Las noticias sobre la congelación
de cuentas y la confiscación de bienes en el extranjero de ex funcionarios y
allegados al régimen chavista/madurista muestra el criminal saqueo del que ha
sido objeto Venezuela durante los últimos veinte años, en medio de la mayor
impunidad y la más despreciable complicidad de unos y otros.
Las prácticas de
corrupción durante estos años son conocidas. Los autores y los montos no son un
misterio. Lamentablemente, hacer pública la verdad no ha sido fácil. El poder
tenía la capacidad de ocultar esta realidad. Los tribunales y los órganos de
justicia nacionales, en lugar de hacer su trabajo, han actuado como cómplices,
ejecutando las directrices políticas que les imponen desde las más altas
esferas del poder.
Dada la magnitud del
saqueo y el impacto en otros países, es decir, su carácter transnacional, esta
aberración ha abierto el espacio a órganos extranjeros que han investigado y
comprobado la desviación de recursos públicos venezolanos, sobornos de todo
tipo, pagos indebidos, el saqueo, en pocas palabras, en perjuicio de un país
destruido y sumergido en una crisis humanitaria compleja. Una situación que
finalmente se le fue de las manos al régimen, aunque ahora, sin mayores
argumentos ni razones, soliciten con mucho afán, la extradición de algunos emblemáticos
a quienes quizás convenga mas tener en el país que fuera, en función de
cooperadores.
En Venezuela, durante
este nefasto período que ya se acerca a los 20 años se han cometido además de
crímenes internacionales y violaciones sistemáticas de derechos humanos, graves
delitos de alcance transnacional relacionados con la corrupción, el
narcotráfico y el apoyo al terrorismo, cuyos autores enfrentarán la justicia
dentro o fuera del país, lo que no quiere decir, de ninguna manera, que se les
castigue por venganza, retaliación o simplemente por un pase de facturas.
Muy lejos de eso. No es
así de simple. No podemos desconocer la necesidad de reencontrarnos y de
transitar juntos, sin discriminación, hacia una reconciliación nacional, en la
que el perdón, sin impunidad, no está excluido; en el que la verdad debe
establecerse y en el que la justicia deberá aplicarse cuando se determine la
responsabilidad de los autores de tales crímenes y sean procesados y
castigados.
No se trata, insisto, de
promover la venganza. Nada más ajeno a eso. Hay espacio en la aplicación de la
justicia que habrá de permitir su más sana y conveniente consideración. La
verdad, el perdón, la preservación de la memoria histórica son instituciones
sobre las que debemos reflexionar para avanzar en el proceso de reconstrucción
del país. Invocar la justicia no puede ser contradictorio con ninguna
negociación política que conduzca a acuerdos para superar la catástrofe, pero
no puede ser parte de ella.
Determinar la verdad es
quizás lo más importante en estos momentos. Debemos saber qué pasó realmente y
por qué.
En un período de
transición que más temprano que tarde tendremos ante nosotros, deberá crearse
una Comisión para el Esclarecimiento de los hechos. No puede ser una Comisión
más, como las creadas hasta ahora con fines meramente políticos y movidos más
que todo por la venganza, el odio y la mentira.
Esa Comisión deberá crearse mediante una Ley en la que se establezca su
estructura, su composición, su mandato, sus objetivos, el alcance de sus
trabajos, la naturaleza de sus conclusiones, que deberán ser vinculantes, sin
pretender otorgarle un carácter jurisdiccional.
Debe constituirse
entonces una Comisión que integrada por personalidades nacionales y extranjeras
del mayor prestigio garantice dentro y fuera una investigación independiente y
responsable sobre los hechos ocurridos desde 1992, hechos hasta ahora confusos,
no esclarecidos todavía, cuando emerge el proceso que nos ha hundido en la
miseria. Tendría la facultad esta Comisión de investigar y determinar los
hechos relacionados con crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas
de los derechos humanos, pero también, con un mandato más amplio, que le
permita conocer otros hechos igualmente graves relacionados con la corrupción y
el narcotráfico.
A estos efectos, en
particular, la Comisión deberá incluir un Grupo de Expertos sobre la corrupción
y delitos conexos, que identifique y cuantifique los delitos; establezca los
mecanismos necesarios para recuperar los capitales en manos de entidades
extranjeras y constituya y ponga en marcha un Fondo para que con esos recursos
se proceda a la reparación a las víctimas y de sus familiares por todos los
actos y arbitrariedades cometidas en este periodo; se atienda con prioridad la
crisis humanitaria compleja que nos golpea y se ocupe también del retorno de
miles de venezolanos que por huir de la crisis dejaron el país, un tema que ya ha sido abordado por la
Asamblea Nacional.
Victor Rodriguez C.
@vitoco98
No hay comentarios:
Publicar un comentario