HOY - OPINIONES TEMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES - * 24/04/2022 *
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domingo, 24 de abril de 2022
AQUÍ TITULARES DE HOY DOMINGO 24/04/2022, DESDE VENEZUELA PARA EL MUNDO, PARA LEER PULSAR SOBRE EL TITULAR EN ROJO
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MIBELIS ACEVEDO DONÍS: ¿HACIA DÓNDE IR? DESDE VENEZUELA
Más allá de la solicitud de revisiones al gobierno de Biden, la carta de los 25 es una imperiosa interpelación al liderazgo nacional
La carrera epistolar de días recientes avivó la discusión sobre la pertinencia o no de las sanciones sectoriales. La puja entre quienes abogan por revisar una estrategia cuyo rigor no movió la aguja del cambio político en Venezuela; y otros, convencidos de que opera como un torniquete que mantiene a raya la sangría autoritaria, impele a recordar dilemas similares. Sanciones como forma de presión a estos regímenes son parte de un menú clásico, “palo y zanahoria”, del cual no escapó, por ejemplo, la Polonia anexada al bloque soviético tras la II Guerra.
A propósito de la imposición de la Ley Marcial en 1981 y la anulación de “Solidarność” como sindicato independiente, Adam Michnik, historiador, periodista y miembro de Solidaridad, escribía: “las voces de la sensatez y la razón no eran numerosas entonces”. La crisis social y política en Polonia alcanzaba picos dramáticos. La desigual confrontación entre el régimen militar de Wojciech Jaruzelski y la oposición liderada por Walesa, lleva a reabrir el zurrón de medidas diplomáticas de contención. El 8 de octubre de 1982, el presidente norteamericano Ronald Reagan decide privar a Polonia de la cláusula de “nación más favorecida” que regulaba el intercambio comercial entre ambos países; eso, entre otras disposiciones que impedirían el acceso a garantías crediticias.
"EEUU no puede permanecer de brazos cruzados", alegó Reagan, aclarando que las medidas no iban dirigidas contra el pueblo polaco. Las buenas intenciones del sancionador, no obstante, tropezaron con el consabido revés táctico: el “daño colateral” asociado al moderno estado de sitio. Con el aislamiento, la economía polaca se vio severamente perjudicada, asfixiando a las víctimas que inicialmente se quería proteger. El sufrimiento que de ningún modo podía ser ignorado por el liderazgo opositor, pues equivalía al suicidio, lleva al propio Walesa a interceder en 1983 a favor del levantamiento de sanciones. En enero de 1984, un funcionario norteamericano revelaba al periodista de “The Washington Post”, John Goshko: Reagan "no estaba ansioso por hacer nada por este gobierno polaco. Pero que Walesa dijera que esta era la dirección en la que debíamos ir, tuvo un impacto en él".
Tras reconocer gestos de apertura como la amnistía para 652 presos políticos y el recibimiento de Juan Pablo II en Polonia, y aun advirtiendo que "quedan problemas muy serios; los que siguen encarcelados y los juicios pendientes a miembros de Solidaridad y otros activistas", el portavoz del Departamento de Estado, Alan Romberg, anunció que EEUU daría el polémico paso. Ese proceso de alivio gradual coronó con un hito relevante. El 16 de octubre de 1986, Walesa y un grupo de intelectuales polacos, asesores de la oposición, activistas de la ley católica y ciudadanos independientes, divulgan un comunicado de prensa pidiendo el cese total de sanciones. La medida, afirmaron, era "indispensable"; Polonia "no podrá salir de la crisis económica sin ayuda de nuestros vecinos y de países industrializados del mundo occidental". Tal como reseñó The Washington Post, los apoyos al documento incluían al “rector de la Universidad de Varsovia y asesores destacados del primado católico romano, el cardenal Jozef Glemp”. Este último, un enérgico crítico de las sanciones que venía de mantener tensas relaciones con Walesa y el propio Wojtyla.
Lo que sigue es historia de eficacia política. Pese a las resistencias, una transición atada a la recuperación económica y los diálogos de la Mesa Redonda, que permitieron negociar condiciones para elecciones. Algo imposible sin el resuelto desempeño de una oposición consciente de que debía operar políticamente, apelando a su autonomía y fortalezas, no a costa de la privación impuesta a connacionales. Lo cual lleva a preguntar si esa ha sido premisa que pese en el caso venezolano. ¿Acaso promover el debilitamiento económico de un país para aventajar al rival, sin pensar en la agonía de los sacrificados en el tránsito, es un plan éticamente aceptable? Depender enteramente de intervenciones externas, ¿no es admitir que no se tiene talento ni recursos propios para convencer y construir mayoría política, el trabajo que hacia lo interno le corresponde emprender al liderazgo?
Al margen de hechos innegables pero interpuestos como ancla, no como materia que ayude a desatar el nudo gordiano -que la crisis es anterior a las sanciones- la duda que repiquetea es la misma de los firmantes de la Carta de los 25. Aquí, ahora, ¿las sanciones responden al plan para el cual se diseñaron -no un fin en sí mismo, sino medio para la democratización- o más bien mutan en guillotina sin matices? Con algunas señas de liberalización (y un feroz ajuste que ha implicado reducción del gasto público corriente), con un sector privado que para crecer requiere de acceso a mercados globales, quizás sea hora de replantear los términos de la presión, un quid-pro-quo razonable y no lesivo para el ciudadano común. ¿Será casual que la encrespada carta de los 68 pida que se “profundicen las sanciones personalizadas”, pero omita sentar posiciones respecto a sanciones sectoriales que, en efecto, existen y afectan a la nación?
Más allá de la solicitud de revisiones al gobierno de Biden, la carta de los 25 es una imperiosa interpelación al liderazgo nacional. A merced de la transformación acelerada de las circunstancias, ¿cuál es la dirección hacia la cual debemos ir, qué rumbo conviene tomar? En la Polonia de Walesa y Jaruzelski, la heroicidad fue asunto de asunción de responsabilidad y sentido común, de previsión de consecuencias de la acción política. En Venezuela, eso exigirá hablar claramente; abrazar con valentía un debate que, tarde y temprano, debe ofrecer respuestas a un pueblo que sufre, se desgasta, desconfía, espera.
Mibelis Acevedo D.
mibelis@hotmail.com
@Mibelis
@ElUniversal
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LEOMAGNO FLORES: LAS CARTAS CRUZADAS. DESDE VENEZUELA
A propósito de las últimas manifestaciones públicas de individualidades de distintos sectores de la vida nacional, abogando ante el Presidente y el Congreso de los Estados Unidos por el levantamiento de las sanciones económicas impuestas al Régimen, así como la respuesta de los 68 abajo firmantes que piden al Presidente BIDEN mantener y aumentar las sanciones, vale la pena hacer unas reflexiones para entender el porqué de ese cruce de cartas, que han resucitado el debate epistolar tan de moda en la historia política tradicional venezolana.
Veamos:
PRIMERO: Si bien, es cierto que nadie puede abrogarse la representación del liderazgo nacional, no es menos cierto, que no se puede evitar que, en uso de la libertad de expresión y el derecho a discurrir con pensamientos propios sobre el acontecer nacional e internacional, actuando conjunta o individualmente, existan compatriotas que se atrevan a emitir juicios de valor sobre los asuntos de la República aun cuando no coincidan con la mayoría; máxime, cuando esas iniciativas encuentran amplia justificación en la anomia social, producto de la falta de legitimidad de los liderazgos partidistas y de la sociedad civil organizada que han perdido sintonía con los ciudadanos que dicen representar. Esas incursiones espontáneas o no, son consecuencia del vacío que han provocado por acción u omisión, los llamados liderazgos emergentes que durante los últimos años, han gozado de la confianza del colectivo nacional. La sociedad venezolana acosada por la crisis humanitaria que vive la patria no vislumbra lideres con asertividad y visión de estadistas, condiciones requeridas para asumir con probabilidades de éxito la vanguardia del proceso de cambio.
