Pdvsa, que antes del advenimiento de la revolución había sido la menos endeudada entre las grandes transnacionales petroleras del mundo, experimentó con la llegada del chavismo una transmutación profunda que la llevó a niveles de degradación inimaginables.
Comprendiendo que la vieja meritocracia no se prestaría a sus manejos, procedió Chávez a ponerles trampas a sus trabajadores en las cuales, según sus propias palabras, “ellos cayeron”. Fueron a un paro y él aprovechó para despedir a cerca de 20.000, la mitad del personal de Pdvsa, que por tener 15 años en promedio de servicios a la industria acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento.
De ahí en adelante a la empresa la politizaron, la devastaron, le cambiaron su misión, la corrompieron, en suma, la destrozaron.
La sed de recursos del régimen era insaciable. A pesar de que los precios petroleros alcanzaron en esos años su máximo histórico, nada alcanzaba para cubrir los planes demagógicos de aquel grupo de advenedizos que se había hecho con el poder. No bastó el ingreso petrolero, ni el abultado ingreso fiscal, ni el endeudamiento brutal en que incurrió el Estado. Puesto que Pdvsa contaba con mejor rating crediticio que la nación, procedieron a sobreendeudar a la empresa, no para utilizar esos recursos en sus propios planes, sino para arrojarlos a la vorágine populista que brotaba de una mente extravagante que pretendía extender su revolución a toda Latinoamérica.
¡Pobre Pdvsa! ¡La destruyeron!
Llegamos así a finales del año 2016. Pdvsa venía ya incumpliendo con pagos a sus proveedores y contratistas, pero el principal problema eran dos emisiones de bonos que vencían una en abril y otra en noviembre de 2017.
Propone la empresa canjear bonos de esas emisiones por 7.100 millones de dólares por otros que vencerían en 2020. Los mercados no aceptaron la oferta porque entendían que la empresa no podría cumplir.
Finalmente, Pdvsa se conformó con canjear bonos por un valor de 2.799 millones de dólares que vencían en 2017, entregando a cambio otros que vencerían en 2020 pero con un valor de 3.367 millones de dólares, perdiendo la diferencia. Además, ofreció un interés tan elevado que solo se ve en los llamados “bonos basura”. Como consecuencia de todo lo anterior, la tasa interna de retorno para quienes aceptasen el canje alcanzaría un insólito 19,8% en dólares. Y en vista de que ni aún así los mercados tenían confianza, procedieron a ofrecer la mayor de las barbaridades: un colateral que garantizase el pago consistente en 50,1% de las acciones de Citgo, o sea, el control de la empresa.
El 27 de diciembre de 2017 la Asamblea Nacional tomó cartas en el asunto. Expuso que Pdvsa ya estaba sobreendeudada, con lo cual no bastaba con canjear unos bonos que la endeudarían aún más. Planteaba que era necesario renegociar toda la deuda de Pdvsa y además objetó fuertemente la garantía colateral con acciones de Citgo. Las posiciones de la AN fueron publicadas y ampliamente difundidas.
A pesar de ello, el régimen siguió adelante con la operación, pasando por encima de la Asamblea. Quienes aceptaron canjear los bonos lo hicieron a sabiendas de la debilidad jurídica de aquel canje. Tal debilidad se puso aún más de manifiesto cuando el 25 de octubre la Sala Constitucional, actuando como Jalisco -que si no gana, arrebata-, coartó las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.
En 2018 el gobierno de Estados Unidos comenzó a bloquear ciertas operaciones del régimen venezolano y de Pdvsa. Sin embargo, la Oficina del Tesoro (OFAC) emitió la Licencia General número 5, que permitía a los tenedores de los bonos 2020 -que como dijimos tienen como colateral 50,1% de las acciones de Citgo- tomar el control de la empresa si Pdvsa no cumplía con el pago.
Con posterioridad, Estados Unidos reconoció como presidente encargado al presidente de la Asamblea Nacional, cuyas primeras medidas estuvieron destinadas a proteger a Citgo. Procedió Guaidó a solicitar formalmente la revocatoria de la Licencia General número 5 emitida por la OFAC.
En respuesta, en agosto de 2019, el presidente de Estados Unidos bloqueó todas las propiedades del régimen, incluida Citgo, es decir, no se puede traspasar la propiedad de esos activos. En teoría, esto debería protegernos temporalmente.
El caso es que el próximo 27 de octubre vence una cuota de esos bonos 2020 por un monto de 913 millones de dólares. Existen dudas acerca de cuál de las disposiciones prevalece en este caso: si la Licencia General número 5 emitida por la OFAC que autorizaría a los tenedores de esos bonos a tomar el control de Citgo, o la disposición del presidente Trump que bloquea las propiedades del régimen, incluida Citgo. Ambas disposiciones se contradicen entre sí.
Se trata de un asunto de vital importancia por cuanto podría llevarnos a perder el control de Citgo en cuestión de semanas. Una cosa está clara: la culpa de esta tragedia recae sobre quienes irresponsablemente endeudaron a Pdvsa y después dieron en garantía a Citgo.
José Toro Hardy:
@josetorohardy
