FERNANDO OCHOA ANTICH, ¡NUESTRA SOBERANÍA ESTÁ EN GRAVE RIESGO!

 Javier Tarazona, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, en el programa “Primera Página” de Globovisión del pasado 14 de noviembre, analizó detalladamente la dramática realidad que viven nuestras fronteras, lo cual corrobora que en nuestra Patria, en estos veinte años de desgobierno chavista y madurista, no sólo se ha comprometido gravemente la libertad y el bienestar de nuestro pueblo sino que se ha puesto en grave riesgo la soberanía nacional. El profesor Tarazona describió como los diferentes grupos armados de la subversión colombiana y del crimen organizado, el ELN, disidentes de las FARC, el Ejército Popular de Liberación, Los Rastrojos, Los Boliches,  Las Aguilas Negras, Los Urabeños, las Autodefensas gaitanistas de Colombia…, operan con absoluta libertad por nuestro territorio y ejercen control sobre la población y el territorio en diferentes áreas de nuestra geografía, con la seguridad de que las autoridades civiles y militares, por ser sus cómplices, no actuarán en su contra..

Ese control sobre nuestro territorio lo ejercen los grupos guerrilleros no sólo por la fuerza, sino utilizando métodos psicológicos muy bien orientados con la finalidad de ir sembrando ideas “revolucionarias” en  niños y  adolescentes que faciliten su reclutamiento como combatientes apenas tengan una edad suficiente para empuñar el fusil. Igualmente, les permite reemplazar en algunos municipios fronterizos a las autoridades venezolanas, por inexistentes o ineficientes, en sus funciones de gobierno, resolviendo infinidad de aspectos administrativos como la reparación de obras de infraestructura, entre ellas escuelas y liceos, llegando hasta transformarse en garantes del orden y la justicia.   Ese tipo de acciones lo acompañan con un control rígido de la educación que dictan en las escuelas y liceos,  acompañados de regalos de todo tipo, entre ellos  útiles escolares, revistas para colorear, libros de edición bolivariana. Para ello cuentan con el dinero proveniente de sus actividades delictivas.

El profesor Tarazona afirmó que le había informado al general Vladimir Padrino López la ubicación de los asentamientos guerrilleros y paramilitares, recordándole que él había garantizado su expulsión. De igual forma sostuvo que en el Táchira opera el frente Gustavo Villamizar, el cual tiene control sobre varias zonas, incluyendo los municipios García de Hevia, Panamericano, Ayacucho y Lobatera. Además señaló que el ELN reparte las cajas CLAP “la guerrilla llega con miembros y carros del Gobierno. Pareciera que existe un acuerdo bilateral entre la guerrilla y el gobierno de Maduro para esta distribución que ocurre cada 22 días”. También señaló  que el ELN tiene en funcionamiento, desde hace varios años, diferentes emisoras: Antorcha Stereo, 96.7; FM, La Voz de la Libertad, 95.5 FM, y Antorcha Elena, 90.1 FM. y recientemente salieron al aire: 105.5 FM y 94.7 FM. Exigió que la Comisión Nacional de Comunicaciones las bloqueara. Estoy convencido que no lo harán.

La presencia de irregulares colombianos se ha expandido en nuestro territorio al pasar de la frontera occidental, Táchira y Zulia, a la frontera Sur, Apure y Bolívar, para obtener ilegales beneficios de la criminal explotación contra el medio ambiente,  de oro, diamante y coltán en el área que el gobierno madurista ha denominado “Arco Minero”. Las mafias venezolanas, colombianas y brasileras han empezado una fuerte lucha por el control de ese territorio… La reciente emboscada en contra de la Guardia Nacional, con el doloroso saldo de 3 guardias nacionales muertos los sargentos Alfredo Guevara, Robert Artahona y José Martínez y 10 guardias nacionales heridos en el sector Picatonal del estado Amazonas así lo indica, como también la detención del colombiano Luis Ortega Bernal, peligroso cabecilla del ELN en la zona. Es sorprendente que hasta el presente no se haya ordenado una operación militar de la envergadura necesaria, con la misión de capturar y someter a la justicia al grupo irregular causante de esa acción militar.

Esta actitud complaciente de la dictadura madurista con la guerrilla colombiana, establecida como estrategia  por Hugo Chávez, desde el inicio de su gobierno,  al reconocer como fuerza beligerante a las  FARC y afirmar que Venezuela limitaba no con Colombia sino  con un territorio controlado por dichas fuerzas guerrilleras, se ha mantenido invariable en estos últimos años.  La firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano desplazó el respaldo del gobierno madurista al ELN, el cual ha utilizado ampliamente nuestro territorio, inicialmente, como zona de alivio para poder atacar unidades militares colombianas y recientemente para cometer delitos de diversa índole en suelo venezolano y obtener beneficios por la explotación ilegal de nuestros minerales preciosos. El liderazgo democrático de ese país ha denunciado  permanentemente la existencia de esta creciente amenaza a la estabilidad de sus instituciones, señalando que esos grupos guerrilleros han abandonado totalmente su visión ideológica para transformarse en grupos armados al servicio del crimen organizado.

En verdad, al hecho de que Venezuela se ha constituido en santuario para los grupos irregulares que actúan en contra de las instituciones colombianas, se agrega la tragedia humanitaria que sufre nuestro país gracias al desastroso gobierno de Nicolás Maduro y que ha traído como consecuencia una gigantesca diáspora que se ha transformado en una amenaza, más grave que la misma subversión, para la estabilidad de diferentes países de la región, pero comprometiendo especialmente la de Colombia. En ese contexto no es de extrañar que el gobierno colombiano critique permanentemente al régimen bolivariano y propicie su final. Hasta ahora esas diferencias se han mantenido en el campo diplomático. Sin embargo, no se puede descartar que eventualmente, en virtud del agravamiento de la crisis, Colombia decida considerar una acción militar. 

En esa indeseable circunstancia, Colombia contaría con el apoyo político y militar de los Estados Unidos y Brasil y el apoyo diplomático de Argentina, Perú, Chile y Paraguay por coincidir sus intereses nacionales; Venezuela, con el respaldo político de Rusia, China, Irán, y Turquía, cuyas Fuerzas Armadas  no estarían en capacidad de ofrecer un apoyo militar por lo  lejano del teatro de operaciones. Igualmente, sus posibles aliados latinoamericanos, Bolivia, Nicaragua y Cuba, no tendrían suficiente capacidad para tomar parte en un conflicto militar de esa magnitud. Esa es la razón por la cual considero que es una gran irresponsabilidad someter a Venezuela a ese tipo de tensiones internacionales. Comprometer nuestra soberanía, como lo viene haciendo Nicolás Maduro con la dolorosa anuencia de la Fuerza Armada Nacional,  es un acto de traición a la Patria.

Fernando Ochoa Antich

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FERNANDO OCHOA ANTICH, EL PROBLEMA MILITAR IV

MANDOS MILITARES

Al día siguiente de la audiencia del  general Peñaloza con el presidente Pérez, a la cual lo acompañé, se conoció públicamente la designación del general de división Pedro Rangel Rojas, como nuevo Comandante del Ejército. Ese nombramiento me creó cierta incertidumbre al no ser designado para ocupar ningún cargo. Mi situación se hizo aún más difícil después del discurso del general Peñaloza en el acto de transmisión de mando: su intervención  constituyó una severa crítica al sistema político imperante. En el transcurso de esa semana se conocieron los nombres de los nuevos miembros del Alto Mando: vicealmirante Elías Daniels Hernández, Inspector General; general de división Iván Jiménez Sánchez, Jefe del Estado Mayor Conjunto; vicealmirante Ignacio Peña Cimarro Comandante de la Armada; general de división Eutimio Fuguet Borregales, Comandante de la Aviación; general de división Freddy Maya Cardona, Comandante de la Guardia Nacional. Sorprendentemente, el presidente Pérez no tomaba ninguna decisión sobre la designación del nuevo ministro de la Defensa. Sin embargo, la opinión pública comentaba que el próximo ministro sería el general de división Carlos Santiago Ramírez. Un análisis de los nombramientos reforzaba ese comentario. También fue designado el general de división José de la Cruz Pineda, director de Inteligencia Militar. Su cercanía al general de división Manuel Heinz Azpúrua, quien fue designado director de la DISIP, fortaleció significativamente el área de Inteligencia, la cual había sido gravemente debilitada en la gestión del general Herminio Fuenmayor.

