Caracas, 28 de febrero de 2019.
El Partido SOLUCIONES PARA VENEZUELA
(S.P.V.) ante la crisis nacional:
El modelo político-económico chavista colapsó. Así queda demostrado en las
proyecciones de diversos organismos económicos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las de agencias
calculadoras de “riesgo país”, así como
en las de otras organizaciones internacionales dedicadas al estudio de los
índices de desarrollo y crecimiento nacionales, todas coincidentes en que la
hiperinflación venezolana podría superar los diez millones por ciento
(10.000.000%) y la recesión llegar al menos a quince por ciento (15%) a finales
de 2019. También coinciden en que la caída del producto interno bruto (PIB) en
el año 2018 fue del 18,2%.
A todo ello hay que agregar factores
agravantes como las sanciones impuestas al gobierno venezolano por el gobierno
de los Estados Unidos de América y por algunas naciones de la Unión Europea, consistentes en
la congelación de fondos del estado venezolano colocados en entidades
financieras de esos países, así como medidas preventivas impuestas por el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para evitar operaciones
que pongan en riesgo bienes de la República de Venezuela radicados en ese país
mediante su retención provisional como ocurrió con la filial petrolera CITGO,
al igual que la prohibición de pago directo al gobierno venezolano por concepto
de venta de petróleo y otros minerales y la incitación hecha por la
administración de los Estados Unidos a la comunidad internacional para que
adopte similares medidas, dejándole al régimen de Nicolás Maduro poco margen de
maniobra para romper esta modalidad de
embargo económico que se le ha impuesto.
Esa grave realidad económica se
evidencia en lo social con las cifras
que aportan la ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho de la Salud y la
Vida (CODEVIDA), el Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y la Encuesta sobre
Condiciones de Vida de los Venezolanos (ENCOVI)
realizada por la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Simón
Bolívar (USB) y la Universidad Católica Andrés Bello, según la cual la pobreza general afecta a más del ochenta y siete por ciento (87%) de nuestra población y la
pobreza extrema a poco más del sesenta y uno por ciento (61,2%). Según el Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
en relación a los índices de mortalidad
infantil y neo-natal Venezuela aparece en el lugar noventa (90) del ranking mundial y
en el puesto quince (15) en la región, lo cual pone al descubierto la grave
situación de salud del país, colocándolo en los
niveles de las naciones más pobres y atrasadas del mundo.
A este escenario hay que añadir que por
negligencia, ineptitud, corrupción y por falta de nuevas inversiones, se han
desmantelado, entre otros, los servicios
públicos de salud, agua, electricidad, transporte, educación, seguridad,
telecomunicaciones y gas doméstico, con trágico impacto en el nivel de
desarrollo humano y calidad de vida de
la ciudadanía.
Todas las cifras y señalamientos
anteriores se hacen evidentes en la tragedia que se observa en las calles: colas ante los mercados para
disputarse los escasos bienes en los estantes; en los hospitales para ser atendidos ante la
escasez de médicos, de insumos para la atención de los pacientes y de
medicinas; y las de varias horas para tomar el escaso y destartalado transporte
público. Indignación y vergüenza mayor las colas de una población famélica y
enferma ante los botes de basura con la
ilusión de conseguir algo para comer.
Todo ocurre paradójicamente en el
momento histórico cuando los gobiernos chavistas han obtenido los mayores
ingresos por concepto de la renta petrolera.
Otro aspecto de la crisis es el desplome
político del régimen y diversas manifestaciones de un Estado fallido. El Estado
es un caos. Se ha constituido una duplicidad de poderes públicos y cada uno
reclama para sí la legalidad y la legitimidad, factura peligrosa en tanto que
prefigura violencia e indeseables escenarios bélicos.
