FORMATO DEL FUTURO…
El Cielo es pródigo para los que combaten por la
justicia, y severo con los opresores. Simón Bolívar
Se
derramó el agua. Las cartas ya están echadas. Llegó el 19 de Abril, fecha
emblemática de la historia patria venezolana. Dos posiciones sobre cómo debía
ser la relación entre el país colonial y la Metrópoli pasó a convertirse en el
germen independentista en el naciente formato de país.
El
Día, sin duda alguna, fue el punto de partida de un proceso que habría de consolidarse con el correr de
los años y con sus implicaciones. No fue de un momento para otro. Fue,
entonces, la fecha que abrió las páginas de un movimiento precursor que, entre
otros, incluía entre sus gestores a quien luego habría de convertirse en el líder de otro macroproceso de imagen y
alcance libertario supranacional, Simón Bolívar.
Ese
mismo día pero del año 2017, luego de un pugilato público entre un partido
político y un Gobierno que ostenta el poder a su antojo desde hace 18 años, y
una expresión multipartidista asociada como referencia de Unidad Democrática,
decidieron calibrar fuerzas populares en la calle. El primero identificado con
la desventaja de no haber tenido resultados positivos para el país y su
ciudadanía. El otro por representar a grupos opositores ofendidos por epítetos,
descalificaciones y de acusaciones, como de traidores a la Patria, aunque
asistidos por la innegable ventaja de agrupar a un 80% de la población que
exige cambiar; cambio estructural.
Las
calles de Caracas y de las diferentes capitales de estado hablaron. Y lo
hicieron en respuesta a una convocatoria para defender pacíficamente, sin
violencia, lo que está establecido, en
un caso. En otro, para exigir la restitución del hilo constitucional que fue
destruido con sendas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia y el enjuiciamiento de los Magistrados que incurrieron en dicho
delito; reactivar el ejercicio del derecho constitucional a solucionar dicha
situación por vía electoral; a liberar los presos políticos que en más de un
centenar -hasta entonces- se mantienen en el país y, por supuesto, que se
reconozca la existencia de una crisis humanitaria por indisponibilidad de
medicinas y de alimentos en el país.
Pero
lo que se esperó que sería una voz ajustada a dichas razones para estar en las
calles, terminó en supuestos: de acto pacífico y no violento. En hechos que
demostraron, una vez más, que no es posible darle espacio y vigencia a la
credibilidad, cuando lo que distingue el resultado son: varios compatriotas
muertos; exagerado número de heridos; centenares de detenidos. Todos,
curiosamente -¿o como era de esperar?- de ciudadanos identificados con el
sentimiento opositor democrático.
Las
calles por donde hubo la movilización del pluralismo partidista opositor, siempre se exhibió la presencia de centenares
de agentes policiales llamados a “poner orden”; a representantes de un grupo
paramilitar o parapolicial que el Gobierno llama Milicias Armadas; activistas
al servicio de otro grupo denominado
Colectivos y que no son otra cosa que civiles -¿o militares vestidos de civil?-
armados; miles de Guardias Nacionales forrados con escafandras anti-motín, bien
armados. Asimismo, tanquetas blindadas, miles de motorizados, abundancia de
bombas molotov y camiones con mangueras de agua de alta presión. ¿Y para qué?.
Para
repeler a una ciudadanía que reclama libertad en el ejercicio de sus derechos constitucionales, y que los plantea,
desde su manera de concebirlo, con la exposición de pancartas con mensajes
alusivos, banderas del país y consignas. Pero, además, convencida de que su
reclamo no atendido por los demás poderes públicos, debía consignarlo en la
Defensoría del Pueblo. Para que ella, entonces, honrando su por qué y para qué
constitucional, se convirtiera en la portadora de un descontento y de una protesta debidamente fundamentada, en lo que
esa misma ciudadanía califica de violación persistente de la Constitución
Nacional y de sus derechos humanos.
En
lo que se tradujo el reclamo, la protesta en las calles y el propósito de
llegar a la Defensoría del Pueblo, sede accidental del Poder Moral de la
República, fue en lo que ya conocen los venezolanos y los gobiernos de los países del mundo en
donde preocupa el presente y futuro de la Democracia en Venezuela.
Es
decir, la ciudadanía terminó convirtiéndose en víctima de encontronazos, de
empujones, de golpes, de detenciones y sanciones. Y todo porque fue así como lo
determinó la puesta en escena y entrada en vigencia de un citado Plan Zamora,
un artilugio conceptual para convertirlo en una justificación gubernamental
dirigida a contener un proceso supuestamente desestabilizador; acción represiva
para impedir, en el caso de Caracas, el arribo ciudadano a los espacios urbanos
del Municipio Libertador, por el solo hecho de que allí tiene su asiento el
Poder Ejecutivo. Y todo aun cuando en la Capital de la República, como en el
resto del país, el reclamo ciudadano se tradujo en una presencia suya que,
según cálculos científicos de expertos, pudo haber cuadruplicado la
participación de los llamados defensores de la gestión gubernamental.
La
lectura que se ha hecho de lo sucedido, una vez más, es que el Gobierno, en
nombre de su partido base y de su forma de conducir al Estado, recurrió a las
opciones administrativas de controlar el monopolio de la violencia, para tratar
de anular una acción de reclamo popular, indistintamente de su respaldo
numérico, como el de la solidaridad democrática internacional a dicho reclamo.
Ahora,
transcurrido el hecho. Vivido el episodio. Conocida la conducta gubernamental,
aun por sobre la opinión de la Fiscalía General de la República en cuanto a que
las Sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ plantean un
desconocimiento de la Constitución de parte del Poder Ejecutivo, ¿Qué hacer?. Porque lo que luce obvio, como
lo plantearía cualquier filme mejicano, es que ¿0 nos matamos o nos
arreglamos?. Y si nos matamos, ¿quién se va a ocupar de arreglarlo?.
