los abogados que
han de ejercer la Justicia Militar, con una programación ad-hoc.
Atendiendo a los comentarios que se han hecho
referente a este y otros casos similares; especialmente en lo referente al
tratamiento del tema por la Corte Interamericano de los Derechos Humanos y
otras organizaciones internacionales, debemos referir, como hemos dicho, que el
Derecho militar, no puede ser internacionalizado, y como podemos apreciar, la
Constitución de la República, en su exposición de motivos al referirse al
denominado Poder Judicial y del Sistema de Justicia señala que, “la
jurisdicción penal militar será integrante del Poder Judicial”; que “…la
competencia de los tribunales militares se limita al conocimiento de delitos de
naturaleza militar, y en todo caso, los delitos comunes, violaciones de los
derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, serán procesados y juzgados por
los tribunales ordinarios…”
En este sentido, la materia militar es exclusivamente
nacional, por lo que no existe un patrón ni jurídico ni operativo común para el
tratamiento de la materia militar. Cada Estado tiene dentro de su orden interno
un conjunto de normas jurídicas, repartidas en distintas leyes y reglamentos,
así como costumbres jurídicas, en doctrina, jurisprudencia y principios
generales que gobiernan desde el punto de vista legal, las actividades del
individuo y de la colectividad. Es éste el Derecho interno por oposición al Derecho
Internacional o externo. Y, dentro de ese Derecho interno hay áreas
específicas, campos determinados, a los cuales el Derecho por las
particularidades de esas áreas o campo dedica un tratamiento cuidadoso o
pormenorizado. Es el caso de la parte del Derecho Interno, que regula las
actividades del aparato militar en todos sus aspectos: administración de
personal, inteligencia, operaciones, logística, sanciones, recompensas,
seguridad social, etc. Es decir, es un tipo de Derecho cuyo objeto de estudio
es la institución armada y sus miembros como tales
No obstante, el aparato militar de cada Estado debe
funcionar en razón de las fuentes legales internacionales y aun cuando las
normas jurídicas específicas que conformen el Derecho Militar Interno difieran
en algunos aspectos del Internacional, esas normas deben hacer referencia, al menos de manera general, al
Derecho Internacional Militar y al Derecho de Guerra, especialmente en lo
referente al Derecho Internacional Humanitario y a los crímenes de guerra contemplados
en el Estatuto de Roma, cuya aplicabilidad en la regularización de la guerra,
obligan a los Estados. Sin embargo, debemos entender, que los efectos jurídicos
del Derecho Militar Interno en muchos casos, cuando no se trata de conflictos
internacionales, no se comprenden en el objeto del Derecho de Guerra o Derecho
Internacional Militar, razón por la cual se subsumen en el contenido del
derecho penal político de cada Estado, al margen del Derecho Militar
Internacional y del Derecho de Guerra, por lo que éste no se aplica como tal en
las contiendas civiles que tienen lugar entre bandos de un mismo Estado. Por la
misma razón, tampoco se considera guerra, en sentido jurídico, la lucha que un
Estado organiza contra grupos insurrectos, por ejemplo, terroristas, piratas,
etc., por extendidos que se encuentren o por muchos que sean los ciudadanos
implicados en la lucha o en los movimientos que se quiere reprimir.
Al margen de este planteamiento, queda a salvo el
contenido del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, en lo relativo a los
conflictos armados no internacionales, el cual establece que: “es aplicable en
los conflictos armados que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte
contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas disidentes o grupos armados
organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una
parte de dicho territorio un control que les permita operaciones militares
sostenidas y concertadas, y aplicar el presente Protocolo”.
Enrique Prieto Silva
enriqueprietosilva@yahoo.com
@Enriqueprietos
Venezuela
domingo, 21 de febrero de 2021
OFELIA AVELLA, TIERRA DE GRACIA
Esta
pandemia es una oportunidad para ver la realidad con nuevos ojos. La
desestructuración física, institucional, es un llamado a crecer por dentro: a
generar en nuestros corazones una vida nueva. Si logramos verlo, lo que sucede
ha impulsado en nosotros la necesidad de encontrar un sentido al sufrimiento
que consideramos injusto. Puede serlo en parte, sin duda, pero en una sociedad
decadente, todos debemos examinarnos para reconocer, en nosotros, en cada uno,
la parte de responsabilidad que nos compete, en lugar de adjudicarla de manera
absoluta a otros.
