Que nadie se llame a engaños: el TSJ, totalmente
controlado por el oficialismo, pretende erigirse en el Darth Vader de
Venezuela, en una suerte de “supra poder” que controla el lado oscuro de la
fuerza. La revolución socialista instaurada por Chávez en 1999 ha transmutado
en estos últimos tiempos: del todopoderoso y unipersonal poderío que durante 14
años estuvo concentrado en un solo hombre, pasó luego al triunvirato
Maduro/Cabello/Ramírez y de ahí a la Sala Constitucional donde siete
magistrados pro oficialistas quieren gobernar por mampuesto a 30 millones de
venezolanos.
La revolución, que se supone se instaló en el país con el
argumento de entregar el poder al pueblo, ha venido haciendo en estos 17 años
todo lo contrario. Desde 1999 quien menos manda aquí es el pueblo. Primero
mandó Chávez, después el triunvirato y ahora el TSJ. El oficialismo acuñó la
frase de “el poder popular” para crear la ficción de que era la gente humilde
la que estaba mandando, pero todos sabemos perfectamente que en la Venezuela
actual, el denominado “poder popular” sólo existe en el membrete de la
papelería que se usa en los ministerios.
Para los demócratas, el verdadero poder popular es el que
se expresa mediante el sufragio y ello quedó evidenciado el pasado 6 de
diciembre, cuando más de 7 millones 500 mil venezolanos votaron para cambiar la
correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Pero tal parece que ese poder
popular no es el que quiere la revolución. A los revolucionarios les gusta un
poder popular que calle y obedezca. No un poder popular que opine, que vote, y
que se manifieste en las calles.
El TSJ, cuyos magistrados fueron nombrados entre gallos y
medianoche por un parlamento moribundo, quiere convertir a la nueva y renovada
Asamblea Nacional en un jarrón chino. Los magistrados designados por el PSUV,
mediante un procedimiento express puesto en marcha el pasado mes de diciembre
de 2015, pocas horas antes de la juramentación de los nuevos diputados, tienen
una sola misión: convertirse en el salvavidas de Nicolás Maduro y un gobierno
que se encuentra en su fase terminal.
Los magistrados que integran el TSJ, la mayoría de los
cuales fueron confesos militantes de la
causa revolucionaria, están dispuestos a hacer lo que sea necesario para tratar
de impedir algo que luce inevitable: la caída de un régimen con escaso apoyo
popular, que ha convertido a Venezuela en uno de los países más pobres y
miserables del mundo entero, donde la gente tiene que hacer colas de 3 y 4
horas para conseguir alimentos y donde los enfermos se mueren por falta de
medicinas.
El primer campanazo que dio el TSJ y que sirvió como un
aviso de lo que se avecinaba durante todo el año 2016, ocurrió el 29 de
diciembre de 2015, cuando la Sala Electoral admitió un escrito contentivo de un
recurso contencioso electoral y amparo interpuesto por NICIA MARINA MALDONADO
MALDONADO, cédula de identidad V-10.606.581, candidata a Diputada de la
Asamblea Nacional por el estado Amazonas, postulada por el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV).
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
admitió la impugnación de las elecciones celebradas el 6D en Amazonas, y en
menos de 24 horas declaró procedente la solicitud de amparo cautelar, por lo
que ordenó "de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los
actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos
subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto (CNE) de los candidatos
electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena".
La sentencia le quitó a la MUD 3 diputados y logró su
objetivo: impedir que la oposición tuviera la mayoría calificada de 112
parlamentarios en la AN. La magistrada INDIRA M. ALFONZO IZAGUIRRE, dejó sin
diputados al pueblo de Amazonas, en una clara violación de lo establecido en la
Constitución. Al momento de escribir estas líneas (5 de marzo de 2016) Amazonas
tiene 2 meses sin representación en la AN.
El segundo campanazo tuvo que ver con el decreto de
emergencia económica dictado por Nicolás Maduro. El 11 de febrero de 2016, la
Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia, mediante la cual sostiene que
“el Decreto n.° 2.184, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela bajo el n.° 6.214 Extraordinario el 14 de enero de 2016, mediante
el cual el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades
constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el
territorio nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que
fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional
se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto
Fundamental”.
Según la Sala Constitucional, “no fue cumplida por la
Asamblea Nacional la seguridad jurídica y el debido proceso consagrado en el
artículo 49 Constitucional, pilares fundamentales del Estado Constitucional de
Derecho, viciando de nulidad por inconstitucionalidad el proceso que culminó
con el constitucionalmente írrito acuerdo dictado por la máxima representación
del Poder Legislativo Nacional, el 22 de enero de 2016”.
Los magistrados afectos al PSUV quieren que la AN se
convierta en un objeto decorativo, al señalar que “la Constitución le atribuye
la competencia de control político a la Asamblea Nacional sobre el Gobierno y
la Administración Pública Nacional y no sobre el resto de los Poderes Públicos
(Judicial, Ciudadano y Electoral), tampoco sobre el poder público estadal ni
sobre el poder público municipal”.
Los juristas del horror del TSJ sostienen “que las
convocatorias que efectúe el Poder Legislativo Nacional, en ejercicio de las
labores de control parlamentario deben estar dirigidas exclusivamente a los
funcionarios sometidos a control político”. Asimismo, sentenciaron que “la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es pasible de control parlamentario y
político a través de su Comandante en Jefe, autoridad jerárquica suprema que
ejerce el Presidente o Presidenta de la República”.
Para tratar de impedir que la AN revise e investigue el
nombramiento ilegal e inconstitucional de los nuevos magistrados del TSJ, los
jueces revolucionarios sentenciaron que “el Parlamento Nacional no está
legitimado para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto
el proceso interinstitucional de designación de los magistrados y magistradas
del Tribunal Supremo de Justicia, principales y suplentes (…) constituye un
imperativo de esta Sala declarar, como en efecto lo hace a través de esta
sentencia, la nulidad absoluta e irrevocable de los actos mediante los cuales
la Asamblea Nacional pretende impulsar la revisión de procesos
constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y magistradas”.
Como puede
observarse, nos enfrentamos a un TSJ que pretende convertirse en amo y señor de
Venezuela. Un poder judicial que quiere ser Poder Ejecutivo y Poder Legislativo
al mismo tiempo. Parafraseando a George Lucas, me atrevería a decir que el TSJ
representa el lado oscuro de la fuerza. Una suerte de Darth Vader
revolucionario. Para decirlo en buen criollo: el TSJ es hoy día una cerca de
alambre de púas que pretende impedir el paso arrollador del cambio que requiere
urgentemente Venezuela.
Los juristas del
horror que integran el TSJ han de saber que el verdadero poder popular se
expresó en las urnas el pasado 6 de diciembre, cuando más de 7 millones de venezolanos
le otorgaron un claro mandato a la Asamblea Nacional: investigar, sancionar y,
de ser necesario, destituir a todos los funcionarios corruptos de la actual
administración.
Siete magistrados
nombrados a dedo por un grupo de diputados del PSUV no tienen más poder que 7
millones de venezolanos que votamos el 6D. Quienes votamos el 6D lo hicimos con
un firme propósito: cambiar la correlación de fuerzas de la AN para que desde
el parlamento se impulse el mecanismo constitucional para sacar a Nicolás Maduro
del poder. Y eso no lo puede impedir nada ni nadie. Ni siquiera el actual TSJ
socialista y revolucionario.
Gustavo Azocar Alcala
cafeconazocar@gmail.com
@gustavoazocara
Tachira - Venezuela
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