Hasta
ahora, no hay nada que no se haya intentado para arreglarlo de acuerdo a lo que
plantean la racionalidad, la alternativa de la civilización y los postulados constitucionales. Ya se intentó
solicitar la renuncia del Presidente. Seguidamente, se quiso descalificarlo
acusándolo de extranjero indocumentado. Igualmente, se promovió un diálogo con
mediadores internacionales y nacionales sin ningún resultado. Luego se recurrió
a solicitar la celebración de un referéndum revocatorio y no lo permitieron.
Después se demandó la realización de elecciones de Gobernadores de acuerdo a lo
establecido en la Constitución, pero inconstitucionalmente fueron pospuestas.
¿Qué más se puede hacer?.
¿Acaso
impedir eternamente por la fuerza que la ciudadanía demande sus derechos en la
calle?. ¿Convertir a treinta millones de venezolanos en la extensión del
capricho de una minoría, empecinada en su decisión de ser querida, respaldada y
respetada, aun cuando no sea digna de ser eso: querida, respaldada y
respetada?.0 en el peor de los casos,¿reeditar las experiencias de El Salvador
y de Colombia y escribir nuevos capítulos de su historia con sangre de venezolanos?.
Sin
duda alguna, el momento demanda respuestas distintas a las actuales. Y una de
ellas, quizás la más importante, es procurar una salida constitucional que,
como el 19 de abril de 1810, no se conciba ni se trate de imponer sin valorar
la importancia del tiempo bien aprovechado, usado y convertido en el aliado
inteligente para quienes resisten, como para aquellos que han entrado en el
desquicio funcional por miedo a los costos individuales y grupales de los
cambios necesarios e inevitables.
¿Y
es eso posible?. Sí. Porque existe la salida, pacífica y constitucional. Pero
que, desde luego, tiene que ser
planteada bajo la luz de la sinceridad y voluntad de alcanzar una solución con
la que ganen el país y la ciudadanía, y no que se convierta en el trofeo
histórico de una expresión grupal.
Está
expresada en los artículos 347,348, y 349 de la Constitución vigente desde
1999. Y se refiere a la figura de la Constituyente 0riginaria, cuyo fundamento
consiste en la solicitud a cargo de un 15% mínimo de la población inscrita en
el Registro Electoral Permanente. Sería un proceso que tendría que
desarrollarse con base en el espíritu
rector del articulado y una autoridad electoral no contaminada por
parcialidades partidistas, ni padrinazgos militaristas. Pero sí sometida a la
observación garante de pulcritud administrativa de expresiones institucionales
internacionales.
De
acuerdo al espíritu de los citados Artículos y el soporte extraordinario de
factores y condiciones que evidencien la voluntad de ir a soluciones, se
evitarían la confrontación de bandos. También la imposición de las posiciones
ideológicas que hoy se ocupan de “trancar” la imperiosa necesidad de darle
espacio a un encuentro nacional, y a una progresiva reconciliación de y en todo el país.
Luego
de la convocatoria, se procedería a la elección democrática de los
Constituyentistas. Ellos pueden ser
ciudadanos de cualquier ideología,
grupos partidistas o diversos de la sociedad civil. Serían la
consecuencia de una elección uninominal, y escogidos por sus virtudes,
conocimientos, cualidades, logros y aportes al país, independientemente de si
fueron o son pro Gobierno o de Oposición.
A
esos ciudadanos, les correspondería convertir en hecho el ejercicio de la
responsabilidad de realizar las profundas reformas constitucionales necesarias
que permitan un sano y justo desarrollo de un Estado moderno, y cuyo objetivo
principal sea la de propiciar calidad de vida y bienestar a sus ciudadanos.
Hacer posible la reinstitucionalización del país para que nazca una nueva
Venezuela.
Se
trata de un proceso que se podría concretar en un período no mayor de 4 meses.
Y que concluiría con la celebración de unas elecciones generales, a partir de
la nominación de los candidatos que conducirían los destinos de la nación, de
acuerdo a los postulados de una nueva Constitución que, entre otros logros,
haga posible: la descentralización del país; la independencia absoluta de los
poderes públicos; la elección libre por votación para un período no mayor de 5
años del Presidente como del Vice Presidente con doble vuelta electoral. Que se
retorne a un poder legislativo bicameral, como al funcionamiento de un Banco
Central de Venezuela independiente, entre otros propósitos.
Sí
se puede. Hay que desactivar todos los indicios evidentes y hasta supuestos que
hoy conducen al país a someterse a lo que determinen el odio, el resentimiento
social y los intereses personales que medran de ese doble lastre histórico de
las sociedades civilizadas. Y hay que trabajar, desde ya, en procura de dicho
objetivo, por sobre los radicalismos y el fundamentalismo que ciertas
individualidades acarician como un recurso salvador de responsabilidades y de
culpas.
No
es verdad que el 19 de abril del 2017 y lo que sucedió ese día, y a partir de
entonces, plantea una realidad política y violenta sin retorno. Pero sí es
necesario arrancarle de las manos esa
posibilidad a todos aquellos que, desde las sombras o desde las posiciones que
ofrece el privilegio de la dirigencia, insisten en conducir a Venezuela a vivir
más tristes y dolorosos episodios a los ya sufridos hasta a fecha.
Egildo Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan
“Gente” Generación Independiente
Coordinador Nacional
de Independientes Por el Progreso (IPP)
Miranda - Venezuela
Eviado a nuestros correos por
Edecio Brito Escobar
ebritoe@gmail.com
CNP-314
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