En el cautiverio de Babilonia, los israelitas comprendieron que el destierro y la diáspora; esa fragmentación física del pueblo, tras el derrumbe de sus estructuras políticas, fueron ocasión para resurgir como un pueblo nuevo, purificado. La injusticia sufrida (la destrucción) debía rehacerlos en hombres justos. La prueba fue transformando a algunos en la “reserva” de Dios: ese pequeño rebaño que vio en el dolor el foco de la verdadera esperanza. De abandonado, este “resto” fue percibiéndose como signo de elección solo cuando comprendió que la resistencia debía consistir en erradicar de su interior la maldad que veían en quienes los oprimían. Si deseaban justicia, debían ser ellos mismos justos. Si el dominador maltrataba física y psicológicamente, la lucha del “justo” (del “santo” en sentido bíblico) debía orientarse a hacer “justo” su propio corazón: ese que oprimido, no oprimiría; ese que esclavizado, no se dejaría esclavizar por ídolos diversos a Dios; ese que siendo objeto de burlas, no se burlaría de nadie.
Solo
así, poco a poco, con un corazón puro y solidificado en Dios, pudo esa
“reserva” del pueblo resistir y vencer la opresión física que pudo tentarlos a
devolver mal por mal. Al impedir que la rabia y el odio reinaran en sus
corazones, empezaron a percibirse como un pueblo que, lejos de “abandonado”,
era germen de una nueva época: Dios estaba entre ellos mirándolos con amor y
sosteniéndolos en su lucha. El rostro invisible de los acontecimientos se
muestra cuando se advierte que el núcleo de todo hundimiento estructural no es
otro que la injusticia reinante en los corazones. Cuando esto se comprende, se
ve, también, cómo puede resurgir del espíritu una nueva sociedad: una más fiel
a los designios de Dios, fuente de todo bien.
Las
pruebas son llamados a abrirnos a la esperanza. Pero no puede vencerse el mal
(que no se limita a un régimen político) si antes no sabemos resistir a su
imperio en nuestros corazones. Esto parece impráctico y resulta siempre
impopular, pues no nos gusta escuchar que la opresión se mantiene por la
resistencia a reconocer que la solución pasa por un enderezamiento del propio
“yo”. Los caminos, sin embargo, se orientan hacia un fin más prometedor, cuando
los hombres nos reordenamos por dentro; cuando nos autodirigimos hacia una vida
“buena”, acorde a la santidad (justicia) que echamos en falta en la sociedad.
Esta
es una ocasión propicia para cambiar por dentro. En el orden del espíritu no se
precisa de la “unidad física”. El cambio de corazón no exige estar presente en
Venezuela. La diáspora y la fragmentación a nivel material (visible) pueden
rehacerse (tender a la unificación) si en el ámbito de lo invisible nos dejamos
iluminar por la conciencia que indica la necesidad de una conversión interior,
pues “un corazón contrito” no precisa de un templo físico que condicione su
humildad. No son solo “los otros” los que deben cambiar. Si cada uno lo hace,
independientemente de lo que hagan otros, esta “reserva” que estamos llamados a
ser, puede terminar reconociéndose como capaz de un renacimiento y objeto de
una elección; como signo de esperanza para muchos, y no como esa imagen de
pueblo fracasado que a veces amenaza con ensombrecer la percepción de nosotros
mismos.
He
estado pensando en la mirada de ternura de esos ojos vivos de la Virgen de
Guadalupe, emperatriz de las Américas, así como en los de nuestra patrona, la
Virgen de Coromoto, también vivos. Esos ojos que miraron a dos indígenas: Juan
Diego y Coromoto, símbolos de lo originario de nuestras tierras. Con la dulzura
de su mirada, la Virgen restauró el dolor sufrido tras los atropellos del
proceso de la conquista, porque sí, hay algo de eso en la violencia de nuestros
pueblos. Hay mucho de necesidad de reconocimiento que el amor de Dios sabe ver
mejor que nosotros. Precisamos del descubrimiento de esa mirada que regenera,
que sana, que rehace tras los procesos destructivos: que nos ayuda a
autopercibirnos valiosos y queridos. Por eso, insisto, si cada uno impulsa en
su intimidad la experiencia de reconocerse mirado por una madre así; por un
Dios que no nos ha abandonado, sino que está suscitando en nosotros una
respuesta de retorno a la casa del padre como el hijo pródigo, empezaríamos a
percibirnos amados, perdonados, en nuestras injusticias personales; y así, al
ponernos en camino de la personal reconstrucción interior, nos haríamos capaces
de ver a otros con una mirada más compasiva y amorosa.
