jueves, 23 de marzo de 2017

ANTONIO PÉREZ ESCLARÍN - DEL ESTADO DOCENTE AL ESTADO EDUCADOR

EDUCACIÓN DE CALIDAD

La educación es la suprema contribución al futuro de la humanidad,  pues tiene que contribuir a prevenir la violencia, la intolerancia, la pobreza, y la ignorancia. Una población bien educada es crucial para tener democracias prósperas y comunidades fuertes. A todos nos conviene tener más y mejor educación y que los demás la tengan. La carencia de este bien  lleva a las sociedades al fracaso.   En consecuencia, el derecho a la educación implica derecho de todos no a cualquier educación, sino a una educación de calidad. Una pobre educación reproduce la pobreza y, en vez de contribuir a democratizar la sociedad, agudiza las diferencias y agiganta las desigualdades.

El Estado debe  garantizar que el derecho a la educación de calidad para todos  se cumpla en términos de equidad, lo que implica compensar las desventajas de los más pobres para que las diferencias de origen no se conviertan en desigualdades. Esto no significa que el Estado debe ser el único ejecutor de las políticas educativas, sino que debe apoyar sin mezquindad  los esfuerzos de las familias y de la sociedad para garantizar educación de calidad a todos.

Por eso, necesitamos un  Estado eficiente  en el cumplimiento de los derechos de todos, en especial de los que cuentan con menos posibilidades  y poder. El buen funcionamiento del Estado es condición esencial para garantizar las políticas públicas y el disfrute por todos de los derechos esenciales. Un Estado ineficiente o que confunde deseos con realidades,    proclamas con hechos,  que cree que tiene todas las respuestas,   que equipara la  crítica a la  traición,   es una tragedia para todos, pero sobre todo para los más pobres. 

El Estado no puede utilizar la educación  para fines partidistas o para imponer una determinada ideología, ni decidir  unilateralmente el uso de los recursos que pertenecen a todos,  o  premiar o castigar a los que siguen o no siguen sus políticas partidistas. Los gobiernos  no son dueños del presupuesto, sino meros administradores. Administración que  deben realizar con eficiencia, equidad y transparencia. De ahí la necesidad de fomentar el papel de la sociedad como corresponsable con el Estado de la educación de calidad para todos, y como contralora de sus derechos mediante unas políticas públicas honestas y eficientes, garantizando una gestión eficaz  y transparente, con estrecha vigilancia sobre la corrupción y sobre los políticos y burócratas que están para servir y no para servirse del Estado y de los ciudadanos que los eligieron.

De ahí que es necesario que la sociedad esté vigilante y se oponga a la tentación   del Estado de “privatizar” lo público en su propio beneficio, o el de los suyos. Igualmente  me parece  necesario  que la sociedad exija cuentas al Estado sobre el uso de los cuantiosos recursos públicos (que son de todos, no del Gobierno) y la pobrísima  respuesta educativa. 


Por todo ello, más que un Estado Docente,  debemos exigir un Estado “Educador”, que garantice calidad educativa a todos, en especial a los más pobres, que apoye las iniciativas sociales a participar en la educación y el derecho de las familias a que sus hijos reciban una educación acorde con su cultura y sus creencias en respeto a la pluralidad y a la diversidad, y que de ejemplo de aquellos valores que pregonan la Constitución y la  Ley de Educación como son: democracia, participación, inclusión, honestidad, respeto, tolerancia, pluralismo,  justicia y equidad. Si el Estado no encarna  los valores que proclama se convierte en un Estado Deseducador. 

Antonio Perez Esclarin
pesclarin@gmail.com
@pesclarin
Zulia - Venezuela

No hay comentarios:

Publicar un comentario