miércoles, 28 de noviembre de 2018

VÍCTOR RODRÍGUEZ CEDEÑO, LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN UN PROCESO DE TRANSICIÓN IRREVERSIBLE


Las noticias sobre la congelación de cuentas y la confiscación de bienes en el extranjero de ex funcionarios y allegados al régimen chavista/madurista muestra el criminal saqueo del que ha sido objeto Venezuela durante los últimos veinte años, en medio de la mayor impunidad y la más despreciable complicidad de unos y otros.

Las prácticas de corrupción durante estos años son conocidas. Los autores y los montos no son un misterio. Lamentablemente, hacer pública la verdad no ha sido fácil. El poder tenía la capacidad de ocultar esta realidad. Los tribunales y los órganos de justicia nacionales, en lugar de hacer su trabajo, han actuado como cómplices, ejecutando las directrices políticas que les imponen desde las más altas esferas del poder.

Dada la magnitud del saqueo y el impacto en otros países, es decir, su carácter transnacional, esta aberración ha abierto el espacio a órganos extranjeros que han investigado y comprobado la desviación de recursos públicos venezolanos, sobornos de todo tipo, pagos indebidos, el saqueo, en pocas palabras, en perjuicio de un país destruido y sumergido en una crisis humanitaria compleja. Una situación que finalmente se le fue de las manos al régimen, aunque ahora, sin mayores argumentos ni razones, soliciten con mucho afán, la extradición de algunos emblemáticos a quienes quizás convenga mas tener en el país que fuera, en función de cooperadores.

En Venezuela, durante este nefasto período que ya se acerca a los 20 años se han cometido además de crímenes internacionales y violaciones sistemáticas de derechos humanos, graves delitos de alcance transnacional relacionados con la corrupción, el narcotráfico y el apoyo al terrorismo, cuyos autores enfrentarán la justicia dentro o fuera del país, lo que no quiere decir, de ninguna manera, que se les castigue por venganza, retaliación o simplemente por un pase de facturas.

Muy lejos de eso. No es así de simple. No podemos desconocer la necesidad de reencontrarnos y de transitar juntos, sin discriminación, hacia una reconciliación nacional, en la que el perdón, sin impunidad, no está excluido; en el que la verdad debe establecerse y en el que la justicia deberá aplicarse cuando se determine la responsabilidad de los autores de tales crímenes y sean procesados y castigados.

No se trata, insisto, de promover la venganza. Nada más ajeno a eso. Hay espacio en la aplicación de la justicia que habrá de permitir su más sana y conveniente consideración. La verdad, el perdón, la preservación de la memoria histórica son instituciones sobre las que debemos reflexionar para avanzar en el proceso de reconstrucción del país. Invocar la justicia no puede ser contradictorio con ninguna negociación política que conduzca a acuerdos para superar la catástrofe, pero no puede ser parte de ella.
Determinar la verdad es quizás lo más importante en estos momentos. Debemos saber qué pasó realmente y por qué.

En un período de transición que más temprano que tarde tendremos ante nosotros, deberá crearse una Comisión para el Esclarecimiento de los hechos. No puede ser una Comisión más, como las creadas hasta ahora con fines meramente políticos y movidos más que todo por la venganza, el odio y la mentira.  Esa Comisión deberá crearse mediante una Ley en la que se establezca su estructura, su composición, su mandato, sus objetivos, el alcance de sus trabajos, la naturaleza de sus conclusiones, que deberán ser vinculantes, sin pretender otorgarle un carácter jurisdiccional.

Debe constituirse entonces una Comisión que integrada por personalidades nacionales y extranjeras del mayor prestigio garantice dentro y fuera una investigación independiente y responsable sobre los hechos ocurridos desde 1992, hechos hasta ahora confusos, no esclarecidos todavía, cuando emerge el proceso que nos ha hundido en la miseria. Tendría la facultad esta Comisión de investigar y determinar los hechos relacionados con crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pero también, con un mandato más amplio, que le permita conocer otros hechos igualmente graves relacionados con la corrupción y el narcotráfico.

A estos efectos, en particular, la Comisión deberá incluir un Grupo de Expertos sobre la corrupción y delitos conexos, que identifique y cuantifique los delitos; establezca los mecanismos necesarios para recuperar los capitales en manos de entidades extranjeras y constituya y ponga en marcha un Fondo para que con esos recursos se proceda a la reparación a las víctimas y de sus familiares por todos los actos y arbitrariedades cometidas en este periodo; se atienda con prioridad la crisis humanitaria compleja que nos golpea y se ocupe también del retorno de miles de venezolanos que por huir de la crisis dejaron el  país, un tema que ya ha sido abordado por la Asamblea Nacional.

Victor Rodriguez C.
@vitoco98

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