El encuentro del gobierno con varios partidos minoritarios con el fin de constituir una mesa de diálogo y llegar a un conjunto de acuerdos, algunos de los cuales entraron en vigencia, desató una larga cadena de críticas, no solo de los ‘guerreros del teclado’, grupúsculo imposible de complacer, sino de analistas muy sensatos, que tratan de interpretar el curso de la realidad nacional con el cerebro, y no con las vísceras. Eduardo Fernández, quien venía trabajando con parte del grupo firmante y a quien no puede calificársele de extremista, tomó distancia de ese encuentro, con el estilo moderado que lo caracteriza.
Muchos de los cuestionamientos que se han planteado son razonables. Ciertamente, los acuerdos firmados están llenos de vacíos y contradicciones. El sector que se reunió con el gobierno es minúsculo. Carece de representatividad parlamentaria y nacional. Apenas lo conforman seis diputados. En las encuestas más confiables aparece con menos de 5% de respaldo popular.
En el documento se evita plantear una nueva elección presidencial. Sin este componente, se rompe la conexión con los agentes de la comunidad internacional más activos: la Unión Europea, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional. La inmensa mayoría de los países democráticos del mundo pusieron en entredicho la validez de las elecciones de mayo de 2018. Henri Falcón, cuya organización, Avanzada Progresista, censuró los resultados de esos comicios, ahora se hace el desentendido. La incongruencia es obvia. Los firmantes del pacto deberían saber que mientras Nicolás Maduro permanezca en Miraflores, será imposible comenzar a solucionar los graves problemas que confronta la nación en todos los órdenes. Vivimos en un régimen presidencialista en el cual la Presidencia de la República es la llave maestra que sirve para destrabar cualquier conflicto o para crear un obstáculo insalvable. El acuerdo eludió encarar el principal reto nacional. Se quedó en las ramas.
En el pacto se habla de la reincorporación de la bancada del Psuv a la Asamblea Nacional. El Presidente de ese cuerpo es Juan Guaidó. ¿Significa, entonces, que el partido oficialista aceptará el mandato del principal líder opositor de la actualidad? Nada indica que estén dispuestos a tomarse ese purgante.
El retorno a la normalidad de la AN tendría que significar la disolución de la Asamblea Constituyente, órgano ilegítimo e inconstitucional que no ha sido reconocido por ninguna nación importante del planeta, y una de las causas fundamentales del cuestionamiento a los comicios del 20-M, pues en nombre de la supraconstitucionalidad que el régimen le concedió, convocó esa cita electoral, violando las normas establecidas en la Ley de Procesos Electorales. ¿Aceptará Diosdado Cabello, quien se atrincheró en la AC, ceder ante Guaidó y el resto de la directiva de la AN? Ese pequeño detalle no lo dirime el acuerdo.
La relación entre la AN y el TSJ tampoco se aborda. El TSJ declaró a la AN en desacato. Le amputó todas sus competencias contraloras. El Parlamento no puede interpelar a los ministros, ni a los jefes de los otros poderes, ni al Presidente del Banco Central o de las empresas públicas, ni a ningún alto funcionario porque el Jefe del Estado, amparado en el dictamen del TSJ, lo impide. La Ley de Emergencia Económica, cuya vigencia ya lleva cuatro años, despojó a la AN de todas las competencias financieras. Ni siquiera está capacitado para discutir y aprobar la Ley de Presupuesto Nacional.
La elección del nuevo CNE, tema que se toca en el compromiso, debe realizarse en la AN. ¿Será en esa institución donde se tomará la decisión, siguiendo las pautas previstas en la Ley del Sufragio? Nada hay al respecto.
La liberación de los presos políticos aparece como un hecho azaroso. Como una concesión graciosa por parte del régimen. Afortunadamente, un dirigente tan curtido como Edgar Zambrano puso las cosas en su sitio. Al momento de su liberación dijo que él nunca debió haber estado detenido. Que se había tratado de un secuestro y de una violación al principio universal de la inmunidad parlamentaria, base de la labor legislativa en toda democracia representativa. Se deslindó con claridad de toda fórmula colaboracionista o de gesto complaciente con el régimen.
Las inconsistencias y lagunas existentes en el documento y la forma como actuó ese grupo -a espaldas de la opinión pública nacional, de la inmensa mayoría de los diputados de la AN, de la oposición que participó en la ronda de Oslo y Barbados y del Reino de Noruega- cubren de sospechas razonables el acuerdo. Aparece como una emboscada contra Juan Guaidó, dirigida a congraciarse con la élite entronizada en el poder, cuya única preocupación es mantenerse indefinidamente en Miraflores. Tampoco la comunidad internacional ha recibido con agrado la suscripción del acuerdo. Existe la convicción de que se actuó con premeditación y alevosía para dinamitar a Guaidó, y torpedear los esfuerzos que la oposición que goza de mayor respaldo nacional y parlamentario había realizado en Oslo y Barbados, bajo los auspicios de Noruega.
Se vieron demasiadas grietas en la Casa Amarilla. Ahora la oposición queda más dividida y débil. El régimen se atornilla y disfruta.
Trino Márquez
@trinomarquezc