SEGUNDO: Debates como el generado por las epístolas cruzadas entre partidarios y rechazantes, una pretendiendo alivio a los males de la patria levantando las sanciones y otras en sentido contrario, se enfocan en los descalificativos y las etiquetas, cuando en realidad deberían centrar sus argumentos en la incapacidad de reinventarse de las organizaciones políticas, que han devenido en franquicias para promover ambiciones personales e intereses partidistas legítimos o no. Estructuras dirigidas por quienes no han sabido empinarse más allá de la inmediatez, sacrificando la unidad suprema de la oposición, en aras de mantenerse en su zona de confort materializada en cuotas de poder focalizado, sin importar la angustia de un pueblo que ha perdido la esperanza y hurga en la basura para comer y se sume en la frustración, pero que no pierde la fe en sus convicciones democráticas.
En tal sentido, el problema no son las sanciones. El meollo del asunto es el fracaso de quienes vendieron la idea de una revolución para acabar la pobreza y lo que lograron en dos décadas fue arruinarnos a todos y quebrar el país. El problema es un Régimen que ahora pretende generar una falsa sensación de apertura, una especie de glasnost económica, representada en una burbuja de fantasía, que cuando se esfume, mostrará el rostro horrible de una sociedad sometida por la nomenclatura autocrática y la pérdida de nuestra soberanía territorial.
Contra ese orden de cosas, irrumpimos en la escena política actual, en lo que atañe a Acción Democrática, los representantes más conspicuos de la adequidad, entendida ésta, como un sentimiento y modo de ser militante de un partido cargado de historia y logros en el devenir contemporáneo, que rechazamos la manera de conducir a la organización por quienes durante dos décadas son los responsables de su decadencia. Insurgimos invitando a la gente a soñar de nuevo, acompañándolos en sus luchas por la supervivencia diaria; pero, armados de la resiliencia de ese modo de ser del venezolano que no puede confundirse con abandono de sus ideales, ni con la resignación, ni con la entrega ni con el colaboracionismo.
De allí, la necesidad de convocar a todos los sectores de la vida nacional que se sienten comprometidos con la causa de la libertad y el rescate de la democracia, para que impulsen en sus gremios, en sus organizaciones ciudadanas y en sus partidos políticos, un proceso de renovación y actualización de sus liderazgos para volver a sintonizarse con ese pueblo que sufre pero se resiste a entregar su dignidad.
Hay que salir al encuentro de esa Venezuela intacta en sus ambiciones de libertad y progreso.
Leomagno Flores
magnotablet@gmail.com
@Leomagnofa
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ANTONIO JOSÉ MONAGAS: JUGAR SUCIO, VIEJA PRAXIS POLÍTICA. DESDE VENEZUELA
Nunca se había entendido la política de la manera como ahora se pretende. Bien pareciera que el mundo se volvió bizarro. Es decir, “al revés”.
Lo que antes podía comprenderse constructiva y motivadoramente, se procura de modo contrario. Entre sus causas, posiblemente, pudieran reconocerse razones en una perversa dinámica política y económica que incita trastocadas actitudes. Todas, capaces de generar comportamientos torcidos que no atinen a comprender el mundo con medida, racionalidad, equilibrio y ecuanimidad. Asimismo, capaces de justificar argumentos propios de una carencia de propósitos que sigan una pauta, un orden o un método asociado a valores que exaltan respeto, tolerancia, solidaridad y pluralidad. En consecuencia, se apuesta a la falta de una convivencia que dignifique y evidencie la vida en todos sus sentidos.
Por eso, jugar sucio es una antigua praxis política. Es significado no sólo de trampear procesos y procedimientos a fin de lograr triunfos amañados mediante burda manipulación, chantaje y amenaza. Es igualmente, forzar situaciones para así aparentar realidades que resulten finalmente falsas.
Además, a través de la fuerza se plantean la coacción y la compulsión. Por ello, se acude al engaño y la mentira. En otras palabras, estos agentes políticos se valen de la demagogia, la argucia y la malevolencia para alcanzar un estado de hechos el cual sirve de medio para imponer un modelo de gobierno dominado por la intemperancia. Un modelo populista con sus componentes de opresión, autoritarismo y arbitrariedad disfrazados de “despotismo”.
Este preámbulo retrata precisamente el caso Venezuela. Más, toda vez que la presunción de una mal llamada “revolución bolivariana” ha derruido el esfuerzo -mal que bien- alcanzado en décadas recientes en aras de disfrutar el estado de bienestar que merece el pueblo venezolano. Sin embargo, los resultados que exhibe el país dejan ver una implacable y desvergonzada postración de sus instituciones ante la ilusa pretensión de quien ostenta el poder político. Este, en provecho de una condición política que asume y ejecuta en perjuicio de la nación venezolana.
La obstinada intención del gobernante de haber enmendado la Constitución de la República, sancionada en 1999, sólo por la reelección en cargos políticos, al margen de principios jurídicos que exhortan la alternabilidad, la justicia social y la probidad como praxis de gobierno, reflejan el descomunal abuso por el cual se permite a altos funcionarios, hacer “lo que el antojo le apetezca”.
No hay medida alguna que restrinja la naturaleza de las decisiones tomadas por el autoritarismo del régimen. Desde las económicas y financieras, hasta las organizacionales y administrativas. Pasando por aquellas que comprometen la moralidad y ética pública. Todo lo que con base en tan repugnante intención es posible llevarse a cabo, no es escatimado. Aún, para comprometer y mal poner al país sin importar otra cosa que no sea la vanidad gubernamental concentrada en el poder político.
De ahí se tiene como válido el criterio gubernamental de jugar con la improvisación que permiten las circunstancias. Es la interpretación de: jugar sucio, vieja praxis política.
Antonio José Monagas
antoniomonagas@gmail.com
@ajmonagas
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CARLOS ALBERTO MONTANER: ¿QUIÉN ESTÁ GANANDO LA GUERRA EN UCRANIA? DESDE USA. |
El presidente ruso, Vladimir Putin, habla con los empleados de la agencia espacial Roscosmos en una fábrica de ensamblaje de cohetes durante su visita al cosmódromo Vostochny en la región oriental de Amur Tsiolkovsky, Rusia, el martes, 12 de abril de 2022. (Evgeny Biyatov, Sputnik vía AP) La respuesta rápida es Ucrania, como inteligentemente dijeron, cada uno por su cuenta, Faared Zacaria y Thomas Friedman.
Pero a costa de la demolición de unas cuantas ciudades, lo que hace imposible la reconciliación entre los dos países, hasta que transcurran varias generaciones. Hay, al menos, cinco razones para suponer que Ucrania está “ganando”:
1. La narrativa rusa ha fracasado estrepitosamente. Alegar que se trataba de desnazificar al “pequeño” país vecino, se da de bruces con el hecho de que Volodymyr Zelensky, elegido presidente de Ucrania por una abrumadora mayoría, es judío. Uno de sus abuelos fue quemado vivo junto a su aldea por las SS durante la Segunda Guerra mundial. Existe, efectivamente, una unidad militar con simpatías hacia el ultranacionalismo en el Donbás, y esa unidad cuenta con símbolos que se asemejan a los que exhibían los nazis, pero ese dato no niega los centenares de unidades del ejército forjado para defender la democracia. Como reclamó un viejo periodista: la Resistencia Francesa durante la Segunda Guerra mundial incluyó gentes de todos los colores ideológicos. Ya habría tiempo de dirimir esas diferencias por procedimientos democráticos. Lo primero era derrotar a los nazis. En esta época, lo primero es derrotar a los rusos. Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TUNOTICIALOCAL
2. El pueblo ruso no sabe qué defiende exactamente el ejército invasor. Hasta ahora, dado el control dictatorial que tiene Vladímir Putin de los medios de comunicación, ha funcionado la “desnazificación”, pero ese argumento comienza a resquebrajarse con la reacción de las propias tropas rusas. Iban a llenarse de gloria, y se han encontrado con un patriotismo duro y elevado de personas que aman la libertad.
