Se cumplen esta semana, los 100 primeros días de haber
entrado en funciones para un nuevo periodo,
la Asamblea Nacional, dominada en esta ocasión por la oposición, después
de diecisiete largos años de espera.
Dos hechos destacan en este corto periodo de tiempo. El
primero es la intensa actividad legislativa desplegada hasta ahora, al haberse discutido y sancionado varios
proyectos de ley y, el segundo, el discurso franco y abierto pidiendo la salida
de Nicolás Maduro, de su presidente, un
político de la vieja escuela, de estilo pausado pero directo, que contrasta con
la actitud prepotente y el lenguaje altisonante de su predecesor.
Pese a ello, si tuviésemos que calificar la gestión de la
Asamblea Nacional durante estos cien días, únicamente por su actividad
legislativa, funcionalmente considerada la más importante de todas, tendríamos que las leyes aprobadas después de
las discusiones y procedimientos establecidos en la Constitución, que en otras
circunstancias optarían para una máxima nota, se convertirían en un reprobado
al haber sido declaradas todas inconstitucionales por el Poder Judicial. Algo
así como lo que le ocurre al alumno que estudia día y noche durante todo el semestre
y que cuando llega al examen final
termina “raspando” la asignatura
por haberse equivocado gravemente, cometiendo errores tan elementales que era
imposible para el profesor dejarlos pasar.
Solo que en este caso no hay profesor, y quien determina
si el trabajo sirve o no sirve, es el
Tribunal Supremo de Justicia, pues en la práctica, una ley no sirve para nada
si una vez aprobada por el órgano encargado de hacerla, el responsable de
determinar si esa ley no se sale del marco constitucional, la considera fuera
de él. El problema es que aquí no hay reparación, ni apelación posible. Lo
único bueno de todo esto, es que la nota final la pone el soberano, es decir,
el pueblo.
Que un alumno, aun habiendo estudiado, se equivoque de
tal manera que no conteste nada bien, cae en el terreno delas probabilidades,
pero que un grupo de personas, entre las que hay abogados y especialistas en el
tema o temas que regula un determinado proyecto
de ley, se equivoque en todas las respuestas es imposible. Y decimos en todas las respuestas
porque eso es lo que sucede cuando se declara una ley inconstitucional de
manera total. No es lo mismo que se decida la inconstitucionalidad de alguna
parte de la ley o de alguno de sus artículos, a que se declare toda ella
contraria a la constitución.
Mas imposible es
aun, y lejos de toda probabilidad, que de tres leyes aprobadas por la Asamblea
Nacional, todas tres resulten totalmente inconstitucionales, esto es, que la razón de ser de esa ley, su propósito, su
finalidad y, por ende, las regulaciones que establece en su articulado sobre
los hechos objeto de la misma, son en definitiva contrarios a la letra de la
Constitución. Tan gruesa la equivocación de los redactores de la ley, como que
a simple vista alguien no se dé cuenta
de que un elefante no cabe por la
puerta de su apartamento. Es que hasta
pareciera que dentro de la Asamblea Nacional, en la bancada de la oposición
obviamente, hay mucha ignorancia e inexperiencia.
En diciembre del año pasado, refiriéndonos a la guerra legislativa que ya
se vislumbraba entre el gobierno y la Asamblea Nacional, decíamos en uno de
nuestros artículos, que la situación antes planteada lleva a la conclusión de
que aun con el Poder Judicial de su lado, al gobierno se le va a hacer difícil
desconocer los actos legislativos de la nueva Asamblea Nacional, pues sería
absurdo, por no decir sospechoso, que todas las leyes resultasen inconstitucionales y que en ese
supuesto, no era difícil suponer que el
descrédito del Tribunal Supremo de Justicia ante la opinión pública
estaría más que justificado.
Debemos reconocer que nos equivocamos en nuestra
apreciación de que al gobierno se le iba a hacer difícil desconocer todos los
actos legislativos de la nueva Asamblea Nacional, por aquello de que podía
parecer atípico, malicioso si se quiere, que
todas las leyes fuesen declaradas inconstitucionales cuando afectaban
los intereses del gobierno. Todo lo contrario, le ha resultado facilitó
hacerlo. El recato y sentido común que
pensamos podría tener el gobierno en este asunto, no existen, y no hay límites
legales, tampoco éticos, ni siquiera
políticos, que le obliguen a tener algo de mesura en sus acciones o
actuaciones a través de los demás poderes públicos, ya sea el TSJ o el CNE.
Tampoco el absurdo les preocupa. El descaro político es evidente y al gobierno
no le importa el qué dirán.
Se juegan a
Rosalinda, todo o nada. La suerte está echada.
Jose Luis Mendez
Xlmlf1@gmail.com
@Xlmlf1
Miranda -
Venezuela
