NESTOR SOLANO, UN GANCHO DE DOS PIEZAS

SANTOS Y MADURO

Una buena formación, buen estado de salud y su condición ética y moral a toda prueba, son fundamentales, para el ejercicio del poder en nuestros gobernantes, si las enfermedades físicas han tenido los efectos demoledores en nuestra historia, ¿qué podemos decir de los trastornos mentales, alucinaciones y delirios como los que viven Santos y Maduro?, que los han llevado al uso y abuso del poder y al incumplimiento de sus responsabilidades, dividiendo a las dos naciones entre amigos y enemigos, con proyectos políticos personalistas que demuestran una ambición desmesurada y dejan la huella destructiva, característica de su locura por mantener el culto a la personalidad y permanecer en el poder.

Destruyeron la economía, manejan a su gusto y capricho el poder judicial, manipulan a su antojo los dineros del estado y los convierten en su mejor arma de convicción, engañaron a sus electores con ofertas que no se llevaron a cabo, la mayor parte de la población no gana dinero suficiente para alimentarse bien, existe un elevado ausentismo laboral, desnutrición en los niños, anemia severa en la población, familias rebuscándose en las calles, alta mendicidad, tensión social y violencia, mientras los dos gobernantes presentan ante el mundo falsos informes de desarrollo.

Maduro como su par Santos, forman un broche que ha perdido la base de apoyo popular con el cual comenzaron a gobernar, ellos no terminan de entender que no es que van a perder el gobierno en cualquier elección, es que ya lo perdieron, lo dicen todos los estudios de opinión y lo ratifica la calle, en este momento les corresponde asumir con humildad que ya no los queremos, que sus gobiernos han creado la mayor crisis vivida por Venezolanos y Colombianos y que el hambre. el desempleo, la escasez y la inseguridad, nos conducen al mayor caos en la historia de nuestras naciones hermanas.

El Gobierno de Venezuela maltrata a Colombianos victimas de deportaciones y decomisa a diario artículos que son adquiridos en nuestro territorio, pero el Gobierno de Colombia también maltrata a humildes familias Venezolanas en busca de un techo, trabajo y alimento, que le es negado en su propio País, por no pertenecer al partido de Gobierno, Santos y Maduro forman un gancho de dos piezas que se unen, pretendiendo imponer el Socialismo y están acabando con la integración de nuestros pueblos, abriéndole espacios al terrorismo y la corrupción, mientras la informalidad, el delito y la pobreza recorren las dos Naciones.

Depredadores con suerte, que defienden las fechorías y la corrupción que reina en los dos gobiernos, pero tanto Colombianos como Venezolanos, hemos desarrollado conductas de supervivencia ante este entorno hostil y cambiante, por lo tanto a pesar de la insoportable incertidumbre, corrupción y abuso de poder, nuestra mayor fortaleza es el pueblo, los ciudadanos nacidos en las dos Naciones, herederos de la libertad, conquistada por el genio de América: Simón Bolívar y que estos confabulados piensan arrebatarnos, pero no podrán con nuestros pueblos, que son el mejor instrumento de la lucha por venir, para la reconquista de la democracia, el entendimiento y el progreso de nuestras dos grandes Naciones.

Nestor Solano

solano.nestorep@gmail.com

@SolanoNestorep

Tachira - Venezuela

Frontera Colombo-Venezolana

HAROLD ALVARADO TENORIO, SANTOS, EL SECUESTRO Y LAS FARC, DESDE COLOMBIA

El Padre de la Industria del Secuestro en Colombia fue Pedro Antonio Marín, cuyo nom de guerre era Manuel Marulanda Vélez, a quien dedicó varios libros su biógrafo oficioso Arturo Alape. Uno de sus primeros y más importantes proyectos, después de fundar las FARC en 1964 fue planear el secuestro del rico industrial vallecaucano Harold Eder [1903-1965], un ingeniero liberal nacido en Palmira que era dueño y gerente del ingenio Manuelita, ministro de fomento durante la tutela de la junta militar que reemplazó a Rojas Pinilla.

El 20 de marzo de l965, antes que Aurelio Camacho Rueda, ministro de gobierno de Guillermo León Valencia, autorizara los bombardeos diseñados por Gabriel Rebéiz Pizarro y José Joaquín Matallana contra Marquetalia y Riochiquito, Tirofijo y Jacobo Arenas enviaron a varios de sus secuaces a la hacienda Quebradaseca en el municipio caucano de Corinto a retener a Eder, cosa que hicieron luego que el industrial examinara los terrenos donde iba a construir las oficinas del futuro ingenio Cauca. Acostumbrado a pasear por las montañas en uno de sus viejos caballos, al intentar inmovilizarle un guerrillero apodado El Conejo hizo dos disparos de carabina calibre 22 hiriéndole en el vientre y una pierna y sin curarle le hicieron cabalgar durante cinco días hasta que murió desangrado, no sin antes, entre los veinte días siguientes al descubrimiento de su cadáver, cobrar una enorme suma de dinero por su rescate.