3. Los reclutas rusos, mal alimentados y peor equipados, advierten que los helicópteros y los Carros de Guerra (especialmente los designados con la letra T) y los transportes SIL se paralizan, a veces por falta de gasolina o por el barro primaveral. Son blanco de los proyectiles disparados desde el hombro por las “jabalinas” y los NLAW suministrados por los norteamericanos, británicos e israelíes, así como los drones kamikazes que avistan un Carro de Guerra o un transporte desde kilómetros de distancia, y se precipitan contra ellos. Suelen llevar dos ojivas explosivas: una destruye la torreta, la otra penetra el blindaje y líquida a la tripulación. Hace unos días, cuando ponderé la siniestra contabilidad, llevaban 460 tanques y más de 2000 transportes afectados por los disparos de los ucranianos. Seguramente, hoy son muchos más.
4. Hay un general, ex jefe de inteligencia, detenido por mentirle al mismísimo Putin. Se llama Serguéy Beseda y pasó del arresto domiciliario a la prisión de Lefortovo, construida a fines del siglo XIX por los zares. Fue un sitio en el que la NKVD y la KGB torturaron y asesinaron a numerosos detenidos. Lógicamente, a Beseda lo acusan de haberse quedado con dinero de la inteligencia, algo que no se podrá saber nunca con certeza. En fin, son consecuencias directas de la guerra desatada por Rusia contra Ucrania, en la que Ucrania posee una inderrotable moral de victoria, semejante a la que exhibieron los soviéticos frente al asedio de los nazis a Stalingrado, minuciosamente pulverizado por los alemanes. Mientras Rusia combate no se sabe por qué, los ucranianos pelean por patriotismo y están dispuestos a morir por su causa. (Recuerdo a un amigo, oficial del ejército estadounidense, que me contó que se había dado cuenta de la inutilidad de la lucha contra el Vietcong tras la llamada ofensiva TET del 68: el Vietcong peleaba con dos sogas atadas a los pies, de manera que fuera sencillo esconder los cadáveres. “Cuando el enemigo da por descontada la muerte, no hay nada que hacer”. Tenía razón).
5. La OTAN, supuestamente malherida durante los años de la presidencia de Donald Trump, se ha recompuesto bajo el gobierno de Joe Biden. No fue una “genialidad” invadir a Ucrania, como la calificó Trump (luego rectificó), sino un verdadero “genocidio”, como lo llamó Biden y, tan grave como eso, una total imbecilidad. Por otra parte, continúa pendiente el ingreso de Suecia y Finlandia en el pacto defensivo. Eso quiere decir que Europa, Canadá y USA consideran un bluff las órdenes dadas por Putin de amenazar a las dos naciones con represalias nucleares. Una cosa es el atropello de los chechenos y de los abjasios, y otra muy diferente es tomar represalias contra un país europeo y libre que se propone entrar en la OTAN.
Carlos Alberto Montaner
montaner.ca@gmail.com
@CarlosAMontaner
Cuba- Estados Unidos-España.
El último libro de CAM es Sin ir más lejos (Memorias). La obra fue publicada por Debate, un sello de Penguin-Random House. Se puede obtener por medio de Amazon Books.
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RAUL TORTOLERO: LA NUEVA DERECHA CONSTRUYE FUTURO ROSTRO DE HISPANOAMÉRICA. DESDE MEXICO
En la nueva derecha, por supuesto, creemos con firmeza en la libertad económica totalmente, pero no la ponemos por arriba de la fe, de la familia, de patriotismo.
En Hispanoamérica, igual que entre la población hispana de Estados Unidos, hay un notorio creciente interés en contar con la información, la preparación, las herramientas y redes necesarias, para enfrentar las embestidas del progresismo y del socialismo —que caminan de la mano, bajo el vaso comunicante del marxismo posmoderno—.
En no pocos lives en los que he sido invitado a hablar sobre los conceptos vertidos en mi reciente libro “La Contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno”, y en espacios de Twitter, siempre existe el hambre de saber qué es la nueva derecha, en qué se distingue de la antigua, y qué puede hacer la gente para combatir la marea roja en todo el continente.
En mi análisis, la vieja derecha, como he comentado, se hincaba ante el mercado. Es decir, su prioridad, por encima de todo, era económica, financiera e incluso, especulativa. Dicho de otra manera, el dinero era el enfoque privilegiado.
En la nueva derecha no nos hincamos ante nadie. Sólo ante Dios.
Nuestra lucha es por mucho más enfocada en la defensa de los valores fundacionales de Occidente.
Por supuesto, creemos con firmeza en la libertad económica totalmente, pero no la ponemos por arriba de la fe, de la familia, de patriotismo.
También la vieja derecha era elitista. La influencia de la izquierda hacía ver a esa derecha como un club privado para gente adinerada. Pero en algunos casos esta apreciación —exagerada y usada como propaganda negra—, sí partía de casos reales.
Nosotros estamos por una derecha popular. O es popular o no es nada. Queremos un movimiento internacional en el que militen estudiantes, taxistas, trabajadoras domésticas, comerciantes, albañiles, abogados, enfermeras, obreros, filósofos y politólogos. Todo tipo de gente debe estar ahí. No debe importar si tiene o no dinero.
La nueva derecha no es la discoteca de moda en la zona cara de la playa. No tiene un “cadenero” en la entrada. Es un aliento guerrero, una entrega, una consagración.
La vieja derecha era más bien “liberal” a secas. Hasta ahí no había problema alguno, puesto que el liberalismo clásico ha hecho enormes aportaciones al Estado-Nación, al estado de derecho, a la democracia representativa y a los derechos humanos. Y por tanto, a la libertad y a la igualdad ante la ley.
El problema vino cuando esos viejos liberales hicieron demasiadas concesiones al progresismo de origen anglosajón, pintado de rojo, y se transformaron en liberprogres. Creían en el mercado, leían a Von Mises y a Hayek, pero al mismo tiempo, apoyaban el feminismo radical, la ideología de género, el aborto y al supremacismo LGBT.
Ahí vino el punto de quiebre, ya que de esta manera, conscientes de ello o por ingenuidad política, acabaron siendo tontos útiles del marxismo posmoderno, que los absorbió en su gran oleaje.
No pocos medios de comunicación grandes en todo el mundo —el mainstream media— y sus principales columnistas, son de esta línea ideológica: se dicen de “derecha”, de la vieja guardia, se oponen al socialismo de Cuba, pero están totalmente a favor de la Agenda 2030, el globalismo, los supremacismos (feminista, LGBT, negro, indigenista, ecologista), la cultura de la cancelación, la revolución woke en EE. UU. Todo lo cual es una mezcla ideológica espantosa inaceptable en la nueva derecha.
La vieja derecha era belicista. Se alegraba en cuanto las élites globalistas promotoras del nuevo orden mundial iniciaban un conflicto o una guerra más desde los Estados Unidos. Para ellos el “nacionalismo” significaba enviar a los jóvenes a morir muy lejos de sus familias y hogares por intereses macroeconómicos nada cercanos al bolsillo de su padre.
