La
sentencia de la Sala Electoral del TSJ con la cual intenta imponer a Jéssica
Bello, candidata perdedora, como presidente de la FCU de la Universidad de
Carabobo, forma parte de la estrategia adoptada por el régimen hace rato:
utilizar las elecciones para destruir la democracia y desalentar a los
ciudadanos con relación a la importancia de los comicios como escenario de
lucha y del voto en cuanto instrumento de combate.
A
pocos días de concretarse los comicios municipales, a menos de dos meses del
fatídico 10 de enero y en medio de un ambiente donde aumenta la presión
internacional con el fin de obligar al gobierno a buscar una salida negociada a
la crisis nacional, que debería pasar por unas nuevas elecciones del Presidente
de la República, Maduro les ordenó a los magistrados de esa Sala desconocer la
elección de Marlon Díaz como legítimo presidente de la FCU.
Se trata,
obviamente, de una violación de la autonomía del movimiento estudiantil, sector independiente
de la sociedad civil, y de la autonomía universitaria; y, además, una maniobra
dirigida a estimular la división entre los opositores, algunos de los cuales
reflotarán el bizantino debate de si tiene algún sentido participar en las citas electorales
convocadas por el régimen.
La
consulta en la UC se produjo después de once años de haber sido suspendidas por
la misma Sala Electoral. Ya aparecieron las voces que denuncian a los
“ingenuos” que creen en la importancia de acudir el próximo 9 de diciembre a
los centros de votación para elegir los miembros de los concejos municipales.
Los más radicales acusan a los promotores de esta opción de “colaboracionistas”
o de farsantes.
Maduro
disfruta con esas tremenduras. Radicaliza las posiciones, distrae la atención
de los problemas centrales del país y atomiza a la oposición. El país continúa
su marcha indetenible hacia el abismo, sin que el responsable fundamental de la
tragedia pague en ningún terreno los costos de su indolencia.
La
actuación de la sala Electoral hay que entenderla como lo que es: una provocación
en el más estricto sentido de la palabra. Se provoca a los estudiantes y a las
autoridades rectorales, a quienes se les pretende imponer en el Consejo
Universitario a una estudiante que recibió una felpa en las votaciones (el
estudiante que preside la FCU de una universidad autónoma tiene el derecho de
asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del CU, máximo organismo del
cogobierno universitario).
El
movimiento estudiantil tendrá que decidir cuáles acciones emprenderá para impedir que el fraude se
concrete y los usurpadores impongan su voluntad desde el poder central,
controlado de forma abusiva por Maduro. Los estudiantes cuentan con una inmensa
simpatía en el país. Junto a la Iglesia Católica y las universidades, forman
parte de ese pequeño grupo de sectores e instituciones que disfrutan del afecto
y respeto de la opinión pública. Tendrán que valerse de ese prestigio para
frenar la vocación servil del TSJ, uno de los órganos peor evaluados de la
nación.
Esas acciones de resistencia hay que emprenderlas porque Carabobo
representa un globo de ensayo. Si se impone el capricho del régimen en la UC,
luego podría convocar procesos electorales en las otras universidades
nacionales y actuar del mismo modo o, aún peor: no le haría falta apelar al fraude
o a la imposición judicial, porque esas
consultas se realizarían dentro de un clima marcado por la abstención. El gobierno ganaría con
facilitad. Tomaría los centros de representación estudiantil sin violencia e,
incluso, con la complicidad de los abstencionistas. En Carabobo está jugándose
el futuro inmediato de la resistencia universitaria.
Con
relación al significado del voto, no conviene realizar proyecciones lineales a
partir de la decisión de la Sala Electoral. La dictadura está aprovechando un momento
de fragmentación, debilidad y confusión
enormes del sector opositor, con la finalidad de destruir la confianza en las
elecciones y en el sufragio popular. De ese modo taimado operan los regímenes
autoritarios obligados por la nueva legalidad internacional a convocar
periódicamente consultas comiciales. Con ellas tratan de darles un brochazo de
legalidad a sus modelos.
A
los demócratas nos corresponde aprovechar cada uno de esos escenarios para
denunciar la ineptitud, el abuso, la corrupción y el fracaso generalizado de la
gestión del gobierno. En medio de ese teatro de lucha hay que exigir
condiciones electorales más equitativas y transparentes. La conquista de esos
equilibrios no precede a las elecciones. Generalmente, son el resultado de
confrontaciones tensas que se dan también en el campo de batalla electoral.
Las
elecciones del 9 de diciembre no cambiarán el panorama nacional, pero le
permitirán al alcalde de su preferencia desempeñarse con un concejo municipal
que lo respalde. Así es que, anímese y vaya a votar si le parece que debe
hacerlo.
Trino Márquez
@trinomarquezc
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