La inaceptabilidad moral como también la
inconstitucionalidad del régimen autoidentificado socialista “siglo XXI” (léase
marxista-leninista), es algo que regularmente vengo recordando, en la línea de
un reiterado juicio al respecto por parte del Episcopado venezolano.
Momento saliente de la posición de la Conferencia
Episcopal Venezolana en esta materia fue su Exhortación del 19 de octubre 2007
sobre la propuesta de reforma constitucional para establecer un “Estado
Socialista” (Art.6 de la propuesta). En dicho documento leemos: 1) “por cuanto
el proyecto de Reforma vulnera los derechos fundamentales del sistema
democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la convivencia
social, la consideramos moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social
de la Iglesia”; y 2) “la proposición de un Estado Socialista es contraria a
principios fundamentales de la actual Constitución, y a una recta concepción de
la persona y del Estado”.
En artículos anteriores
he citado los documentos en que los obispos han reafirmado esta
posición, afianzada por hechos probatorios de la negatividad del proyecto
oficial socialista en nuestro país. Nada extraño, por lo demás, pues la
historia contemporánea muestra de modo patente el fracaso general del modelo
socialista marxista.
La mayoría de los venezolanos rechazó en su momento la
propuesta de reforma socialista (la cual, sin embargo, se ha venido imponiendo
progresivamente de manera abusiva y descarada). Y ha ratificado su rechazo, de
modo contundente e inequívoco, el 6D. En consecuencia, la política oficial
“socialista” (castro-marxista) del régimen ubica a éste, automáticamente, en el
campo de la ilegitimidad e
inconstitucionalidad. Por lo demás, bastaría para comprobarlo, en cuanto a lo
jurídico, echar un vistazo a nuestra
Carta Magna (aunque fuese sólo al
Preámbulo); y en cuanto a legitimidad y moralidad, dar una hojeada a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El Art. 21,3 de la
Declaración y el 5 de nuestra Constitución hablan del soberano como base del
poder público. Pues bien, en Venezuela la voluntad de la base popular se manifestó con claridad hace unos dos meses.
¿Pero qué está sucediendo?
El Gobierno, que hasta el pasado 5 de enero tenía en su
mano todos los poderes y presumía del apoyo del soberano, se resiste ahora a
reconocer la voluntad del pueblo, como si éste fuese respetable sólo en la medida en que se ajuste
al patrón político-ideológico de la Nomenclatura. ¿Resultado? Si el pueblo mayoritariamente disiente del
Partido-Gobierno-Comandante, ya no cuenta
y la representación popular es entonces descalificada y hostigada.
Sin entrar en el historial pre-6D, decisiones recientes
del TSJ lo muestran como Poder subordinado a la voluntad del
PSUV-Ejecutivo-Presidente, lo cual no favorece en modo alguno el ambiente de
confianza, convivencia y encuentro, fundamental para que este país pueda salir
adelante. El TSJ se exhibe como soporte de un régimen ilegítimo e
inconstitucional, con lo cual cae él mismo en
ilegitimidad e inconstitucionalidad. No basta tener poder, y mucho, sólo de facto.
El Art. 2 de la nuestra Constitución explicita como
valores superiores del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado
venezolano: “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los
derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
La nación urge un cambio de rumbo hacia la recuperación
de la legitimidad y constitucionalidad del Poder Público, apoyándose en la
Asamblea Nacional, que acaba de ser elegida por el soberano. El cambio debe apuntar a un nuevo
Gobierno. Y a la reestructuración del TSJ. Éste debe recuperar su autonomía,
distinguirse por su talante de dignidad, moderación y equilibrio, así como por una perceptible transparencia y
eticidad. Tiene que pasar de tsjustificador de lo inaceptable a genuino Tribunal
Supremo de Justicia.
……………
Ovidio Perez Morales
coroconcert@hotmail.com
@OvidioPerezM
Obispo Emérito de Los
Teques
Miranda - Venezuela
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