A pesar de las dudas y conjeturas que los siempre equivocados sectores
radicales habían lanzado sobre las actuaciones y el informe preliminar de la
alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos
Humanos, Michel Bachelet, la exmandataria chilena (en su informe verbal ante
esa organización mundial) puso en evidencia la violación sistemática de los
derechos y libertades fundamentales que sufre el pueblo Venezolano, así como el
irrespeto y la transgresión del gobierno a todas las garantías ciudadanas
consagradas en la constitución venezolana y en el sistema regional y universal
de pactos y tratados suscritos por la República.
Para sorpresa de quienes desde la oposición habían echado sombras sobre
las conductas y actuaciones de la exmandataria del país austral, y quienes
desde el gobierno se hacían ilusiones con eventuales lenidades u omisiones
frente a la tragedia Venezolana, el informe de la alta comisionada no tuvo
desperdicio. Pasó revista a todas y cada una de las violaciones a las que a
diario es sometido el pueblo venezolano, las cuales abarcan los denominados
derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación.
En relación al uso inmoral e indiscriminado de la fuerza represiva, en
la que concurren organismos policiales, militares y grupos delincuenciales
afines, el informe verbal hizo un resumen de detenciones arbitrarias e
ilegales, de la utilización de la tortura como patrón habitual, de la
perversión del sistema de justicia, de la criminalización de la protesta y la
disidencia, y de todo un sistema arbitrario y brutal que niega de hecho la
existencia de un régimen democrático en Venezuela.
En relación a la tragedia humanitaria, que según señaló la alta
comisionada en su informe, el gobierno se niega tercamente a reconocer y atender, resalta la galopante
hiperinflación cuyos efectos sobre la vida de los ciudadanos los arrincona en
la pobreza y la exclusión, al igual que el deterioro de todos los servicios
públicos incluyendo los de atención en salud y educación, que han generado (en
el caso de este último) cifras alarmantes de deserción escolar con todas sus
nefastas consecuencias.
El desprestigiado régimen madurista pretendió “lavarse la cara”,
autorizando la presencia en el país de una misión técnica de la oficina de la
alta comisionada, que pudiera ser antesala de su visita, y a pesar de los
esfuerzos por maquillar y edulcorar aspectos neurálgicos de las violaciones
sistemáticas y masivas a los derechos humanos, el resultado preliminar se
constituye en una auténtica requisitoria contra un Estado delincuente, policial
y depredador incapaz de garantizar condiciones mínimas de existencia a sus
ciudadanos, y cuyos únicos esfuerzos se concentran en tratar de mantenerse en
el poder mediante el uso impúdico de la violencia y la fuerza.
El informe Bachelet con toda su contundencia y consecuencias viene a
corroborar lo que todo el mundo conoce, y es que el gobierno venezolano ha
propiciado una política interna de “tierra arrasada” y de represión y terror
contra su propio pueblo, sometiéndolo a condiciones de vida que se constituyen
de hecho en la negación de todos los derechos, libertades y garantías que no
solo consagra nuestra constitución, sino que forman parte del acervo del mundo
democrático y libre.
Rafael Simon Jimenez
@rafaelsimon57
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