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martes, 4 de abril de 2017

EGILDO LUJAN NAVA,OSTRACISMO ENCONADO AGONIZANTE (OEA),

FORMATO DEL FUTURO
"Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer”    
 Mahadma Gandhi.

Es imposible entender a qué obedece la actual e increíble situación sociopolítica que vive y se vive en Venezuela. Ningún razonamiento lógico le da cabida al hecho.

Porque Venezuela es un país que goza de la ventaja comparativa de disponer de recursos naturales y humanos con los que, sin discusión alguna, hoy debería ser uno de los más desarrollados del Occidente. ¿Cómo no serlo si, adicionalmente, ha dispuesto de ingentes recursos financieros provenientes del negocio petrolero, con los que, desde luego, también pudo haberse convertido en una nación referencial en el Continente a partir del uso inteligente de esa inmensa fortuna en su transformación económica y social?.

Por otra parte,¿ cómo no podría estar hoy diseñando su nueva estrategia competitiva global si dispone de las mayores reservas petroleras probadas del mundo?.  

Porque tampoco más allá de las fronteras de la nación es eso comprensible, inclusive, es por lo que a otros países y sus gobiernos del mundo no se les hace fácil aceptar y justificar que aquí se hable de crisis humanitaria de medicinas y de alimentos. Adicionalmente, que haya la disposición de ”meterse la mano en el bolsillo” para ayudar a un país en donde, por otra parte, es muy poco lo que se hace para emplear eficientemente los ingresos que aún sigue percibiendo diariamente por la venta de petróleo.   

Internamente, nadie duda que, como lo describe la historia venezolana, aquí se han cometido errores, derrochando recursos a manos llenas y han abundado malos manejos económicos. También que de las dificultades se pudo salir, después de actuar acertadamente ante las causas de las mismas, lo cual, desde luego, permitió seguir avanzando con miras a alcanzar un desarrollo positivo.

En otras palabras, salvo por circunstancias de contingencia natural, nunca antes hubo que hacer grandes colas desde altas horas de la madrugada para comprar alimentos o medicinas, ni tener que someterse a la obligación de comprar y consumir lo disponible, ya que  dejó de ser posible la libre escogencia de marcas, tamaño, variedades en general y, mucho menos,  de comprobada y certificada calidad.

¿Quién habría de pensar alguna vez que Venezuela terminaría convirtiéndose en el  país más violento de la tierra y con la inflación más alta del mundo?. Pero a eso se ha llegado. Y esa es la tarjeta de presentación con la que se “compite”. Porque Venezuela es un país sumido en la miseria, en el hambre y en la violencia.
De igual manera, actualmente los venezolanos conforman una sociedad huérfana de justicia. Pasó a ser la expresión terminal de un país en donde la impunidad refleja el alcance de lo que significa ser víctima de  un ostracismo enconado agonizante. Y todo porque, de paso, aceptó como hecho normal y rutinario que ciertas individualidades se permitan dictar normas, impartir sentencias a partir de la subjetiva interpretación de la Constitución. Y también hacer de la arbitrariedad el nuevo espíritu rector de lo que significa pensar y dar pasos en respuesta  a la ventaja de la responsabilidad del cargo que se ejerce, como de la justificación para actuar desde allí en respuesta a argumentos caprichosos.

¿Cómo impedir que desde la Organización de Estados Americanos, y  con el peso propio de las instituciones democráticas en donde votar es la base de su vigencia y proyección, al igual que de las Naciones Unidas, se vea a Venezuela como a un país en calamitosa gravedad y como a un Estado forajido?.

¿Qué decir cuando después de presumir de ser un ejemplo de país en donde todo se subsanaba por vía electoral, ahora se hace necesario que la mayoría de los países del Continente le  esté exigiendo al Gobierno venezolano que permita la celebración de elecciones para dirimir diferencias, y liberar más de un centenar de presos políticos, en demostración de que se pregona y se practica la Democracia?.

¿Por qué hay que agotar discursos y explicaciones legales para demostrar que tales solicitudes no guardan relación alguna con intenciones ocultas de invasión, de injerencia y mucho menos de  intromisión en asuntos internos?.

Por supuesto, lo obvio no necesita ni depende de explicaciones. Porque lo que se percibe es que gritos, ofensas y agravios, en realidad, no pasan de ser argumentos desesperados para justificar violaciones que no se están practicando, y en las que nadie cree.