El 24 junio, después del desfile en el campo de Carabobo, llegué a mi casa cerca de las 7 p.m. Una media hora más tarde, recibí una llamada del presidente Pérez. Me saludó con amabilidad y me ordenó trasladarme a Miraflores. De inmediato me recibió en su despacho. Después de sentarnos, la conversación se orientó sobre algunos problemas generales de las Fuerzas Armadas. De repente, me comunicó que había decidido nombrarme ministro de la Defensa. Se lo agradecí con sinceridad y afecto. Era, sin duda, un importante reto profesional. La situación de la Institución Armada era muy complicada. También lo eran las circunstancias políticas nacionales. Comprendí de inmediato que el objetivo fundamental de mi acción ministerial tenía que ser la recuperación de la unidad interna de nuestra organización, a través de un diálogo fluido con todas las generaciones militares. Consideré que para lograrlo era necesario enarbolar tres banderas: la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del apoliticismo militar y el respeto a los méritos profesionales. El ataque en contra del gobierno del presidente Pérez, a través de los medios de comunicación, era inclemente. El aspecto que más producía inquietud en los sectores populares y en las propias Fuerzas Armadas era el alto costo de la vida. La inflación había alcanzado el 80 % al aplicarse el Plan de Ajuste Económico en 1989 y se mantuvo en 30 % en los años subsiguientes.

 La política que establecí empezó a tener un positivo impacto en el personal profesional de las Fuerzas Armadas y en la opinión pública. También incentivé entre los cuadros la certeza de que mi despacho se encontraba siempre dispuesto a atender cualquier problema grave y urgente que confrontara algún miembro de la organización sin importar su grado militar. En las audiencias me di cuenta de la complicada situación personal que generaba el proceso inflacionario. Conversé con el presidente Pérez sobre este asunto y él me autorizó para que discutir con el doctor Miguel Rodríguez, ministro de Planificación, un incremento de los sueldos. Lo consideró posible y conveniente. Se iniciaron los estudios que concluyeron en un nuevo incremento salarial. Al mismo tiempo ordené la apertura de la averiguación sumarial correspondiente sobre aquellos contratos que presentaban presuntas irregularidades. También me inhibí de asistir a actos oficiales que no fueran exclusivamente de carácter militar. Lamentablemente, el rumor de la existencia de una conspiración se mantenía y era incentivado de manera permanente por los medios de comunicación. Esta realidad me condujo a reorganizar la dirección de Inteligencia Militar, con la colaboración  del general José de la Cruz Pineda, orientándola exclusivamente a controlar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

El 20 de enero de 1992 hubo una reunión del Alto Mando Militar con el presidente Pérez, la cual fue solicitada por el general Manuel Heinz Azpúrua, director de la DISIP. En esa reunión se analizaron largamente los constantes rumores sobre una posible sublevación militar. El general Heinz le entregó al presidente Pérez un documento que resumía las informaciones que la DISIP había logrado obtener sobre ese asunto. El presidente Pérez ordenó realizar una investigación más detallada sobre esos rumores e insistió en que deseaba tener una mayor información a su regreso de Davos, pero que no se tomara ninguna medida hasta que él regresara.  Me entregó el documento en cuestión. Al día siguiente hubo una reunión de la Junta Superior de las Fuerzas Armadas para analizar dicho informe. En él se resumía un conjunto de indicios, pero no se presentaban pruebas suficientes en contra de ninguno de los oficiales mencionados. Se decidió incrementar el esfuerzo de Inteligencia e informar a los comandantes de Grandes Unidades de todas las Fuerzas. Por mi parte, llamé al ministerio de la Defensa al teniente coronel Hugo Chávez Frías. En algunas de sus declaraciones ha recordado esa conversación conmigo. Su actitud fue muy respetuosa.  Me insistió en que todo lo que se decía eran las mismas calumnias de siempre. Sin embargo, fui muy enfático en advertirle que de continuar esos rumores sería reemplazado del comando del Batallón “Briceño”.

De las entrevistas que realicé a los oficiales comprometidos en la conspiración militar del 4 de febrero de 1992 y de algunos de sus escritos, antes de escribir mi libro “Así se rindió Chávez”, publicado por El Nacional en el año 2007, pude concluir que un número importante de ellos había empezado a argumentar  distintas razones para no insurreccionarse al acercarse la posible fecha del alzamiento. Uno de ellos fue el mayor Raúl Isaías Baduel. Con sinceridad le informó a los jefes del movimiento que no se alzaría por considerar que la insurrección militar no estaba suficientemente preparada para lograr su objetivo. El   alzamiento   debía   realizarse   antes   del 15 de febrero de 1992. Hugo Chávez conocía que su batallón iba a ser enviado a la frontera con Colombia. Además, estaba convencido de su posible relevo del comando del batallón Briceño. Uno de los aspectos más delicados que hizo titubear a Hugo Chávez, en el momento de tomar la decisión para el alzamiento, fue la incapacidad que presentó la célula conspirativa de la Aviación, conformada por los tenientes coroneles Luis Reyes Reyes y Wilmar Castro Soteldo, para controlar la Base “Libertador”. Consideraron que no era posible sin  tomar en cuenta en dicha conspiración al general Efraín Visconti Osorio. En la noche del 2 de febrero se reunieron Hugo Chávez y  Luis Reyes Reyes con el general Visconti. Los escuchó con atención, pero al final del planteamiento realizado por Hugo Chávez, consideró que en un tiempo tan corto era imposible insurreccionar a la Aviación. Se comprometió a hacer lo posible para disminuir su eficiencia  operativa.  Continuaremos…                                             

                                                             

Fernando Ochoa Antich

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FERNANDO OCHOA ANTICH, EL PROBLEMA MILITAR III

EQUIVOCADA ÓPTICA DE CAP

Mi artículo anterior sobre este tema culminó con la solicitud que le presentó el general Peñaloza al presidente de la República de someter a Consejo de Investigación al grupo de mayores que habían sido detenidos por planificar una presunta insurrección militar en la guarnición de Caracas. El presidente Pérez no lo autorizó. Su percepción sobre esa presunta conspiración era distinta a la que tenía el general Carlos Julio Peñaloza, comandante del Ejército, quien mantenía que dicho intento conspirativo era protagonizado por un grupo de oficiales  captados por la izquierda radical. En cambio, el presidente Pérez estaba convencido que ese problema había surgido como consecuencia de la tradicional lucha entre los Altos Mandos por naturales ambiciones profesionales. Al leer el reciente libro del general Peñaloza, “El discípulo de Fidel”, pude conocer que él tenía una importante información sobre lo que estaba ocurriendo en el seno del Ejército. Ignoro las causas por las cuales no logró convencer al presidente Pérez para que se tomaran las medidas pertinentes. En ese libro, entre otras sorprendentes informaciones, mantiene: “A mediados de los años setenta, Douglas Bravo logró infiltrar de nuevo la Dirección de Personal del Ejercito al captar a través del teniente coronel Ramón Santeliz Ruiz a un empleado civil apodado “Guerrita”. Su cargo era crucial. Su labor oficial se limitaba a cumplir órdenes del Jefe del Departamento de Personal Militar, pero en la práctica, dado el gran número de oficiales, podía hacer sus propios nombramientos. Esta realidad la entendió Douglas Bravo, quien le ordenó a Santeliz captarlo para el trabajo de penetración que estaban realizando”.

