Existen países en los que la Administración Pública es una carrera profesional. En ellos, inclusive, existen universidades en las que el pregrado y los resultados de la dedicación estudiantil, constituyen la antesala para optar a postgrados y especializaciones en la gestión pública.
Por supuesto, se trata de países civilizados en los que aquellos que se dedican a la política, están obligados a trabajar seriamente para convencer al ciudadano bien informado, formado y que sabe perfectamente lo que es participar y no dejarse engatusar. Mejor dicho, los políticos no actúan como farsantes de oficio, sino como líderes de avanzada; obligados a actuar aceptando que necesitan del ciudadano, y no que el ciudadano necesita de ellos para acceder a un carguito público o, en el peor de los casos, al abrazo de rigor y a la sobada oportunista.
En esta parte del mundo, aún hay que recorrer mucho trecho para alcanzar esos estándares sociales. Pero hay que trabajar con miras a esas metas. Y hacerlo sin dudar un segundo que ese es el recetario histórico más útil, cuando se trata de curar las enfermedades en la relación administración-administrados, y que hoy, en el caso de Venezuela, se traducen en las peores de las crisis por las que no está pasando ningún otro país del Continente y, posiblemente, en no muchas otras naciones del resto del mundo.
Si las angustias y los temores de un país y de sus ciudadanos se midieran con un termómetro, en el caso de Venezuela el mercurio ya se estaría desbordado y todas las alarmas encendidas. Nadie que esté en su sano juicio puede explicarse cómo fue que el país que hace pocos fue un modelo político, económico y social de América Latina y de otras latitudes, por su potencial de desarrollo y su capacidad de ofrecer futuro y oportunidades, haya llegado hasta aquí.
Venezuela es hoy también referencia regional y mundial. Es verdad. Pero, triste y lamentablemente, por ocupar las últimas posiciones de los diversos índices con los que, organizaciones e instituciones especializadas en todo el mundo, evalúan el cumplimiento de requisitos y condiciones para ser países considerados apropiados para la inversión privada, para la vida en familia, para conquistar bienestar y prosperidad, para vivir en libertad.
Seguridad, desabastecimiento, salud, educación; cualquier otro tema relativo a calidad de vida del ciudadano en Venezuela, sólo refleja una progresiva descomposición de la base esencial de todo país que presume de civilizado: su base institucional. Las instituciones públicas venezolanas legitiman a cada segundo el comprometedor lema de "sálvese quien pueda".
El instinto de supervivencia ha ido minando los valores morales; inclusive, los principios fundamentales de la convivencia en paz, en armonía, en un sano y apropiado uso de la inteligencia y de la racionalidad. El primitivismo signa hoy la vida de millones de personas que consideran que sólo así es posible subsistir.
¿Qué hacer?. ¿Cómo hacerlo?. Emerge la necesidad imperiosa de las coincidencias, de los acuerdos entre los liderazgos, indistintamente de las posiciones que detenten. Y para que eso suceda, se hacen sentir las miradas que identifican a varios actores imprescindibles para impedir que la irracionalidad se apodere de Venezuela después del 6D.
La Iglesia en procura de rescatar la moral, buenas costumbres y respeto al prójimo, por lo demás, fundamento imprescindible para el diálogo proactivo y respetuoso. Ese aporte, de hecho, hoy se hace sentir en distintas partes del mundo. Los emprendedores dispuestos a servirle al país a partir del uso apropiado de la capacidad de gerenciar. Los propios partidos políticos como soporte de la necesidad del orden social y de la capacidad de impedir el arraigo prolongado de la anarquía. Las Fuerzas Armadas y su disposición a actuar con base en los requisitos que les establece la Constitución de la República. Y, sin duda alguna, los trabajadores organizados y liderados, en atención a la comprometedora realidad de que será a las empresas y a sus socios productivos, es decir, a sus empleados, a quienes les corresponderá asumir el mayor de los costos ante la urgencia de que la necesidad del entendimiento se convierta, finalmente, en el punto de partida de la estabilidad económica y social de la nación.
Actualmente, las organizaciones partidistas tienen en sus manos la responsabilidad del protagonismo electoral. Están actuando, por razones obvias, como maquinarias electorales: prevalecen los intereses personales con miras a convertir en un hecho positivo la gestión del convencimiento colectivo. Todo gira alrededor de la importancia de coronar una victoria, de un triunfo que, sin embargo, no puede pasar a convertirse en una nueva patente de corso para señalar, enjuiciar, castigar y de imponer procedimientos a partir del resentimiento y de la administración de la venganza. Es, por supuesto, la misma y válida acepción con la que tiene que identificarse la conducta de los llamados independientes, convertidos por anticipado en posibles vencedores electorales en diferentes partes del país.
Construir soluciones a partir de estas realidades implica que, así como no es posible –por inaceptable- hacer política como siempre, tampoco puede pretenderse que la administración del Estado venezolano siga siendo lo que ha sido hasta ahora. Es decir, un culto al personalismo, a la degradación del sano empleo del diálogo, en contra del necesario resguardo al principio de la administración apegada a la ética y a la gerencia de calidad, como a la importancia de que sea una auténtica expresión del servicio al ciudadano
La administración del Estado se tiene que adecentar a partir del mismo momento que la voluntad ciudadana disponga que llegó el momento de cambiar. Y eso es ahora. Pero no para el reemplazo de individualidades, sino de poner en marcha un verdadero proceso transformador capaz de erradicar progresivamente cada una de las causas que han hecho posible lo que cada venezolano percibe: ir a un cargo público es acceder al santuario de la riqueza fácil, del dinero mal habido, del aprovechamiento cuasi criminal de la representación de la sociedad para afianzar la corrupción.
Cambiar implica, desde luego, no más corrupción, no más despilfarro, no más populismo. Gerenciar tiene que ser una obligación basada en la importancia de entender y convertir en una máxima moral, de que la hacienda pública no es un botín. También una nueva concepción de la gestión pública apegada al cumplimiento de la norma, y lo cual implica la rendición de cuentas, como la del sometimiento a la sanción penal y pública cuando se viola esa misma norma.
Sin duda alguna, es todo eso lo que dejan entrever y hacen sentir los resultados de las encuestas ciudadanas cuando le dicen no a lo que está sucediendo en altas instancias públicas, y se pronuncian a favor de nuevas opciones, de otras alternativas partidistas o independientes para que, desde la Asamblea Nacional, se comiencen a dar los pasos que, inevitablemente, también se tendrán que producir en el resto de la estructura institucional venezolana.
Por último, y no por ello menos importante, no se pueden plantear modificaciones en aquello que hoy es señalado como negativo o inconveniente en el ámbito público, si se desestima la actuación determinante de las diversas instituciones universidades y los gremios profesionales, en respuesta al reto transformador. Su sabiduría acumulada, su experiencia referencial y su relación permanente con las exigencias del futuro, conforman, sin duda alguna, el valioso aval para que sean sus conocimientos y disciplina, las que hagan posible que la tecnología y los avances científicos se conviertan en la base imprescindible para que se den los pasos necesarios, en procura del desarrollo y del rescate del gran país que es Venezuela.
Egildo Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan
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