Nosotros nos oponemos al globalismo; somos patriotas. Recomiendo el estudio de la Agenda España, de Vox, un documento valioso que, pese a haber sido sólo pensado para atender a los españoles y sus necesidades específicas, sirve de guía para la construcción de otras agendas nacionales. En México estamos ya trabajado en una.
La nueva derecha es pacífica y una muestra de esto es cuando el expresidente Donald Trump, aquel 6 de enero de 2021, declaró con transparencia que quien incurriera en actos de violencia, quedaría fuera en automático de su movimiento, que dicho sea de paso, lleva más de 75 millones de votos consigo.
La vieja derecha tenía sus brazos metidos en el deep state norteamericano; era pro status quo. La nueva derecha es anti deep state, anti status quo y anti sistema.
La vieja derecha no era religiosa. Era, por decir lo menos, “laica”, por no llamarla “anticlerical”. La nueva derecha es mucho más religiosa. Basta ver la influencia de las iglesias cristianas de toda denominación y su poderosa contribución para los movimientos recientes, como el de Trump, el de Jair Bolsonaro o los de Polonia y Hungría.
La vieja derecha, cuando practicaba alguna religiosidad, estaba por hacerlo puertas adentro, de su casa o del templo.
En nuestra nueva derecha vivimos nuestra religiosidad como sentido de trascendencia y lo hacemos de “puertas afuera”, en donde sea; oramos en voz alta en los restaurantes antes de comer, marchamos rezando el rosario; en la plaza pública nos hincamos a rezarlo para oponernos al aborto, luchando por la vida del no nacido, como por tantas otras causas; líderes como Eduardo Verástegui rezan el rosario a menudo compartiéndolo desde sus redes sociales. Es una religiosidad sin complejos, sin traumas.
Sin embargo, hay quienes están con nosotros ahora, y no practican religión alguna, son ateos, agnósticos, o incluso cercanos a disciplinas orientales, como el taoísmo o el budismo. Como sea, vienen a defender los mismos valores, pilares de Occidente.
Ejemplo de esto es que cuando autoridades zurdas quitan cruces de templos católicos en España, en Francia decapitan fieles que estaban rezando, en Chile queman iglesias, en Bogotá sabotean la misa de la Catedral, en México vandalizan templos, religiosos y no religiosos de la nueva derecha, todos salimos a protestar. Lo mismo haríamos si una sinagoga judía es agredida: no porque seamos mayoritariamente cristianos nos vamos a quedar cruzados de brazos.
La nueva derecha no tiene problema alguno con nadie: ni con los homosexuales, ni con los negros, los indígenas, las mujeres, ni con nadie más. Pero sí tenemos problemas con todos los supremacismos, en especial con los nuevos supremacismos socialistas, que por supuesto, no luchan por ningunos “derechos”, porque ya tienen todos garantizados por el Estado y positivados en las constituciones, sino por el poder: quieren espacios en el gobierno, fondeo especial, privilegios, excepciones. Y eso genera desigualdad y daña, socava el derecho clásico.
Sobra decir que la nueva derecha no tiene nada de “extrema”, ni de “ultra”, ni de fascista, ni de nazi, ni nada parecido. Somos democráticos, dentro de un marco hermenéutico de liberalismo clásico, respetuosos de los derechos humanos (pero opuestos a “derechos fake”, como el aborto, que no es un “derecho” de nadie, sino un crimen).
En su momento, a José Antonio Kast, cuando fue candidato presidencial en Chile, se le tildó de “ultraderechista” en la prensa globalista y progre: califican de tal manera a alguien que simplemente es provida y profamilia, que es católico y que lucha contra el socialismo.
Ese es uno de los principales objetivos de la nueva derecha: combatir al socialismo blando (y en todas sus versiones), así como al progresismo. Estamos contra toda suerte de tiranías de izquierda (y de derecha también, si las hubiera). El socialismo es una fábrica de miseria y persecución política, la llegada de una nueva casta de ricos -los gobernantes- y de una nueva clase social, la de los pobres —el resto de la población—.
Nos oponemos al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, cuyas agendas mezclan el marxismo clásico con el posmoderno, resultando en querer comprar con migajas asistencialistas a los pobres, para conquistar sus votos, y al mismo tiempo normalizar el aborto y la ideología de género, el ataque al “patriarcado”, a la familia y al cristianismo, buscar la deconstrucción de las masculinidades, y venderse al nuevo colonialismo rojo de China, a cambio de presupuesto y cobijo para perpetuarse en el poder.
La nueva derecha posee una geopolítica: la hispanidad, como bien ha señalado María Herrera Mellado, española en Miami que lo mismo participa en Vox como en el Partido Republicano de EE. UU. Los valores y herencia de hispanidad nos unen, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, y con España.
Nuestro movimiento es internacional, pero jamás globalista. Nos une nuestro ideario, la defensa de siete puntos básicos de los que hablo de manera amplia en mi libro: la fe, la vida, la familia, la propiedad privada, la patria, las libertades y los derechos universales.
Así, nuestra nueva derecha va reconfigurando el rostro de América: tenemos que ganar elecciones, en Colombia, en Brasil y en Estados Unidos. Pero aún más importante es nuestro plan a mediano y largo plazo: organizar un movimiento internacional basado en la defensa de nuestros valores más sagrados. Esa es nuestra misión para el desarrollo de la gente, y es nuestra consagración a Dios.
Raúl Tortolero
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VICENTE BRITO: ¿LA INSEGURIDAD JURÍDICA COMO AFECTA LA ACTIVIDAD PRIVADA?. DESDE VENEZUELA
La inseguridad jurídica se ha convertido en la mayor limitante para el ejercicio de la actividad económica privada en el país, a pesar de los anuncios oficiales que la reactivación de la producción nacional necesita la participación de los actores privados, se sigue produciendo invasiones y ocupaciones de terrenos y fincas productivas, lo cual hace imposible estimular la necesaria reactivación económica para mejorar la producción nacional.
Al no contar con la seguridad jurídica necesaria, observamos como los interesados en invertir en la agricultura, ganadería o en la industria están limitados en lograr el necesario apoyo de las instituciones oficiales para llevar adelante sus proyectos encontrándose con una serie de trámites burocráticos, así como la dificultad para obtener los financiamientos necesarios.
Se observa ambivalencia en la vocería oficial al encontrarnos con quienes promueven la revisión del proceso estatizador, que contempla la devolución de las empresas y tierras expropiadas por el estado sin ningún pago, a sus legítimos dueños y los que se oponen a ceder e insisten en sostener al estado empresario.
Las consecuencias de esta política expropiatoria está a la vista, con la drástica reducción de las cantidades producidas en estas tierras y empresas de cuando eran privadas a la mínima producción que obtienen actualmente, unido a los elevados montos en dólares y bolívares otorgados para sus programas de inversión así como para cubrir sus elevadas pérdidas, lo cual se calculan en más de 70 mil millones de dólares desde que pasaron de privadas a públicas.
Se estima el daño patrimonial causado a sus legítimos dueños en más de 150 mil millones de dólares. Las importaciones realizadas para cubrir la caída de la producción nacional causadas por la reducción de la capacidad productiva de las fincas, haciendas, hatos y empresas expropiadas se estima en más de 45.000 millones de dólares en los últimos 12 años. Su efecto en el empleo está a la vista, analistas estiman en más de dos millones la pérdida de puestos de trabajo, cómo resultado de esta reducción de la producción en manos públicas y sus efectos en las empresas privadas, que dependen del suministro de materias primas producidas por estas empresas y tierras en manos del estado.
