Tarek William Saab, el fiscal de la República designado por la Asamblea Constituyente presidida por Diosdado Cabello, informó que el General había muerto por síntomas asociados con el coronavirus. Poco después, la esposa y la hija lo desmintieron, señalando que el general no presentaba malestares relacionados con la Covid-19. Ningún equipo de patólogos le practicó una autopsia al cadáver para certificar las causas del deceso. La inhumación del cuerpo se hizo en el Cementerio del Este de forma exprés, clandestina, sin la presencia de periodistas, amigos y familiares.
Todo transcurrió dentro de una espesa atmósfera que solo genera preguntas difíciles de encontrarles respuestas racionales: ¿por qué si el preso político más connotado del país -General en Jefe en condición de retiro, exministro de la Defensa, ex hombre fuerte del régimen- padecía de una enfermedad tan letal como esa, no fue trasladado a una clínica privada o a un centro de salud público especializado? ¿Por qué los venezolanos no estaban enterados de que Baduel había contraído un virus que ha matado a miles de personas en Venezuela y a millones en todo el mundo? ¿Por qué los organismos especializados en derechos humanos, como el Foro Penal, tan conocedores de las condiciones de los presos políticos, no sabían nada de ese contagio?
Esas preguntas carecen de respuestas lógicas porque no pueden tenerlas. La Unión Europea exige una investigación independiente de lo sucedido. El gobierno debería aceptarla. ¿Lo hará? No creo.
Hasta hora lo que queda en evidencia de nuevo es que en Venezuela se conformó un Estado policial que sustituyó, o en todo caso relegó a un plano muy secundario, al Estado de derecho, en el cual se respetan las personas que han sido privadas de su libertad. Si no se resguardan los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes, mucho menos los de quienes se encuentran tras las rejas.
Al general Baduel, el chavismo-madurismo lo atacó con el odio característico desplegado por los regímenes dictatoriales contra quienes pueden amenazar la permanencia de la casta dominante en el poder. Viendo su tragedia y la de su familia, recordé al general Arnaldo Ochoa, en Cuba, y del mariscal Shukov, en la Unión Soviética. Ochoa fue fusilado por Fidel Castro luego de retornar a la isla tras su exitosa campaña militar en África. Había regresado convertido en un héroe. Castro lo consideró un peligro para su dominio. Zhukov fue relegado, casi desterrado, a la lejana Odesa, después de haber sido el comandante del Ejército Rojo que derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. El Mariscal desató la envidia y la paranoia de Stalin.
A Baduel le tocó una suerte similar. Luego de haber restablecido a Chávez en Miraflores el 13 de abril de 2002, el General surgió como el militar de mayor jerarquía que apoyaba el proceso bolivariano. Su prestigio en las Fuerzas Armadas y en el país fue visto por Chávez como una amenaza a su hegemonía. Por eso, aprovechó la crítica del General al proyecto socialista, para encarcelarlo -‘purgarlo’, de acuerdo con la terminología comunista- bajo la acusación de malversación de fondos en su paso por el ministerio de la Defensa. A partir de ese momento, 2009, su vida se convirtió en un calvario. “Soy un preso de Chávez”, dijo en varias oportunidades.
Baduel fue víctima del Estado policial fraguado con el apoyo de los cubanos y, más tarde, de los rusos. Sus derechos humanos se violaron de forma permanente y flagrante. Los castigos que se le infligieron fueron recurrentes. Ninguna de las denuncias formuladas por sus familiares y las instituciones defensoras de los presos políticos sirvieron para contener la saña del Estado policial. El mensaje que se buscaba transmitir a través de Baduel al estamento militar, a los dirigentes opositores y a la población era claro: si ese trato cruel se le infringe a una personalidad de proyección nacional como ese General retirado, pueden imaginarse lo que le ocurriría a cualquier otro ciudadano.
Venezuela, junto con Cuba y Nicaragua, es el país de América Latina con mayor número de presos políticos. Una protesta pacífica para exigir en las calles que se restablezca el suministro de gasolina, el servicio eléctrico, las bombonas de gas o el agua potable, se convierte en excusa suficiente para que el gobierno reprima con violencia y encarcele a la gente.
La pérdida de legitimidad de origen y de desempeño -el Estado fallido- le enseñaron al régimen que la única manera de mantenerse atornillado al poder es aumentando los mecanismos represivos y la brutalidad con la que actúa. El general Baduel sufrió en carne propia la crueldad del Estado policial que, sin proponérselo, ayudó a consolidar. Con él no hubo ni justicia ni compasión.
Trino Márquez
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Venezuela
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