Si eso fue así, no hay duda de que esa grave irregularidad fue lo que permitió la designación de algunos capitanes y tenientes  como oficiales de planta de la Academia Militar por un tiempo de permanencia en esos cargos superior al de dos años, como era lo normal. Así ocurrió con los tenientes Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Miguel Ortiz Contreras, David López Rivas, Jesús Urdaneta Hernández, Yoel Acosta Chirinos, Gustavo Pérez Issa, Raúl Isaías Baduel y Wilfredo Ramón Silva quienes al corresponderles realizar el curso integral, de obligatorio cumplimiento para ascender a capitán, regresaron a la Academia Militar. De esa manera, pudieron permanecer en dicho Instituto desde 1978 a 1982, logrando captar a numerosos cadetes para la conspiración que se estaba gestando. Así ocurrió también con los futuros capitanes: Ronald Blanco La Cruz, Edgar Hernández Behrens, Carlos Guyón Celis, Gerardo Márquez, Miguel Rodríguez Torres, Gimón Álvarez, Luis Valderrama Rosales, Darío Arteaga Paz, Antonio Rojas Suárez y pare usted de contar. Por supuesto, es justo reconocer que, en general, hubo serias fallas en los organismos de inteligencia y selección de personal y en particular de los diferentes niveles de comando del cuerpo de cadetes. Para colmo, los alféreces captados para la conspiración, ya con el grado de teniente, regresaron a la Academia Militar como oficiales de planta, a continuar su labor de captación.

En 1984, el general Carlos Julio Peñaloza fue designado director de la Academia Militar. Después del acto protocolar hubo un brindis en el casino de oficiales. En la recepción fungió como maestro de ceremonia el capitán Hugo Chávez Frías, quien utilizando el micrófono le dio la bienvenida al acto. Su manera histriónica de actuar impactó negativamente al nuevo director. A los pocos días, en la primera visita de los familiares de los cadetes recién admitidos, un viejo compañero de estudios del general Peñaloza le informó que su hijo estaba siendo adoctrinado, con intenciones subversivas, por el capitán Hugo Chávez. A partir de ese momento, el general Peñaloza trató de averiguar lo que estaba ocurriendo en la Academia Militar, llegando a la conclusión de que el capitán Chávez discutía de política con los cadetes. Ante esta realidad, decidió transferirlo del Instituto, enviándolo al comando del Ejército, con el correspondiente informe de su actuación. Nunca he entendido las razones por las cuales no lo sancionó disciplinariamente, estando convencido como estaba que el capitán Chávez había cometido una gravísima falta al tratar de adoctrinar políticamente a un grupo de cadetes. Para colmo, el informe que envió el general Peñaloza a la dirección de Personal desapareció de su expediente. Sorprendentemente, en lugar de ser sancionado, fue enviado a comandar una unidad de nivel compañía aislada de carros blindados  en Elorza, cargo este reservado como un reconocimiento para oficiales en el grado de capitán, que se han distinguido por sus excelentes cualidades profesionales. Al ascender a mayor ocupó el primer puesto de su promoción, sin que se hubiese presentado ninguna objeción.

En 1990, los aspirantes a ocupar el ministerio de la Defensa eran el vicealmirante Héctor Jurado Toro y el general de división Carlos Julio Peñaloza. El presidente Pérez decidió designar al vicealmirante Jurado y el general Peñaloza fue ratificado como comandante del Ejército. Yo fui designado Inspector General del Ejército. El general Manuel Heinz Azpúrua fue nombrado Jefe del Estado Mayor Conjunto. El general Carlos Santiago Ramírez, director de Gabinete del ministerio de la Defensa. Entre este último y el general Peñaloza, quienes eran íntimos amigos, había surgido un serio distanciamiento, como consecuencia a la detención de los mayores en 1989. En ese año ocurrieron hechos muy importantes que complicaron aún más las tensiones internas: la apertura de una averiguación sumarial en el caso del fraude al Ejército por la empresa de la señora Gardenia Martínez en medio de un gran escándalo público; el enfrentamiento entre los generales Herminio Fuenmayor, director de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y el general Carlos Julio Peñaloza. El general Peñaloza detectó que el general Fuenmayor estaba investigando, sin autorización del presidente Pérez, el uso que se daba en el Ejército a los fondos sobrantes de alimentación de personal. Este enfrentamiento llegó a tal nivel que el general Peñaloza le solicitó al presidente Pérez enjuiciar al general Fuenmayor por insubordinación. Esta situación, que se prolongó por varios meses, produjo una permanente tensión en el Ejército y un ineficiente desempeño de la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Esta inconveniente disputa, produjo un significativo enfriamiento en la relación personal entre el presidente Pérez y el general Peñaloza. En esos días, la Comisión de Política Interior del Congreso Nacional citó al general Peñaloza para que explicara los casos de corrupción que habían sido detectados en el Ejército. El general Peñaloza solicitó al ministro Jurado el correspondiente permiso. En la mañana, recibí una llamada urgente del vicealmirante Jurado, quien me ordenó localizar al general Peñaloza para informarle que el presidente Pérez no había autorizado su presentación ante la Comisión de Política Interior. Traté por todos los medios de hacerlo, pero el general Peñaloza no había ido al Comando del Ejército ni tampoco se encontraba en su casa. A las 10:00 a.m., el general Peñaloza se presentó al Congreso Nacional. Fue interceptado por el diputado Henry Ramos Allup, quien le informó que el presidente Pérez le ordenaba no asistir a la interpelación. La respuesta del general Peñaloza fue terminante. “Tengo la obligación constitucional de asistir a las interpelaciones del Congreso Nacional. El presidente Pérez no me puede ordenar incumplir esa obligación”. La interpelación del general Peñaloza incrementó aún más el escándalo de las adquisiciones militares.

 El 10 de junio llegué al Círculo Militar cerca de las 6 p.m. Al entrar al hotel, me conseguí casualmente con el general Peñaloza. Me dijo que tenía que hablar conmigo sobre un asunto delicado. Me explicó que tenía una información muy bien confirmada sobre una posible conspiración que estaba organizando un grupo de oficiales del Ejército. Al terminar le pregunté: “¿Carlos Julio, le informaste al presidente Pérez?” Me respondió que no, demostrando cierta molestia. Al darme cuenta de su actitud, traté de convencerlo: “Carlos Julio, me colocas en un verdadero problema. Hazme el favor de acompañarme a hablar con el presidente Pérez”. Se quedó pensativo varios minutos. Al rato me respondió:” Bueno, te acompaño, pero pide tú la audiencia”. Llamé por teléfono a Laura Robles, secretaria privada del presidente Pérez, para solicitar la audiencia. A los quince minutos me llamó fijando la hora. A las 8:15 p.m. el presidente Pérez nos recibió. El general Peñaloza le explicó que el mayor Orlando Madrid Benítez, quien había logrado penetrar el grupo conspirativo, le había informado que los mismos oficiales superiores que hacía dos años habían sido detenidos, estaban preparando los detalles finales de una insurrección militar. El presidente Pérez se quedó pensativo unos minutos. Su respuesta no tuvo nada que ver con lo expuesto por el general Peñaloza. “General, he decidido que entregue el Comando del Ejército pasado mañana. El general Fuenmayor será reemplazado en la Dirección de Inteligencia Militar mañana mismo”. Peñaloza y yo quedamos sorprendidos. Sin decir una palabra más, dio por terminada la audiencia.

Fernando Ochoa Antich

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FERNANDO OCHOA ANTICH, EL PROBLEMA MILITAR II

DECISIONES EQUIVOCADAS

                                                                       

A finales del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se empezaron a escuchar críticas en los cuadros militares por la disminución del poder adquisitivo de los sueldos y denuncias de algunos hechos de corrupción. Las nuevas expectativas, generadas por la elección del presidente Luis Herrera Campins limitaron el crecimiento de ese permanente cuestionamiento. Al poco tiempo de iniciarse su gobierno, se reanudaron las conversaciones limítrofes con Colombia. En octubre de 1980, la comisión negociadora presentó ante el gobierno nacional la “Hipótesis de Caraballeda”. El presidente Herrera hizo pública su decisión de no ratificarla, si no existía un consenso nacional. Se iniciaron las consultas con distintos sectores de la sociedad venezolana, en medio de un acalorado debate. Uno de los hechos más significativos fue la exposición de dicha hipótesis por el canciller José Alberto Zambrano Velasco al personal militar de la guarnición de Caracas. El rechazo fue tan firme e importante, que el canciller Zambrano se retiró antes de terminar su exposición a comunicarle lo delicado de la situación al presidente Herrera. La negociación con Colombia quedó congelada nuevamente.