El
amor salva de los efectos de tanta destrucción; de tanta rabia, producto, a
veces, de una autoestima muy baja que no sabe recuperarse sino con la
imposición del poder. Las leyes, por sí mismas, no van a organizar este
desorden, consecuencia, en mucho, de la debilidad de nuestras virtudes.
Este
hundimiento estructural exige la regeneración interior. Es una llamada a
procurarlo desde la evidencia del desastre. La “tierra de gracia” debe abrirse
paso, primero, en el propio corazón. Este es el sentido profundo, redentor y
purificador, de lo que hoy vivimos. Lejos de abatirnos, todo puede tornarse en
ocasión de una reconstrucción que nos oriente hacia un futuro más humano.
Nuestro cambio interior sería ya un signo de esperanza. Sin esto no cabría
esperar un cambio real ni perdurable.
Ofelia Avella
ofeliavella@gmail.com
@ofeliavella
@ElNacionalWeb
Venezuela
ofeliavella@gmail.com
@ofeliavella
@ElNacionalWeb
Venezuela
JEAN PASQUALI, VENEZUELA: ATENDIENDO AL LLAMADO, LA ALTERNATIVA, PRIMERA PARTE
La
primera alternativa corresponde a conflictos en donde una de las partes gana
todo y la otra pierde todo; pudiera ser, por ejemplo, el resultado de una
partida de dominó. La segunda alternativa corresponde a una situación en donde
una parte gana una fracción de lo que está en juego y la otra gana el resto;
pudiera ser, por ejemplo, en un divorcio la esposa se queda con la casa y al esposo
le queda el carro y el perro.
La
Tercera Alternativa corresponde a la solución de conflictos en donde dos o más
partes, a través del proceso de sinergia —acción de dos o más causas cuyo
efecto es superior a la suma de los efectos individuales— logran crear una
nueva realidad que es muy superior a la realidad actual. Este magnífico
resultado tiene lugar cuando dos o más grupos de personas respetuosas deciden
ir más allá de sus ideas preconcebidas para vencer el reto que tienen ante sí.
El
proceso para construir el ambiente propicio para iniciar el proceso de sinergia
es descrito detalladamente, en leguaje sencillo, en el libro de Stephen R.
Covey mencionado arriba. (En el caso en que tenga dificultades en obtenerlo a
través del enlace indicado, me lo puede solicitar por correo electrónico).
Las
Partes en Conflicto
A fin
de intentar el uso de la Tercera Alternativa, para llegar a una solución
verdadera y perdurable a la crisis que sufre la sociedad venezolana, es
menester revisar las formas que se han utilizado en el pasado para el mismo fin
y las razones por las cuales no se ha logrado el éxito. Me refiero a las
conversaciones o negociaciones que han tenido lugar en Oslo, República
Dominicana y Barbados.
Desafortunadamente
yo no he logrado revisar ningún informe que indique lo intentado, lo decidido o
las razones específicas por las cuales esos esfuerzos se perdieron. Lo que sí
está claro es que las partes en conflicto, el Poder Ejecutivo del Gobierno y la
Oposición (formada por representantes de partidos políticos y otras
organizaciones), no tienen el mismo rango o poder de representación. Lo
aconsejable pudiera haber sido una reunión o negociación entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, dos poderes de igual rango dentro de la
Constitución nacional http://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf .
Si este hubiese sido el caso, tampoco era necesario ir a Noruega, Barbados y la
República Dominicana. Todo el país está interesado y tiene el derecho de saber
que se propuso, en qué condiciones, como se recibió y porqué fue rechazado.
Todavía estamos a tiempo de enterarnos y podría ser muy útil para un futuro.