Es que no es delito ni expresión de intentos ocultos, el hecho de que los ciudadanos nacionales como del resto del mundo estén demandando la posibilidad constitucional de ejercer el derecho a votar, a elegir las autoridades que les garanticen lo contrario de todo aquello  a lo que hoy no tienen acceso, aun cuando la Constitución reza que esa es la responsabilidad que deberían ejercer tales gobernantes.

Hoy es imposible esconder el clamor mayoritario en repudio a la actual situación. Los ciudadanos han demostrado hasta la saciedad que no tienen armas ni tampoco quieren salidas violentas. Esa mayoría ha dicho una y otra vez que  sólo cree en  salidas Constitucionales, en la recurrencia a un proceso de elecciones. Y también ha manifestado que a las Fuerzas Armadas Venezolanas les corresponde actuar en consecuencia con los principios y fundamentos por los que juró al uniformarse y ser garante institucional de lo que está expresamente consagrado en la Constitución: defender la integridad, la seguridad y los derechos ciudadanos.

¿A qué se le teme o a qué se le sirve cuando se guarda silencio sepulcral ante una realidad que exige otras actitudes y conductas?. ¿Acaso a que ruja esa misma mayoría y que explote un torbellino de violencia de impredecibles consecuencias, y sin que  las armas ni la fuerza puedan contener la expansión de más disgusto?. 

Una vez más, el presente llama a la responsabilidad histórica. Hay que dar pasos al frente. Y uno de ellos, sin duda alguna -y que también está contemplado en la vigente Constitución Nacional- es el llamado a una Constituyente que permita avanzar después en la celebración de elecciones generales, promovidas y administradas por un Consejo Nacional Electoral signado por  su imparcialidad.

A la ciudadanía no le pueden seguir escamoteando sus derechos constitucionales y los que la  misma sociedad considera que deben hacerse presentes para impedir riesgos de tragedia, a saber: reformulación de fundamentos constitucionales que permitan honrar los derechos ciudadanos; descentralizar la administración de los estados;  independencia real de  los Poderes Públicos; restitución del proceso bicameral (Diputados y Senadores); reducir el período gubernamental;  eliminación del  presidencialismo; doble vuelta electoral;  descartar la reelección, entre otras.

Hay que actuar ya. Y hacerlo viendo al futuro.

Venezuela no carece de recursos naturales y humanos; tampoco de apoyo internacional. Actuar de esa manera, es lo que permitiría  regresar a una senda de eventual progreso; a la posibilidad de vivir en un ambiente con justicia, equidad y felicidad.

Si eso no se hiciera, el mundo entero, ese mismo que en estos días ha estado haciendo sentir su preocupación por lo que aquí sucede, y que tiene los ojos puestos sobre los factores de decisión en Venezuela, tendría que seguir sin entender por qué aquí se vive como sucede, cuando existen todas la posibilidades para vivir en otras condiciones.
          Egildo Lujan Navas
        egildolujan@gmail.com
        @egildolujan
        Coordinador Nacional de Independientes Por el Progreso (IPP)
        Miranda – Venezuela

        Enviado a nuestros correos por
        Edecio Brito Escobar
        ebritoe@gmail.com

martes, 7 de febrero de 2017

EGILDO LUJAN NAVA, “¿QUÉ DIFERENCIA AL PSUV DE LA MUD?”

FORMATO DEL FUTURO…

" El odio, la envidia y la venganza, conforman la amarga bilis del ser. La bondad,  el perdón y una sonrisa son el elixir de la vida. "

¿Rivales?. ¿Contrincantes?. ¿Adversarios?. ¿Enemigos?. Cada quien lo denomina de acuerdo a su mejor apreciación. Aunque en un país que dice vivir en Democracia, lo lógico sería que se les llamara grupos antagónicos por causas ideológicas. Nada más. Pero aquí, en Venezuela, en donde existe una mescolanza de interpretaciones que va desde lo democrático hasta lo autocrático, y que pasa por una  tropicalísima interpretación en la que se combinan neodictadura y populismo,  para concluir en que la cosa es de narcisismo insuflado con revanchismo social y senilidad histórica, entonces, todo queda en la práctica deductiva similar a lo que sucede con la economía: mucho oscurantismo hace fácil la abundancia interpretativa y deductiva de un degradante neolenguaje, cargado de suspicacias y curiosas impresiones.

