Al haberse
declarado culpable de recibir sobornos por mil millones de dólares, y siendo el
soborno un delito que compromete, no sólo al sobornado, sino también a quien
soborna, no hay dudas de que estamos en presencia de un par de delincuentes de
alta gama; Alejandro Andrade y Raúl Gorrín.
El primero
acaba de ser sentenciado en una Corte del Sur de la Florida al cumplimiento de
una pena de diez años, bajo un esquema de colaboración con la justicia
norteamericana para denunciar a otros cómplices y autores de más casos de
corrupción en nuestro país, a cambio de recibir una sentencia menos fuerte, o
larga en términos de duración.
En cuanto al
segundo, se sabe que vive en Venezuela, que es prófugo de la justicia
norteamericana, pero contra quien el Fiscal impuesto por la ANC, no ha movido
un dedo hasta el presente, esto es, no se conoce ninguna averiguación en su
contra, a sabiendas de que es dueño de un canal de televisión, así como de
bancos y empresas de seguro.
Vale la pena
advertir que los sujetos de marras han tenido vinculación con la más grande
corrupción conocida en el mundo, gracias a que una estructura corporativa
criminal dirigida por Chávez-Maduro, lo ha permitido.
Es decir, el
gobierno de los últimos 20 años en nuestro país, a nombre del tramposo socialismo
del siglo XXI, estructuró toda una banda para asaltar las arcas de la
República, como en efecto ha ocurrido; y extenuadas éstas, dar manos libres
para la participación en cualquier tipo de negocios, entre los cuales se
cuentan: tráfico de armas; contrabando de gasolina; extracción de oro y otros
minerales; protección a la guerrilla colombiana en nuestro territorio;
financiamiento del terrorismo, y hasta narcotráfico, todo en perfecto
conocimiento y con la connivencia de la cúpula militar, también comprometida
hasta los huesos en la corrupción y la entrega de nuestro país para ser
colonizado por la dictadura cubana.
Pero
volviendo a la sentencia contra Andrade, uno puede comprender que el sistema
estadounidense permita reducir las penas de manera considerable a quienes
colaboren con una investigación de mayor envergadura que pueda dar alcance a
los demás miembros de la trama corrupta. No obstante, nos permitimos diferir de
la sentencia en cuestión, por cuanto en primer lugar el delincuente convicto y confeso
Andrade, ya había engañado a las autoridades norteamericanas al no decir toda
la verdad, lo cual, lo hace reo de perjurio.
De otro
lado, el juez de la Corte ha debido tomar en cuenta que junto a la comisión de
este delito, se cometieron otros como la
violación de los derechos humanos de los venezolanos, hoy impedidos de acceder
a hospitales de calidad; a comida suficiente; a servicios de transporte
público, entre otros servicios, en virtud de que delincuentes vinculados al
gobierno, se combinaron para estafar los recursos que tenían que ser utilizados
en el bienestar y desarrollo de nuestros ciudadanos.
Los jueces
en su misión de buscar la verdad, deben concluir que este tipo de delitos
tienen conexión directa con la inviabilidad de la vida de los ciudadanos
venezolanos, por lo cual, esta pena de 10 años, con la posibilidad de reducirla
a la mitad, o a un tercio, termina siendo doblemente mala porque ofende la
dignidad humana, y deja impune la violación de derechos humanos fundamentales.
Basta con ver
las cifras de muertos entre niños, mujeres, ancianos, y demás ciudadanos por la
imposibilidad de acceder a alimentos, medicinas, hospitales, educación, empleo,
entre otros derechos consagrados en la Constitución.
Entendemos,
pero no compartimos la sentencia. Merecen cadena perpetua en EEUU!
Román Ibarra
@romanibarra
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