Todo lo cual nos indica que lo logrado fue afectar la seguridad jurídica a niveles nunca antes visto en el país, causada por la aplicación de la política de expropiación sin compensación, donde se sustituyó a los privados por lo público, desconociendo sus derechos de propiedad. Lo triste es que los resultados obtenidos son opuestos al interés nacional, al observarse las elevadas pérdidas de recursos públicos y las causadas a los propietarios privados, así cómo la caída de la producción nacional a niveles de un 20 % del consumo nacional, cuando estaban en manos privadas se producían hasta un 100 % de los alimentos que consumimos y las empresas cubrían la demanda nacional, también muchas de ellas exportaban.
Vicente Brito
vicent.brito@gmail.com
@vicentejbrito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución Vicente Brito
Caracas-Venezuela
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sábado, 23 de abril de 2022
AQUÍ TITULARES DE HOY SABADO 23/04/2022, DESDE VENEZUELA PARA EL MUNDO, PARA LEER PULSAR SOBRE EL TITULAR EN ROJO
HOY - OPINIONES TEMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES - * 23/04/2022 *
BEATRIZ DE MAJO: LA PAZ DE COLOMBIA, UN PROYECTO ILUSORIO. DESDE ESPAÑA
JOSÉ ANTONIO GIL YEPES: “LA CARTA” AL PRESIDENTE BIDEN". DESDE VENEZUELA: “LA CARTA” AL PRESIDENTE BIDEN. DESDE VENEZUELA
VICTOR ALVAREZ: ¿QUÉ DICE LA CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE BIDEN?. DESDE VENEZUELA
LUIS FUENMAYOR TORO: ACLARANDO MALAS INTERPRETACIONES . DESDE VENEZUELA
LEANDRO RODRIGUEZ: CARTA DE 29.999.975 VENEZOLANOS. DESDE VENEZUELA
JUAN D. VILLA ROMERO : SOMOS RICOS EN LA DIVERSIDAD. DESDE VENEZUELA
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BEATRIZ DE MAJO: LA PAZ DE COLOMBIA, UN PROYECTO ILUSORIO. DESDE ESPAÑA
Hablar de paz en Colombia es una quimera. Las variables que intervienen para que Colombia siga siendo uno de los países más violentos del planeta se transforman con el transcurso de los años. La firma de un Acuerdo de Paz entre el gobierno y los insurgentes de las FARC debía haber producido un cambio definitivo en ese terreno y no ha sido así.
Un nuevo conjunto de circunstancias, nuevos actores y transformaciones en el accionar de viejos alzados en armas que son hoy protagonistas del crimen, se empeñan en que el país no esté en calma. No lo va a estar mientras el ELN no se incorpore en un proceso de dejación de las armas; mientras las disidencias de las FARC no cesen en su empeño de desestabilizar el país; mientras los grupos armados ilegales no hayan sido desactivados; mientras el tráfico de drogas sea un componente activo de la violencia; mientras el régimen de Nicolas Maduro siga siendo uno de los principalísimos actores que alimentan el narcotráfico y el crimen. Ninguno de estos cinco componentes se asoma en el horizonte cercano.
13.000 combatientes de la guerrilla de las FARC habían dejado las armas a raíz de la suscripción del Acuerdo de Paz de La Habana en el 2016. Desde entonces hasta el fin del año 2021, 1.270 líderes sociales han sido asesinados al igual que 299 firmantes de los acuerdos. Solo en los dos años pasados- 2020 y 2021-se han registrado 179 masacres, es decir una cada cuatro días.
El manejo de la instrumentación oficial de los acuerdos de paz ha sido muy deficiente, por inexperiencia, falta de recursos económicos, desinterés o por cualquier otra causa. Es así como la dificultad en la reinserción de los desmovilizados también es una rémora en la vía hacia la pacificación. Tal situación crea un ambiente propicio al retorno de los excombatientes a las atrocidades delictivas, aunque las autoridades aseguran que un 95% de los desmovilizados continúan acogidos al proceso de Paz.
Un eslabón importante de esta cadena que impide la adecuada implementación de los acuerdos de La Habana está representado en el Clan colombiano del Golfo, la organización que se ha erguido en el más poderoso obstáculo al reto gubernamental de la restitución de la institucionalidad. Su accionar está claramente dirigido a sembrar el caos a través de crímenes masivos como el asesinato sistemático de lideres sociales, en particular los reclamantes de tierras y los dirigentes de la sustitución de cultivos ilícitos. Por ejemplo, los acuerdos realizados por el gobierno con 85.000 familias para la sustitución de cultivos son constantemente torpedeados por este Clan. Dentro de sus actuaciones son exitosos en aquello de sembrar pánico entre las poblaciones campesinas para luego ofertarles protección ante la incapacidad gubernamental de contener la violencia.
Lo que ha dado en llamarse “Disidencias de las FARC” no es sino una manera convencional – y equivocada- de calificar a fuerzas tan sanguinarias como las originales, con su mismo entrenamiento y armas, con la misma motivación y relación perversa con el mundo de las drogas y consustanciadas con los mismos delitos de sus predecesoras, sin propuesta política ni doctrinaria de ningún género. Y si lo anterior fuera poco, soportadas además por el régimen vecino venezolano al que no asusta la violación de los derechos fundamentales de las personas y a quien mueve una ambición de lucro inenarrable.
En un anterior articulo hablábamos de la contaminación del narcotráfico con el accionar de los carteles mexicanos que se han sumado a los colombianos. Nunca Colombia estuvo más activa que en este tráfico ilegal que en los pasados dos años. Y lo anterior se da de la mano por la batalla entre todos los actores por controlar el negocio y los corredores de tránsito de la droga.
Pacificar parece ser una ilusión inalcanzable. La desaparición forzada, las ejecuciones sumarias, los falsos positivos, el secuestro y la tortura son cosa de todos los días en el campo que, sin haber sido abandonado a su suerte, es víctima hoy de ese conjunto de circunstancias sobre las cuales actuar se ha vuelto una tarea titánica.
Un lustro nos separa del histórico Acuerdo de la Habana y la violencia sigue intacta, cobra vidas y siembra el terror por doquier. El mes pasado la Cruz Roja Internacional emitió un informe e hizo un llamado a la acción: “El número de desplazados internos, heridos o muertos a causa de la violencia y del persistente conflicto armado, ha alcanzado su nivel más alto en cinco años”.
Seguimos hablando de paz en la vecina tierra neogranadina y ello no pasa de ser un proyecto inalcanzado, una ilusión, un espejismo.
Beatriz De Majo
@BeatrizdeMajo1
Venezuela – España
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JOSÉ ANTONIO GIL YEPES: “LA CARTA” AL PRESIDENTE BIDEN". DESDE VENEZUELA: “LA CARTA” AL PRESIDENTE BIDEN. DESDE VENEZUELA
Se trata de una negociación incremental, progresiva y sin enamoramiento alguno: “tú me das, yo te doy”. Pero si, “Tú me vuelves a quitar, yo también te vuelvo a quitar”.
“La Carta” que dirigimos al presidente Biden solicita un cambio de estrategia en el uso de las sanciones económicas en contra del gobierno del presidente Maduro. Dicho cambio se venía perfilando al cambiar el gobierno de los EE. UU. Para Trump, las sanciones eran, “supuestamente”, para “cambiar el gobierno”; mientras que para Biden, dichas sanciones serían un instrumento para negociar cambios en las políticas del chavismo.
