jueves, 27 de abril de 2017

EGILDO LUJÁN NAVA, UNA CONSTITUYENTE ORIGINARIA: LA ÚNICA SOLUCIÓN.

FORMATO DEL FUTURO…
                               
El Cielo es pródigo para los que combaten por la justicia, y severo con los opresores. Simón Bolívar

Se derramó el agua. Las cartas ya están echadas. Llegó el 19 de Abril, fecha emblemática de la historia patria venezolana. Dos posiciones sobre cómo debía ser la relación entre el país colonial y la Metrópoli pasó a convertirse en el germen independentista en el naciente formato de país.

El Día, sin duda alguna, fue el punto de partida de un proceso  que habría de consolidarse con el correr de los años y con sus implicaciones. No fue de un momento para otro. Fue, entonces, la fecha que abrió las páginas de un movimiento precursor que, entre otros, incluía entre sus gestores a quien luego habría de convertirse  en el líder de otro macroproceso de imagen y alcance libertario supranacional, Simón Bolívar.

Ese mismo día pero del año 2017, luego de un pugilato público entre un partido político y un Gobierno que ostenta el poder a su antojo desde hace 18 años, y una expresión multipartidista asociada como referencia de Unidad Democrática, decidieron calibrar fuerzas populares en la calle. El primero identificado con la desventaja de no haber tenido resultados positivos para el país y su ciudadanía. El otro por representar a grupos opositores ofendidos por epítetos, descalificaciones y de acusaciones, como de traidores a la Patria, aunque asistidos por la innegable ventaja de agrupar a un 80% de la población que exige cambiar; cambio estructural.

Las calles de Caracas y de las diferentes capitales de estado hablaron. Y lo hicieron en respuesta a una convocatoria para defender pacíficamente, sin violencia,  lo que está establecido, en un caso. En otro, para exigir la restitución del hilo constitucional que fue destruido con sendas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el enjuiciamiento de los Magistrados que incurrieron en dicho delito; reactivar el ejercicio del derecho constitucional a solucionar dicha situación por vía electoral; a liberar los presos políticos que en más de un centenar -hasta entonces- se mantienen en el país y, por supuesto, que se reconozca la existencia de una crisis humanitaria por indisponibilidad de medicinas y de alimentos en el país.

Pero lo que se esperó que sería una voz ajustada a dichas razones para estar en las calles, terminó en supuestos: de acto pacífico y no violento. En hechos que demostraron, una vez más, que no es posible darle espacio y vigencia a la credibilidad, cuando lo que distingue el resultado son: varios compatriotas muertos; exagerado número de heridos; centenares de detenidos. Todos, curiosamente -¿o como era de esperar?- de ciudadanos identificados con el sentimiento opositor democrático.

Las calles por donde hubo la movilización del pluralismo partidista opositor,  siempre se exhibió la presencia de centenares de agentes policiales llamados a “poner orden”; a representantes de un grupo paramilitar o parapolicial que el Gobierno llama Milicias Armadas; activistas al servicio de  otro grupo denominado Colectivos y que no son otra cosa que civiles -¿o militares vestidos de civil?- armados; miles de Guardias Nacionales forrados con escafandras anti-motín, bien armados. Asimismo, tanquetas blindadas, miles de motorizados, abundancia de bombas molotov y camiones con mangueras de agua de alta presión. ¿Y para qué?.

Para repeler a una ciudadanía que reclama libertad en el ejercicio de sus  derechos constitucionales, y que los plantea, desde su manera de concebirlo, con la exposición de pancartas con mensajes alusivos, banderas del país y consignas. Pero, además, convencida de que su reclamo no atendido por los demás poderes públicos, debía consignarlo en la Defensoría del Pueblo. Para que ella, entonces, honrando su por qué y para qué constitucional, se convirtiera en la portadora de un descontento y de una  protesta debidamente fundamentada, en lo que esa misma ciudadanía califica de violación persistente de la Constitución Nacional y de sus  derechos humanos.

En lo que se tradujo el reclamo, la protesta en las calles y el propósito de llegar a la Defensoría del Pueblo, sede accidental del Poder Moral de la República, fue en lo que ya conocen los venezolanos  y los gobiernos de los países del mundo en donde preocupa el presente y futuro de la Democracia en Venezuela.

Es decir, la ciudadanía terminó convirtiéndose en víctima de encontronazos, de empujones, de golpes, de detenciones y sanciones. Y todo porque fue así como lo determinó la puesta en escena y entrada en vigencia de un citado Plan Zamora, un artilugio conceptual para convertirlo en una justificación gubernamental dirigida a contener un proceso supuestamente desestabilizador; acción represiva para impedir, en el caso de Caracas, el arribo ciudadano a los espacios urbanos del Municipio Libertador, por el solo hecho de que allí tiene su asiento el Poder Ejecutivo. Y todo aun cuando en la Capital de la República, como en el resto del país, el reclamo ciudadano se tradujo en una presencia suya que, según cálculos científicos de expertos, pudo haber cuadruplicado la participación de los llamados defensores de la gestión gubernamental.

La lectura que se ha hecho de lo sucedido, una vez más, es que el Gobierno, en nombre de su partido base y de su forma de conducir al Estado, recurrió a las opciones administrativas de controlar el monopolio de la violencia, para tratar de anular una acción de reclamo popular, indistintamente de su respaldo numérico, como el de la solidaridad democrática internacional a dicho reclamo.

