JOSÉ FÉLIX DÍAZ BERMÚDEZ, UN ESTADO DEMOCRÁTICO

Si algo es básico en Venezuela es asegurar la existencia efectiva de un Estado Democrático de Derecho. La ausencia del: “Estado de Derecho y Justicia” (CRBV, 1999) se hizo evidente en muchos actos: el personalismo, la arbitrariedad, la voluntariedad del gobernante, el sometimiento de las autoridades judiciales y administrativas, el uso indebido de la ley, falta de reales garantías sobre el derecho a la vida, la libertad personal, la propiedad, la existencia de torturas, acoso, discriminación, el deterioro de los derechos políticos, de la dignidad y de los derechos humanos.

La subordinación de las autoridades judiciales al interés político y los graves vicios de corrupción existentes, constituyen uno de los peores daños infringidos al país. Como sociedad no existe un apego a la ley ni seguridad pública al respecto.

Nuestra confiabilidad nacional e internacional como un país en el cual impera la seguridad jurídica y la obediencia a la Ley se encuentra muy disminuida. Mientras que Dinamarca, Noruega, Austria, Estonia, Bélgica, Corea, España, Chile, Italia, Bahamas y otros se ubican en buena posición, Venezuela está en el último lugar muy por debajo de Nicaragua, Madagascar, Irán, Zambia, Costa de Marfil, Marruecos, Vietnam, China, India, Colombia y Perú entre los casos de declive del Estado de Derecho según el WJP Rule of Law Index de 2019.

No es precisamente un régimen de terror, persecución, violencia, crimen, amenaza y corrupción lo que caracteriza a un Estado Democrático. Luego del 23 de enero de 1958, el Gobierno Provisional señaló el rescate de la ley y de las instituciones como una prioridad. Al respecto, el jurista René De Sola definió el Estado de Derecho Democrático como: “una organización en la cual la confianza y seguridad públicas descansa en las instituciones… No es de las condiciones personales o de la buena voluntad del mandatario de turno que depende la efectividad de los derechos ciudadanos”.

José Félix Díaz Bermúdez

@articulistasred

VICTOR RODRIGUEZ CEDEÑO, EL DERECHO A VIVIR EN DEMOCRACIA,

 Los resultados del 6D parecen haber acelerado en el  régimen la pérdida total de la compostura y de apego a la democracia. El patético llamado a la violencia de Maduro y Cabello,  de  los  dirigentes  del  golpeado   psuv  y  de los animadores que actúan impunemente en los secuestrados medios públicos del Estado, busca aniquilar la nueva Asamblea Nacional, desconociendo de esa manera la voluntad popular y la   Constitución Nacional, la que tantas veces interpretan torcida e interesadamente para justificar sus tropelías.

El derecho a la democracia es un derecho humano reconocido y aceptado por todos. Es una norma de Derecho Internacional consuetudinario, codificada en distintos instrumentos internacionales. Además, tal como se expresa en la Carta Democrática Interamericana, la democracia es “indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos…”. El derecho de los pueblos y de todos a vivir en democracia supone obligaciones a cargo del Estado cuya violación permite la activación de los mecanismos internacionales de control de normas relacionadas con la protección de los derechos humanos y de otros que se establecen en instrumentos internacionales, como la Carta Democrática Interamericana, en particular, en sus artículos 18 y siguientes, para restablecer el orden.

Se acepta hoy en diversos instrumentos internacionales el derecho de los pueblos a vivir en democracia. En el ámbito europeo la existencia de esta obligación tiene una base jurídica sólida, evidente en el Estatuto del Consejo de Europa y en su aplicación, especialmente después de los años 90, cuando se establece que la existencia de una democracia verdadera es condición para la adhesión al Consejo, lo que fue confirmado más tarde por la Corte Europea de Derechos Humanos. En el ámbito regional americano se le otorga igual valor convencional en la Carta de la OEA, en la que además se considera que la democracia  “es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo regional”. Los órganos regionales, en especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado que “la democracia pluralista es el único  régimen político compatible con la Carta”. La práctica estatal favorece también el valor jurídico del derecho a vivir en democracia, tal como se refleja en la Carta Democrática Interamericana, en cuyo artículo 1 se precisa que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. La Carta es por su contenido, un instrumento jurídico que obliga a los Estados de la región que la suscribieron.

La ruptura o alteración del orden constitucional no solamente se produce cuando “el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder…” sino “cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático…”. Es decir, que la ruptura del orden constitucional  no se produce únicamente por actos externos, como golpes o rebeliones militares; sino por actos internos, del mismo gobierno, que ignora las reglas constitucionales y los principios que regulan la democracia.

La peligrosa y aventurera amenaza del régimen de “aniquilar” la nueva y democrática Asamblea Nacional constituye además de una grave violación del orden interno, una violación del Derecho Internacional, lo que abre sin duda alguna la posibilidad de que la comunidad internacional pueda expresar su preocupación por tal violación y exigir que el gobierno rectifique y adecue sus acciones y políticas al cumplimiento de esta obligación.

Ante esta intimidación o provocación del régimen, que podría no ir mas allá de los acostumbrados pataleos propios de su decadencia, debemos hacer una llamado a la comunidad internacional para que esté alerta y vigile el desarrollo político nacional y exija que se respete el orden constitucional y se reconozca y apoye el derecho que tenemos todos de vivir en democracia. No se trata de injerencia, como lo pretenden los que siempre se escudan en la interpretación sesgada del principio de soberanía para justificar sus atropellos. Es, no solamente un derecho, sino una obligación que tienen los gobiernos, los órganos internacionales y la sociedad civil de actuar y exigir que se restituya el orden si este fuere alterado.

Victor Rodriguez Cedeño

vitoco98@hotmail.com 

@VITOCO98 

Caracas - Venezuela