En días pasados Nicolás Maduro se presentó en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU para presentar “su realidad” sobre la situación de los
derechos humanos en Venezuela. Antes de su intervención, a título de prólogo,
para su sorpresa e “indignación”, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
había expresado su razonada preocupación por la violación de los derechos
humanos en Venezuela, el acoso a los defensores de los derechos humanos y la
actuación de un Poder Judicial que imparte su justicia en perjuicio de los
derechos de los opositores, para no entrar en mayores detalles. También antes de su prolongada “alocución”, el representante de Alemania, Presidente del Consejo, le recordó a Maduro su desprecio por el sistema universal de protección, a la vez que le pidió que asumiera sus obligaciones como representante de un Estado Miembro y aceptara la visita al país de los mecanismos de derecho humanos, Relatores y Expertos, a quienes se les ha negado la entrada desde 1998.
Estas declaraciones, contundentes por lo demás, poco comunes hacia un
mandatario de un Estado Miembro de la ONU, muestran el rechazo de la comunidad
internacional a las arbitrariedades del régimen de Maduro, heredero y ejecutor
de la obra de Chávez, que abandonó definitivamente y sin retorno, el estado de
derecho, un concepto estrechamente vinculado a la “justicia”, la “democracia” y
la “paz” que los regímenes totalitarios suelen interpretar perversamente para favorecer sus intereses, siempre contrarios
a los del pueblo.
El estado de derecho expresa la sujeción de las actividades del Estado
al orden jurídico, en consideración plena de los derechos de los individuos y
de la sociedad. Se trata de un principio de gobierno que implica que todas las personas, las
instituciones públicas y privadas, incluido el propio Estado, estén sometidas a
la Constitución y a las leyes adoptadas públicamente de conformidad con el
mismo orden jurídico; lo que excluye evidentemente la legislación adoptada sin
base legal, como las habilitantes y otras a las que ha recurrido el régimen
desde 1999, para imponer sus políticas. En un Estado de Derecho las leyes deben
ser cumplidas por igual y aplicadas por órganos de justicia independientes e
imparciales. La administración de justicia debe ser apegada a los derechos humanos
reconocidos no sólo en textos internacionales y en la Constitución y otras
leyes de la República sino por el
Derecho Internacional consuetudinario, que es superior, entre los
cuales, los derechos relacionados con la igualdad ante la ley, el debido
proceso, la no discriminación. Si se aplica este concepto a la realidad
venezolana, llegamos a la conclusión de que el régimen de Maduro abandonó
definitivamente este espacio, aparentemente sin retorno.
A pesar de todo, la comunidad internacional espera que el régimen
detenga sus arbitrariedades y manipulaciones sobre el sistema electoral y
respete las reglas y permita un proceso electoral transparente; pero, sobre
todo, que acepte la voluntad popular que exige democracia, libertad, paz,
progreso. También esperan los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil
del mundo que, ante el inminente triunfo de la oposición democrática, se
respete la integridad institucional y no se desmantele la estructura del Estado
a través de manipulaciones perversas para desconocer la potestad de la nueva
Asamblea y anular sus competencias por la vía de facto, lo que es muy difícil
para un régimen que con razones bien fundadas muchos han calificado de
forajido, es decir, irrespetuoso del orden jurídico establecido.
Estado de derecho y democracia son conceptos estrechamente vinculados
entre sí. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es, como bien
se expresa en la Carta Democrática Interamericana, “la base del estado de
derecho y los regímenes constitucionales de los Estados”. Los pueblos tienen el
derecho a la democracia, un derecho humano colectivo consagrado por el Derecho
Internacional y, en consecuencia, los gobiernos tienen la obligación de
promoverla y defenderla. Estamos ante compromisos jurídicos internacionales que
los Estados deben respetar cabalmente.
Por ello, ante el abandono definitivo del estado de derecho, ante la
ruptura del orden democrático o alteración del orden constitucional, la
comunidad internacional, particularmente la regional, que finalmente parece
haber comprendido nuestra realidad, deberá entonces invocar la aplicación de la
Carta Democrática Interamericana para proteger los derechos del pueblo
venezolano, lo que garantiza no solamente la paz interna, sino la estabilidad
de la región.
Victor Rodriguez Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@vitoco98
Caracas - Venezuela