Otros secuestros lucrativos siguieron a este y la práctica fue decretada en la Cuarta Reunión Plenaria de las FARC en agosto de 1969 en la cual se recomendó a los miembros del Secretariado, varios de cuyos poderosos miembros están ahora en La Habana, secuestrar “importantes personalidades del enemigo, o ricos industriales”, como ha sido la práctica de Pablo Catatumbo en los últimos treinta años, el más tenebroso de los asesinos dedicados al secuestro de ancianos ricos que ha tenido Colombia. Industria que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, ha causado cerca de 40.000 víctimas entre 1970 y 2010, la gran mayoría de ellas obradas por las FARC, el tercer grupo terrorista más rico del mundo según Forbes. 

Pero los encuentros de las FARC, sus aliados y benefactores con la familia Eder no paran allí. En octubre de 2012 durante la mesa de instalación de diálogos del gobierno Santos con la camarilla asesina en Oslo, olvidando que habían ultimado a su abuelo y secuestrado a su tía Elisa, los voceros de la pandilla arremetieron contra Alejandro Eder, Alto Consejero para la Reintegración, calificando a su familia de “explotadores de tierras”, y en julio de 2014, mientras Manuelita celebraba 150 años de existencia y a Don Henry Eder, patriarca de 90 años se le ocurriera acordarse de Alvaro Uribe y la “seguridad democrática”, y los representantes azucareros aplaudieran a rabiar, Juan Manuel Santos, el promotor de la impunidad y la elegibilidad de los facinerosos de La Habana, lanzando una frase pendenciera: “Muchos de los que Henry llamaba la comunidad azucarera no me acompañaron en estas elecciones. Y yo me hacía la pregunta con algunas personas ¿por qué?”, vaticinó sus venganzas contra el grupo víctima de las FARC.

A los pocos días atacó a los políticos que apoyan a los azucareros, les quitó las carteras ministeriales y mandó a la Superintendencia de Industria y Comercio, como ha hecho ésta semana atacando al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, que multara los ingenios del Valle con la extravagante suma de 100 millones de dólares, acusándolos de impedir importaciones de azúcar al país. Lo que nadie dijo es que los azucareros proveen de sustento a 2.152.000 familias, es decir, a cerca de 10 millones de personas.

Cómo entender, ¿cómo leer entonces, que alias “Iván Márquez”, "Jesús Santrich", "Rodrigo Granda", "Simón Trinidad", "Andrés París", "Marcos Calarcá", "Pablo Catatumbo", la holandesa pereirana "Alexandra Nariño", "Sargento Pascuas", "Mauricio Jaramillo", "Yuri Camargo", "Victoria Sandino", y otros cien más, puedan elegir a dedo sus jueces, ante quienes se declararan víctimas inocentes y quedaran libres de cualesquiera condena, pero a renglón seguido inauguraran con la ayuda del Parlamento Santista, el Fiscal Santista y las Cortes Santistas, la más implacable persecución contra todos aquellos que nos opusimos a sus infamias?

No hay duda, después de leer el pacto Santos-Farc de La Habana para el procesamiento de los enemigos comunes, que el modelo ha sido los tribunales para la cacería de brujas de la edad de la fe.

Las primeras acusaciones estarán precedidas, como se hace ahora con la pluma de los periodistas santistas de El Tiempo, amamantados con la droga ideológica de Enriquito, de una serie de rumores que ya suman años. Las denuncias, como la que se hizo contra el General de la Policía Luis Eduardo Martinez, serán anónimas, o con falsos testigos como sucedió con el Coronel Plazas Vega y como le sucedió a él mismo y le ha sucedido ahora al Magistrado Pretelt, no se nos permitirá defendernos durante los juicios. Luego no seremos recluidos en cárceles o casas sino que nos mantendrán aislados en algún bunker como acaeció con el llamado Hacker Sepulveda. Los interrogatorios serán, unos por las buenas, si aceptamos la acusación de las FARC y cantamos lo que ellos desean, pero si nos resistimos, como cuando al Coronel Plaza lo esposaron de pies y manos y le aplicaron una inyección para meterlo en La Picota, seremos presionados por nuestros familiares para que aceptemos confesar que colaboramos con el ejército y los paramilitares y entregamos nuestras pensiones cada quince días a Carlos Castaño, y si no, no habrá más visitas ni abogados hasta que aceptemos la culpa.

Tratándose de las FARC y de Juan Manuel y Enrique Santos, no hay que excluir el eventual uso de empulgueras, la rueda, el potro o la bota española. Ellos saben bien de eso, como pueden contar los que han estado en sus campos de concentración. Vendrá después, por supuesto, al resistirnos, la aplicación de las llamadas Judicium Aquae, sea caliente o fría; la del Fuego, la de la Aguja, la de las Lágrimas, la del Peso, etc. Hasta que alcanzada la confesión seamos ajusticiados para siempre a vivir en alguno de esos numerosos campos de concentración que acaba de anunciar Santos, donde nunca estará el excitante General Palomino y mucho menos el cobarde obeso ministro de defensa.

Elegid, pronto uno. Estamos at portas del fin de la democracia.