Al
analizar la posibilidad de utilizar la Tercera Alternativa para la solución del
problema de la crisis venezolana tuve dificultad en identificar las partes en
conflicto. Las reuniones ente el Poder Ejecutivo y la Oposición mencionados
arriba no parecen representar con precisión a las partes involucradas en el
conflicto. Las partes en conflicto son: El Pueblo de Venezuela y el Poder
Público Nacional del Gobierno de Venezuela.
El
Poder Público Nacional está constituido por cinco poderes separados; cada uno
con responsabilidades específicas que cumplir y el deber de presentar cuentas
de ellas. Estos poderes son: Ciudadano, Ejecutivo, Electoral, Legislativo y
Judicial. El Gobierno, visto desde el punto de vista del Pueblo —entiéndase la
mayoría de la población venezolana— tiene o ha tenido recientemente dos
versiones de gobierno, cuya coexistencia es legalmente luctuosa y
funcionalmente aborrecible.
El
Pueblo como Poder Originario es de mayor rango que todos los otros poderes
juntos. Para entrar en acción, su problema principal pudiera ser el encontrar
una manera ágil de expresar sus valores, sus ideas y sus deseos —de manera
coherente y representativa— en las reuniones de importancia, como pudieran ser
aquellas que son necesarias para construir un ambiente que conduzca al proceso
de sinergia que se intenta o pretende utilizar. Creo que no es tan difícil de
lograr esa expresión, basta con seleccionar algunas personas, entre aquellas
que han sido las que han apoyado, sugerido o mencionado llevar al Pueblo las
grandes decisiones que hay que tomar para salir del atolladero en que está el
país y evitar aquellas personas que, sistemáticamente, han tenido aversión en
solicitar o en tomar en cuenta las opiniones y preferencias del Pueblo.
La
Reunión de Tanteo
El
primer paso que, eventualmente, puede llevar a la utilización de la Tercera
Alternativa consiste en aceptar que pueda existir una forma de lograr, en un
futuro no determinado, volver al orden Constitucional, aunque —por ahora— luzca
muy difícil. Para ello, solamente basta un poco de curiosidad para averiguar lo
que piensan los demás en como lograrlo. En extremo, está claro que el retorno
al orden Constitucional ha de tener lugar en algún momento del futuro, de una
manera o de otra; lo deseable es que sea lo más pronto, lo menos dolorosa y lo
más aceptable posible para la población.
El
segundo paso —de tanteo— consiste en la presentación de valores, perspectivas y
planes de cada organización, en favor del orden Constitucional. Como guía, cada
presentación pudiese ser del orden de diez minutos y las organizaciones,
tentativamente, serían:
1. El Poder Ciudadano (una persona)
2. El Poder Ejecutivo (dos personas, una
para cada gobierno)
3. El Poder Electoral (una persona)
4. El Poder Legislativo (dos personas, una
para cada gobierno)
5. El Poder Judicial (dos personas, una
para cada gobierno)
6. El Poder Originario (cinco personas,
para la presentación de sus diversos valores)
Teóricamente
la fase de presentación duraría un poco más de dos horas. Esa primera reunión
no será para discutir, disentir o debatir.
Le seguirá, en otra fecha, una segunda reunión de preguntas, que servirá
para aclarar la información presentada. Hay que dar tiempo a los participantes
para absorber el significado de los conceptos presentados y prepararse para el
tercer paso, posiblemente de varias reuniones, en donde se hacen propuestas y
discuten soluciones.
Todas
las reuniones relacionadas con la Tercera Alternativa deben ser anunciadas a la
ciudadanía. Los participantes con voz serían los indicados en la lista anterior
u otra versión de ella. La información resultante será pública, de tal manera
que todos puedan enterarse de que se está haciendo un esfuerzo y de que nadie
está o estará excluido. Nada se mantiene escondido.
El
Pueblo de Venezuela debe convencer, con hechos, que el orden Constitucional se
ha perdido. Para tal fin no hace falta un análisis global del gobierno, basta
con introducir un razonamiento impecable que lo compruebe. La presentación de
hechos irrefutables, sin la introducción de opiniones, dudas, imprecisiones,
lamentaciones, exageraciones, excepciones o desconocimiento, basta para darle
fuerza, credibilidad y aceptación al razonamiento. A continuación, un resumen
de mi versión de tal razonamiento.