La población se está desintegrando
vertiginosamente. Algunas proyecciones estiman que para finales de 2019 la
diáspora será superior al quince por ciento (15%) de la población total. El
territorio se encuentra amenazado y
atenazado por vecinos con quienes, por
una parte, mantenemos litigios territoriales históricos y por otra, nos han
penetrado desde el estado Amazonas hasta la Serranía de Perijá en el estado
Zulia por grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
colombiano, la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
los paramilitares y el narcotráfico, factores estos que ejercen control real sobre parte de esos territorios,
prevalidos de complicidad y omisión,
tanto de funcionarios civiles y militares, como de los mandos del partido de
gobierno. Esto ocurre mientras buena parte de la dirección política
del país protagoniza un debate
anti-nacional y sumiso en torno a cuales factores exógenos vendrán a liberarnos
del régimen o a consolidarlo, cuando lo que se impone ante este conmovedor
escenario, como la vía más racional y humana, es un diálogo franco y sin segundas intenciones,
como no ha ocurrido hasta ahora, con el fin de construir consensos y
entendimientos que permitan el retorno a la democracia y conjurar el fantasma
de una confrontación fratricida.
En el análisis de la crisis no podemos
obviar el elemento ético. La profundización de la descomposición moral del país
tiene su origen en esa suerte de orgía corruptora que se montó en una
multiplicidad de hechos como la designación de funcionarios dóciles al frente
de la Contraloría General de República; la inconstitucional anulación del poder
legislativo nacional y en consecuencia de su función contralora; la liquidación
de la independencia funcional del Banco Central de Venezuela (BCV); la aprobación y prórroga indefinida, violando
el artículo 338 de la Constitución Nacional, de un estado de emergencia económica, que ha
permitido al gobierno actuar discrecionalmente en la celebración de contratos
de interés nacional y en operaciones financieras y de crédito público que por
su monto y naturaleza afectan gravemente la vida económica del país; el control
centralizado de nuestra principal industria, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la desnaturalización de su objeto social y su
utilización como caja chica de toda la administración pública y de su aparataje
político; la irrupción en el llamado arco minero para entregar y negociar sus
riquezas en minerales preciosos y estratégicos sin planificación ni control y
sin reparar en los daños ecológicos causados en Guayana y en toda la Amazonía;
el otorgamiento de contratos mil millonarios para la ejecución de obras
públicas y la prestación de servicios a empresas sin capacidad técnica ni
financiera acreditada conforme a la ley, propiedad de amigos y familiares de altos
jerarcas del gobierno, lo cual se tradujo en una danza de comisiones y coimas,
así como en compromisos contractuales incumplidos y en un cementerio de obras
no concluidas; la asignación de millones de divisas preferenciales a empresas
de maletín que luego vendían esos dólares en el mercado paralelo en el que
obtenían groseras ganancias que permitieron amasar grandes fortunas.
El control de cambio, la emisión de
dinero inorgánico sin ningún orden y
manejado discrecionalmente; el control de precios y una desatada política expropiatoria, destinada a asfixiar a
empresarios privados cuyos negocios, industrias y fincas les fueron arrebatados
y puestos en manos de burócratas corruptos que luego de enriquecerse las
quebraron, son acciones que perfeccionan la estrategia que ha destruido la
economía, acabado con los servicios públicos y empobrecido a Venezuela hasta
hundirla en la ruina.
Nunca antes se habían esquilmado las
riquezas de un país como ha ocurrido con las de Venezuela en estos últimos
cuatro lustros. Recomponer los valores
éticos de nuestra sociedad y del Estado requerirá grandes e ingeniosos
esfuerzos legislativos y pedagógicos para rescatarlos y así reconstruir el
talente moral del país.
Parte protuberante de la crisis es el
carácter autoritario y represivo del gobierno, la violación sistemática de los
derechos humanos, la tortura en sus diversas formas, los tratos crueles y
degradantes en la persona de los secuestrados por razones políticas ha sido una
práctica recurrente de los organismos de seguridad. La liquidación de las libertades de expresión
y de prensa, también de las libertades
sindicales y gremiales, la ilegalización de partidos políticos democráticos, la limitación
del derecho a la protesta pacífica, la estigmatización y la destrucción moral
de la disidencia, el uso de los recursos
jurisdiccionales y de seguridad del Estado para intimidar, inhibir y anular a la oposición, el asesinato
político y la partidización de las Fuerzas Armadas Nacionales, el allanamiento
domiciliario, las deportaciones, la intimidación, persecución y agresiones por
parte de grupos hamponiles afectos al régimen (colectivos) contra diversos
opositores, son prácticas de la cotidianidad.
