PROPUESTA GATOPARDIANA
El Acuerdo de Convivencia Democrática (ACD) propuesto por los mediadores
-Ernesto Samper, Leonel Fernández y Omar Torrijos, con el apoyo del
representante del Vaticano- incluye un conjunto demasiado amplio de temas que
no deberían aparecer en un documento, cuyo propósito fundamental debería
consistir en resolver la crisis institucional y política que sacude al país.
El ACD parte por hacerle un reconocimiento al llamado al diálogo y el
entendimiento formulado por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando el TSJ es
precisamente uno de los factores centrales del encrespamiento que vive la
nación. Craso error. En su afán por abordar el colapso globalmente, el
documento plantea crear una Plenaria Conjunta entre el oficialismo y la
oposición, con el fin de que enfrente, entre muchos otros, los graves problemas
socioeconómicos existentes. El principal: el desabastecimiento de alimentos y
medicinas. La escasez en estos rubros es el resultado de las políticas de
expropiación, confiscación y cerco a la propiedad privada, y los ataques
continuos a los laboratorios que operaban en Venezuela. ¿Cómo desatar ese nudo
si el gobierno insiste en las medidas de control y hostigamiento a la
iniciativa particular, y subraya que se mantendrá fiel al modelo socialista? La
oposición pasaría a ser corresponsable del descalabro, sin tener ningún poder
para modificar el cuadro crítico.
El ACD refleja fundamentalmente
los intereses del Gobierno porque pareciera que es con los representantes del
oficialismo con quienes han pasado más horas conversando y negociando los mediadores. Se nota que a Nicolás Maduro
le preocupa que la Asamblea Nacional no le apruebe los acuerdos de
financiamiento internacional, la Ley de Endeudamiento de la República y la Ley
de Presupuesto Nacional. Estos compromisos financieros requieren el aval del
Parlamento. Esto lo sabe el Gobierno, a pesar de que finja desconocerlo
amparándose en el TSJ. Para la política doméstica los subterfugios altaneros de
Maduro valen, pero en el plano internacional la legalidad es otra. La República
tiene que responsabilizarse de los empréstitos internacionales y el órgano que
debe asumirlos es el que encarna la soberanía popular. De allí que en el ACD se
insista en “revisar por parte de la Asamblea los acuerdos de financiamiento
suscritos por el Gobierno Nacional con miras a lograr su aprobación para
promover el desarrollo de la economía nacional… Una vez restablecida la
relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, se podría considerar la
posibilidad de un acto jurídico por el que la Asamblea Nacional se compromete a
honrar los compromisos financieros de la República” (punto cuatro). Maduro está
consciente de que en el plano internacional la imagen de su gobierno es cada
más ilegítima y que requiere del Parlamento para mejorarla, no porque aspire a
perfeccionar la democracia, sino porque necesita dinero para capear el
temporal.
Esta debilidad del régimen,
claramente reflejada en el documento, debería aprovecharla la oposición para
dialogar y negociar con el Gobierno en términos más favorables y, sobre todo,
más específicos y perentorios. El tiempo para los mediadores pareciera no
contar. El país se desintegra, la Republica se extingue y la democracia
desparece, pero ellos van al ritmo de la retaguardia. El cronograma electoral y
la libertad de los presos políticos, dos asuntos de capital importancia, quedan
en el limbo, sometidos a los vaivenes de unas comisiones fantasmales encargadas
de concretarlas. Por supuesto que de acuerdo con esa dinámica jamás habrá
comicios y a los presos les saldrán canas verdes.
La propuesta de los expresidentes
es vaporosa, tiene rasgos gatopardianos, pretende abordar la crisis a partir de
una visión de conjunto con el
inconfesable fin de obtener sólo lo que el gobierno quiere. Sin embargo,
muestra una debilidad inocultable: el régimen necesita que el Parlamento
funcione y le dé la legitimidad que el Poder Legislativo les confiere a todas
las democracias, por maniatadas y secuestradas que estas se encuentren. Por
esta razón, la proposición no debe ser desechada sin presentarles al Gobierno,
a los mediadores y al país una contraoferta centrada en la crisis
institucional, política y de salud, que reafirme el papel fundamental de la
Asamblea Nacional y le saque provecho a la necesidad que tiene el Gobierno de su
normal funcionamiento. La meta tendría que ubicarse en la definición del
calendario electoral para 2017 y 2018.
Si somos capaces de llevar a Maduro y su gente a las elecciones de
gobernadores y alcaldes en 2017, podremos lograr que haya comicios presidenciales
en 2018. De lo contrario, habrá que prepararse para lo peor.
Trino Marquez Cegarra
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Miranda - Venezuela
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