Mienten en conciencia el presidente Santos, sus congresistas, el Fiscal
General y los medios con sus columnistas al querer imponer a la población el
dilema paz o guerra. Argumentan que la paz es un derecho constitucional de
obligatorio cumplimiento. Hay quienes sostienen que por tratarse de un bien
superior no requiere que la ciudadanía sea consultada.
Debe ser que en nombre de la Ilustración, la Modernidad y la
inteligencia, los colombianos del común hemos de aceptar que quien nos gobierna
y sus áulicos tienen la razón, la verdad y que por tanto, basta que el
gobernante y sus ayudantes, iluminados, nos lo digan para que aceptemos que así
es y que no merecemos ser consultados en asunto tan trascendental como el que
se está ventilando en La Habana con el grupo que más terror ha causado a la
sociedad colombiana.
Nos tratan como menores de edad tanto los que buscan investir al
presidente con poderes supremos, que violan la Constitución Política del 91,
como los que dicen que no es necesaria la refrendación de los acuerdos con las
FARC.
El tamaño del exabrupto equivale a hacer pasar un camello por el ojo de
una aguja, pues, en función de su supuesta paz van a alterar las funciones de
los poderes públicos puesto que a la luz de la reforma que cursa en el
Congreso, tendremos un Congreso castrado, un Presidente-dictador y una Justicia
suplantada, todo a contrapelo del estatuto constitucional que nos rige. Los
“iluminatis” no solo nos piden que confiemos en ellos como si pudiésemos
olvidar de qué tipo de traiciones e inconsecuencias han sido y son capaces,
sino que quieren imponernos su voluntad, que no es otra cosa que un golpe de
estado cubierto con el manto de la paz.
Con el dilema “paz o guerra” los “illuminatis” intentan ocultar la
validación de la impunidad y la claudicación del Estado ante las guerrillas. Porque
lo que la opinión pública reafirma en cada encuesta es que no está de acuerdo
con que los responsables de crímenes atroces sean elegibles y no paguen penas
de cárcel.
El verdadero dilema es otro bien diferente, nos interpela si estamos de
acuerdo con entregarle a las FARC todo lo que están demandando, arguyendo la
condición de igualdad que le confirió este gobierno o le exigimos al gobierno
Santos que asuma una posición acorde con los postulados de Justicia nacional e
internacional.
La pregunta abismal paz o guerra, es una burda trampa puesto que no
existe razón alguna para que consideremos revocar o reafirmar un principio
consignado en la constitución de 1991. Nos quieren engañar, asaltar nuestra
buena fe, pisotear el sentido común y la inteligencia pues es claro que los
colombianos aspiramos sensatamente a la paz.
Estamos ad portas de entrar en la fase decisiva de las conversaciones
entre el Gobierno y las FARC. Lo que nos espera no es cosa de poca monta. Una
guerrilla acrecentada que se burla de las víctimas, que no tiene de qué
arrepentirse que no está dispuesta a pagar un minuto de cárcel que quiere
curules gratuitas en el Congreso, que no quiere entregar las armas, que
pretende tener circunscripciones especiales y un sinfín de ventajas y gabelas
que no se corresponden con su poder ni
con su representatividad, y un gobierno que se guía por la vanidad del
presidente de alcanzar la gloria al precio de sacrificar las instituciones y
poner en serio peligro el régimen democrático y las libertades, que está
dispuesto a sacrificar valores, posiciones y bienes como si hubiésemos sido
derrotados en el campo de batalla.
La doctrina militar será revisada, los compromisos con la justicia
internacional y la CPI serán desconocidos, la Justicia nacional será
reemplazada por un tribunal internacional inventado y creado a medida de la
guerrilla, el Congreso será decapitado, el presidente adquirirá poderes
dictatoriales para legislar sobre el régimen de propiedad, el sistema
electoral, el modelo económico. La Constitución del 91 será suplantada y
violada, las minorías impondrán su voluntad, no habrá cárcel para responsables
de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra, la guerrilla no reparará
a sus víctimas y recibirá curules sin ir a elecciones, etc.
De manera que lo que los colombianos exigimos del Congreso y del
Ejecutivo es que se plantee el dilema correcto, que si nos quieren consultar de
verdad no solo deben abstenerse de modificar a la baja el umbral de
participación sino también formular la pregunta correcta, es decir, si estamos
o no de acuerdo con las concesiones que se le otorgarían a la guerrilla de las
FARC.
La paz debe ser el fruto de acuerdos que no conlleven a la impunidad, y
no el resultado del chantaje y la amenaza con la continuidad de la guerra. La
guerrilla debe ser llevada a entender que no tiene otra alternativa que aceptar
los términos de la Justicia Transicional y, en ningún caso ni en modo alguno a
que se altere el orden constitucional.
A las FARC hay que preguntarles antes de la consulta popular, ¿si están
dispuestas a acatar el resultado en caso de que fuese adverso a los acuerdos
firmados con el Gobierno?
Juan Carlos Bermúdez Reyes
jucabere@gmail.com
Colombia
No hay comentarios:
Publicar un comentario