El esplendor económico continuó. La producción petrolera, entre 1980 y 1981, se triplicó y el precio del barril alcanzó los 30 dólares como consecuencia de la guerra Irán-Irak. Lamentablemente, el desorden administrativo que caracterizó ese gobierno condujo a que se incrementara la deuda pública hasta treinta y ocho mil millones de dólares, creándose tal presión sobre el bolívar que hubo que devaluarlo de 4:30 a 12 bolívares por dólar. El impacto en la opinión pública fue inmenso. Nadie lograba explicar lo que había ocurrido y las dificultades económicas crearon en los venezolanos un sentimiento de frustración que empezó a comprometer la credibilidad del régimen democrático. En el año de1982 surgió el fuerte rumor de la existencia de una conspiración militar y se llegó a comentar que un grupo de oficiales pensaba aprovechar el desfile militar del 5 de julio de ese año para detener al presidente de la República y al Alto Mando Militar. Esa acción no se realizó, pero los organismos de inteligencia obtuvieron algunas evidencias que condujeron al envío al exterior, en calidad de agregado militar, al presunto jefe de dicha conspiración.

La elección del presidente Jaime Lusinchi, generó nuevamente  grandes expectativas, permitiendo que disminuyeran las tensiones en las Fuerzas Armadas. Jaime Lusinchi orientó sus primeros años de gestión a reactivar la economía, con un nuevo pero breve aumento de los precios petroleros consecuencia de la guerra Irak-Iran., y el refinanciamiento de la deuda externa. En sus dos últimos años de gobierno, interesado como estaba en que Acción Democrática ganara las elecciones, incurrió en un exorbitante gasto público, comprometiendo gravemente las reservas internacionales. Durante su gobierno ocurrieron dos importantes hechos militares conocidos como: la incursión de la Corbeta Caldas de la Armada Colombiana en el golfo de Venezuela y la noche de los tanques. El primer caso resultó en un rotundo éxito internacional para el presidente Lusinchi, el canciller Simón Alberto Consalvi y las Fuerzas Armadas. El segundo caso consistió en una curiosa actuación del mayor José Soler Zambrano, segundo comandante del batallón Ayala, quien sin autorización tomó, con dos compañías de vehículos blindados, el acceso y los alrededores del ministerio del Interior, donde despachaba el doctor Simón A. Consalvi, encargado de la presidencia de la República, así como la residencia presidencial de “La Viñeta”. Lamentablemente, las investigaciones no lograron clarificar los hechos con la suficiente exactitud.

Carlos Andrés Pérez obtuvo un importante triunfo electoral en las elecciones de 1989. Los venezolanos votaron mayoritariamente por él, en la creencia de que su triunfo permitiría el regreso a la bonanza económica de su primer gobierno. Eso era imposible. La compleja situación económica imperante, la caída de los precios petroleros  y en particular la grave disminución en las reservas internacionales lo obligaron a implementar un programa de medidas económicas, asesorado por un grupo de jóvenes formados en las mejores universidades del mundo. Desafortunadamente, la falta de una acertada campaña de propaganda que explicara la necesidad de dichas medidas, le permitió a sectores radicales provocar un estallido social de graves y delicadas consecuencias. Al sobrepasar los disturbios la capacidad de las autoridades civiles, y la Guardia Nacional hubo necesidad de emplear el Ejército. Lamentablemente, su utilización produjo un número importante de bajas civiles, motivado a la falta de equipos y entrenamiento para ese tipo de operaciones. Ese hecho ha sido utilizado por el régimen chavista para atacar, de manera inclemente, a los gobiernos democráticos y a los jefes militares, que inevitablemente tuvieron que asumir esa responsabilidad. En definitiva, El 27 de febrero de 1989 fue un doloroso accidente histórico.

Al acercarse las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes en diciembre de 1989 ocurrió un hecho de indiscutible gravedad que debió haber alertado al presidente Pérez, a los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y a los dirigentes políticos de los partidos democráticos. El 29 de noviembre de 1989, el general de división Carlos Julio Peñaloza, comandante general del Ejército, recibió en su residencia, a través de una empresa de distribución de correspondencia, un sobre que contenía una orden de operaciones en la cual se misionaban importantes unidades del Ejército con el fin de derrocar al gobierno constitucional. El general Peñaloza llamó por teléfono al general Filmo López, ministro de la Defensa, con la finalidad de solicitarle una reunión urgente para definir las medidas que se deberían tomar. A dicha reunión asistimos los generales Peñaloza, Heinz y mi persona. Al plantearle la delicada situación le recomendamos al ministro López la detención de todos los oficiales nombrados en dicha orden de operaciones para realizar la correspondiente investigación. El general López aceptó la recomendación e informó lo acontecido al doctor Alejandro Izaguirre, encargado de la presidencia de la República.   

El general Heinz realizó consistentes esfuerzos durante la investigación, pero no logro clarificar los hechos. El presidente Pérez se molestó al conocer la información de la detención de los oficiales superiores. De inmediato llamó al ministro López a Miraflores y le exigió pruebas que justificaran la detención del grupo de mayores. Al terminar la conversación le ordenó liberarlos de inmediato y reintegrarlos a sus cargos. Tres personas influyeron en la errada percepción que tuvo el presidente Pérez de los hechos: el general Herminio Fuenmayor, director de Inteligencia Militar; el doctor Ramón Carmona, ministro de la Secretaría y el general Arnoldo Rodríguez Ochoa, Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa. Los tres mantuvieron que el teniente coronel Hugo Chávez era un excelente oficial de comprobada vocación democrática. De manera insistente, el general Fuenmayor le planteó al presidente Pérez que esa decisión era una injusticia que se originaba en rivalidades entre los generales Peñaloza y Rodríguez. Sin embargo, el general Peñaloza presentó una solicitud al presidente de la República de someter a Consejo de Investigación al citado grupo de mayores. El presidente Pérez no lo autorizó. Continuaremos…

Fernando Ochoa Antich

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FERNANDO OCHOA ANTICH, EL PROBLEMA MILITAR I

DESIGNACIONES EXTEMPORÁNEAS

Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y su polémica son presentados, con gran objetividad y justicia, en el extraordinario documental, titulado “CAP dos intentos”, realizado por el reconocido cineasta venezolano Carlos Oteyza. En apenas cien minutos de filmación logró resumir, de una manera sorprendente, los diez años de gobierno, resaltando sus grandes aciertos y señalando, al mismo tiempo, los errores que, sin lugar a dudas, cometió, pero que con el pasar de los años han empezado a valorarse, de una manera diferente, por una importante mayoría de venezolanos que han rechazado, por falsa y calumniosa, la campaña que en su contra desarrollaron sus adversarios políticos y en particular el chavismo, que ha buscado, sin lograrlo, destruir su figura histórica. Muchos de sus ministros, principalmente aquellos que en su tiempo llamaron los “chicago boys”, analizaron las distintas medidas económicas que tomó, primero, en el disfrute de un gran esplendor y después, en medio de una importante recesión económica. Lo que más resalta el documental es su trascendente obra de gobierno y los firmes valores democráticos que rodearon su recia y, a su vez, cordial y bondadosa personalidad.

