“Hay poderes de intimidación enormes frente al discurso políticamente correcto que fabricó la izquierda para silenciar la verdad sobre ella
misma”.Abel Posse
EL ESTADO DE DERECHO FUENTE DE CONFIANZA
El Boletín Oficial confirmó que el Presidente había reconsiderado su decisión
de transformar en “móvil” el feriado del 24 de marzo y, enmascarándolo con
otros dos días patrios, dado marcha atrás manteniendo su condición de “fijo”.
En este caso, como con los dichos de Juan José Gómez Centurión, Mauricio
Macri, por miedo zonzo frente al discurso “políticamente correcto”, pagó un
precio absurdo. Mientras produjeron un intenso desagrado en su propia base
electoral por la debilidad que demuestran, ambos gestos fueron efecto de las
protestas que surgieron exclusivamente de pseudo organismos de derechos
humanos, a esta altura probadamente delictuales; están integrados por personas
que nunca votarán por él y están comandados por quienes, todos los días,
convocan literalmente al derrocamiento (Hebe de Bonafini) o a la ¿resistencia?
(Estela Carlotto).
Como ya había ocurrido con Darío Lopérfido cuando se refirió al tema,
ahora le tocó el turno al Administrador de Aduana que, en una entrevista en
televisión, sentenció: “No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras”. Se
refería al número que determinó la CONADEP –probado por la incapacidad de los
Kirchner de llenar las 30.000 chapitas del Parque de la Memoria, pese a haber
retrotraído la fecha hasta 1955 e incorporado a terroristas muertos en combate
o intentando copar regimientos, suicidados o asesinados por sus propias
organizaciones- y el otro, inventado para acceder al concepto de “genocidio” y
a los ingentes fondos que suministraron distintas ONG’s europeas, tal como
confesara Luis Labraña (ver
http://tinyurl.com/ztbtwez), Si tiene interés en el tema, le sugiero “El
negocio de los derechos humanos”, de Luis Gasulla.
El Gobierno, ahora a través del Secretario de Derechos Humanos, Claudio
Avruj, rápidamente aclaró que Gómez Centurión se había expresado a título
personal y que, de ningún modo, representa el pensamiento oficial. Según
parece, ningún funcionario está en condiciones de disentir con el discurso
único, instalado desde la izquierda y hoy inconmovible, al mejor estilo
gramsciano.
La represión de las organizaciones armadas era innegablemente necesaria,
pero la aniquilación de su accionar no puede justificar el montaje de un plan
para ‘desaparecer’ a los terroristas; por ello, debe ser repudiado y condenado,
aún con el verdadero número, por cualquiera que crea que existen medios legales
para llevar adelante ese tipo de luchas. En los últimos cuarenta años, y salvo
las declaraciones del Gral. Jorge Rafael Videla a Ceferino Rato, publicadas por
éste en “Disposición Final”, no he conseguido que nadie me explicara con
claridad cuáles fueron las razones que llevaron a adoptar una política criminal
de semejante irracionalidad.
Pero también resulta indispensable recordar que, cuando Héctor Cámpora
asumió el poder el 25 de mayo de 1973, una ley votada de apuro por el Congreso
abrió las cárceles en las que se encontraban detenidos los escasos condenados
(menos del 30%) de quienes fueran juzgados por terrorismo por la Cámara Federal
Penal; en abril de 1974, los liberados mataron en la calle a uno de los
magistrados que la integraban (Jorge Vicente Quiroga), y otros debieron
exiliarse para evadir la venganza. En la medida en que uno de los miembros de
ese Tribunal, el Dr. Jaime Smart, sigue en la cárcel a los 81 años pese a que
la Cámara de Casación le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria, me
siento habilitado a volver sobre un tema que ha sido recurrente en estas
reflexiones semanales.
Presidentes que se disfrazaron (“La izquierda te da fueros”, justificó
Kirchner) para obtener apoyo, y que controlaban un Congreso genuflexo y
rastrero, lograron la derogación de las leyes de “obediencia debida” y “punto
final”, y procesos que se encontraban archivados se reabrieron y se amañaron
para obtener condenas a los militares y civiles que lucharon para evitar que la
Argentina se transformara en la Cuba de los Castro, pero dejaron impunes a los
terroristas de la “juventud maravillosa”; el jefe del ERP, Mario Roberto
Santucho, no hesitó al afirmar que, de triunfar, fusilarían a un millón de
argentinos.
El título de esta nota, por ello, también abarca al irracional temor del
Gobierno ante la necesidad de exigir a la Justicia sólo que aplique la ley
vigente (la detención domiciliaria para los mayores de 70 años o la limitación
de la prisión preventiva al máximo de dos años que garantizan los tratados
internacionales) a los casi dos mil militares y civiles presos que hoy se
pudren en las cárceles de todo el país.
Olvidados por una sociedad hipócrita (recordemos cuántos políticos de
todos los pelajes –en especial, radicales- se convirtieron en ministros,
gobernadores e intendentes entre 1976 y 1983) que no dudó en llamar a la puerta
de los cuarteles cuando esas bandas terroristas –AAA, ERP y Montoneros-
asolaban a la República, que vivía en democracia bajo el mando de la fórmula
presidencial más votada de la historia, con sus bombas y sus asesinatos, con
sus robos a bancos y asaltos a guarniciones militares, y que tantas víctimas
civiles, nunca reconocidas por el Estado, produjeron. Felicito a Victoria Villarruel,
Presidente de CELTyV y coautora -con Carlos Manfroni- de “Los otros muertos”,
por sus participaciones en el programa Intratables de esta semana; ambas
ediciones están disponibles en Youtube.
Para el control de legalidad de los fallos judiciales que hoy en este
tema funcionan como instrumento de venganza de quienes perdieron la guerra en
las calles, la sociedad dispone del Consejo de la Magistratura; por eso me
permito sugerir a mis colegas, los abogados, presentarse ante él a título
personal e individualmente, para denunciar a cada uno de los jueces que, en sus
sentencias y resoluciones, se aparten de la estricta observancia de la ley,
cualquiera sea la materia. Por lo demás, el Gobierno está en deuda con la
sociedad por no haber enviado al Congreso un proyecto de ley para volver a la
composición original de ese Consejo. En especial, hago mía una propuesta
formulada esta semana, es decir, que los delegados de los bloques legislativos
en el mismo sean juristas, y no diputados y senadores que deben faltar
–demorando la tarea colectiva- cuando tienen sesión en las cámaras.
Si los magistrados se sienten estrictamente vigilados y controlados sólo
tendrán dos opciones: renunciar para evitar ser removidos o ajustar su conducta
a las normas vigentes; así como resulta repugnante el contrasentido del
“periodista militante”, es más grave aún que existan tantos “jueces y fiscales
militantes”, como los que nos legó el kirchnerismo a través de la farsa de
“Justicia Legítima”.
Así lograremos recuperar un elemento esencial para la República: un
Poder Judicial serio, independiente, confiable y rápido. Cuando contemos con
él, no solamente los ciudadanos nos sentiremos -y estaremos- protegidos contra
los abusos del Ejecutivo y del Legislativo, sino que los inversores podrán
confiar en que los contratos serán respetados y que las normas que los rigen al
momento de su firma no serán modificados con retroactividad, como tantas veces
ha sucedido entre nosotros.
Enrique Guillermo Avogadro
ega1avogadro@gmail.com
@egavogadro
Argentina
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