Aunque para algunos opositores la versión de Trump es la correcta, a muchos analistas nos pareció que Trump utilizaba una postura dura para congraciarse con los votantes de Florida en su competencia con Hillary Clinton, pero que no tuvo una sincera intención de utilizar las sanciones ni fuerza alguna para cambiar al gobierno de NM. Sin embargo, cabe notar que muchos de los firmantes (analistas y empresarios y sindicalistas), ya nos habíamos preguntado, tiempo antes de que llegara Biden a la Presidencia, “¿para qué servían esas sanciones?”. Es más, algunos habíamos investigado el potencial de las sanciones económicas en cambiar gobiernos y encontramos que, de unos 180 casos de países sancionados por las potencias (Rusia, China, EE. UU., Alemania, etc.) en los últimos 100 años, sólo siete gobiernos habían cambiado por esa presión: ¡Un magro 4% de éxito! De allí que los gobiernos sancionados más conspicuos siguen todos allí.
“La Carta” no plantea que se suspendan todas las sanciones porque, al eliminarlas, el gobierno de NM no tendría incentivos para cambiar sus políticas. Se trata de una negociación incremental, progresiva y sin enamoramiento alguno: “tú me das, yo te doy”. Pero si, “Tú me vuelves a quitar, yo también te vuelvo a quitar”.
En todo esto, cabe destacar que estamos hablando exclusivamente de sanciones económicas, financieras, comerciales. “La Carta” no se inmiscuye en sanciones personales. Aunque, para mi, es obvio que las políticas chavistas dañaron más nuestra economía que las sanciones, “La Carta” no toca ese punto.
En cuanto a las críticas a “La Carta”, llama la atención que casi nadie dijo algo en contra de incrementar las inversiones occidentales para exportar más petróleo, a pesar de que, para ello, es necesario flexibilizar sanciones y a pesar de que el gran beneficiario de esta negociación sería el gobierno de NM. Puede ser que, al no decir nada, estuviesen pensando que nos interesa que los países occidentales recuperen el espacio geopolítico que perdieron, por sancionar a Venezuela, ante sus competidores geopolíticos acérrimos: China, Rusia, Turquía e Irán. La contradicción está en que ahora, que “La Carta” plantea extender ese mismo enfoque a otros sectores, surja un revuelo en contra.
Por último, cabe destacar que todos tenemos derecho a opinar como consideremos conveniente. De eso se trata la Democracia. Pero el opinar necesita enfocarse en el problema, sin aludir a las características de las personas que opinan. Y esto tiene dos planos. En el plano socio psicológico, las encuestas indican que la mayoría de los que vivimos en Venezuela vemos en la “negociación” la primera herramienta para resolver los problemas del país. En cambio, la mayoría de los venezolanos que viven fuera y opinan tienden a tener posiciones más confrontacionales. La experiencia de vivir dentro o fuera del país crea dos psicosociologías diferentes y es comprensible que quienes viven fuera se sientan más distantes del gobierno de NM, bien por sus políticas que nos arruinaron y forzaron a migrar; o, peor, se trata de perseguidos políticos que tuvieron que huir. Comprender esto es respetar al que piensa diferente. En cambio, quienes vivimos aquí, a pesar de las críticas que hemos mantenido sobre la mala gestión de gobierno, necesitamos partir del supuesto de que tenemos que entendernos y convivir con el que no es igual a nosotros. Esta postura también hay que entenderla y respetarla.
Pero, lo que todo texto de negociación proscribe como inaceptable es el referirse a rasgos personales como argumento para hacer valer intereses. Se debe ser duro con el problema, pero blando con las personas. Si el argumento para “demostrar” que la flexibilización de las sanciones a cambio de concesiones en las políticas del gobierno es inconveniente pasa por llamar “amorales”, “incompetentes” o “vendidos” a los que hacen la propuesta, allí no queda diálogo posible;… sino el silencio. De la misma manera, quienes propongamos dicha flexibilización no podemos argumentar que quienes se oponen lo hacen porque “como no se ponen de acuerdo ni logran recuperar el apoyo popular, buscan que los países extranjeros, mediante las sanciones, les hagan el trabajo de cambiar el gobierno.”
Estos juicios, fundados o no, duelen tanto que nos bloquean psicológica y socialmente contra el diagnóstico y las soluciones que toda sociedad Democrática debe buscar incorporando a todos sus miembros; no excluyéndolos. Por lo pronto, “La Carta” destrancó el juego en congruencia con el 75,4% de nuestros habitantes que apoya la flexibilización de las sanciones.
José Antonio Gil Yepes
prensayradio9@gmail.com
@joseagilyepes
Director de Datanalisis
Contacto: 0424.9909099
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VICTOR ALVAREZ: ¿QUÉ DICE LA CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE BIDEN?. DESDE VENEZUELA
Líderes empresariales, cívicos, académicos y políticos de Venezuela, defensores de la democracia, firmaron una Carta Abierta al Presidente Biden y solicitaron reimpulsar las negociaciones entre el gobierno y la oposición a fin de revisar las sanciones económicas que no lograron el objetivo de provocar un estallido social que desembocara en un cambio de gobierno. Argumentan que la prolongación de las sanciones ha generado efectos colaterales no deseados sobre las empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos y deben ser revisadas. La polémica no se hizo esperar.
El detonante de la polémica es una afirmación que se hace en la carta: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos”.
En ninguna línea de la carta se lee una petición de levantar las sanciones personales a quienes han violado derechos humanos, cometido actos de corrupción y han incurrido en el lavado dinero. En el texto tampoco se plantea eliminar incondicionalmente las sanciones financieras y comerciales sino flexibilizarlas a cambio de compromisos del gobierno para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas.
Lo que si se sugiere es revisar, flexibilizar y levantar las sanciones económicas que causan efectos colaterales en organizaciones humanitarias y en la empresa privada e impiden generar las divisas que el país necesita y otros sectores económicos distintos al petróleo aún no están en capacidad de generar, debido a su poca competitividad internacional.
La carta hace mención a la crisis humanitaria de un país que después de ufanarse de tener el salario mínimo más alto de América Latina, se descalabró al extremo de ser actualmente uno de los países más pobres y desiguales del continente. En el texto se plantea adoptar mecanismos para asegurar que los ingresos petroleros adicionales que el país perciba por la flexibilización de las sanciones se destinen ―bajo supervisión internacional― a atender las necesidades urgentes de los venezolanos.
La carta plantea la necesidad de reactivar el proceso de negociación que se interrumpió en México, cuya reanudación necesita facilitación y apoyo internacional. Esta negociación no será en blanco y negro. En unos casos, una sanción concreta se removerá si y solo si el gobierno cumple con una determinada condición; en otros casos habrá que levantar primero las sanciones para destrancar el proceso.
La carta deja claro que las sanciones no han sido la causa de la crisis económica y social que azota a Venezuela, sino el fracaso de un modelo basado en políticas equivocadas y en una voraz corrupción. Las sanciones fueron diseñadas para causar daño y lo lograron al agravar la crisis económica y social, pero no lograron provocar el estallido social que supuestamente provocaría el cambio de gobierno. Por el contrario, han generado efectos colaterales sobre las empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos.
Incluso, poderosos intereses económicos estadounidenses también se han visto perjudicados, toda vez que las sanciones obligaron a las transnacionales petroleras a abandonar sus negocios en Venezuela. Ni siquiera los tenedores de bonos de la deuda externa emitida por Pdvsa y la República han podido cobrar un centavo.
Negar que las sanciones han causado daños a la economía y la sociedad solo puede venir de una dirigencia política ausente, desconectada de la dramática realidad que sufre el país por la nefasta combinación de malas políticas gubernamentales causantes de la crisis, y unas sanciones económicas que la agravan.
¿Quiénes son “Los abajo firmantes”?