Con la
intención de estudiar la educación en el país tuve necesidad de consultar la
Memoria y Cuenta del MPP para la Educación. Comencé con la Memoria del año
2019. No la encontré. Intenté con la del año 2018 y pasó lo mismo. Un amigo que
trabaja en educación superior me facilitó la Memoria del año 2015 y me dijo que
era la última que hubiese sido entregada.
La
Memoria del 2015 (Memoria15) fue presentada a la Asamblea Nacional a principios
de 2016, tal como lo establece el artículo 244 de la Constitución:
“Artículo
244. Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la nacionalidad venezolana
y ser mayor de veinticinco años, con las excepciones establecidas en esta
Constitución”.
Los
Ministros o Ministras son responsables de sus actos de conformidad con esta
Constitución y con la ley, y presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de
los primeros sesenta días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre
la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con
la ley”
La
Memoria15 es un documento importante, tanto por su contenido como por su
extensión. Con el texto de su presentación a la Asamblea Nacional, cuenta con
1085 páginas. Su estudio permite visualizar los rendimientos, los costos, los
problemas, las posibles soluciones y planear los cambios y las innovaciones en
la transmisión y el contenido de la instrucción. Cumple asimismo la obligación
del MPPE de dar cuenta de su gestión e informar a la ciudadanía.
El
hecho de que no hubiese más Memorias y Cuentas —y las busqué— después del 2015.
me intrigó. Pensé que el MPPE había sido una excepción desafortunada y
especial. Al buscar las Memorias de otros ministerios me di cuentas que era un
problema muy común. Me pregunté por las
posibles razones por las cuales un ministro no cumpla con el artículo 244 de la
Constitución. Pudiera ser por: Ignorancia, desidia, falta de tiempo, resistencia
a dar cuentas, no hay quién se lo exija, o no tiene quién lo supervise o
evalúe.
Amplié
mi búsqueda a otros ministerios para el período posterior al año 2015. Me
conseguí con el hecho incontrastable de que, la mayoría de los treinta y tres
ministerios con que cuenta el país, no ha cumplido con la formalidad
Constitucional de entregar cuentas de su actuación a la Asamblea Nacional y, lo
que es más grave, privó a la población de información sobre los resultados de
su actuación que incluyen: Una exposición razonada y suficiente de las
políticas, estrategias, planes generales, objetivos, metas, resultados,
impactos, obstáculos de la gestión y la
Cuenta correspondiente.
Si eso
fuera poco, tal flagrante irrespeto a la población no ha sido ni reclamado, ni
acompañado de las acciones correctivas por parte de la Asamblea Nacional, la
Contraloría General o la Presidencia. Estamos delante de una devastadora
evidencia de que el Poder Público Nacional ha sido incapaz de funcionar dentro
de las condiciones que prescribe la Constitución —por lo menos— durante los
últimos cinco años. Este comportamiento es un hecho consumado. Es lo
suficientemente amplio y duradero que permite calificar al Gobierno Nacional
como Gobierno de Facto o Gobierno No Constitucional; es decir, ha perdido la
legitimidad.
El
Poder Público Nacional, a través de sus componentes, debe convencer de que
conoce la situación en que está la población venezolana, que comparte sus
sufrimientos y, si está preparado, presente su plan para restablecer el orden
constitucional, que incluya la capacidad de restablecer y mantener los
servicios que, según la Constitución, el gobierno debe cumplir. Una lista
ilustrativa de dichos servicios incluye: Una educación integral para todos, un
sistema de salud eficiente, un efectivo sistema de seguridad personal,
oportunidades de desarrollo personal, salarios que permitan vivir con dignidad,
la distribución de energía (eléctrica y de combustibles), la comunicación por
Internet etcétera.
Superficialmente
pareciera que el llegar a un acuerdo entre El Pueblo de Venezuela y el Gobierno
No Constitucional actual es una misión imposible. Sin embargo, yo pienso que es
factible —con sinergia— llegar a una solución que favorezca a ambas partes. El
Pueblo quiere un nuevo Gobierno y al Gobierno No Constitucional también le
conviene lo mismo.
