En una semana sumamente complicada para la Vicepresidente en el frente judicial, la Sala III de la Cámara de Casación le dio otra muy mala noticia al rechazar las nulidades planteadas por los abogados defensores en la causa "Cartelización de la obra pública" (parte de "Cuadernos") y confirmar su prisión preventiva y su procesamiento (también de sus ex funcionarios -entre otros, de Julio de Vido-, muchos empresarios) y ratificar los embargos dispuestos. Claramente, la impunidad anhelada se demora y ello la obligará a acelerar aún más sus ataques a la Justicia, ya que el panorama electoral -medido por las encuestas- se presenta negro subido.
Ya el martes, la República respiró aliviada por la decisión de la Corte Suprema de habilitar el per saltum de tres jueces que, por intervenir en las causas que afectan a Cristina Fernández habían sido removidos por el Consejo de la Magistratura (¡viva Graciela Camaño!), el Senado y el Presidente, congelar la situación por unos días y evitar que las vacantes fueran ocupadas por favoritos de la Vicepresidente. Ahora, una vez que el Procurador General interino, Eduardo Casal, otra víctima de la persecución, responda al traslado urgente que le otorgó el máximo tribunal, éste deberá expedirse sobre el fondo de la cuestión.
En resumen, la crisis institucional sigue pendiente pero, en el ínterin, cabe que pensemos en qué podría suceder según sea la decisión final de la Corte, o sea, si rechaza definitivamente la pretensión de venganza de Cristina Fernández y ratifica sus acordadas Nos. 4 y 7/18, que convalidaron el traslado de esos jueces -y varios más- a sus juzgados actuales o, por el contrario, modifica su criterio y acepta las remociones intentadas; ese eventual cambio de opinión afectaría a todas las causas que estos magistrados resolvieron en los últimos dos años.
Hay un antecedente de decisiones de la Corte que incomodaron al poder: en 1995, siendo don Néstor Gobernador de Santa Cruz y molesto con el Procurador General provincial, Eduardo Sosa, que se negaba a convalidar su corrupción rampante, hizo que la Legislatura se ocupara de despedirlo; lo hizo suprimiendo su cargo y distribuyendo sus responsabilidades en otros dos funcionarios; el afectado recurrió y el caso llegó a la Corte, que ordenó su reposición pero fue flagrantemente desobedecida en tres oportunidades, y Sosa nunca pudo recuperar su cargo. ¿Y si se repitiera una situación semejante a nivel nacional? Si Fernández² lo intentaran, con la consecuente violación a la Constitución Nacional que ello implicaría, se produciría un conflicto de poderes de enorme trascendencia, y el Poder Judicial quedaría habilitado a recurrir a la fuerza pública para ser obedecido.
El panorama general del Gobierno no puede resultar más patético, a punto tal que propios y extraños se preguntan si, con este extraño formato en el cual la Vicepresidente es quien dispone del poder y Alberto es sólo su triste marioneta, se puede llegar siquiera a las elecciones del año próximo. El cúmulo de fracasos que acumula la catastrófica gestión permite esas reflexiones, ya que el Banco Central está perdiendo las ya escasísimas reservas a ritmo acelerado, los chicos siguen sin clases por decisión de los gremios docentes, la inflación crece y la acompañan en su curva ascendente la pobreza, la indigencia, el desempleo, las quiebras empresariales, la inseguridad ciudadana y los contagiados y muertos por Covid-19, que hoy nos coloca en el primer puesto mundial de fallecidos por millón de habitantes, mientras la insana cuarentena (la más larga del mundo: hoy, 198 días), que el Gobierno ha utilizado acentuar su proyecto chavista de pobrismo y control social, ha destruido la economía hasta sus cimientos.
Pero, ¿querría Cristina asumir formalmente la Presidencia que ya ejerce y completar el mandato de Alberto? No creo que hacerlo le reportara ventaja alguna, toda vez que la realidad no se modificaría un ápice y debería enfrentar la monumental crisis que inevitablemente llegará a muy corto plazo. Todas las encuestas dicen que su aprobación no supera al 28% y, por lo demás, llevaría a la sociedad, que está crispada al máximo, a un franco enfrentamiento, con todas las consecuencias que conocemos. ¿Cuál sería, en ese caso, la actitud de los gobernadores e intendentes del Conurbano, que ya ven su propia continuidad en alto riesgo por su obvia identificación con el Instituto Patria y las calamidades que éste produce todos los días? ¿Resulta equivocado recordar los años 70's, cuando dos bandos peronistas de signos opuestos -Montoneros y la Triple A- se enfrentaron a muerte, con asesinatos y bombazos, ensangrentando al país?
La Ley 25.716, de acefalía, prevé que, ante la renuncia o incapacidad (no la moral y penal, que ya existen) del Presidente y el Vice, asuman transitoriamente, en este orden, el Presidente del Senado (Claudia Ledesma Abdala), el Presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) o el Presidente de la Corte (Carlos Rosenkrantz), los cuales deberán convocar a la Asamblea Legislativa en un plazo de 48 hs. que, a su vez, designará a un legislador nacional o un gobernador para asumir la Presidencia y completar el mandato. La norma, claro, habilita todas las especulaciones políticas, tanto como los rumores que señalan a Massa como futuro Jefe de Gabinete presidencial en un eventual recambio ministerial, o introducir a Máximo Kirchner en la línea sucesoria moviéndolo a la Presidencia de Diputados.
Una maldición china -¡qué oportuna!- te desea "que vivas tiempos interesantes"; a los argentinos no nos faltarán.
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