No resulta una novedad, en los tiempos extraños y turbulentos que
transita Venezuela, que se hable de un proceso político que de manera reiterada
ha ido debilitando el entramado institucional que dio soporte a la democracia
representativa. El actual régimen ha ido destruyendo sin disimulo las
instituciones democráticas para dar paso a decisiones de dudosa legitimidad.
El régimen chavo-madurista ha centrado su acción en la concentración de
la mayor cantidad de poder para de esa manera sortear cualquier tipo de
ataduras con las instituciones que
crecieron y se consolidaron lo largo del período iniciado bajo la presidencia de Rómulo Betancourt, y que
culminó a finales del siglo pasado con la superación con el sistema populista
de conciliación de élites. Desde entonces las pretensiones hegemónicas y el conflicto permanente ha sido el signo resaltante
en lo que va de este nuevo siglo.
El gobierno ha sido coherente en ese empeño sometiendo a las
instituciones públicas a actuar de acuerdo a los dictados del Ejecutivo: la
intención de elegir los magistrados del TSJ este año, el escándalo del fiscal
del caso López y la firma de un acuerdo de respeto electoral desnudan
impúdicamente el ejercicio hegemónico del gobierno y la ausencia de equilibrio
de poderes.
La firma de un acuerdo de respeto de los resultados electorales, auspiciada desde el Ejecutivo, pone de manifiesto la debilidad institucional del ente comicial al reconocer públicamente que no basta con la Constitución ni con la normativa electoral vigente para que unos resultados electorales sean reconocidos por los actores participantes.
El Ministerio Público con la batahola protagonizada por el fiscal
Franklin Nieves pone de manifiesto que el MP no es capaz de cumplir con el
artículo 285 constitucional que señala en su primer parágrafo: “Garantizar en
los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías
constitucionales…” Este fiscal reconoció haber violado los derechos humanos de
una serie de detenidos, por presiones superiores o por lo que fuera, pero lo
hizo, y el gobierno solo se preocupa por un supuesto soborno pero no por el daño
que causó a los juzgados. ¿Quién puede creer en una institución cuyo anterior
fiscal elevaba a la condición de testigo estrella a un individuo de dudosa
reputación con solo “mirarlo a los ojos”? ¿Podrá algún individuo, venezolano o
no, creer en una institución cuando uno de los
suyos, involucrado en un caso de relevancia mundial, acusa a sus
superiores de presiones para actuar fraudulentamente?
Este ejercicio del gobierno diseña la ruta hacia un régimen déspota y autoritario que si bien ya se ejercita con cierta complacencia no necesariamente los venezolanos deban entregarse a estas pretensiones. Un gobierno democrático implica muchas cosas, pero en particular va destinado a impedir que quienes son elegidos para ejercer las funciones de gobierno no deriven hacia la autocracia, y, precisamente, esa es la misión que todo demócrata tiene el 6 de diciembre: aplicar el freno a un mal gobierno como el de Maduro, autoritario y déspota, es votar por la Mesa de la Unidad Democrática.
Leonardo Morales P.
leonardomorale@gmail.com
@leomoralesP
Caracas- Venezuela
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