Para
salir de la crisis actual se requiere de una economía pujante, capaz de
producir bienes eficientemente y en abundancia. Para ello es indispensable
establecer las condiciones básicas para la inversión, como lo son la seguridad
personal, la claridad y el cumplimiento de las leyes y los reglamentos, los
servicios de energía en sus diversas formas, la agilidad gubernamental para
contestar solicitudes y un personal calificado en múltiples áreas. A su vez,
para establecer esas condiciones, el gobierno debe solicitar préstamos, ya que
no cuenta con suficientes fondos. El Gobierno No Constitucional tenía para 2018
una deuda externa estimada de US$ 156 miles de millones, incluyendo las deudas
con China y Rusia. Esta información puede obtenerse con el enlace a
continuación:
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/venezuela-debt-explodes-to-156-billion-report-2019-3-1028013380
. Esta deuda no incluye la deuda interna que fue adquirida por el gobierno con
compañías y particulares, cuyas propiedades fueron expropiadas, pero su valor
todavía no ha sido compensado. Haciéndole seguimiento al valor del producto
interno bruto de Venezuela (PIB) de los últimos años (1985-2019), se observa
que en el 2015 —precisamente en el año en donde los Ministerios entregaron su
última Memoria y Cuenta— comenzó una vertiginosa caída del PIB, que pasó de
323,6 miles de millones de US$ en 2015 a 63,96 miles de millones de US$ en 2019
(ver la gráfica):
https://www.statista.com/statistics/370937/gross-domestic-product-gdp-in-venezuela/
). Esto significa que la economía venezolana ha empeorado continuamente desde
2015 hasta el presente y, el gobierno ha probado ser incapaz política- y
administrativamente de resolver el problema. De seguir así, lo que puede
esperase es un estado fallido o el poner en peligro la misma soberanía de la
nación.
Debido
a que el Gobierno actual ha probado ser un mal administrador de los bienes de
la República y, que algunos de sus dirigentes han sido acusados, imputados o
indiciados por actividades reñidas con los derechos humanos y, que otros son
prófugos de la justicia internacional, hace casi imposible que a tal gobierno
le sean otorgados préstamos de importancia, como para reactivar los servicios
esenciales básicos —quizás de un monto del orden de las decenas de miles de
millones de US$.
Aunque
el gobierno actual ha perdido la capacidad de resolver directamente la crisis
venezolana, no ha perdido la capacidad de colaborar para que eso se logre de
una manera pacífica, rápida y sin intervenciones foráneas. En este proceso, es
posible que el gobierno reciba considerable crédito en hacerlo. La alternativa
de tratar de mantenerse en el poder, en las condiciones actuales, es mucho,
pero mucho peor y más peligrosa, para todos los involucrados.
Lo que
sigue en esta sección es un producto de reflexiones personales y seguramente
será objeto de discusión y críticas, que serán bienvenidas. En las reuniones
del tercer paso de la Tercera Alternativa, en donde se hacen propuestas y
discuten soluciones, es factible un acuerdo en donde se tomen decisiones y
acciones que no están consideradas en la Constitución, pero que resuelven el
problema de regresar a ella. Por ejemplo: El Presidente actual accede a nombrar
a una persona, determinada previamente por el Pueblo, como Vicepresidente y
luego renuncia. El Vicepresidente recién nombrado toma el cargo de Presidente e
inmediatamente nombra a su Vicepresidente, el cual ha sido previamente
determinado por el Pueblo. Estos dos cargos deberían tener una vigencia no
mayor de seis meses y servirían esencialmente para organizar las elecciones del
Poder Público Nacional.
Este
periodo transitorio es de la mayor importancia porque conlleva el peligro de
que el gobierno resultante no esté a la altura de las circunstancias y/o no sea
un buen representante de la opinión del Pueblo. En la segunda parte, que sigue,
voy a presentar mis preferencias en cuando a la forma de llevar a cabo la
elección o determinación de las próximas autoridades del Poder Público
Nacional. Yo espero que muchas otras personas hagan lo mismo y que se pueda
lograr el mejor procedimiento posible bajo las presentes circunstancias.
38jcaj@gmail.com
@JeanPasquali1
Venezuela
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