¿Es el
presidente venezolano Hugo Chávez un líder democrático que merece ser apoyado
en defensa del orden constitucional o es su gobierno una amenaza a la libertad?
Los liberales franceses del siglo XIX, que tanto hicieron en promover la
filosofía política democrática, seguramente lo considerarían una amenaza. Pero
también pensarían que sacar a Chávez no es remedio suficiente para curar a la
democracia venezolana. La crisis venezolana tiene que ver con Chávez hoy, pero
a largo plazo se resolverán los problemas sólo si se promulga una constitución
que limite la acción gubernamental. De no ser así, el riesgo es que Venezuela
cambie un sistema tiránico por otro.
En 1815, el
liberal francés Benjamín Constant advirtió de que si no logramos imponer
limitaciones al gobierno, cualquier sistema y cualquier líder tiende al
despotismo: "Los partidarios, no importa cuán puras sean sus intenciones,
siempre son renuentes a limitar su autoridad. Desconfían de éste o aquel
gobierno y de éste o aquel tipo de gobernante; pero déjenlos organizar la
autoridad a su manera, asignándola a los delegados por ellos escogidos y
terminarán pensando que la autoridad no tiene límite".
Constant
nunca fue a Venezuela, pero sus escritos sobre los "principios de la
política", sobre lo que sucede en un estado sin restricciones, fue
profético respecto a esa nación suramericana. Una razón por la que la oposición
venezolana, aunque unida contra Chávez, no parece ver el camino más allá de
exigir su salida se debe a que no concibe un ambiente político estructuralmente
diferente. La oposición insiste que procederá con el referendo no obligatorio
ya aprobado por el Consejo Electoral para el 2 de febrero, aunque Chávez se
resiste a financiarlo. Esto probablemente aclare la voluntad popular y puede acelerar
el proceso de salir del intimidante mandatario. Pero inclusive si Chávez se va
a Cuba, los fundamentos de la crisis política venezolana persistirán hasta que
se logre un consenso en apoyo a la noción del gobierno limitado.
Esto no es
fácil para un país que por décadas ha tolerado y hasta fomentado el poder
arbitrario. La Constitución de 1999 redactada por el partido de Chávez es un
desastre, particularmente porque aumenta la obligación gubernamental de
repartir y, por lo tanto, su alcance. Pero la usurpación de la libertad no
comenzó con ese documento. El solapado desmantelamiento de las protecciones
constitucionales avanzó durante décadas. Como lo escribió el periodista
venezolano Carlos Ball en el Wall Street Journal en 1999, los legisladores
venezolanos de diferentes partidos "se confabularon para mantener
suspendidas a lo largo de 30 años las cláusulas constitucionales que garantizan
la libertad económica y la propiedad privada". Para cuando Chávez lanzó su
candidatura presidencial, el ambiente facilitaba su posición radical porque las
frecuentes agresiones a la Constitución habían empobrecido a tantos
venezolanos.
Para el
senador Chris Dodd de Connecticut y al menos 13 otros congresistas
norteamericanos que le escribieron al presidente Bush en apoyo a Chávez, como
también para la izquierda norteamericana, la democracia en Venezuela parece
significar que los elegidos pueden hacer lo que quieran. Pero desde hace tiempo
Chávez no califica como líder democrático. Sus insultos y agresiones contra
propietarios, empresarios, líderes de la oposición, la Iglesia, los jueces y
los medios de comunicación muestran su interpretación de cómo funciona la
democracia.
Al fomentar
las confrontaciones, el presidente alienta la violencia y ha erosionado el poco
orden institucional que existía en Venezuela. Sus seguidores, armados de
botellas, piedras y balas han sido filmados atacando a manifestantes pacíficos.
Su mejor amigo en la región es el dictador Fidel Castro, quien perfeccionó la
utilización de agentes provocadores en sus fechorías. El ex piloto del avión
presidencial venezolano dice -sin presentar pruebas- que Chávez ha aportado
fondos a Al-Qaeda.
Podíamos
predecir lo que pasaría en Venezuela. Constant lo predijo al escribir que
cuando el poder absoluto se le entrega a los elegidos, "un gobierno
popular es simplemente una tiranía violenta". Los venezolanos a menudo se
quejan del deterioro moral de la sociedad. Constant también lo predijo:
"el poder arbitrario destruye la moral porque no puede haber moral sin seguridad…
cuando el poder arbitrario golpea sin escrúpulos a aquellos que sospecha, no
está persiguiendo a un solo individuo, sino a toda la nación, que primero
humilla y luego degrada". Constant también predijo como el poder absoluto
y consecuentemente arbitrario promueve privilegios, por más promesas que se
hagan en aumentar la igualdad. "Al entregarnos totalmente, no nos
igualamos todos porque algunos obtienen ventajas exclusivas del sacrifico de
los demás".
Para
Constant no había mérito en defender una constitución que no limite el poder
del estado. "¿Por qué queremos castigar a quienes conspiran contra el
estado? Porque tememos reemplazar una organización legal por un poder opresivo.
Pero si la autoridad misma oprime, ¿qué ventaja nos ofrece?" Ese fue el
argumento utilizado por el golpista Chávez, quien al juramentarse como
presidente de Venezuela se comprometió a prescindir de la "moribunda"
Constitución. Ahora la oposición justificadamente dice lo mismo, pero los
venezolanos no parecen haber aprendido la lección. Los ejecutivos de la
petrolera estatal protestan contra la interferencia de Chávez en la empresa,
pero no hablan de privatización. Sus lamentaciones tendrían más peso si se
comprometieran a cambios más allá de la presidencia.
Mary
Anastasia O'Grady
O'Grady@wsj.com
@MaryAnastasiaOG
Wall
Street Journal
Blog de Mary Anastasia
O'Grady
Nueva York - Estados
Unidos
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