domingo, 22 de noviembre de 2015

MIGUEL BAHACHILLE M, EL PAÍS BAJO UN SÍNDROME DE ANARQUÍA

Se entiende por Síndrome en su acepción más simple como el cuadro clínico que resulta de combinar diversos síntomas que conforman el sufrimiento del “paciente” en cuestión. Venezuela está gravemente aquejada por el síndrome de la anarquía que, de seguir acrecentándose, amenaza con fragmentarla aún más. Basta salir a cualquier calle del país para observar un medio ambiente deformado, perturbador y sumido en el más profundo desorden.

Lo más grave del asunto, además del evidente caos urbano, es que, consciente o no, cedemos a veces ante esta “filosofía existencial” y la asumimos conscientemente o no como “nueva forma de vida”. Entretanto nos desentendemos de aspectos vitales del espíritu que conforman la civilidad tales como la ciencia, la cultura, la economía, las artes y hasta el ocio necesario. Ahora nuestra prioridad es “pescar comercios” que puedan proporcionarnos alimentos o medicinas.

No hay que ser analista social para observar la expresión más diáfana de este síndrome. Vías cerradas por antojo de cualquier funcionario o “grupo comunitario”; vigilantes de tránsito aplicando su “propia justicia” a “conductores débiles” y no al infractor franco; militares en funciones policiales; motorizados exhibiendo armas sin recato, etc. Asimismo el vecino tiene una sui generis manera de ejercer la ciudadanía: cruza la luz roja a capricho, estaciona en aceras; arroja basuras a las calles, escandaliza a cualquier hora, etc. Siente que puede hacerlo porque su “censor” también está sumido en anarquía.  

Particular interés tiene el asunto del Poder Judicial por ser la columna vertebral del sistema republicano y pivote en cuyo entorno gira la ley que rige al particular y a toda la sociedad integrada. Es ésta la instancia que debe ser la recurrida por el ciudadano cuando por ejemplo busca restituir sus derechos ante los desafueros provenidos de la “alta coyuntura”. ¿Está el actual sistema judicial en capacidad de cumplir esa función?

Sociedades en las que cada quien se rige por códigos propios, como algunas tribus disociadas del concepto de Estado Integral en algunas regiones de áfrica, no aplica la probidad legal. Ese estatus individualista se asemeja a lo que hace muchos años algunos teóricos de la jurisprudencia del derecho denominaron “El extraño Procesal”. En este concepto privatista los actos procesales quedaban a merced de las partes y no por probidad de la ley dilucidada ante algún juez.

Bajo este desmedido esquema evidente en Venezuela, nace la incertidumbre jurídica, el uso y abuso del de los procesos para fines personales por aquellos con poder para forjar la justicia a capricho. Aplica así la ley del más fuerte, del que tuviere el poder, para acelerar o retardar los enredos incidentales propios de cualquier querella, impedir que sea desmarañada y se eternice “cuando convenga”.

¿Cómo puede concretarse un entuerto así? El actual régimen con frecuencia modifica o cambia Ordenanzas, normas, leyes especiales y orgánicas, sin importar el revoltijo social y jurídico que ello ocasiona. Los amaños pseudo legales, como los recurridos desde hace 17 años para adaptarlos al “socialismo”, han tenido efectos demoledores para la estabilidad social y representativa del país.

El cambio de disposiciones tradicionales por otras “revolucionarias” ha incrementado la escasez, criminalidad, inflación y violencia, entre otros. Ante la ineficacia de estos procedimientos forzados, el gobierno recurre a la coerción que trae más anarquía. El presidente no ha entendido, luego de 17 años, que cualquier expectativa de resolver conflictos fustigando “a todo el mundo”, especialmente al comercio, lejos de solventarlos los agrava.

Con cada intervención restrictiva se genera más incertidumbre. Ciertamente, la sociedad venezolana, afectada por el síndrome de la anarquía, se comporta a veces como un ente vasallo al suponer que sus expectativas de mejorar quedan reducidas de por vida a meras pretensiones. Entretanto los careos colectivos, sobre todo en las colas, asumen cada día formas más violentas.

¿Estamos condenados a la relegación de por vida? De ninguna manera. El estatus social de cada individuo y del medio habitual en que se mueve, sobre todo en esta época cibernética, no viene prescrito de forma automática por imposiciones ideológicas. Nadie puede ser sometido a un estatus fijo de manera fatal. Pudiera ocurrir excepcionalmente en ciertas minorías segregadas. Afortunadamente para el país, la mayoría no se siente segregada y va a votar el 6-D buscando un cambio que lo incorpore al desarrollo y así marcar el inicio del fin de esta anarquía destructiva.

Miguel Bahachille M.
miguelbmer@gmail.com
@MiguelBM29

Miranda - Venezuela

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