El ‘Caracazo’ de 1989 –que de espontáneo solo tuvo el malestar inicial producido por el leve aumento del precio de la gasolina y el consecuente incremento en el costo del transporte público entre Guarenas y Caracas- se produjo porque había numerosos grupos de la izquierda radical que, de forma soterrada, habían realizado un trabajo de zapa durante largo tiempo en las barriadas populares y estaban en capacidad de agitar las aguas cuando se dieran las condicione favorables para hacer explotar en gran escala el descontento de las masas.
Maduro sabe que con los partidos actuales resulta imposible generar protestas masivas. Las organizaciones se encuentran divididas y debilitadas. Con sus principales dirigentes perseguidos y en el exilio. Con la militancia desorientada, confundida y atemorizada. Sin embargo, la fragilidad de las agrupaciones políticas no ha hecho desaparecer los graves problemas sociales y económicos existentes. Tampoco los ha ocultado. Lo único que ha logrado es reducir su carga de dinamita.
Ante la anemia de los partidos, han ido desarrollándose organizaciones sociales muy combativas y tenaces, que intentan impedir que las condiciones de vida de los trabajadores y sectores más humildes continúen deslizándose por la pendiente. La sociedad civil se ha dinamizado. Incluso, algunas agrupaciones políticas han entendido que la vía expedita para recuperarse y volver a convertirse en referencia popular y catalizadores del descontento, es a través de la captación y formación de cuadros incrustados en los sindicatos, los gremios y federaciones, el movimiento estudiantil, las barriadas populares y en todos los espacios donde la gente vive y trabaja.
Esa ha sido una labor ardua y constante que ha ido dando resultados significativos. Los trabajadores de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), especialmente los de Sidor, han perseverado en la protección de sus derechos. Las enfermeras, los maestros y profesores de secundaria de los institutos públicos. Los profesores universitarios. Los jubilados de la Cantv y de otros organismos y entes públicos, han ido sacudiéndose la modorra y asumiendo de forma progresiva la defensa de su derechos laborales.
En la medida que el cambio ha ido ocurriendo, la actitud del régimen se ha endurecido. Hace algún tiempo se enfocó en castigar a líderes emblemáticos como Rubén González, el recio dirigente de Ferrominera del Orinoco, a quien mantuvo casi dos años años en prisión. Luego castigó el trabajo solidario de Roberto Patiño, de Caracas Mi Convive, cuyo crimen consistía en entregarle un plato de comida caliente a los niños más humilde de la capital. Durante las últimas semanas emprendió una campaña feroz contra dirigentes sindicales afiliados al partido Bandera Roja, agrupación ubicada de forma inequívoca en el campo de la izquierda (en el que Maduro dice ubicarse), y contra numerosos activistas de los derechos humanos. Javier Tarazona, director de Fundaredes –organización dedicada a impulsar la cultura preventiva, la participación ciudadana y la promoción y defensa de los derechos humanos, con un sólido prestigio por sus labores en la zona fronteriza con Colombia- se encuentra preso desde hace más de un año, acusado de ser un peligroso terrorista.
En Venezuela, el gobierno del presidente ‘obrero’ Nicolás Maduro y del PSUV convirtió en un grave delito asumir la protección de los derechos humanos: el derecho al trabajo, a la sindicalización, a la protección del ambiente, y a disfrutar de una vida digna y confortable.
A pesar del hostigamiento y la represión, más de cien organizaciones de la sociedad civil se unieron para denunciar públicamente los atropellos contra los dirigentes encarcelados durante las recientes semanas y exigir su libertad inmediata. En Venezuela no es un crimen protestar de forma pacífica ni demandar el cumplimiento de los derechos prescritos en la Constitución.
En la actualidad hay al menos 332 presos políticos en Venezuela, de acuerdo con la ONG Coalición de los DD.HH y la Democracia. Muchos de ellos se encuentran encarcelados por intentar hacer valer los preceptos constitucionales. Por esta razón, Rafael Dochao Moreno, jefe de la Delegación de la Unión Europea en el país, propuso la elaboración de un proyecto de ley para proteger a los defensores de los derechos humanos. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica. Esperemos que se concrete, aunque si el régimen viola su propia Constitución, la ‘mejor’ del mundo, lo más probable es que haga lo mismo con cualquier otro documento que suscriba.
En este ambiente de terror, el gobierno dice que quiere reanudar el diálogo con la oposición en México o donde sea. Todo indica que es una farsa más.
@trinomarquezc
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