Desde el 2000 hasta el presente, se
observa la falta notoria de
autonomía e imparcialidad del poder judicial en Venezuela, comprometiendo seria y sistemáticamente la actuación de los órganos de la justicia en beneficio de la causa
revolucionaria y en desmedro de la disidencia política y del ciudadanos
común, al recordar la norma fundamental de nuestra carta magna que, sin equívocos ni limitaciones establece
que El poder judicial es independiente
y el Tribunal Supremo de Justicia gozará
de autonomía funcional , financiera y
administrativa “ (art 254), confirmando
su carácter esencialmente
autónomo e imparcial de cualquier tipo de activismo partidista, gremial, sindical o de índole semejante, no solo referido al
máximo tribunal de justicia sino también a los
demás tribunales, el ministerio
público, la defensoría del pueblo,
órganos penales, penitenciarios, y demás funcionarios que participan o se
involucran legalmente en la
administración de la justicia en el país. (Art. 256 ejusdem).
Posiblemente se aduzca en descarga de esta incriminación
de la justicia venezolana que se trate de
una respuesta política de los
grupos opositores al gobierno, pero no es casualidad que los organismos americanos e internacionales de derechos
humanos ( CIDH y El Consejo de DD.HH de
NN.UU), desde el 2003, han calificado como preocupante las violaciones de los derechos humanos, por
el uso letal de armas en las manifestaciones
de la disidencia política, control de
jueces y fiscales, encarcelamiento de opositores políticos, y
sus condiciones de reclusión con
castigos y torturas, hostigamiento y
vejámenes de sus familiares e impunidad generalizada,
calificando la pérdida de la
independencia del poder judicial (
Informe del 12/ 2015).Venezuela está
obligada a la sumisión y aplicación de
los tratados, pactos y convenciones
suscritos y ratificados de las
Naciones Unidas sobre derechos humanos (art. 23, CRBV): ¿UN
ESTADO FORAJIDO?
La violación de
los derechos civiles y políticos
en Venezuela, durante régimen
chavista-madurista, presenta un
déficit muy grave que involucra todo el
sistema judicial venezolano con el aval de TSJ, de la Fiscalía Nacional y los
jueces que son manipulados políticamente por su provisionalidad, en los procesos y sentencias para
criminalizar sus oponentes y ((o )para complacer los designios e intereses
políticos del ejecutivo nacional y de
altas instancias gubernamentales: ¿ EXISTE UN ESTADO REPRESOR DE LOS DERECHO CIVILES Y POLÍTICOS?
A confesión de partes, relevo de pruebas, por cuanto
presidentes, y magistrados del máximo tribunal, jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales se han encargado de declarar sin ningún pudor ni vergüenza, pública y
notoriamente, su adhesión al proceso revolucionario y al chavismo,
contraviniendo flagrantemente las disposiciones constitucionales y legales
de apoliticismo, independencia y
autonomía del poder judicial, lo que se
ha venido plasmando evidentemente en las decisiones de sus órganos, afectando la impartición de una justicia, base fundamental de los
valores de libertad, igualdad y paz de
nuestra nación: ¿ EL PODER JUDICIAL VENEZOLANO ES UN ENTE DE
CARÁCTER POLITICO O UN ÓRGANO
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA?.
La administración penitenciaria está altamente comprometida por el
enseñoramiento de la violencia, por
ineficacia d autoridades judiciales penitenciarias , fiscalía,
investigación penal y las mafias penitenciarias que han consolidado el
control de penales,
disponibilidad del manejo de armas de guerra, planificación y ejecución de delitos de
secuestro , extorción y sicariato, con
saldos lamentables de cientos de
muertos y heridos, con un hacimiento
carcelario muy elevado. El último episodio de la cárcel de San Antonio, en la
isla de Margarita, nos demuestra cuán
comprometida está la gestión carcelaria, la permisibilidad de los reclusos, la
disponibilidad de armas y la falta de
control de la autoridades ministeriales
y de vigilancia de las autoridades militares: ¿ CUÁLES SON LOS ÓRGANOS
RESPONSABLES PARA EL CONTROL DE LAS
ARMAS Y LA GESTIÓN PENITENCIARIA EN EL PAÍS?
La reciente denegación del decreto de Emergencia
Económica, (22/2), por parte de la
AN, ha ocasionado una manifiesta rebeldía del poder ejecutivo por
declaraciones del presidente Maduro desconociendo la instancia parlamentaria,
de sus ministros y altos funcionarios
por incomparecencia a las interpelaciones parlamentarias y del GRAL.
Mayor, Comandante de la GNB,
Néstor Riverol, actuación de suma
gravedad, y de diputados oficialistas para desconocer la
legitimidad del parlamento al propiciar la instalación, dotación de recursos, y amenaza de adoptar el parlamento comunal nacional como instancia
legislativa sustitutiva del parlamento legítimo instalado el pasado 5 de enero, no ha tenido ningún eco
en el TSJ, que con su omisión, convalida
estas actuaciones y declaraciones
arbitrarias y anticonstitucionales. ¿ES EL PARLAMENTO COMUNAL NACIONAL
LA INSTANCIA CONSTITUCIONAL PARA EJERCER
LA FUNCIÓN LEGISLATIVA?
La “suspensión temporal“ de los 4 diputados de Amazonas
de parte del TSJ, y el silencio
correspectivo del Consejo Nacional Electoral sobre la restitución o nueva elección parlamentaria en los estados Amazonas y
Apure, con el desconocimiento del
contenido de un supuesto informe sobre el asunto, deslegitima las
competencias constitucional del órgano electoral que no se ha pronunciado
sobre la LEGALIDAD NI TEMPORALIDAD de la sentencia respectiva de
la Sala Electoral, lo que se
considera una omisión grave constitucional que deja sin representación
parlamentaria a las circunscripciones del estado Amazonas y la diputación indígena, conjuntamente con el estado
Apure; y puede ser utilizada como un expediente para el desconocimiento de la
mayoría calificada obtenida por la MUD en las
elecciones del 6D. ¿ES QUE, ACASO, EL CNE HA SIDO DESPOJADO DE SUS COMPETENCIAS
ELECTORALES?
Las fallidas comparecencias de
altos funcionarios del ejecutivo nacional, de la administración pública y de altos oficiales de la FAN, ante la Asamblea Nacional, contemplada en los artículos 223 de la CNBV y de las disposiciones de la Ley
Sobre El régimen de comparecencia de funcionarios públicos y privados,
y en la manifiesta y reiterada desobediencia y
rebelión del presidente de la República, y de diputados oficialistas ante las
actuaciones constitucionales del parlamento,
constituyen una grave falta que pone a los funcionarios públicos incursos en el
desacato a la constitución y la ley,
y por ende, corroe el estado de derecho, sin que los órganos
públicos jurisdiccionales se pronuncien
al respecto.¿ POR QUE EL SILENCIO ABSOLUTO DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE
TSJ SOBRE ESTAS VIOLACIONES
CONSTITUCINALES Y AL LLAMADO A LA VIOLENCIA?
Ante las violaciones constantes y sistemáticas del poder
judicial, La Asamblea Nacional ha
mostrado un gran interés en denunciar la falta de independencia y politización
de Poder Judicial, y el pasado
martes 2 de febrero, declaró la CRISIS DEL
SISTEMA DE JUSTICIA EN VENEZUELA.
Jesús Rafael González
Briceño
jesusrafael768@gmail.com
@jesusgonzalezbr
Miranda - Venezuela