Harold Alvarado Tenorio

asdfghjkl.123456@arquitrave.com

@arquitrave

Colombia

JUAN CARLOS BERMÚDEZ REYES, ANTE EL DILEMA TRAMPOSO, DESDE COLOMBIA,

Mienten en conciencia el presidente Santos, sus congresistas, el Fiscal General y los medios con sus columnistas al querer imponer a la población el dilema paz o guerra. Argumentan que la paz es un derecho constitucional de obligatorio cumplimiento. Hay quienes sostienen que por tratarse de un bien superior no requiere que la ciudadanía sea consultada.

Debe ser que en nombre de la Ilustración, la Modernidad y la inteligencia, los colombianos del común hemos de aceptar que quien nos gobierna y sus áulicos tienen la razón, la verdad y que por tanto, basta que el gobernante y sus ayudantes, iluminados, nos lo digan para que aceptemos que así es y que no merecemos ser consultados en asunto tan trascendental como el que se está ventilando en La Habana con el grupo que más terror ha causado a la sociedad colombiana.

Nos tratan como menores de edad tanto los que buscan investir al presidente con poderes supremos, que violan la Constitución Política del 91, como los que dicen que no es necesaria la refrendación de los acuerdos con las FARC.

El tamaño del exabrupto equivale a hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, pues, en función de su supuesta paz van a alterar las funciones de los poderes públicos puesto que a la luz de la reforma que cursa en el Congreso, tendremos un Congreso castrado, un Presidente-dictador y una Justicia suplantada, todo a contrapelo del estatuto constitucional que nos rige. Los “iluminatis” no solo nos piden que confiemos en ellos como si pudiésemos olvidar de qué tipo de traiciones e inconsecuencias han sido y son capaces, sino que quieren imponernos su voluntad, que no es otra cosa que un golpe de estado cubierto con el manto de la paz.

Con el dilema “paz o guerra” los “illuminatis” intentan ocultar la validación de la impunidad y la claudicación del Estado ante las guerrillas. Porque lo que la opinión pública reafirma en cada encuesta es que no está de acuerdo con que los responsables de crímenes atroces sean elegibles y no paguen penas de cárcel.

El verdadero dilema es otro bien diferente, nos interpela si estamos de acuerdo con entregarle a las FARC todo lo que están demandando, arguyendo la condición de igualdad que le confirió este gobierno o le exigimos al gobierno Santos que asuma una posición acorde con los postulados de Justicia nacional e internacional.

La pregunta abismal paz o guerra, es una burda trampa puesto que no existe razón alguna para que consideremos revocar o reafirmar un principio consignado en la constitución de 1991. Nos quieren engañar, asaltar nuestra buena fe, pisotear el sentido común y la inteligencia pues es claro que los colombianos aspiramos sensatamente a la paz.

Estamos ad portas de entrar en la fase decisiva de las conversaciones entre el Gobierno y las FARC. Lo que nos espera no es cosa de poca monta. Una guerrilla acrecentada que se burla de las víctimas, que no tiene de qué arrepentirse que no está dispuesta a pagar un minuto de cárcel que quiere curules gratuitas en el Congreso, que no quiere entregar las armas, que pretende tener circunscripciones especiales y un sinfín de ventajas y gabelas que no se corresponden con su poder  ni con su representatividad, y un gobierno que se guía por la vanidad del presidente de alcanzar la gloria al precio de sacrificar las instituciones y poner en serio peligro el régimen democrático y las libertades, que está dispuesto a sacrificar valores, posiciones y bienes como si hubiésemos sido derrotados en el campo de batalla.

La doctrina militar será revisada, los compromisos con la justicia internacional y la CPI serán desconocidos, la Justicia nacional será reemplazada por un tribunal internacional inventado y creado a medida de la guerrilla, el Congreso será decapitado, el presidente adquirirá poderes dictatoriales para legislar sobre el régimen de propiedad, el sistema electoral, el modelo económico. La Constitución del 91 será suplantada y violada, las minorías impondrán su voluntad, no habrá cárcel para responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra, la guerrilla no reparará a sus víctimas y recibirá curules sin ir a elecciones, etc.

De manera que lo que los colombianos exigimos del Congreso y del Ejecutivo es que se plantee el dilema correcto, que si nos quieren consultar de verdad no solo deben abstenerse de modificar a la baja el umbral de participación sino también formular la pregunta correcta, es decir, si estamos o no de acuerdo con las concesiones que se le otorgarían a la guerrilla de las FARC.

La paz debe ser el fruto de acuerdos que no conlleven a la impunidad, y no el resultado del chantaje y la amenaza con la continuidad de la guerra. La guerrilla debe ser llevada a entender que no tiene otra alternativa que aceptar los términos de la Justicia Transicional y, en ningún caso ni en modo alguno a que se altere el orden constitucional.

A las FARC hay que preguntarles antes de la consulta popular, ¿si están dispuestas a acatar el resultado en caso de que fuese adverso a los acuerdos firmados con el Gobierno?

Juan Carlos Bermúdez Reyes

jucabere@gmail.com

Colombia