        En el documental se exponen algunos de los acontecimientos militares de esos complicados años, pero sin profundizar, por razones de tiempo, en sus causas y consecuencias. Por ello, interesado como estoy, en que se conozca lo que, en mi criterio, es necesario conocer, dedicaré mis próximos artículos, de este tiempo de vacaciones, a analizar el problema militar que tuvo que enfrentar Carlos Andrés Pérez durante sus dos gobiernos. El ambiente que existía en las Fuerzas Armadas Nacionales al iniciarse su primer período presidencial era de orgullo y optimismo. La derrota de la izquierda radical en sus aventuras guerrilleras y la alternancia republicana entre partidos políticos de distinto signo ideológico mostraban un importante fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Nuestra organización empezó un retorno progresivo al entrenamiento para la guerra convencional, con miras a dar una adecuada respuesta disuasiva a las diferentes amenazas, en medio del surgimiento del diferendo limítrofe con Colombia, la reclamación territorial del Esequibo y la penetración de nuestras fronteras por la guerrilla colombiana. Con la adquisición de los nuevos sistemas de armas: tanques AMX30 y AMX MK F3l, aviones F-16 y Mirage y las fragatas misilísticas, entre otros, se fortaleció en alto grado nuestra capacidad de disuación. Ese moderno material exigió a su vez un gran incremento cualitativo del nivel académico de nuestros institutos militares de formación profesional.

         Durante la campaña electoral de 1973 se acusó a Carlos Andrés Pérez, de manera insistente, de tener la nacionalidad colombiana. La veraz respuesta a ese señalamiento, que ya había producido inquietud en los cuadros militares, dejó en claro la falsedad de la acusación. Sin embargo, esa inquietud se reactivó al hacerse pública la tesis sostenida por el presidente López de Colombia y el presidente Pérez de una posible explotación conjunta de los recursos naturales del golfo de Venezuela. Esa tesis fue criticada severamente por nuestra opinión pública. El rechazo militar a dicha tesis fue percibido por el presidente Pérez, lo cual influyó para que diera término a esas conversaciones. Otro aspecto que exigió especial atención del presidente Pérez fue el enfrentamiento entre sectores que eran percibidos como cercanos a Acción Democrática y a COPEI. Tan absurda lucha surgió en el período de Rafael Caldera, pero se incrementó al iniciarse el nuevo gobierno. La presencia en el ministerio de la Defensa del general Fernando Paredes Bello, durante los dos últimos años de gobierno y cuya aceptación por los dos partidos era importante, coadyuvó a que esas inconvenientes luchas internas tomaran un camino institucional.

        A partir del año 1979, se mantuvo la práctica, con muy contadas excepciones, de continuar designando ministros de la Defensa a generales en servicio activo, nombrarlos por un año en sus funciones y principalmente provenientes del Ejército. Esta forma de selección, agravada aún más por ser escogidos oficiales en su último año de servicio, debilitó gravemente el ascendiente necesario que requería mantener el ministro de la Defensa para poder ejecutar una política militar coherente. Para colmo produjo, debido a las naturales ambiciones, una inconveniente lucha, con las negativas consecuencias institucionales, entre los aspirantes a ese cargo. Esta forma de escogencia no sólo ocurría con el ministro de la Defensa, sino que también se realizaba en todos los cargos de la estructura organizativa. Esa permanente rotación impidió que muchas funciones vitales se realizaran eficaz y eficientemente. Un buen ejemplo de este problema fue la elevada rotación en la dirección de los organismos de inteligencia. Esta circunstancia afectó seriamente la continuidad en las actividades investigativas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La consecuencia de esa equivocada política militar, lo percibimos actualmente, fue la permanente penetración de las Fuerzas Armadas por agentes políticos de la izquierda radical, sin que se tomaran a tiempo los correctivos necesarios. Continuaremos…

Fernando Ochoa Antich

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FERNANDO OCHOA ANTICH, LA VERDAD QUE DEBE CONOCER OBAMA

El importante viaje a la América Latina que realizará el presidente Barack Obama, con la finalidad de visitar a Cuba y Argentina, los días 21 al 24 de marzo, es una hábil jugada política que tendrá, sin lugar a dudas, trascendentes consecuencias en la política interior y exterior de los Estados Unidos. Llego a pensar que no sólo se trata de consolidar el prestigio de Obama y del partido Demócrata en la región, sino que busca además influir en las cercanas elecciones norteamericanas. 

El primer aspecto interesante es la escogencia de dos países con gobiernos tan distantes ideológicamente. Creo que es una manera de atraerse a un importante sector del pueblo norteamericano que desea la apertura hacia Cuba y al mismo tiempo tranquilizar a los grupos conservadores que pueden estar inquietos por ese viaje. Me referiré en este artículo a la visita a Cuba y dejaré para la próxima semana mis comentarios sobre el impacto que tendrá el acercamiento de los Estados Unidos con Argentina.

No es fácil de entender y aceptar el viaje a Cuba. En cualquier evaluación que se haga influye de inmediato el concepto que se tenga de la Revolución Cubana. Sin duda, hay numerosas razones para ser un severo crítico de todo el daño causado al pueblo cubano y a la democracia. Tengo la experiencia personal de haber discutido, en 1993, como canciller de Venezuela, con Fidel Castro, por varias horas, sobre una posible transición hacia la democracia. Esa conversación es importante reseñarla. Hay también que valorar las distintas posiciones que, tanto los Estados Unidos como Cuba, buscarán imponer en dichas negociaciones. El diario Gramna, órgano del Partido Comunista, mantuvo que “Cuba dará la bienvenida a Obama pero no renunciará a ninguno de sus principios revolucionarios y anti imperialistas”. Al mismo tiempo, el presidente Obama, en una entrevista en CNN, afirmó que en la normalización de las relaciones con Cuba “no se trata de hacer concesiones al régimen” y que “no ignora las violaciones a los derechos humanos y las limitaciones al ejercicio democrático”.

         Mi visita oficial, como canciller de Venezuela a Cuba, había sido planificada antes del absurdo enjuiciamiento del presidente Carlos Andrés Pérez. En varias oportunidades conversamos sobre el tema y concluimos que la crisis económica que enfrentaba el régimen cubano, después de la disolución de la Unión Soviética y la eliminación del subsidio económico, era un momento oportuno para plantearle a Fidel Castro una posible apertura política hacia un régimen democrático. Lamentablemente, la crisis política que vivía el gobierno del presidente Pérez no permitió que se realizara el viaje a principios de 1993. A mediados de julio de ese año conversé con el presidente Ramón J. Velásquez sobre dicho asunto. Llegamos a la misma conclusión. Viajé a La Habana el 14 de septiembre de ese año. Fui recibido por el canciller Roberto Robaina y nuestro embajador Gonzalo García Bustillos. En la noche, el embajador García dio una recepción en su residencia en mi honor. De repente, se nos informó que, en pocos minutos, llegaría a la recepción Fidel Castro.

         Lo recibimos en la puerta de la residencia. Mi primera sorpresa fue que solicitó que nos reuniéramos en un salón sin interesarle asistir a la recepción. Conversamos por más de cuatro horas. Al principio revisó los temas binacionales. De inmediato tocó el tema político. Me consultó sobre la estabilidad del gobierno venezolano. Le respondí largamente. La conversación languideció un poco. Aproveché la oportunidad para colocar como centro de la discusión la necesidad de una apertura política en Cuba. Me explicó que después de la caída del Muro de Berlín, él había reflexionado largamente: “Seguí con mucho interés el proceso de la Perestroika y del Glasnost en la Unión Soviética. Fíjese en el fracaso de Gorbachov. Me gusta más la experiencia de China. Han logrado un gran éxito económico sin comprometer la estabilidad del régimen comunista. Definitivamente Deng Xiaoping tiene un mayor sentido político. Gorbachov es un iluso. Yeltsin asegurará el poder. El tiempo de Gorbachov terminó. El es responsable de la destrucción de la Unión Soviética”…

Mi respuesta fue terminante: “Tratar de comparar el proceso chino con el cubano es un absurdo. China está ubicada en el Asia, Cuba a 90 kilómetros de los Estados Unidos. Esta realidad geopolítica obliga a tomar medidas distintas. Seguir el ejemplo chino traería como consecuencia que la apertura política se desarrolle de forma espontánea perdiéndose la oportunidad histórica de realizar una exitosa transición”… Han pasado más de veinte años. Fidel Castro, en su momento, evaluó con acierto las posibilidades reales que existían para preservar el poder y el significado que tendría el triunfo de Hugo Chávez. Ahora, su hermano Raúl, entiende que sin el apoyo económico venezolano no puede sostenerse y busca para reemplazarlo la apertura hacia los Estados Unidos. Ese acercamiento tiene un sólo objetivo: superar la crisis económica, preservando el régimen totalitario. Esta realidad deben conocerla el presidente Obama y los sectores democráticos latinoamericanos. Por eso es necesario fortalecer a la oposición democrática cubana, para que pueda tener alguna opción de poder al desaparecer los Castro y la camarilla comunista intente preservar el régimen totalitario.