La carta fue inicialmente firmada por: Alejandro Sucre, Alfredo Padilla, Andrés Rojas, Blanca Vera Azaf, Feliciano Reyna, Francisco Rodríguez, Jorge Botti, Jorge Makriniotis, José Guerra, José Antonio Gil Yepes, José Manuel Puente, Juan Ernesto Aguilera, Luis Vicente León, Marcela León, Luis Oliveros, Manuel Sutherland, Marianela Herrera, Mariela Ramírez, Michael Penfold, Pablo Zambrano, Rafael Quiroz, Reinaldo Quintero, Ricardo Cusanno, Tamara Herrera y Víctor Álvarez.
Ninguno de los 25 firmantes se arroga la representación de otros sectores. Cada uno tiene un peso específico y en conjunto forman un coro de voces cuyas opiniones ejercen influencia en la opinión pública venezolana. Se les ha llamado “Los abajo firmantes” pero no son ni un think tank, ni una ONG, ni mucho menos un partido político.
Cada uno firmó a título personal, sin pretender representar a nadie. No son voceros de ninguna organización sino voces individuales que gozan de prestigio académico, técnico y profesional, y autoridad ética y moral. Su objetivo fue romper la inercia y estimular un debate necesario en un país descontento, que no cuenta con una dirigencia política que interprete el sentir nacional y le ofrezca una mejor alternativa a la de continuar bajo el mando de un gobierno autoritario y principal responsable de la crisis que sufre la nación.
Según Datanálisis, el rechazo a los partidos es cada vez mayor y sus mediciones coinciden con otras encuestadoras serias del país. Maduro tiene solo 18% de apoyo popular y 67% de los venezolanos quiere un cambio de gobierno, pero también las encuestas dicen que solo 15% de los venezolanos cree que la oposición es capaz de generar un cambio. 70% de los consultados rechaza las sanciones económicas internacionales.
La carta es una iniciativa de gente muy diversa que tiene por delante el reto de explorar otras coincidencias para mantenerse unida. Se diferencia de otras iniciativas que irrumpen en el debate público con una visión compartida, unidad de criterios y estructura organizativa.
El punto de confluencia entre los firmantes de la carta es su interés común por una solución política a la crisis venezolana. Esto pasa por reactivar las negociaciones en México, por complementar capacidades y recursos para atender la emergencia humanitaria, y por revisar aquellas sanciones económicas que están generando efectos no deseados sobre las empresas privadas y las organizaciones humanitarias. Si se quieren resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. Las sanciones no van a funcionar para forzar un cambio de gobierno pero pueden funcionar para que el gobierno cambie sus políticas en función de lograr tres objetivos básicos:
Priorizar la atención a la emergencia humanitaria y detener el empobrecimiento de la población.
Seguridad jurídica y protección de inversiones para crear un ambiente propicio a la actividad económica.
Mejorar condiciones electorales de cara a unas Presidenciales 2024 a tono con estándares internacionales.
Victoralvarezr@gmail.com
@victoralvarezr
Venezuela
Escuche el contenido de la Carta Abierta al Presidente Biden en el nievo podcast de #PedagogíaEconómica https://t1p.de/y9fhr
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LUIS FUENMAYOR TORO: ACLARANDO MALAS INTERPRETACIONES . DESDE VENEZUELA
Hace poco resumí, como corresponde a un artículo en éste y otros medios, unas ideas sobre el deber ser de los docentes-investigadores en las universidades nacionales. No pretendí “despachar” el tema en unas pocas líneas. De hecho, hay varias publicaciones académicas de mi autoría sobre la materia, a las cuales se puede recurrir si se está interesado. Pero sí debo afirmar que, dentro de las distorsiones impuestas por la Ley Orgánica de Educación, instrumento interventor inconstitucional, no puede lograrse una ley universitaria que signifique un avance e impulse la universidad que se requiere para Venezuela. Entiendo, pero no justifico, que esto produzca algunos disgustos y que se pretenda defender disposiciones legales inconstitucionales, dada la ideologización existente y los fanatismos políticos.
La universidad cambia al igual que lo hace la sociedad, pero los cambios no son necesariamente positivos cuando en algún momento los gobiernos los imponen en determinadas condiciones. La ley de 1959 fue muy positiva; en esencia es la actual 63 años después. Lusinchi y Caldera I impusieron cambios que lejos de significar un avance entorpecieron el desarrollo universitario. Las imposiciones en este siglo tampoco han significado la generación de cambios positivos. De hecho, los indicadores académicos demuestran que toda esa pléyade de instituciones “universitarias” rimbombantes ha contribuido a la generación de un inmenso deterioro y no ha servido para de alguna manera frenar el desastre ocurrido en el país o ayudar a salir del mismo.
Ninguna universidad del mundo puede realizar investigación en todas las disciplinas que enseña y la universidad venezolana mucho menos. Esto es comprensible y deriva de la gigantesca diversidad del conocimiento hoy día, lo que hace que haya universidades que dirijan sus esfuerzos hacia determinados temas, dejando otros de lado. No es algo para asombrarse, es normal.
Entiendo que sufrimos un gobierno que no le gustan las evaluaciones ni los exámenes. De hecho, ha dejado de publicar indicadores como fórmula para no ser evaluado ni nacional ni internacionalmente. Pero, cuando un profesional se enfrenta a distintos retos en su vida, cada uno de ellos es un examen de sus capacidades, cuyos resultados pueden tener consecuencias desastrosas, no para el profesional, pero sí para los individuos y comunidades afectadas. Las mejores universidades del mundo no sólo hacen exámenes y concursos, sino que los mismos se extienden hasta el más elevado nivel y, en este caso, son concursos internacionales, en los que los aspirantes se presentan frente a los académicos más distinguidos de esas instituciones.
Jamás he dicho que el concurso de oposición debe ser ante los candidatos a autoridades universitarias. Ésa es una ligereza manipuladora, por decir lo menos, dirigida a descalificar lo que es una propuesta lógica: los jurados deben ser integrados con los profesores más calificados en la materia objeto de los concursos. Evitar los concursos de oposición, en cambio, sí es mantener el vicio de la designación politiquera de los profesores, lo cual algunos ven como normal en las instituciones controladas por el gobierno.
Los docentes-investigadores universitarios no son empleados públicos ni se les puede aplicar las normas de estabilidad de éstos. Un profesor-investigador tiene la obligación de ascender dentro de un lapso establecido, preferiblemente variable, pues no todos avanzan a la misma velocidad, hasta el penúltimo nivel del escalafón. Si no cumple con sus ascensos debe ser removido de su cargo o si se quiere trasladado a una institución, donde no sea necesaria la realización de labores de investigación. El personal académico constituye la planta que hace funcionar a la universidad. Es éste el que no debe ser menor del 60 por ciento del total delos docentes.
El otro 40 por ciento sería contratado a tiempo parcial (convencional), por horas, algo que ocurre actualmente, sólo que en una proporción muy alta, que compromete el funcionamiento de la universidad. No hay ningún “apartheid”, como no lo hay hoy con este personal, ésta es otra ligereza manipuladora. En previos artículos he aclarado que en la universidad existen derechos académicos, que las jerarquías se establecen de esa manera, por lo cual hablar de gente privada de sus derechos políticos es como mínimo una insensatez
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Resulta asqueante que un ciudadano esté de acuerdo con la imposición de sanciones internacionales a su país, sin embargo, no es algo tan sencillo, no es un tema blanquinegro. En nuestro caso, repudiamos las sanciones, en consecuencia, elevamos nuestra voz de protesta para que cesen las causas que las motivan, así propiciar el retorno de la constitucionalidad, de nuestra democracia y reinsertar nuestra nación al ámbito internacional donde pertenece estratégica y geopolíticamente ¡a occidente!