En fin, lo visible ante los ojos de quien se ocupa de auscultarlo con detenimiento, es que, en verdad, todo termina siendo una práctica  de dibujo libre, en la que una parte se autocalifica ser de izquierda, cuando pensamiento y conductas terminan demostrando que es expresión de lo contrario. Mientras que la antítesis, la otra parte, insiste en demostrar que no es de derecha; que sencillamente es de algo que se barniza con nuevo brillo, dependiendo del sitio donde se actúa, cómo se hace y con qué fin se promueve.

Se trata, en fin, de la manera como la población percibe al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y a la Mesa de la Unidad Democrática (Mud). Dos fuerzas, grupos o expresiones antagónicas que aún no han terminado de demostrar en qué consiste su diferencia. Porque  cuando cualquier inquieto analista trata de interpretarlo objetiva y responsablemente, se encuentra ante la necesidad de preguntarse qué representan los componentes de dichas siglas, porque la verdad verdadera es que su estructuración organizativa y desenvolvimiento social, evidencian que, entre tales partes, no hay mucha diferencia. Por el contrario, que hay mucha similitud entre ambas.

En primer lugar, habría que analizar quién trabaja para cuál de las dos o para las dos. A la luz de las acciones y reacciones de ambos bandos, lo único que aprecian desesperados y decepcionados ciudadanos, es que la citada combinación de siglas tiene un objetivo común: la ambición y control del poder en sí; no accionar primordialmente en atención y  beneficio del ciudadano; del hombre y la mujer de a pie a quienes ya poco les interesan las diatribas, como sí de qué manera va a evitar que la inflación le siga arruinando, o que la inseguridad le termine convirtiendo en parte de una finalmente manipulada estadística.

Durante las últimas casi dos décadas, es decir, cuatro gobiernos de los de antes, al PSUV-Gobierno, en su actuar sólo se le ha visto presionado por un desenfreno alrededor de todos los recursos lícitos o ilícitos necesarios para mantenerse al frente del Gobierno a toda costa, y convertir el ejercicio del poder en un instrumento de uso sistemático –cuando ha sido necesario-  al margen de lo que le exige e impone la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Inclusive, no ha sido cauteloso en la mejor administración del sonrojo, cuando ha necesitado, además, apelar al populismo exacerbado  para justificar un capcioso reparto de fondos públicos, un encadenamiento verbal para justificar formas de dilapidar millones y millones de dólares, y siempre al margen, absolutamente  desentendido de la obligación de someterse a la norma rectora del control. Sí, de ese cacareado control social que se le encomienda al eufemísticamente llamado pueblo cuando se trata de vigilar a cualquier burócrata aparentemente realengo en la entrega de cuentas, pero que desaparece cuando el celo, el reparo y la exigencia se centra en los llamados a ser ejemplo de pulcritud, honestidad, modelo de moralidad: a los administradores.

¿Resultado?: todo eso que expele mal olor por la presunción de su materialización, y de lo que ya hay jurisprudencia para que no se cite, mencione o se insinúe: corrupción. Mucha y poderosa corrupción, dentro y fuera del ámbito de la nación. Mejor dicho, destrucción casi absoluta del sustento moral del que Venezuela venía haciendo alarde histórico, pero que después sirvió de excusa para que se gestara una acción insurreccional en contra de la institucionalidad democrática, hasta concluir en la destrucción del aparato productivo público y privado, en el motivo principal de una ruina total, en hambre en el pueblo, y en la consagración de la violencia y de la inseguridad. De hecho, a tanta violencia se ha llegado en el país que hoy se disputa, con otras dos naciones, el liderazgo en ese renglón de peso mundial.

¿Y la otra expresión política?. ¿La llamada fuerza opositora organizada?. Desde que la otra parte se hizo del poder, su gran objetivo ha sido siempre el mismo: rescatar ese espacio; convertir en hecho la desafortunada práctica de "Quítate tú para ponerme yo"; causa, motivo y razón lo suficientemente poderosa, como para convertir en práctica común la producción de errores, la de reeditarlos, hasta terminar en el sacrificio histórico de hacer del país un espacio para la práctica democrática con base en la información y formación de la población.

La presunción de aciertos, por supuesto, reaparece cuando se hace necesario minimizar la gravedad de los equívocos. Pero eso no impide que se tenga presente el haberle dejado la Asamblea al libre dominio del Psuv y del Gobierno; de sacar a la población a la calle a llevar sol y concluir en cierres simbólicos, hasta concluir en el desafortunado momento que nace con un triunfo electoral, del cual hoy sólo saca provecho quien controla el poder, mientras se trata, ingenuamente, de avivar esperanzas entre hambre y decepciones.