Fernando Ochoa Antich

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Caracas- Venezuela.

FERNANDO OCHOA ANTICH, EL FRACASO DE LA UNIÓN CÍVICO MILITAR

Hugo Chávez utilizó el truco de la unión cívico militar como una de sus principales banderas en  el proyecto revolucionario que  trató de imponer en Venezuela desde 1999. Sus motivos para impulsar esa tesis fueron de distinto orden: el primero, convencer a la opinión pública de la fuerte presencia militar que tendría su gobierno como garantía de apoyo y estabilidad. El segundo, muy personal. Su prestigio militar, después del rotundo fracaso del 4 de febrero de 1992 por su muy lamentable actuación ese día, se encontraba muy debilitado. Su desastrosa conducción de las operaciones y la inacción cuando contaba con un batallón de paracaidistas, mientras sus compañeros de conspiración combatían, a las puertas de Miraflores, tratando de derrocar al gobierno democrático, le merecieron el rechazo de sus subalternos.

         De inmediato, apenas tomó el poder, inició una permanente penetración en los cuadros militares. Entendió que la generación que estaba, en ese momento, en los mandos, constituida por oficiales más antiguos que él,  no veía con agrado algunas de las medidas iniciales que empezó a tomar. Por ello, con la excusa de la urgente necesidad de obras de infraestructura, implementó el Plan Bolívar 2000, con la entrega de ingentes cantidades de dinero sin ningún control, para generar el desorden y la corrupción administrativa. Seguidamente, Hugo Chávez continuó con la penetración ideológica en los Institutos militares. Sin embargo, no pudo evitar la crisis militar del 11 de abril de 2002. La desobediencia militar terminó en fracaso por distintas razones… A partir de ese momento el esfuerzo para el control interno se incrementó sin ningún límite institucional.  Se reformó la Ley Orgánica de la FAN y los programas de estudios en varias oportunidades. Uno de los puntos fundamentales fue la creación inconstitucional de la Milicia con sus propios cuadros. El motivo: fortalecer la unidad cívico militar. 

Ese truco continúa siendo uno de los principales slogans utilizados en las  campañas de propaganda del régimen, aunque su verdadera efectividad ha sido muy limitada. La razón es muy sencilla: en nuestra Fuerza Armada se mantiene la tendencia a rechazar la ideologización y vinculación con estructuras político-partidistas. No importa que algunos jefes militares señalen públicamente que la Fuerza Armada es  chavista, revolucionaria y socialista, ni que se mantenga una campaña para fortalecer el culto a la personalidad de Hugo Chávez. Ese esfuerzo terminará, como ya empieza a observarse, en un seguro fracaso. Es un choque de principios y valores. Eso deben conocerlo los venezolanos.

Esa fue la razón por la cual titulé mi anterior artículo: “La pretendida ideologización de la Fuerza Armada Nacional”, para crear en la opinión pública la certeza de que esos esfuerzos, realizados durante diecisiete años, no lograrían el éxito esperado. Las razones son muy variadas. Lo primero a considerar es la propia sociedad venezolana. El llamado proceso socialista y revolucionario no ha logrado realmente destruir nuestros tradicionales valores democráticos. En Venezuela se discute de política en el seno familiar, donde existe un pensamiento pluralista que abarca todo el espectro ideológico. Es muy difícil que los cadetes no sean influidos, con mucha mayor fuerza por esas discusiones, que por cualquier intento de ideologización orientado hacia un solo pensamiento.  Además, la formación académica que reciben los cadetes en los institutos militares les va creando, igual que en las universidades, aspiraciones y valores de clase media.

Otro aspecto a considerar son ciertos requerimientos profesionales que garantizan la eficiencia de una Fuerza Armada. En eso no interviene la ideología ni el tipo de gobierno de turno. La historia, muy de moda después de la Revolución de Abril de 1917, desarrolló  por algunos años la idea de las exitosas milicias populares. Al necesitar realmente hacer la Guerra, todas ellas se transformaron en organizaciones militares profesionales. Así ocurrió con el Ejército Revolucionario Soviético, reorganizado por León Trotski, cuando tuvo que combatir contra la alianza de catorce ejércitos extranjeros con los ejércitos contrarrevolucionarios blancos durante la guerra civil rusa, y con las milicias revolucionarias de Mao al necesitar enfrentar al ejército japonés y al del general Chiang Kai-Shek, para sólo utilizar dos ejemplos. Valores como la disciplina, la jerarquía, la obediencia, etc.  para transformar una milicia en una Fuerza Armada profesional no aceptan  vincularse activamente con una tesis demagógica como es la alianza cívico militar. Ella desaparecerá, por exigencia de la Institución Armada. Diferente sería el natural respaldo de toda la Nación a su Fuerza Armada ante un reto que comprometa su  propia seguridad.

Fernando Ochoa Antich

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Caracas- Venezuela.

FERNANDO OCHOA ANTICH, GENERAL PADRINO, PERMÍTAME HACERLE UNAS PREGUNTAS

En la Gaceta Oficial N° 40.845, del 10 de febrero de 2016, Nicolás Maduro sorprendió a la opinión pública al crear una súper empresa petrolera dependiente del ministerio de la Defensa, cuyas competencias incluyen: la rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros, administración de taladros; importar, exportar, comercializar y distribuir productos químicos para el sector minero, transporte marítimo y construcción de infraestructura civil entre otros negocios. La empresa, cuyas siglas son Caminpeg, y ha sido constituida como compañía anónima, cuyo presupuesto lo administrará el ministerio de la Defensa Nacional, sin dependencia alguna del ministerio de Petróleo y Minería, y sin tener que coordinar sus actividades con PDVSA. El primer aspecto sorprendente, de esta trascendente e incomprensible decisión, es que el gobierno nacional no haya dado ninguna explicación que justifique haber decidido desconocer el principio fundamental de nuestra política petrolera: la centralización de las políticas en el ministerio de Petróleo y Minería y las operaciones en Petróleos de Venezuela.

 Como era de esperarse, inmediatamente surgieron las críticas a tan descabellada decisión, por parte de expertos petroleros de distintas tendencias ideológicas. Buenos ejemplos de esta realidad son, entre otros: el comunicado de Gente del Petróleo en el cual, justificadamente  se alertó que “quienes podrían estar al frente de la responsabilidad de dicha empresa son personas formadas para la defensa del territorio y no para administrar y operar una organización dedicada a prestar servicios en materia petrolera y minera”. Igualmente, la página web “Aporrea” publicó un crítico artículo de la periodista Rosa Natalia, en el cual sostiene que “Padrino López dio un golpe de Estado y ahora es presidente paralelo sin que mediase rueda de prensa, tanquetas en Miraflores, buques yankees en las costas de Curazao. Nada. Un golpe de Estado silente y leguleyo. Una Gaceta y un decreto 40.845 y 2.231”.

Ésta justificada polémica es la expresión del rechazo a una decisión que ha irrespetado a la opinión pública venezolana, al no dar una detallada explicación y mucho menos realizar una consulta lo suficientemente amplia sobre un asunto tan delicado. Los venezolanos siguen esperando que Nicolás Maduro  justifique con razones de gran peso las razones que tuvo para tomar esa importante decisión. Además, es mucho menos aceptable esa posición cuando, inmediatamente después de la derrota electoral del pasado 6 de diciembre, ordenó el regreso de los cientos de militares que desempeñaban cargos civiles a sus funciones específicas dentro de la  Fuerza Armada, insinuando que eran los responsables de la aplastante derrota electoral. Esa decisión, fue recibida con escepticismo, pero también con esperanza por los demás miembros de la Fuerza Armada dedicados al cumplimiento de sus obligaciones castrenses y en general por todos los venezolanos. La participación militar en los asuntos de gobierno, nunca ha sido beneficiosa para Venezuela, ni para la Institución Armada. Fue un gran acierto de la generación militar de 1958 y de  todas las demás que mantuvieron el apoliticismo militar durante los gobiernos democráticos hasta 1989.

