1- En el Comunicado Conjunto de fecha 6 de septiembre de 2021, las partes y acompañantes, aparte de “alcanzar acuerdos” sobre la Guayana Esequiba y las “necesidades sociales de la población”, anunciaron que en la siguiente reunión (24 al 27 de septiembre) se abordaría el “Respeto al Estado Constitucional de Derecho”, esto es, la discusión “sobre el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución”. También, señalaron que “se continuará la discusión referida a la protección de la economía nacional y medidas de protección al pueblo venezolano, incluyendo los Derechos Especiales de Giro, dispuestos para tal fin por el Fondo Monetario Internacional”.
2- La denominada Plataforma Unitaria de Venezuela, en declaración unilateral de fecha 6 de septiembre de 2021, señaló que “A solicitud nuestra, se abordará en la próxima ronda de negociaciones temas vinculados a justicia y reparación. Recuperar el Poder Judicial con jueces y fiscales que garanticen el debido proceso, es un paso indispensable para transitar el camino de reinstitucionalización del país y recuperar derechos políticos y civiles”. También, precisaron que “A solicitud de los representantes de la delegación del régimen en la mesa de negociación, hemos accedido a abordar la discusión sobre el acceso a fondos en organismos multilaterales, tomando como referencia primordial el interés nacional”.
3- Observando lo anterior, debemos advertir que el “Respeto al Estado Constitucional de Derecho” no es un objetivo que pueda alcanzarse de manera parcial o selectiva. La Constitución vigente debe ser acatada en toda su extensión, y no le corresponde decidir a ninguna instancia negociadora, so pena de conculcar flagrantemente –también- nuestra Carta Magna, qué Título, Capítulo o Artículo se restablece primero en su vigencia. El restablecimiento constitucional, denominación recogida por el artículo 333 del citado Pacto Social vigente, es el proceso idóneo para producir el “Respeto al Estado Constitucional de Derecho”. El mismo se concibe como un proceso ciudadano, estén éstos investidos o no de autoridad. A este respecto, diversas expresiones de la sociedad civil organizada y ciudadanos a título particular, elaboraron y suscribieron el “Pacto para el Restablecimiento Constitucional y Democrático de Venezuela” (anexo) en fecha 19 de abril del presente año.
4- Discutir sobre el “sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución”, es un asunto que debe abordarse desde la cúspide del Poder Público, para poder generar cambios y soluciones concretos. Garantizar una administración de justicia que emita decisiones respetuosas de los principios y valores establecidos en nuestra Constitución y con arreglo a nuestra tradición republicana, no es un asunto que pueda resolverse con el nombramiento (reparto) de “jueces y fiscales que garanticen el debido proceso”.
Respetar “la institucionalidad establecida en la Constitución”, conlleva a corregir la usurpación producida por la instalación inconstitucional e ilegítima de una Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, la cual, en sus maquinaciones deformantes de la República, “blindó” el desconocimiento a la Asamblea Nacional juramentada el 5 de enero de 2016, cuyo mandato expiró el 5 de enero de 2021; fraguó la elección presidencial fraudulenta de 2018; se aseguró el control privativo y absoluto en manos de los jerarcas del régimen, del TSJ, la Fiscalía General, la Contraloría General, el CNE y la Defensoría del Pueblo; y, instaló una Asamblea Nacional electa en la farsa del 6 de diciembre de 2020. Esta deformación (usurpación) originó la Consulta Popular de Julio de 2017 y la Consulta Popular de diciembre de 2020, en las cuales, 7.186.170 y 6.472.428 de venezolanos, respectivamente, exigieron la “Reorganización del Poder Público” y el “Cese de la Usurpación de los Poderes Públicos”, respectivamente.
5.- Entrar en las discusiones para “la protección de la economía nacional y medidas de protección al pueblo venezolano” (Eufemismo que les permitirá abordar el tema de las sanciones), constituirá un nuevo “saludo a la bandera” para las partes, de no exhibir resultados concretos e inmediatos a criterio de la comunidad internacional, sobre todo, la que ha impuesto dichas sanciones. También, resultará en una nueva comprobación de la consuetudinaria y total incapacidad del régimen para acometer medidas de saneamiento económico, las cuales suponen la necesaria concertación con el capital internacional y nacional, así como con organismos multilaterales del ámbito financiero, todo lo cual redundará en un empobrecimiento aún mayor de la población venezolana.
6.- Las partes que negocian en México adolecen de una exigua legitimidad, ambas soportadas por narrativas que son compradas a conveniencia de actores y factores internacionales, así como de intereses y aspiraciones particulares en lo interno. Venezuela, reconocida como nación libre e independiente por más de 200 años, no puede ver legitimada su autoridad ni administrar su patrimonio según la conveniencia de actores y factores internacionales. Tampoco, puede una Republica constituida por auténticos ciudadanos permitirse que las armas se coludan con la administración de justicia para asegurar la subversión del Pacto Social, la explotación infamante de nuestras riquezas y el control del poder en manos del hamponato. Debe generarse en lo inmediato una nueva legitimidad, apelando a la soberanía popular, en un proceso con capacidad constitucional, política e histórica para dejar atrás la ignominia. Es de repúblicas y ciudadanos hacerlo. Es de democracias y de verdaderos demócratas auspiciarlo y exigirlo.
7.- Las partes en México, tanto en su Comunicado Conjunto como en sus conclusiones individuales respecto a lo acaecido en la segunda ronda de conversaciones, se plantean objetivos que no admiten falsificaciones ni dilaciones. Estos temas, tampoco admiten el desconocimiento de la soberanía popular -manifestada ésta en Consultas Populares y en la resolución de la crisis por medio de un proceso que empodere a la ciudadanía desde el mismo arranque- ni la inobservancia de las exigencias de la comunidad internacional, fundamentalmente, de la OEA y la Unión Europea.
Conforme a lo anterior, ANCO ha insistido públicamente ante la ciudadanía venezolana, la comunidad internacional y ante el mecanismo de negociación auspiciado por el Reino de Noruega, aprovechando para ello nuestra presencia en la Conferencia Ciudadana para el Restablecimiento Constitucional y Democrático, en recurrir a la SOLUCIÓN CONSTITUYENTE.
Respetar el “Estado Constitucional de Derecho”; “recuperar el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución”; “transitar el camino de reinstitucionalización del país y recuperar derechos políticos y civiles”; y “lograr la protección de la economía nacional y medidas de protección al pueblo venezolano”; objetivos todos declarados por el discurso negociante en suelo mexicano, son tareas que imponen la verificación inmediata de un proceso que nos permita conmovernos desde los cimientos de nuestra historia, para enarbolar los valores que se encuentran allí y abrazar los nuevos que hemos venido adquiriendo, para hacerlos norma y rubricar un pacto social que impulse la REFUNDACIÓN DE LA NACIÓN, tal como lo ha preconizado la Iglesia venezolana en los últimos días, y tal como lo anhelamos desde lo más profundo de nuestros corazones. Este proceso-solución se transitará más tarde o más temprano, toda vez que nuestra realidad no acepta más mentiras, falsificaciones, frustraciones, ultrajes ni padecimientos.
¡QUE EL PUEBLO DECIDA!
“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.”
Simón Bolívar
Carta dirigida a Santander, octubre de 1826
Caracas 12 de septiembre de 2021
Alianza Nacional Constituyente Originaria ANCO
Comunicado ANCO -
Alianza Nacional Constituyente
ancoficial@gmail.com
@AlianzaANCO
@enriquecolme
Enlace Oficial: https://ancoficial.blogspot.com/2021/09/comunicado-anco-la-solucion-es.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario