Señalan en su informe que la gravedad de los hechos, demuestran sin lugar a dudas, que el régimen es responsable directo de crímenes de lesa humanidad que se manifiestan en los crecientes niveles de hambre y pobreza critica, el deterioro sostenido y progresivo de nuestros centros de salud, los salarios de hambre de los trabajadores, la ausencia de seguridad social, la hiperinflación que reduce drásticamente el poder adquisitivo y eleva exponencialmente el costo de los alimentos y servicios, la criminalización de las protestas y la sangrienta represión de los organismos policiales.
Sustentan su acusación en los siguientes elementos:
-La crisis económico-social generada por el régimen, destruye el aparato productivo y la infraestructura de servicios, empobrece a la mayoría nacional y siembra el hambre por todos los rincones de la geografía nacional. Entramos en el 8º año consecutivo de depresión económica y el 4º de hiperinflación. En 2020 el PIB cayó un 26%, lo que representa un acumulado de 76%, de acuerdo con cifras de la CEPAL. Esto significa una paralización brutal del aparato productivo nacional, cuya mercadería se suple parcialmente con importaciones.
-La hiperinflación (3.713% en 2020, según cifras de la Comisión de finanzas de la legal AN) y la devaluación sostenida y continuada del bolívar han pulverizado nuestro signo monetario y disparado los precios de todos los bienes y servicios. El dólar ha sustituido, de facto, a la moneda nacional como medio de pago, es decir, para las transacciones comerciales, reduciendo la función del bolívar a las transacciones electrónicas, mientras el efectivo ha quedado para pagar el transporte urbano, a duras penas
-La liberalización de las importaciones (exenciones tributarias, entre otras cosas), la dolarización de los costos y precios y el lavado de capitales han incrementado la actividad comercial y el abastecimiento, pero su adquisición es cada vez más inaccesible.
-El rasgo más importante de la situación social es el empobrecimiento generalizado del pueblo, hasta el punto de la posibilidad de una hambruna. Este riesgo ha sido advertido por los organismos de la ONU especializados en la materia y sus primeras manifestaciones ya se han registrado en estados como Miranda, donde en septiembre 2020 se produjo la muerte de 18 infantes por desnutrición, por solo citar un caso. La pobreza por ingresos se sitúa en más 90%, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Solo bastaría contrastar el salario mínimo mensual (1.8 $) con el costo de la canasta básica (534$). El salario, las prestaciones sociales y el ahorro de los trabajadores y sus familias han sido pulverizados. Las contrataciones colectivas han sido sustituidas por unas tablas salariales de hambre que borran viejas conquistas y reivindicaciones alcanzadas en etapas anteriores y los derechos a sindicalización y huelga han sido borrados casi por completo.
-La salud vive una situación similar resumida en los siguientes factores principales: deterioro de la calidad de vida y de las condiciones medioambientales (pobreza y hambre); infraestructura hospitalaria en decadencia y abandono; escasez grave de medicamentos, equipos e insumos médicos; encarecimiento de los precios de las medicinas y servicios; deserción creciente del personal especializado. Prácticamente, los trabajadores carecen de un Sistema de Seguridad Social que les permita superar la critica, por no decir dantesca, situación que hoy están viviendo.
-Con los pírricos salarios mínimos, menores a dos dólares mensuales y sueldos de hambre, con la congelación de la discusión de los contratos colectivos, con la criminalización y sangrienta represión de las luchas gremiales, la imposibilidad de poder ser atendido frente a un problema de salud por la carencia de coberturas suficientes de seguros HCM y el colapso de los centros hospitalarios de país la ¨revolución¨ socialista del siglo XXI ha condenado a muerte a los trabajadores venezolanos.
-En el sector deportivo, quienes han pasado por los cargos administrativos: Ministerio del Deporte, Presidencia del Instituto Nacional de Deporte y Comité Olímpico Venezolano han implantado y desarrollado una política que bien podemos caracterizarla como “El saqueo de los recursos presupuestarios y el control totalitario del sector deportivo”.
A manera de síntesis, pudiera decirse que los 22 años del régimen chavista (1999-2021), se han caracterizado por una constante violación de la autonomía de las Federaciones Deportivas y del Comité Olímpico, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con todo lo relacionado al transporte, alimentación y viáticos de las delegaciones que representan al país en eventos internacionales. El leonino convenio para traer 10,000 "entrenadores cubanos". La no transparencia en el manejo de los cuantiosos recursos económicos del Fondo Nacional del Deporte. La estafa continuada con la solicitud de divisas a Cadivi. El encubrimiento de los ilícitos ocurridos con la construcción de las instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales o para eventos internacionales como lo fue el caso del Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay. El grave y progresivo deterioro y abandono en que se encuentra más del 80% de nuestras instalaciones deportivas, lo cual ha generado el alejamiento de las comunidades y población en general de las mismas, consolidándose, además, serias restricciones para el desarrollo del deporte de rendimiento por carecerse de instalaciones adecuadas.
La seguridad social de los trabajadores del sector deportivo obreros, empleados, profesores y entrenadores activos y jubilados ha empeorado progresivamente, los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, salarios de hambre, no se les reconoce la homologación de las pensiones y jubilaciones, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM que por sus pírricas coberturas, prácticamente los mantienen en condiciones de “condenados a muerte".
Finalmente, los deportistas solicitan al Fiscal Karim Ahmed Khan que, frente a esta sistemática violación de los Derechos Humanos Universales a la vida, salud, educación, deporte, trabajo, salarios dignos se hace impostergable el juicio de la Corte Penal Internacional contra este régimen por delitos de lesa humanidad.
Jesús Elorza Garrido
jesuselorza@hotmail.com
@jesuselorza
Venezuela
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