Lamentablemente, la trampa chavista de la alianza cívico militar y la falta de sentido y visión institucionalista, así como las desmedidas ambiciones de quienes han ejercido los altos mandos, ha traído como consecuencia que durante estos diecisiete años, se hayan confundido las funciones militares con las de gobierno, haciendo a la Fuerza Armada corresponsable de la debacle en la cual se encuentra sumida Venezuela. Ante este cuadro de cosas, desearía hacerle muchas preguntas al General Padrino, pero por razones de espacio, le haré solo algunas: de acuerdo a su dilatada experiencia, ¿cree usted que la Fuerza Armada está cabalmente capacitada para asumir las competencias de Caminpeg?; ¿le fue requerida su opinión y al resto del Alto Mando para la toma de esa decisión y qué respondieron; ¿no cree usted que cuando se le asigna una misión totalmente ajena a la Fuerza Armada, se le irrespeta y se duda de su competencia para cumplir la misión constitucional que tiene asignada?; ¿cree usted que hoy día, la Fuerza Armada ostenta el prestigio, reconocimiento y respeto de la opinión pública, tal como otrora lo ostentó?; ¿no cree usted, que sería injusto responsabilizar ante la historia, a las nuevas generaciones militares del estruendoso fracaso ocasionado por las ambiciones de Hugo Chávez y de sus seguidores? Ojalá estas preguntas lo hagan reflexionar y le permitan, adoptar las decisiones más convenientes, en el difícil momento histórico que enfrenta la República, para beneficio de Venezuela y de la Institución Armada.

Fernando Ochoa Antich

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Caracas- Venezuela. 

FERNANDO OCHOA ANTICH, LA CAMARILLA MILITAR CHAVISTA

La opinión pública venezolana ha percibido, con cierta claridad, que la tan cacareada “alianza cívico militar”, no es sino un ardid que ha servido de base al poder real del régimen chavista, durante diecisiete  años, para amenazar y amedrentar a todo el que se le oponga. Lo cierto es que esa “alianza” no tiene nada que ver con la misión constitucional de la Fuerza Armada Nacional, como institución al servicio del Estado: ejercer el monopolio de la violencia para garantizar la paz y la soberanía nacional. Sin embargo, las instituciones están constituidas por hombres que, en un momento histórico determinado, pueden desviarse de sus obligaciones y hacer alianzas con intereses innobles para controlar dichas instituciones y así, ponerlas al servicio de sus intereses particulares. Es lo que ocurre actualmente.  Pero eso no sólo sucede con la Fuerza Armada. Un buen ejemplo ha sido, en estos mismos años, el Tribunal  Supremo de Justicia. Su objetivo fundamental es garantizar  el estado de Derecho. Desgraciadamente, ha preferido parcializarse, precisamente, a favor de la injusticia. También ocurre con el Consejo Nacional Electoral y otras tantas instituciones que en lugar de cumplir sus obligaciones constitucionales se han puesto al servicio del régimen chavista.

         Esta situación no es nueva. En el pasado, también tuvimos logias militares, las cuales, una vez conquistado el poder devinieron en camarillas, con los nefastos resultados en términos de atropellos y corrupción por todos conocidos. Vale la pena recordar el golpe de Estado contra el Gral. Isaías Medina Angarita el 18 de octubre de 1945, como consecuencia de la rivalidad entre él y el Gral. Eleazar López Contreras. De ese golpe de Estado surgió la primera alianza  cívico militar  entre la Unión Militar Patriótica, constituida por oficiales jóvenes,  y el partido Acción Democrática. Los tres años de duración de su gobierno fueron de gran inestabilidad tanto en lo social como en lo militar. Su permanente intento de hegemonía política, abrió la crisis que condujo al golpe militar del 24 de Noviembre de 1948, y a la discusión por el liderazgo militar entre Carlos Delgado  Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez. El asesinato del presidente de la Junta Militar consolidó por diez años la jefatura militar de Pérez  Jiménez hasta su derrocamiento el 23 de enero de 1958 por otra generación militar más joven que no compartía la desbocada corrupción del régimen y cierto ventajismo profesional de la camarilla militar que rodeó al general Pérez, dejando a un lado a oficiales que mostraban cierta independencia de criterio.

         Posteriormente, la conspiración militar del 4 de febrero de 1992, constituyó una felonía que interrumpió cuarenta años de régimen democrático y  de profesionalismo militar que  debe ser evaluada a profundidad para determinar no sólo el irreparable daño causado al país y a la familia venezolana, sino también, las injusticias que se cometieron con muchos de los oficiales que, aviesamente engañados, arriesgaron sus vidas y su carrera militar creyendo equivocadamente que esa insurrección   abriría  una nueva perspectiva  histórica para nuestro país. Estoy convencido, que en este momento, muchos de ellos,  al evaluar con la objetividad necesaria los desastrosos gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro tienen que concluir que el daño que le hicieron a Venezuela es realmente inaceptable y más que doloroso. Además de las penurias que sufre la población en todos los órdenes de la vida diaria, se han  despilfarrado  los más altos ingresos petroleros de nuestra historia e incrementado la deuda externa venezolana  hasta doscientos cuarenta y nueve mil quinientos veinte millones de dólares para el 15 de abril de 2015.

         Esta grave situación que  enfrenta Venezuela obliga a que cada miembro activo de la Fuerza Armada Nacional reflexione sobre sus obligaciones militares. Los venezolanos conocemos perfectamente, que existe una nueva camarilla militar, enriquecida obscenamente y que compromete cada día el destino de la Institución, mientras sus compañeros de armas, dedicados exclusivamente a funciones militares, viven modestamente de sus limitados sueldos. Pero cada día oímos mencionar la famosa “alianza cívico militar”, en nombre de la cual se continúa enriqueciendo esa camarilla y los miembros del chavismo que la aúpan. Curiosamente, esos mismos sectores durante años manifestaron su odio contra el sector militar y ahora extrañamente lo aman. Por eso, los miembros activos de la Fuerza Armada Nacional deben analizar y reflexionar diariamente sobre sus obligaciones constitucionales para que, en el caso que corresponda, cumplan cabalmente sus deberes, respetando y respaldando la voluntad popular manifestada claramente en las elecciones del 6 de diciembre de 2015.

Fernando Ochoa Antich

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Caracas- Venezuela.

FERNANDO OCHOA ANTICH, ¿CÓMO RESOLVER LA GRAVE CRISIS NACIONAL?

En su trascendente discurso para asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, planteó, con gran visión histórica, la necesidad perentoria de una solución para la inmanejable crisis política que sufre el País y los venezolanos. De inmediato la definió: una solución constitucional, pacífica y electoral. La Constitución de 1999 establece los posibles caminos a seguir. La oposición democrática ha comenzado un debate interno para seleccionar el mejor de ellos y así lograr, lo más rápido posible, el necesario cambio de gobierno que exige la opinión pública para poner punto final al  desastroso gobierno  que durante diecisiete años ha destruido a Venezuela y comprometido totalmente el destino nacional. No soy un experto en derecho constitucional para poder opinar con propiedad suficiente, sobre la vía jurídica a adoptar, para alcanzar tan ansiado objetivo. Por suerte en la oposición democrática existen juristas con suficiente experiencia para recomendar la mejor solución.