Los hechos señalados anteriormente son las
causas fundamentales de la acelerada deslegitimación del gobierno y de su
eventual derrumbamiento, empujado por la indignación popular y explican además
el sacudón anímico que ha conducido a las masas empobrecidas a las multitudinarias manifestaciones de protestas
que con violencia, destrucción de pueblos y represión sostenida no serán
acalladas. Según la ONG Observatorio
Venezolano de Conflictividad, en los primeros dos meses del año 2019 se elevaron
tales protestas a 12.175, lo que nos lleva a afirmar, sin negar otras contribuciones, que los
principales convocantes del pueblo en la calle son el hambre, las enfermedades y la opresión.
El descontento luce indetenible ante la incapacidad
de tomar las urgentes medidas políticas y económicas para conjurar esta crisis que
hunde cada vez más a Venezuela en la pobreza, la impotencia, el descontento y
la desesperanza.
Todo el país
debe hacerse presente en esta hora histórica cuando todos los venezolanos
hacemos falta. Los factores en quienes el torbellino polarizador ha puesto la
carga del protagonismo no deben sobre-estimarse ni navegar en fantasías y
ofertas engañosas. El gobierno debe cesar su frenesí propagandístico y
represivo. Debe reconocer la crisis, parar en seco el dogmatismo y la soberbia
para mirar a entendimientos nacionales que saquen al país de un absurdo y ya
prolongado conflicto político que trata como traidores a la patria a sectores e
individualidades que levantan sus voces y acciones para que cese la destrucción
nacional. Por otra parte, sectores de oposición que han propuesto ya en otras
ocasiones salidas improvisadas, ahogadas en la inmediatez que se ceba en la
fuerte presión popular por el cambio, deben abrirse a la realidad y a la
conveniencia de Venezuela. No es por acciones de fuerza, no es por la violencia
ni por un golpe de estado o por repugnantes intervenciones militares de
potencias extranjeras como resolveremos nuestros problemas. Por lo contrario, acciones
de esta naturaleza los agravarían en grado sumo. Esa no es la solución.
Vale la pena recordar los hechos de
abril del año 2002. Una élite ensoberbecida se apropió de la protesta de
un pueblo que ya sentía los rigores del
autoritarismo y de una crisis económica que tres lustros después ha alcanzado
niveles trágicos. Esa jefatura mesiánica
surgida de la antipolítica fundó su
acción en un infame decreto que permitió no solo la auto-juramentación de Pedro Carmona como
Presidente de la República, sino hasta el cambio de nombre del país. Horas
después retornaba al poder Hugo Chávez y continuaba el desarrollo del modelo
que tiene hoy a Venezuela al borde de la destrucción.
Finalmente, advertimos que la fragilidad
constitucional del gobierno y su ignorancia de la Constitución y las leyes lo
convierte en un poder de facto y el repudio popular, así como la condena y el
desconocimiento de buena parte de la comunidad internacional, lo colocan en una
situación de inviabilidad. La gobernabilidad se ha perdido. Igualmente
ratificamos nuestro reconocimiento a la Asamblea Nacional como poder constituido dotado de plena legalidad y
legitimidad emanadas de la manifestación
de voluntad popular, con motivo del proceso electoral efectuado el 6 de
diciembre del año 2015. De la misma
forma reconocemos a su actual Junta Directiva, presidida por el ingeniero Juan
Guaidó y electa conforme a lo establecido en su reglamento interno. Pero
llamamos la atención sobre una realidad conflictiva y peligrosa que requiere
ser abordada con racionalidad y sentido patriótico para evitarle mayores
sufrimientos al pueblo venezolano.