En el alma del ciudadano ofendido, burlado  y frustrado pesa excesivamente la incidencia general en la que se ha traducido la manera como los poderes Ejecutivo y  Judicial han actuado, en un abierto reto al Poder Legislativo, que ha terminado dejando entrever una conducta permisiva, tolerante y cuasitimorata. Esa misma población cree que es la Asamblea la responsable de la destitución de los Diputados de Amazonas para complacer un absurdo,  de haberse desperdiciado la oportunidad del referendo revocatorio, de no haber impedido la permanencia en sus cargos de los mal llamados Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y rectores del Consejo Nacional Electoral y hasta la prolongación en su cargo del Contralor General de la República, entre otros.

¿Cómo se puede actuar y no ser aguerrido en la lucha, mientras, simultáneamente, se trata de convencer a la población de que en Venezuela no se vive bajo la formalidad de un régimen realmente democrático?. Y si en razón de dicho razonamiento se dice que Venezuela vive bajo el peso de una Dictadura Comunista, ¿a qué se debe que la estrategia de resistir y de confrontar responda más a los obvios fines individuales de capitalizar posiciones públicas, y no de convertir al mismo decepcionado y frustrado ciudadano en un promotor del cumplimiento de la Constitución, que sigue vigente?.

La Constitución en una Democracia es un traje a la medida que consagra el derecho ciudadano, pero a ese mismo ciudadano no se le puede ni debe someter a la voluntad de una conducción  cargada de ambiciones individuales, ajena a lo que debe ser y proyectarse como la conducción de un verdadero liderazgo. Porque un asunto es autoconsiderarse dirigente  y otra hacer sentir que se es líder. ¿A qué se debe la timidez con respecto a exigir soluciones electorales en Venezuela, tal y como está establecido en la Constitución?. ¿Por temerle al costo que implicaría dejar de ser opositor para ejercer conducción en un ambiente hostil? .

Tomando en consideración todas las encuestas realizadas hasta hoy en término de simpatizantes, se observa que, porcentualmente, en Venezuela la población de aquellos ciudadanos inclinados a favor de una pronta solución de la situación que se vive en el país, está dividida en cifras redondas en tres partes: Psuv-Gobierno: 20%; Mud: 20% e Independientes 60%. Por supuesto, ir a elecciones, plantea la posibilidad de que las expresiones democráticas independientes y la Mud pasen a constituir una fuerza capaz de configurar una población votante del 80%. ¿Y por qué no es posible llegar a ese objetivo?.

La mayoría de independientes que triplica individualmente a cada uno de los otros dos incluyentes de casi todos los partidos políticos en Venezuela, de hecho, conforma un fenómeno mundial, según el cual los ciudadanos cada día participan menos en los partidos  y no buscan el poder. Lo que ellos desean, es: trabajo, paz, seguridad jurídica, un gobierno descentralizado con independencia de poderes, un sistema bicameral, producción abundante, seguridad alimentaria y de salud, una moneda fuerte y de libre convertibilidad, buen sistema educativo, libertad de prensa y expresión, libertad empresarial y respeto a la propiedad privada, erradicación del Estado empresario. Igualmente, un excelente sistema de comunicaciones de vialidad, como en telecomunicaciones. De igual manera, colaboración y amistad en el foro mundial de naciones y que, obviamente, los ciudadanos, los únicos y verdaderos dueños del país, puedan pensar y planificar para un futuro próspero y posible. 

Eso, desde luego,  no se podrá lograr si esos dos grupos minoritarios se mantienen terca y absurdamente en un enfrentamiento sistemático, con el que  sólo lograrán arrastrar al país a una eventual guerra civil de impredecibles consecuencias, aun a sabiendas de que, al haber sangre, habrá más violencia que la actual, indistintamente de que tampoco pueda haber perdón.

Hay que detener la marcha desenfrenada del presente hacia ese camino de nada ni de nadie. No se le debe temer a una amnistía entre las partes, que concluya en acto público con todas las garantías de rigor y en un llamado a las Fuerzas Armadas del país, para que, como los civiles comprometidos, asuma que el entendimiento entre los venezolanos en disputa, se hace imprescindible. Ese Acuerdo, desde luego, tiene que concluir en una Asamblea Nacional Constituyente, para reorganizar el país en profundidad y que facilite el nombramiento de un Gobierno de transición. ¿Por cuánto tiempo?: no más de 2 años y sólo para estabilizar a la nación, a partir de la elaboración de un plan de desarrollo inalterable en atención a cambios estructurales , supeditado  al compromiso de que sea el gobierno electo el responsable directo de concluir su ejecución.

