Entre las distintas formas mediante las cuales se
manifiesta la pretensión hegemónica y el talante antidemocrático del régimen
está la de acumular la mayor concentración posible de poder, que sea suficiente
y eficaz para neutralizar cualquier reacción a sus propósitos. Incluso, lo ha
hecho en términos desproporcionados para asegurarse con el escarmiento que
cualquier iniciativa que amenace esa hegemonía correría igual o peor suerte.
La administración de justicia llevó lo suyo. Dos casos
emblemáticos bastan para demostrarlo. El desempeño institucional del TSJ y el
resto de nuestros jueces, quedó seriamente castrado desde la inaceptable y
procaz descalificación e intromisión de Chávez en las constitucionales
funciones del TSJ por decidir un vacío de poder en los sucesos de abril del
2002.
Más brutal fue el singular precedente de la jueza
María Lourdes Afiuni Mora; desde entonces la recta administración justicia es
una rara avis en nuestro país. Esa concentración de poder consiguió terreno
abonado en la tristemente célebre Luisa Estela Morales, expresidenta del TSJ,
quien le dio una patada a los principios democráticos de la separación y
equilibrio de poderes teorizados por el barón de Montesquieu,
vigentes por más de 260 años.
El “Informe sobre el estado de la independencia del
poder judicial en Venezuela”, elaborado por Human Rigths Foundation, publicado
el 26 de septiembre de 2012, trata el asunto y refería la opinión de la
expresidenta del TSJ cuando expresó: “no podemos seguir pensando en una
división de poderes, porque eso es un principio que debilita al Estado”. Agrega
el informe: “Las declaraciones vertidas en 2007 y 2009 por el entonces
presidente de Venezuela Hugo Chávez, así como aquellas vertidas por la
presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Luisa Estella Morales en 2009 y por
el magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba en 2011, constituyen un
reconocimiento expreso de que para estas autoridades, todas las acciones y
decisiones del poder judicial venezolano deben estar y están deliberadamente
alineadas y sometidas a las políticas del poder ejecutivo bajo la dirección del
presidente Hugo Chávez, haciendo de esta manera patente la sumisión del poder
judicial venezolano al poder ejecutivo”.
Esa desproporción, como eficaz herramienta de
escarmiento, se nos presenta en términos más trágicos. Ninguna duda cabe que la
atroz ejecución de Óscar Pérez y su grupo, ya rendidos y vencidos por las
asimétricas condiciones de combate, llevaba implícito un bestial mensaje de amedrentamiento a quienes tuviesen la osadía de tomar,
como en efecto la han tomado otros, la vía de las armas para enfrentar al
régimen. Por cierto, nada que ver con el trato dispensado a Chávez tras su
rendición en 1992. O el caso de la muerte inducida del modesto y valiente
productor agropecuario Franklin Brito vs. el aparato del Estado Chavista. O el
de la brutal represión de Goliat contra la protesta del inerme David que tiñó
con su sangre los pavimentos del país.
Es el resultado de la macabra maquinación que supedita
el poder judicial al ejecutivo, que se explica en las palabras expresadas en el
año 2011, por el entonces magistrado del TSJ, Fernando Vegas Torrealba, quien
afirmó que “este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales de
la República, deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o
reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo
bolivariano y democrático”. La línea editorial de El Nacional, contestataria y
opuesta a un régimen totalitario que ve en la libertad de expresión y de
comunicación un desafío de un referente mediático, fue respondida por un despojo
que encaja en esa perversa urdimbre.
No es poca cosa lo que aún queda por enfrentar. Lejos
está que pueda equilibrarse una lucha que hoy es completamente desigual con
unas Fuerzas Armadas intervenidas e ideologizadas y puestas al servicio no solo
de una parcialidad política sino también de intereses
extranjeros.
Una claque que a sabiendas de la devastación del país se rasga las
vestiduras por la implementación de un sistema político totalitario y
antidemocrático que por supuesto no está contemplado en nuestra Constitución
que por el contrario establece a la democracia y al pluralismo político como
valores superiores del ordenamiento jurídico.
En Venezuela se está perpetuando
el totalitarismo como sistema político; que hoy es una forma de gobierno que está
siendo erradicada expresamente en países que ya han transitado el terrible
camino de la hegemonía y la desgracia antidemocrática. ¿Acaso 22 años de
desgobierno no bastan?
Víctor Antonio Bolívar
Castillo
vabolivar@gmail.com
@vabolivar
Venezuela