No es
con salidas improvisadas ni apelando a transgresiones mayores inaceptables,
entre ellas intervenciones militares de potencias extranjeras, como
recuperaremos la institucionalidad y la necesaria y deseada convivencia entre
los venezolanos. El camino es otro. Consideramos urgente un diálogo plural que
atienda el interés nacional y cuyas bases sean: la liberación de los presos por
razones políticas; el respeto y la restitución de todos los derechos y
garantías conforme lo establecido en el título III del texto constitucional
vigente; la aceptación de ayuda humanitaria, la cual, para evitar conflictos
internos o internacionales debería estar manejada por la Organización de Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional,
Cáritas y otras instituciones internacionales comprobadamente neutrales; la
adopción de urgentes medidas económicas destinadas a combatir los efectos demoledores
de la hiperinflación; la designación de un Consejo Nacional Electoral neutral y
el establecimiento de una fecha perentoria para la elección de todas las
autoridades nacionales, regionales y municipales, en la búsqueda de resolver
mediante la voluntad popular graves conflictos institucionales como la dualidad
que hoy funciona dada la existencia de la Asamblea Nacional y la Asamblea
Nacional Constituyente, como también el pesado y nublado debate sobre las
elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Es la consulta popular, no las
armas, ni la violencia, ni el desgaste del contrario que sólo prolongaría sin
sentido la tragedia que hoy padecemos, lo que disipará el conflicto que
padecemos.
Estamos conscientes que a pesar de la pertinencia del diálogo propuesto, la polarización ha
llegado a extremos de intolerancia radical que pueden hacerlo inviable. Por esta razón, “Soluciones para
Venezuela” propone como una alternativa para resolver la crisis pacífica,
electoral y constitucionalmente, la convocatoria de un referéndum consultivo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 71 de la Constitución vigente y por la
vía de la iniciativa popular, la cual implica la recolección del 10% de las
firmas de los electores inscritos en el registro electoral y civil. La pregunta que se le formularía al pueblo
será; ¿Está de acuerdo con la
convocatoria de elecciones generales en la que se escojan la totalidad de las
Autoridades Nacionales, regionales y municipales, proceso que sería organizado,
dirigido y supervisado por los órganos especializados en materia electoral de
la Organización de las Naciones Unidas, con el apoyo logístico y técnico de instituciones
internacionales de indudable imparcialidad? Por esta vía la decisión
estaría fuera tanto del campo oficialista como del opositor ya polarizado, e igualmente ajeno a factores exógenos
distintos de la Organización de Naciones
Unidas (ONU). Quedaría así la solución en
manos de la ciudadanía, de nosotros los venezolanos. Si el pronunciamiento
es favorable a las referidas elecciones generales, se podría comenzar de
inmediato con las mismas organizaciones
internacionales neutrales a organizarlas. Elevamos con este documento esta propuesta, de igual manera, a la comunidad
internacional por la vía de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al cuerpo
diplomático acreditado en el país, a las
instituciones económicas, sociales, académicas y religiosas existentes en el
país, a los partidos políticos y tanto al gobierno como a las distintas
manifestaciones de la oposición democrática, para su consideración y eventual
aceptación. Pero si no llegare a ser aceptada por las partes, procederemos con
el concurso de todos los sectores coincidentes a la recolección de firmas
requeridas y a la promoción del referéndum en el ánimo de construir una vía racional y pacífica que
dé inicio a un nuevo y promisor tiempo histórico.
Con todo nuestro empeño puesto en
aportar a la reconstrucción de la Democracia venezolana y a trabajar por la
prosperidad de la nación hacemos votos por la unidad y el entendimiento entre
los venezolanos. ¡POR VENEZUELA!
La Dirección Nacional del Partido “Soluciones para Venezuel
Claudio Fermín
Presidente
@spvsoluciones
@claudioefermin
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