Ese torcido comportamiento de la corporación uniformada es lo que ha dado lugar en Venezuela a las supernumerarias “revoluciones”, acontecidas en suelo nacional desde 1830 hasta hoy, cada una con su correspondiente saldo trágico de muerte y destrucción. Por mismas razones “revolucionarias” nuestro país acumula el record mundial en materia constitucional: veintiséis cartas magnas aprobadas en poco menos de doscientos años de historia, un record vergonzoso, demostrativo del muy poco respeto que tienen los conspiradores y sus cómplices por las leyes e instituciones republicanas. Infausta tradición política venezolana venida desde los tiempos aurorales de la república, una república nacida de un parto doloroso y sangriento: la guerra de independencia, cuyas consecuencias pareciera que estuviéramos pagando aun hoy, en la segunda década del siglo XXI.
Hablemos ahora de los conspiradores venezolanos y de sus acciones. Los sucesos se desarrollan en las semanas finales del año 1957.
Para esta fecha acumulaba Venezuela 56 años de gobiernos militares, contados desde el primer día del siglo XX. Aquí se sabía de democracia lo que decían los libros y lo que traían las noticias llegadas de otros países. En todo este largo tiempo, apenas ocho meses era lo que los venezolanos habían disfrutado de ejercicio de un gobierno integrado por civiles. Fue el corto tiempo del mandato del ilustre escritor
Rómulo Gallegos. No lo soportaron los miembros de la corporación armada. Lo derrocaron con cualquier excusa, en noviembre de 1948. No les gustaba debido a que era escritor, hablaba bonito, además de honesto y honorable. Es verdad que Rómulo Betancourt también había ejercido la presidencia de nuestro país entre octubre de 1945 y febrero de1947, pero lo hizo como miembro de una junta cívico-militar, surgida del golpe de estado ejecutado contra el mandatario Isaías Medina Angarita. Por tal característica no lo consideramos como un gobierno civil, ni mucho menos de factura democrática.
De manera que, según vemos, los venezolanos del siglo XX eran unos convidados de piedra a la hora de decidir asuntos políticos de interés nacional. La costumbre impuesta hasta entonces era que tales asuntos debían ser decididos por los hombres del partido militar, es decir, por los miembros de las fuerzas armadas del país, ocupantes siempre de los principales cargos de gobierno.
En esas condiciones arribamos al último año de mandato del dictador Marcos Pérez Jiménez (MPJ), el conspirador de 1945 contra el presidente Medina Angarita, el conspirador de 1948 contra el presidente Rómulo Gallegos y el conspirador de 1950 contra el presidente Carlos Delgado Chalbaud. Todo un profesional de la conspiración y del golpismo; todo un ejecutante de la dictadura, del terror, de la tortura y del crimen.
Para un sector de la corporación uniformada resultaba insostenible en ese momento el gobierno de MPJ. Era mucho el hartazgo nacional con esa dictadura. Estaba: en primer lugar, la actuación represiva de la policía política del régimen contra los ciudadanos en general y contra los propios militares en particular. En segundo lugar, el carácter cada vez más grupuscular del gobierno dictatorial, en cuya camarilla desempeñaba papel preponderante el binomio compuesto por Laureano Vallenilla Lanz, Ministro de Relaciones Interiores y Pedro Estrada, Jefe de la Seguridad Nacional. Y, por último, el alto costo que implicaba para las fuerzas armadas en su conjunto seguir sosteniendo un régimen dictatorial represivo, sanguinario, corrupto, cada día más repudiado por el país. Pero para ese sector militar, su descontento, preciso es decirlo, no lo causaba la larga hegemonía de sus miembros en la
conducción de la política nacional. No. El descontento era con MPJ y su gobierno específicamente. Para la corporación militar era demasiado peligroso seguir sosteniendo al dictador. Había llegado la hora de remozar Miraflores y colocar allí a otro de los suyos, otro militar mejor visto por los venezolanos.
La gota que colmó el malestar del grupo militar distanciado con el dictador la produjo la aspiración de éste de continuar en el ejercicio de la presidencia, no obstante que la Constitución Nacional, sancionada en 1953 por un Congreso afecto a MPJ, obligaba a realizar elecciones presidenciales en diciembre de 1957.
Al presidente dictador se le ocurrió la imprudente idea de convocar, en sustitución de las elecciones presidenciales, un plebiscito para consultar a los venezolanos si estaban de acuerdo con la continuación de su mandato por otro quinquenio más. Con este arbitrario recurso pretendió MPJ resolver la situación. La consulta plebiscitaria se realizó, contra todo pronóstico, el 15 de diciembre, resultando aprobada la opción que permitía al mandatario asumir la presidencia por un nuevo período, hasta 1962.
No pensó el mandatario en las consecuencias negativas que para él y su gobierno tendría su empeño continuista. Lo cierto fue que los contratiempos se desgajaron uno tras otro desde entonces dando lugar a una situación incontrolable para el gobierno. Caracas y otras ciudades principales del país se convirtieron en un verdadero pandemónium. Una serie de acontecimientos extraordinarios, ocurridos esos días, caotizaron el panorama nacional: huelga de trabajadores, movilizaciones estudiantiles, paro de la prensa escrita, publicación de remitidos contra la dictadura, además de rumores de todo tipo circulando, generadores de angustias, temores, desasosiego.
El golpe de estado se avecinaba y todo el mundo lo sabía. Por supuesto que el gobierno dictatorial tomó sus medidas para evitar su posible derrocamiento. Toque de queda, incremento de la vigilancia diurna y nocturna, patrullajes policiales, allanamiento de viviendas, encarcelamiento de sospechosos, censura informativa, asesinatos. No obstante, dichas disposiciones no impidieron a los conspiradores organizarse y planificar el alzamiento militar, que finalmente tuvo lugar el primero de
enero de 1958. Este día se alzaron, el Batallón Motoblindado de Caracas, con el coronel del ejército Hugo Trejo a la cabeza, así como también un conjunto de oficiales de la Fuerza Aérea de la Base de Maracay, dirigidos por el mayor Martín Parada. Se esperaba la adhesión al levantamiento de otros cuerpos armados, pero nada de esto ocurrió. Y así, sin mayores consecuencias, el alzamiento fue controlado por las fuerzas leales a la dictadura pérezjimenista. Pero fue éste alzamiento un aldabonazo de lo que se desataría en el país las próximas horas.
Sigfrido Lanz Delgado
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Venezuela