En ese Gobierno de transición, las Fuerzas Armadas, apegadas al cumplimiento de lo que les establece  la Constitución, tendrían que ser las garantes de restaurar el orden, defender al país y la seguridad ciudadana. Tienen que volver a los cuarteles y dejar que la administración del Estado y los poderes públicos sean ejercidos por la población civil. No más pretorianismo comprometedor de la que debería ser expresión inobjetable de una institución respetada y respetable.

De igual manera, el país tiene que crear condiciones para que el imperio de la ley sea una verdad; no otro instrumento más para enmascarar solvencia moral y rectitud administrativa. Y eso pasa, inclusive, por la obligación de garantizar una cierta  independencia de poderes públicos y la idoneidad de sus responsables directos, como igual debe suceder con el funcionamiento del Banco Central de Venezuela. Este debe ser autónomo, capaz de funcionar con base en los términos que le fija la Constitución, y no en obediencia sumisa a la voluntad de algún Poder. 

Si nada de eso fuera posible, porque los venezolanos  prefieren seguir optando por la convivencia en un ambiente de rabia, de odio y a merced de lo que les impone la ambición de unos pocos, nada impedirá que tal conducta termine en destrucción y en dolor.

Egildo Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan
Coordinador Nacional 
de Independientes por el Progreso (IPP) 
Gente 
Miranda - Venezuela

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Edecio Brito Escobar
ebritoe@gmail.com
CNP-314

martes, 27 de octubre de 2015

EGILDO LUJAN NAVA, VENEZUELA URGIDA DE GERENCIA, FORMATO DEL FUTURO

Existen países en los que la Administración Pública es una carrera profesional. En ellos, inclusive, existen universidades en las que el pregrado y los resultados de la dedicación estudiantil, constituyen la antesala para optar a postgrados y especializaciones en la gestión pública.

Por supuesto, se trata de países civilizados en los que aquellos que se dedican a la política, están obligados a trabajar seriamente para convencer al ciudadano bien informado, formado y que sabe perfectamente lo que es participar y no dejarse engatusar. Mejor dicho, los políticos no actúan como farsantes de oficio, sino como líderes de avanzada; obligados a actuar aceptando que necesitan del ciudadano, y no que el ciudadano necesita de ellos para acceder a un carguito público o, en el peor de los casos, al abrazo de rigor y a la sobada oportunista.

En esta parte del mundo, aún hay que recorrer mucho trecho para alcanzar esos estándares sociales. Pero hay que trabajar con miras a esas metas. Y hacerlo sin dudar un segundo que ese es el recetario histórico más útil, cuando se trata de curar las enfermedades en la relación administración-administrados, y que hoy, en el caso de Venezuela, se traducen en las peores de las crisis por las que no está pasando ningún otro país del Continente y, posiblemente, en no muchas otras naciones del resto del mundo.

Si las angustias y los temores de un país y de sus ciudadanos se midieran con un termómetro, en el caso de Venezuela el mercurio ya se estaría desbordado y todas las alarmas encendidas. Nadie que esté en su sano juicio puede explicarse cómo fue que el país que hace pocos fue un modelo político, económico y social  de América Latina y de otras latitudes, por su potencial de desarrollo y su capacidad de ofrecer futuro y oportunidades, haya llegado hasta aquí.

Venezuela es hoy también referencia regional y mundial. Es verdad. Pero, triste y lamentablemente, por ocupar las últimas posiciones de los diversos índices con los que, organizaciones e instituciones especializadas en todo el mundo, evalúan el cumplimiento de requisitos y condiciones para ser países considerados apropiados para la inversión privada, para la vida en familia, para conquistar bienestar y prosperidad, para vivir en libertad.

Seguridad, desabastecimiento, salud, educación; cualquier otro tema relativo a calidad de vida del ciudadano en Venezuela, sólo refleja una progresiva descomposición de la base esencial de todo país que presume de civilizado: su base institucional. Las instituciones públicas venezolanas legitiman a cada segundo el comprometedor lema de "sálvese quien pueda".

El instinto de supervivencia ha ido minando los valores morales; inclusive, los principios fundamentales de la convivencia en paz, en armonía, en un sano y apropiado uso de la inteligencia y de la racionalidad. El primitivismo signa hoy la vida de millones de personas que consideran que sólo así es posible subsistir.