Ahora, transcurrido el hecho. Vivido el episodio. Conocida la conducta gubernamental, aun por sobre la opinión de la Fiscalía General de la República en cuanto a que las Sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ plantean un desconocimiento de la Constitución de parte del Poder Ejecutivo,  ¿Qué hacer?. Porque lo que luce obvio, como lo plantearía cualquier filme mejicano, es que ¿0 nos matamos o nos arreglamos?. Y si nos matamos, ¿quién se va a ocupar de arreglarlo?.

Hasta ahora, no hay nada que no se haya intentado para arreglarlo de acuerdo a lo que plantean la racionalidad, la alternativa de la civilización y los  postulados constitucionales. Ya se intentó solicitar la renuncia del Presidente. Seguidamente, se quiso descalificarlo acusándolo de extranjero indocumentado. Igualmente, se promovió un diálogo con mediadores internacionales y nacionales sin ningún resultado. Luego se recurrió a solicitar la celebración de un referéndum revocatorio y no lo permitieron. Después se demandó la realización de elecciones de Gobernadores de acuerdo a lo establecido en la Constitución, pero inconstitucionalmente fueron pospuestas. ¿Qué más se puede hacer?.

¿Acaso impedir eternamente por la fuerza que la ciudadanía demande sus derechos en la calle?. ¿Convertir a treinta millones de venezolanos en la extensión del capricho de una minoría, empecinada en su decisión de ser querida, respaldada y respetada, aun cuando no sea digna de ser eso: querida, respaldada y respetada?.0 en el peor de los casos,¿reeditar las experiencias de El Salvador y de Colombia y escribir nuevos capítulos de su historia con sangre de venezolanos?.

Sin duda alguna, el momento demanda respuestas distintas a las actuales. Y una de ellas, quizás la más importante, es procurar una salida constitucional que, como el 19 de abril de 1810, no se conciba ni se trate de imponer sin valorar la importancia del tiempo bien aprovechado, usado y convertido en el aliado inteligente para quienes resisten, como para aquellos que han entrado en el desquicio funcional por miedo a los costos individuales y grupales de los cambios necesarios e inevitables.

¿Y es eso posible?. Sí. Porque existe la salida, pacífica y constitucional. Pero que, desde luego, tiene que  ser planteada bajo la luz de la sinceridad y voluntad de alcanzar una solución con la que ganen el país y la ciudadanía, y no que se convierta en el trofeo histórico de una expresión grupal.

Está expresada en los artículos 347,348, y 349 de la Constitución vigente desde 1999. Y se refiere a la figura de la Constituyente 0riginaria, cuyo fundamento consiste en la solicitud a cargo de un 15% mínimo de la población inscrita en el Registro Electoral Permanente. Sería un proceso que tendría que desarrollarse  con base en el espíritu rector del articulado y una autoridad electoral no contaminada por parcialidades partidistas, ni padrinazgos militaristas. Pero sí sometida a la observación garante de pulcritud administrativa de expresiones institucionales internacionales.  
 
De acuerdo al espíritu de los citados Artículos y el soporte extraordinario de factores y condiciones que evidencien la voluntad de ir a soluciones, se evitarían la confrontación de bandos. También la imposición de las posiciones ideológicas que hoy se ocupan de “trancar” la imperiosa necesidad de darle espacio a un encuentro nacional, y a una progresiva reconciliación de y en  todo el país.

Luego de la convocatoria, se procedería a la elección democrática de los Constituyentistas. Ellos  pueden ser ciudadanos de cualquier ideología,  grupos partidistas o diversos de la sociedad civil. Serían la consecuencia de una elección uninominal, y escogidos por sus virtudes, conocimientos, cualidades, logros y aportes al país, independientemente de si fueron o son pro Gobierno o de Oposición.

A esos ciudadanos, les correspondería convertir en hecho el ejercicio de la responsabilidad de realizar las profundas reformas constitucionales necesarias que permitan un sano y justo desarrollo de un Estado moderno, y cuyo objetivo principal sea la de propiciar calidad de vida y bienestar a sus ciudadanos. Hacer posible la reinstitucionalización del país para que nazca una nueva Venezuela.

Se trata de un proceso que se podría concretar en un período no mayor de 4 meses. Y que concluiría con la celebración de unas elecciones generales, a partir de la nominación de los candidatos que conducirían los destinos de la nación, de acuerdo a los postulados de una nueva Constitución que, entre otros logros, haga posible: la descentralización del país; la independencia absoluta de los poderes públicos; la elección libre por votación para un período no mayor de 5 años del Presidente como del Vice Presidente con doble vuelta electoral. Que se retorne a un poder legislativo bicameral, como al funcionamiento de un Banco Central de Venezuela independiente, entre otros propósitos. 

Sí se puede. Hay que desactivar todos los indicios evidentes y hasta supuestos que hoy conducen al país a someterse a lo que determinen el odio, el resentimiento social y los intereses personales que medran de ese doble lastre histórico de las sociedades civilizadas. Y hay que trabajar, desde ya, en procura de dicho objetivo, por sobre los radicalismos y el fundamentalismo que ciertas individualidades acarician como un recurso salvador de responsabilidades y de culpas.

No es verdad que el 19 de abril del 2017 y lo que sucedió ese día, y a partir de entonces, plantea una realidad política y violenta sin retorno. Pero sí es necesario arrancarle de las manos  esa posibilidad a todos aquellos que, desde las sombras o desde las posiciones que ofrece el privilegio de la dirigencia, insisten en conducir a Venezuela a vivir más tristes y dolorosos episodios a los ya sufridos hasta a fecha. 

Egildo Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan
“Gente” Generación Independiente
Coordinador Nacional 
de Independientes Por el Progreso (IPP)
Miranda - Venezuela

Eviado a nuestros correos por
Edecio Brito Escobar
ebritoe@gmail.com
CNP-314

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