        Sin embargo, a pesar de que la Constitución de 1999 prevé las formas de acción legítimas y legales, para dar salida a las crisis de gobierno que se pueden presentar en cualquier momento del período presidencial; considero necesario advertir que sea cual fuere la decisión que se tome, el gobierno siempre tratará de burlar la decisión soberana. El ejemplo más claro de ello, lo tenemos en la ejecución del primer referendo revocatorio presidencial, para revocar a Hugo Chávez. Toda la opinión pública conoce la cantidad de irregularidades cometidas por parte del gobierno, que impidieron que este se realizara dentro de los parámetros que hubieran traído por consecuencia un resultado totalmente distinto al que, en definitiva, se obtuvo. Posteriormente, durante la realización del referendo para la modificación de la Constitución, pudimos observar nuevamente la aviesa intención de desconocer su resultado, mediante la obscena utilización del CNE.

        Con lo expresado en el párrafo anterior, no pretendo desmotivar los esfuerzos que se realizan en pro de encontrar la mejor solución. Sólo deseo alertar ante los peligros. Por segunda vez, la Constitución de 1999 tiene la oportunidad de resolver una nueva crisis institucional de magnitudes superiores a la que enfrentó después de  los hechos del 11 de abril de 2012 y las trágicas consecuencias de la inmensa marcha cívica de ese mismo día. La actual situación nacional no pareciera encontrar una fácil solución. Lamentablemente, están presentes los mismos intereses que comprometieron fraudulentamente el Referendo Revocatorio Presidencial, mediante la ilegal variación de la fecha de la votación, la obstaculización de la recolección de firmas, la compra de voluntades utilizando el erario público, etc., que permitieron  el triunfo de Hugo Chávez. La situación actual no es diferente, sólo que ahora, en vez del CNE, se está utilizando al TSJ, nombrado ilegalmente por la anterior Asamblea Nacional, para favorecer los intereses políticos de Nicolás Maduro y del PSUV y frustrar todo esfuerzo opositor, para la solución de la crisis. A favor de la oposición, se mantiene la mayoritaria voluntad popular y el control de la Asamblea Nacional. Estoy convencido que esas fuerzas se impondrán permitiendo que prevalezcan  los valores democráticos de los venezolanos.

Dije al inicio de este artículo que estaba totalmente convencido de que la decisión que tomaría la oposición democrática  iba a ser acertada y conveniente. No tengo duda de ello. Los  asesores jurídicos de los factores democráticos  son excelentes y la conducción política mostrada por la dirigencia de los partidos políticos ha dado más que señales de mantener un claro objetivo, una acertada visión estratégica y rápidos movimientos tácticos. La mejor demostración es el arrollador triunfo en las elecciones parlamentarias, la unidad demostrada en los discursos parlamentarios y, lo más difícil de todo, una firme y leal unidad entre todos los factores de la Mesa de la Unidad Democrática. De todas maneras hay un factor que debe ser tomado muy en cuenta en las próximas acciones a desarrollar; el  tiempo.  La decisión constitucional que se tome debe valorar con gran  perspicacia ese factor  para no permitir ninguna oportunidad que pueda ser utilizada por el adversario político para recuperar nuevas fuerzas.

Fernando Ochoa Antich

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FERNANDO OCHOA ANTICH, LA VERDADERA ESTRATEGIA DE MADURO

Las recientes palabras pronunciadas por Nicolás Maduro,  en un acto de la trascendencia institucional del inicio del año judicial, no pueden ser tomadas a la ligera por los venezolanos. Definitivamente, en ellas se señalan los elementos fundamentales de la estrategia que él  ha diseñado para enfrentar la creciente exigencia de  su salida de la presidencia de la República ante su incapacidad y falta de voluntad para resolver los graves problemas creados por el estruendoso fracaso de su gobierno.  Hay tres frases que me impactaron por la aviesa manipulación  que ellas envuelven: “el sistema judicial debe estar construido desde un sentido humanista, acompañando a la Revolución, que lo convierte en un verdadero poder independiente del imperialismo americano”; “Venezuela es un país sometido a todas las formas de guerra no convencional”; “con la nueva AN surgió una tensión que se extendió del carácter político al constitucional.  A nadie le tiemble el pulso para defender el derecho a la paz y  a la constitución. Hay un solo árbitro, un único poder supremo: el  Tribunal Supremo de Justicia””.

Esta estrategia conduce a un permanente  conflicto entre los distintos poderes públicos, como ya se manifestó en la decisión tomada por el TSJ de desconocer la elección de los diputados por el estado Amazonas. En conclusión, al ser el TSJ el único  poder reconocido por el régimen, se desconoce expresamente  la voluntad popular, manifestada masivamente en las elecciones del 6 de diciembre, las cuales dieron origen a la Asamblea Nacional. Los hechos ya se empiezan a observar: los funcionarios públicos incumplen sus obligaciones  constitucionales no asistiendo a la convocatoria que le hacen las distintas comisiones. Esta situación  se agravará mucho más cuando la Asamblea Nacional considere que, ante la inmanejable  crisis política, económica y social, se requiera consultar a la voluntad popular para determinar si la mayoría de los venezolanos considera conveniente un cambio de gobierno a través de la aplicación de  alguno de los medios establecidos en la Constitución Nacional de 1999. 

La utilización indebida del desprestigiado y partidizado TSJ le permitirá al gobierno de Maduro obstaculizar cualquier posibilidad cierta de poder revocar su mandato mediante cualquier medio constitucional utilizando  amañadas e inaceptables maniobras judiciales, impidiendo así la aplicación del artículo 5 de los principios fundamentales de la Constitución Nacional de 1999: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce  directamente  en la forma prevista en esta Constitución  y en la ley, e indirectamente  mediante el sufragio, por los órganos  que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. No se requiere tener una profunda formación jurídica para interpretar este artículo. Claramente, se establece que los poderes del Estado están sometidos a la voluntad popular, incluyendo el TSJ, el cual no puede transformarse en un obstáculo a cualquier decisión de la Asamblea Nacional  de convocar a una consulta popular para decidir el destino nacional.

Si esa estrategia, claramente definida en las palabras de Nicolás Maduro, se continúa utilizando,  el gobierno nacional perderá,  de manera definitiva, su legalidad y legitimidad, transformándose en un gobierno inconstitucional. Esta situación se hará inmanejable ante la compleja situación que enfrenta Venezuela. La escasez, la inflación, la corrupción, y  la inseguridad personal han alcanzado niveles de tal magnitud  que los venezolanos claman por un cambio de gobierno. Definitivamente, el régimen chavista ha conducido a nuestro país  a una de las más graves crisis de nuestra vida republicana. La responsabilidad  histórica de Nicolás Maduro es inmensa e ineludible. Fue factor fundamental en el desastroso  gobierno de Hugo Chávez, y  al asumir la presidencia de la República no sólo no fue capaz de rectificar los muy graves errores cometidos por el  régimen revolucionario desde 1998, sino que los profundizó  conduciendo   al país a esta lamentable situación.

Las consecuencias empezaron a manifestarse con rapidez: escasez, inflación, desempleo, corrupción y hambre. Contra ese terrible estado de cosas, los venezolanos votaron masivamente el 6 de diciembre. Creyeron, de buena fe, que ese triunfo sería el primer paso para lograr un nuevo gobierno capaz  de revertir la crítica  situación política, económica y social  de Venezuela. Lamentablemente, pareciera que Maduro, como ocurre casi siempre con los presidentes enceguecidos por el poder, no es capaz  de interpretar la realidad de manera acertada. En lugar de renunciar, ante el fracaso electoral que acaba de sufrir su gobierno, cree que está en condiciones de doblegar la voluntad popular a través de la violencia. Está equivocado. En ese sentido considero oportuno recordar a mis compañeros de la Fuerza Armada Nacional que su misión no es la de reprimir a los venezolanos que legítimamente  exigen un cambio político: Lo prudente es acatar lo pautado  en la Constitución Nacional, respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y asesorar leal y profesionalmente al presidente para encontrar una solución a la creciente crisis política a través de medios constitucionales, electorales y pacíficos. ¡Presidente Maduro, no se equivoque, usted puede sufrir una amarga sorpresa¡

Fernando Ochoa Antich

fochoaantich@gmail.com

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Caracas - Venezuela