Existen dos tipos de sanciones, las que involucran de forma general a la administración chavista en todos sus ámbitos, en cuanto gran parte de la comunidad internacional no reconoce las elecciones desde 2017 donde resultaron electas. De ese modo, estos países/bloques no confieren capacidad jurídica al chavismo para representar los intereses/bienes de Venezuela. Por otro lado, nos topamos con sanciones personalísimas, de las cuales la inmensa mayoría solo conocemos lo que apreciamos por los distintos medios y redes sociales.
Existe un agravante contra el chavismo. Sí existe opacidad en los 23 años de revolución chavista ha sido en lo referente a los procesos electorales y en la administración de los recursos del Estado, enfoquémonos en lo segundo. Es muy “extraño” que, a pesar de las infinitas denuncias de actos de corrupción criollos, y con vinculaciones foráneas, no exista ni una sola persona investigada, enjuiciada ni detenida. Por ejemplo, no nos olvidemos de la desconcertante desaparición en 2012 de más de 20 mil millones de dólares del BCV, a la fecha ese delito se encuentra impune, dicho sea de paso, acto de corrupción denunciado por la misma autoridad bancaria nacional del momento.
La corrupción milmillonaria que gira en torno al caso Odebrecht dio la vuelta al mundo, vale resaltar, Venezuela fue el país, luego de Brasil, donde esta constructora firmó y cobró más contratos, esas obras no se culminaron, algunas ni se comenzaron, los recursos no aparecen, nadie ha sido responsabilizado. Lo propio ocurrió con Panamá Papers, Pandora Papers, la repentina aparición de cuentas mil millonarias en bancos al rededor del mundo y pare de contar. Por tal motivo, es fácil deducir que la destrucción de la CVG, Pdvsa, del sistema eléctrico nacional, de nuestros hospitales, universidades, infraestructura nacional, etcétera, no son atribuibles a las sanciones, comenzó muchísimo antes, el problema de fondo no ha sido la falta de recursos, sino el oscurantismo que ha envuelto su manejo.
Por otro lado, los controles y racionamientos en el país también comenzaron mucho antes de las sanciones, desde época de Chávez el centralismo ultroso ha sido la marca de fábrica del régimen en lo que va del Siglo XXI. La idea fuerza del expresidente fue controlar/racionar toda actividad en el país bajo la errónea creencia “el boom petrolero era eterno, daría para todo” y que Pdvsa podía prescindir de la meritocracia, pagamos muy costosamente dichas decisiones.
Por si fuera poco, en 2014, antes de las sanciones, se imitó el mecanismo cubano de racionamiento de la comida, política gubernamental que controla a la sociedad a través de su necesidad más básica, la alimentación. En época de sanciones, con Pdvsa quebrada por corrupción y desidia, no fue sino hasta 2020 aproximadamente que el régimen se vio obligado pausar sus políticas controladoras y, a fin de evitar la caotización del caos, permitió diversos mecanismos de pago que involucran divisas, lo que oxigenó la actividad comercial.
En 2022, con la inyección de capitales anónimos, el sector terciario de la economía muestra mayor dinamismo, la gran pregunta ¿Hasta cuándo? porque en la forma como ocurre extingue la producción nacional y empuja hacia arriba la inflación. Las reservas internacionales, con las que se represa la devaluación de nuestra agónica moneda, se acaban y, ya en campaña presidencial 2024, Maduro reincide en inyectar grandes cantidades de bolívares sin respaldo a lo que queda de nuestra economía… solo 25% de lo que era en 1998.
Leandro Rodríguez Linárez
leandrotango@gmail.com
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JUAN D. VILLA ROMERO : SOMOS RICOS EN LA DIVERSIDAD. DESDE VENEZUELA
Un cambio en la mentalidad de la sociedad es indispensable para lograr la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad.
La historia de la humanidad ha visto pasar decenas de concepciones equívocas sobre la discapacidad, muchas de ellas basadas en errores, dos de ellos, homologar a la discapacidad con incapacidad, enfermedad, minusvalía e incluso con desgracia. Estos conceptos han sido expresados por diferentes culturas de muchas formas.
Otro error histórico, ha sido creer que la dificultad para la inclusión plena en la sociedad que tiene una persona con discapacidad, radica en las limitaciones motrices, intelectuales, sensoriales o psicosociales, cuando en realidad radica en el entorno y las actitudes de todos sin excepción.
Esto lo comprobamos al ver desarrollarse a una persona con discapacidad en un ambiente inclusivo, accesible, de derechos, en donde logra participar y crecer. Quiero destacar que el principal problema en esta materia no son las limitaciones personales, sino una sociedad que excluye, teme, menosprecia, sobreprotege o rechaza la discapacidad. El problema y el reto son entonces colectivos, es nuestro, es plural.
La comprensión de estos errores ha dado pie a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigentes para cumplir y hacer cumplir en la totalidad de países adscritos a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pero cambiar el paradigma aun no se ha producido en la sociedad ni en muchas de las instituciones de nuestro país. La garantía plena del acceso a derechos aún no logra consolidarse y pasar del reconocimiento al ejercicio pleno, y parece que socialmente pocos somos conscientes de ello.
¿Cómo es posible que no se asuma ni reconozca el costo de excluir de la actividad productiva a las personas con discapacidad, que se cometa el error de no clasificarlos en la diversidad? Es un crimen que se les nieguen oportunidades de emprendimiento, como también lo es algunos excesos cometidos por funcionarios de seguridad del Estado contra estas personas que sienten, piensan y padecen al igual que las personas sin discapacidad.
La inclusión es condición, pluralidad y horizonte de cualquier democracia e indicador de desarrollo, y no solo un tema políticamente correcto. La situación de alrededor de 4.5 millones de personas con discapacidad en nuestra Venezuela, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, es prioritaria, en fin responsabilidad de todos los actores sociales, religiosos y políticos.
Se trata de garantizar a las personas con capacidades diferentes los derechos que establece nuestro marco constitucional y que las medidas contra la discriminación sean tomadas con seriedad en este ámbito, así como también asignar a este sector de la sociedad, el valor, el respeto y la protección que merecen.
Desde Unidad Visión Venezuela llamamos una vez más a eliminar los obstáculos o estereotipos que conducen a entornos injustos y decisiones desacertadas. Superar barreras creadas por la omisión de responsabilidades, como no considerar el impacto que tiene la desigualdad y la exclusión cotidiana de millones de personas como parte de la agenda de grandes problemas nacionales.
Decir nunca más a una sociedad pasiva, consentidora de la exclusión, que ha asumido como normal la anormalidad, decir basta al intento continúo de tratar por igual a los desiguales, y ahondar con ello la desigualdad. Derrotar la hipocresía de quienes quieren ver obras, pero no se ocupan de aportar a garantizar derechos.
Hacer honor al lema “Unidad sin exclusión” es responsabilidad de todo un país. Armonizar las leyes con una perspectiva integral corresponde al Poder Legislativo. Venezuela ha de avanzar en ese proceso, tiene con qué, para qué, y está llamada a disponer de todas las herramientas necesarias para hacerlo.
Dejar atrás la pobreza espiritual subyacente, comprender de una vez por todas que somos hijos de Dios, por ende, ricos en la diversidad.
En fin, pregonar con hechos y menos palabras que importa la calidad de vida de todas las personas, tal cual como lo viene haciendo nuestro secretario general, diputado Omar Ávila.
Juan D. Villa Romero
Secretario Juvenil Unidad Visión Venezuela
@jdiegovillave
@visionvenezuela
Venezuela
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