Las
realidades muchas veces actúan como cómplices de cuanta tramoya puede resultar
en provecho de los más osados. Sobre todo, a la hora de arrinconar la honradez
como valor de moralidad. Incluso, de excluir la tolerancia como razón de
pluralismo político.
Valen estas
consideraciones para referir el problema que, desde la política, se ha
manifestado respecto de la vacuna contra el Covid-19. Más cuando alrededor de
tan contrariada situación ,se reúnen la urgencia y la prioridad como criterios
de eficacia.
En el curso
de los últimos tiempos, han surgido dos orientaciones ejecutivas nacionales.
Una estructurada desde Miraflores. La otra, desde la legítima Asamblea
Nacional. Las mismas, encausadas por prerrogativas que se arroga cada postura o
instancia presidencial. Indistintamente que alguna se considere con mayor o
menor potestad para negociar la adquisición de las vacunas que deberán
administrarse y aplicarse a la población venezolana, Es así como el problema ha
acentuado la obstinación propia que adopta el poder político para respaldar sus
posiciones y decisiones.
La
negociación a la que corresponde dicha situación, compromete condiciones que,
supuestamente, son representativas de distintas y contrarias consideraciones.
Estas, en términos de sus postulados o intenciones, podrían convertirse en
razones capaces de aventajar los espacios políticos que tenderían a favorecer
cada actor político o pujador. He ahí el dilema que se transformó en un serio
conflicto de intereses políticos.
La decisión
tomada por la Comisión Delegada de la auténtica Asamblea Nacional, permitirá al
país acceder a 12 millones de vacunas durante 2021. Su distribución y ejecución
estaría supervisada por organismos humanitarios internacionales.
Por su
parte, la decisión tomada por el régimen desde Miraflores, apunta a otra
dirección. La orientación que presume reivindicar, está muy alejada de la
asumida por la legítima Asamblea Nacional. Por tanto, motiva una reacción que
pone de manifiesto una delicada contradicción cuyo grado de incongruencia pone
de bulto una crisis que determinaría el riesgoso enfrentamiento de las dos
instancias políticas.
Algunas
lecturas politológicas
Este
problema, no deja de tener varias lecturas. Quizás, la que con más fuerza puede
dar cuenta de lo que en el fondo está represado, es de naturaleza eminentemente
política. Indudablemente. Y es que la doctrina política que tiene subyugado al
régimen, la mantiene atada entre las limitaciones que condicionan su
comportamiento autoritario-hegemónico. La aludida situación tiene en ascuas a
Venezuela, Tal nivel ha sido el caos, que permitió la usurpación que acompañó
la impunidad de la cual se valió la corrupción para arrasar con la
institucionalización en algo alcanzada con el aporte de la pauta democrática.
En un
principio, el régimen había prometido que en el tiempo más inmediato posible,
se vacunarían un grueso número de venezolanos. Pero la arrogancia mostrada por
la actitud de dirigentes del régimen, ha trabado el ingreso de vacunas
necesarias para cubrir buena parte de la población venezolana. No obstante, el
régimen alteró impúdicamente su compromiso. Declaró que la vacunación sería
completada con la aplicación de la vacuna cubana (Abdalá). Todavía está en fase
de experimentación clínica.
Ya el
régimen había rechazado el ingreso de la vacuna de los Laboratorios Astra
Zeneca la cual venía mediada por el procedimiento o Acuerdo Covax. Este, es
animado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Pero como sucede siempre
en política, entre lo que se promete y lo que se hace, se establece una brecha
de incalculables perjuicios. Y visto el referido problema, se ve afectada la
casi totalidad de la población. De sus consecuencias, no escapa nadie.
Implicaciones
jurídico-legales
Lo que está
advirtiéndose en el fondo de tan grosera situación, es la gruesa desigualdad
que está induciéndose. Esta vez, a través del acceso y distribución de vacunas
contra el Covid-19. En Venezuela, este problema supera en horror y desidia
cualquier avistamiento hecho desde la incertidumbre. Más, cuando no se cuenta
con la autonomía necesaria para revertir las insuficiencias que plantea la
SALUD, como derecho social fundamental consagrado constitucionalmente. (Véase
el artículo constitucional 83).
Tal es la
gravedad que reviste la situación en cuestión, que se habla de que el cuadro
que se vive en el país encuadra con el delito de exterminio. Según el Estatuto
de Roma, explica que el exterminio impone condiciones de vida, entre las cuales
reconoce la “(…) privación del acceso a alimentos o medicinas (…)” (Art. 7.1-b)
lo cual provoca desgracias en la población afectada.
Respecto de
lo que expone el artículo 83 constitucional, su lectura contemplada desde la
emergencia humanitaria acusada por la pandemia del Covid-19, da cuenta que
Venezuela carece de la autodeterminación, independencia y soberanía que
refieren algunos preceptos constitucionales. Por consiguiente, la crisis
evidencia la ausencia de un SISTEMA PÚBLICO de SALUD, preparado para priorizar
la salud al atender “(…)la prevención de las enfermedades garantizando
tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad” (Artículo constitucional 84)
Por otra
parte, vale agregar que las flaquezas del régimen develaron la inexistencia de
un cierto Plan Nacional de Vacunación que pudo haber sido el parangón capaz de
mediar entre los problemas recurrentes, y los recursos necesarios para encarar
problemas sanitarios de amplio espectro. Pero más pudo el proselitismo político
que practica el régimen en su acontecer de conflictos creados o provocados, que
los derechos y libertades sobre los cuales se posibilita el desarrollo de una
nación con necesidades de crecimiento y progreso.
El problema
en el paroxismo de su incidencia
Resulta
inadmisible que en medio de las carencias que han sido testigo de la pésima
administración de recursos dirigidos a atender las exigencias de la pandemia,
el régimen prefirió vacunar primeramente la élite usurpadora. O sea, los altos
mandos de dirección política, militar, policial y sanitaria. Así se hizo por
encima de sectores vulnerables. Del personal de sectores de salud y educación,
que ocupan las primeras líneas de riesgo. Dicha realidad, por demás absurda y
obtusa, evidencia la falta de una política pública debidamente estructurada a
ese respecto.
Podría
inferirse que la vacuna destapó una pervertida oportunidad de hacer pingües
negocios políticos y económicos con su distribución y aplicación. Antes de
considerarse como el derecho fundamental que su importancia y necesidad
configura. O acaso, ¿Venezuela está aproximándose a vivir una situación regida
por un perverso tráfico de vacunas y costosos pasaportes de vacunación?
De ahí se
amarra la obstrucción que políticamente ha dejado verse cuando se habla de la
trama articulada para el dificultar ingreso de la vacuna. O ¿acaso hay
intereses ocultos en entorpecer el fluido ingreso de la vacuna para así dilatar
la cuarentena en tanto control social que le ha dado orondos resultados al
régimen al mantener encerrada a su población? ¿O al régimen le conviene agravar
la crisis para seguir inculpando a cuantos pueda?. Y en consecuencia, ¿suplicar
por el cese de las sanciones lo que impide el desarrollo de sus macabros
programas de estancamiento nacional?
Es un tanto
lo que se esconde bajo la encubierta, y complicada relación que en Venezuela,
extrañamente, viene cuajándose entre política y vacuna.
Antonio
José Monagas
antoniomonagas@gmail.com
@ajmonagas
Venezuela
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