Una vez más,
vendiendo el diván, el heredero del muerto difunto sacó un par de decretos que
dejan claro cuál es el razonamiento filosófico (por decirlo de alguna manera) y
la calidad legislativa que tienen él y sus validos. Tales adefesios aparecieron publicados en la
Gaceta Oficial varios días después de haberse vencido el lapso para que el
Ejecutivo pudiera emitir leyes por vía habilitante. Pero eso no parece ser óbice para el régimen
ni sus áulicos: imagínense que ya los decretos por los cuales se declaraba
estado de emergencia en varios estados limítrofes perdieron su vigencia y la
frontera sigue cerrada. O, más bien,
entornada; porque los uniformados encontraron otro filón para su
enriquecimiento: ahora —además de que siguen cobrando por dejar pasar gasolina,
pañales, aceite y demás cosas de las que escasean por aquí— reciben los pagos
de las personas que tienen, de necesidad, que cruzar “la raya” por las
trochas. El estado de derecho en la zona
fronteriza sigue siendo violado por los mismos que debieran defenderlo. Mientras tanto, las FARC y el ELN pasan como
Pedro por su casa para vacacionar y cobrar vacuna con la vista gorda del
paisano suyo que reside en Ciliaflores.
Pero vamos a lo que
veníamos: las leyes chimbas. La primera
que se viene a la mente es la de Régimen Cambiario. Vuelve a penalizarse el que alguien informe a
cómo es que de veras está el dólar.
Según ellos, los inexistentes tipos de 6,30, 12,50 y 200 son los que
pueden ser enunciados; el otro —el que dicen por ahí que sobrepasa los 800— no
puede ser mencionado so pena de que lo manden a uno para Uribana, El Rodeo o
Yare. Pero eso no impedirá que los
únicos que tienen acceso a esos tipos preferenciales, los enchufados
robolucionarios, lo sigan vendiendo con ganancias extraordinarias. La intención de ocultamiento es tal que,
paradójicamente, se pena más fuertemente la información sobre el dólar paralelo
que por el uso indebido de este.
Fíjense: para la difusión de información sobre el tipo de cambio se
establece prisión de 10 a 15 años.
Mientras tanto, el uso indebido de las divisas obtenidas a cambio
oficial tendrá una pena de entre 3 y 7 años.
O sea, para el régimen la defraudación a la nación es menos importante
que silenciar el derecho que tenemos todos a la libertad de expresión. ¡Fin de mundo! Pero es que entre bomberos no se pisan las
mangueras: ellos son los principales prevaricadores en ese ramo…
Otra ley chimbísima
de Nicky es la que sacó sobre el Banco Central.
¡Con esta sí que es verdad que se la comió! Se pasa por la bragueta por lo menos cuatro o
cinco artículos de la mejor Constitución del mundo. Para empezar, según el decreto,Ante la el
ente emisor podrá otorgar créditos “al Gobierno Nacional y a entidades públicas
cuando objetivamente exista amenaza interna o externa a la seguridad u otro
perjuicio al interés público". O
sea, regresamos a los tiempos de El Cabito.
Esto contraría la parte segunda del Art. 320 constitucional: el BCV “no
estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o
financiar políticas fiscales deficitarias”.
Pero, claro, ¡qué es una raya más para un tigre?, eso es lo que ha
estado haciendo la directiva del banco a partir del “billoncito” que le
concedieron al eterno que se murió, ¿se acuerdan? Ahora lo que se hace es convalidar el statu
quo imperante desde hace 17 años.
El
nortesantandereano, siguiendo el consejo de su compatriota Laureano Gómez,
quien recomendaba: “tapen, tapen”, ahora quiere evitar que el BCV haga lo que
la Constitución le manda en el Art. 319: “…rendirá cuenta de las actuaciones,
metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional”. Ahora, según la “sapiencia” ciliaflorina, los
directores del BCV podrán clasificar algunas informaciones como confidenciales
o secretas y tendrán la potestad de darle o negarle estas a la AN o sus
comisiones. ¿De ser así, dónde quedaría
la primera línea del antes citado 319, que pauta que el banco “se regirá por el
principio de la responsabilidad pública”?
Productos del mismo
cheque en blanco que los manganzones hoy exdiputados del oficialismo le
extendieron al ilegítimo —y de la misma ineptitud de este— son otros
decretos-leyes que apuntan más a ganarse el voto fácil que a solucionar los
colosales problemas que tiene Venezuela por el desgobierno rojo. Entre ellos destacan el de la modificación de
las “cestas-ticket”, que dispone que se les pague el almuerzo a los
trabajadores, así no vayan a laborar por flojera; la de “inmovilidad laboral”,
que no dejará que la empresa levante cabeza, y la de “precios justos”, que
harán eternas las escaseces y las largas colas.
Trabajo perdido el de Nikolai y sus partidarios: el venezolano del común
no se comió esas añagazas baratas y usó la cabeza el 6-D. Ahora el intento es por hacer nugatoria la
decisión del soberano. Vamos a ver si lo
logran. Que lo dudo…
Humberto Seijas
Pittaluga
hacheseijaspe@gmail.com
@seijaspitt
Carabobo - Venezuela
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