¿Qué hacer?. ¿Cómo hacerlo?. Emerge la necesidad imperiosa de las coincidencias, de los acuerdos entre los liderazgos, indistintamente de las posiciones que detenten. Y para que eso suceda, se hacen sentir las miradas que identifican a varios actores imprescindibles para impedir que la irracionalidad se apodere de Venezuela después del 6D.

La Iglesia en procura de rescatar la moral, buenas costumbres y respeto al prójimo, por lo demás, fundamento imprescindible para el diálogo proactivo y respetuoso. Ese aporte, de hecho, hoy se hace sentir en distintas partes del mundo. Los  emprendedores dispuestos a servirle al país a partir del uso apropiado de la capacidad de gerenciar. Los propios partidos políticos como soporte de la necesidad del orden social y de la capacidad de impedir el arraigo prolongado de la anarquía. Las Fuerzas Armadas y su disposición  a actuar con base en los requisitos que les establece la Constitución de la República. Y, sin duda alguna, los trabajadores organizados y liderados, en atención a la comprometedora realidad de  que será a las empresas y a sus socios productivos, es decir, a sus empleados, a quienes les corresponderá asumir el mayor de los costos ante la urgencia de que la necesidad del entendimiento se convierta, finalmente, en el punto de partida de la estabilidad económica y social de la nación.

Actualmente, las organizaciones partidistas tienen en sus manos la responsabilidad del protagonismo electoral. Están actuando, por razones obvias, como maquinarias electorales: prevalecen los intereses personales con miras a convertir en un hecho positivo la gestión del convencimiento colectivo. Todo gira alrededor de la importancia de coronar una victoria, de un triunfo que, sin embargo, no puede pasar a convertirse en una nueva patente de corso para señalar, enjuiciar, castigar y de imponer procedimientos a partir del resentimiento y de la administración de la venganza. Es, por supuesto, la misma y válida acepción con la que tiene que identificarse la conducta de los llamados independientes, convertidos por anticipado en posibles vencedores electorales en diferentes partes del país.

Construir soluciones a partir de estas realidades implica que, así como no es posible –por inaceptable- hacer política como siempre, tampoco puede pretenderse que la administración del Estado venezolano siga siendo lo que ha sido hasta ahora. Es decir, un culto al personalismo, a la degradación del sano empleo del diálogo, en contra del necesario resguardo al principio de la administración apegada a la ética y a la gerencia de calidad, como a la importancia de que sea una auténtica expresión del servicio al ciudadano

La administración del Estado se tiene que adecentar a partir del mismo momento que la voluntad ciudadana disponga que llegó el momento de cambiar. Y eso es ahora. Pero no para el reemplazo de individualidades, sino de poner en marcha un verdadero proceso transformador capaz de erradicar progresivamente cada una de las causas que han hecho posible lo que cada venezolano percibe: ir a un cargo público es acceder al santuario de la riqueza fácil, del dinero mal habido, del aprovechamiento cuasi criminal  de la representación de la sociedad para afianzar la corrupción.

Cambiar implica, desde luego, no más corrupción, no más despilfarro, no más populismo. Gerenciar tiene que ser una obligación basada en la importancia de entender y convertir en una máxima moral, de  que la hacienda pública no es un botín. También una nueva concepción de la gestión pública apegada  al cumplimiento de la norma, y lo cual implica la rendición de cuentas, como la del sometimiento a la sanción penal y pública cuando se viola esa misma norma.

Sin duda alguna, es todo eso lo que dejan entrever y hacen sentir los resultados de las encuestas  ciudadanas cuando le dicen no a lo que está sucediendo en altas instancias públicas, y se pronuncian a favor de nuevas opciones, de otras alternativas partidistas o independientes para que, desde la Asamblea Nacional, se comiencen a dar los pasos que, inevitablemente, también se tendrán que producir en el resto de la estructura institucional venezolana.

Por último, y no por ello menos importante, no se pueden plantear modificaciones en aquello que hoy es señalado como negativo o inconveniente en el ámbito público, si se desestima la actuación determinante de las diversas instituciones universidades y los gremios profesionales, en respuesta al reto transformador. Su sabiduría acumulada, su experiencia referencial y su relación permanente con las exigencias del futuro, conforman, sin duda alguna, el valioso aval para que sean sus conocimientos y disciplina, las que hagan posible que la tecnología  y los avances científicos se conviertan en la base imprescindible para que se den los pasos necesarios, en procura del desarrollo y del rescate del gran país que es Venezuela.

Egildo Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan