SESQUIPEDALIA
Les confieso que por un instante me pregunté si no sería mejor poner el
título entre dos signos de interrogación.
Lo deseché porque mi temática de todos estos años es que hemos de
prevalecer y porque, ahora, cuando es notorio el desmoronamiento robolucionario
no es momento de entrar en dudas. Más bien,
estuve tentado de poner el título entre signos de admiración.
Hubo un tiempo en la historia reciente de Venezuela en que éramos un
país serio; una democracia con ciertas imperfecciones, pero democracia al fin;
un Estado en el cual sus instituciones estaban encabezadas por personas probas,
conocedoras de su oficio, bienintencionadas.
¿Que tenían su corazoncito partidista?, sí, lo tenían. Pero eran ciudadanos honorables que ponían el
deber del cargo y las decisiones que tomaban por encima de la mera militancia
política. Muy distinto a lo que sucede
ahora, cuando una serie de ilustres desconocidos, con poco currículo (o
ninguno), dominan los poderes públicos con un descarado manejo que sobrepone
los intereses del régimen por encima del derecho, la justicia, el bien y la
ética. Hagamos un ejercicio rápido de
encontrar qué de cierto tiene lo que afirmo antes.
Ahora, cuando está de moda que la policía política se haya erigido en un
Estado dentro del Estado; cuando se pasa por la bragueta las órdenes de libertad
que emiten los pocos tribunales que se atreven a firmarlas; cuando tortura
física y mentalmente a los políticos que mantienen en sus calabozos; cuando se
da el lujo de desconocer lo que manda la Constitución en lo relativo a la
inmunidad de los diputados, nos toca recordar cómo fueron de escrupulosos los
anteriores policías en obedecer los mandatos judiciales, cómo cumplieron la
orden de dejar salir a los que habían salido electos diputados, como fue el
caso de David Nieves y otros más. Ya no
más; hoy lo que se estila es darles con la puerta en la cara a los alguaciles y
los familiares que traen las órdenes de liberación. Eso, cuando no están muy ocupados acosando a
Lilian Tintori o deteniendo a diputados en plena ejercicio de su función. Todo ello, exacerbado por mandato de un
verdugo revestido como vicepresidente y que, entiendo yo, tiene dos
nacionalidades, lo que lo inhabilita para esta función.
Lo que nos lleva a eso de mostrar la partida de nacimiento. Porque la
carga de la prueba de demostrar que tiene una sola nacionalidad solo recae en
el mismo turquito. Igual sucede con unos
cuantos más que detentan (empleo bien el verbo) altos puestos. Empezando por la del incompetente que mete la
pata a cada rato en las cadenas. Hasta
ahora, no se ha visto el documento, solo un papel que por fracciones de segundo
mostró la Tibi en TV y nadie pudo analizar en detalle. ¡Ah, y la “sentencia” del bufete del
régimen! ¿Cómo puede haber sentencia
donde no ha habido juicio? Solo en la
mente poco culta (y no solo en derecho) de los “magistrados express”. El remoquete de “colectivo judicial del
régimen” que les acuñó recientemente un comentarista los describe a
plenitud. Por el contrario, cuando en la
tan denostada Cuarta República se corrió la voz de que Carlos Andrés Pérez era
colombiano, el tipo mató la culebra mostrando su partida de nacimiento, que
certificaba que vio la primera luz en Rubio, Edo. Táchira.
Y cuando la coyunda entre los famosos “notables”, los dueños de medios y
algunos de sus propios compañeros de partido —dolidos porque CAP le dio alas a
la descentralización, lo que de hecho le quitaba al CEN de AD la potestad de
escoger a dedo a los gobernadores— hizo que fuese sometido a antejuicio y
juicio y a que debiese entregar la presidencia, se sometió a todo lo que la
Fiscalía, la Corte Suprema y el Congreso decidieron. Era que, repito, con todos sus defectos,
estábamos en un Estado de Derecho. Muy
distinto a ahora, cuando el Ejecutivo se atrinchera detrás de cuanta bribonada
se les ocurre a sus cómplices en los demás poderes públicos. Lo último que inventaron fue un fulano
“comando antigolpe” —ya el talante de quien está al frente nos indica que eso
no pasará de otro adefesio más que busca perseguir a cualquiera que ose pensar
diferente al desiderátum regimental. De
sus primeras actuaciones, contrarias a la letra de la Constitución, se ha
enterado todo el mundo, menos el Ministerio Público (al cual le roba funciones
y, teóricamente, debe ser un tercero de buena fe) y el inefable Tribunal de la
Suprema Injusticia, devenido —ya lo dije, ¡pero me da un gusto repetirlo!— en
un colectivo judicial al servicio del régimen.
¡Claro, si para favorecer a la nomenklatura tienen el tupé de dejar sin
representación parlamentaria por más de un año a uno de los estados de la
república, para qué se van a parar en nimiedades tales como la violación de la
inmunidad de un diputado!
En la tan vapuleada Cuarta, ciertos poderes estaban presididos por un
individuo que no pertenecía al partido de gobierno. Pero los partidos opositores ponían empeño en
sugerir nombres de personas que estaban por encima de tacha alguna; y los del
gobierno los aceptaban porque les reconocían la moralidad y decencia
suficientes para no incurrir en alcahueterías indebidas con sus copartidarios. Tan diferente desde hace dieciocho años,
cuando los que mangonean se despachan y se dan el vuelto. Ya ni el contralor ni el defensor del pueblo,
mucho menos las madamas del CNE, actúan secundum legem. Por el ex aequo et bono, mucho menos. No pasan de ser lo que son: solo fichitas de
partido…
Podría seguir, pero se me acaba el espacio. En todo caso —no sé cuándo, espero que muy
pronto— volveremos a ser un país serio.
Humberto Seijas Pittaluga
hacheseijaspe@gmail.com
@seijaspitt
Carabobo - Venezuela
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